Rosa Maria Sandoval Zaragoza

Expediente 958/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
958/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Rosa Maria Sandoval Zaragoza

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; mediante el cual solicita acusar recibo del diverso oficio 588-III de fecha diez de septiembre del año en curso, deducido del juicio de amparo 633/2018, de su índice. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, se ordenó acusar recibo del oficio 588-III, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, acompañó la demanda de amparo original promovida por Rosa María Sandoval Zaragoza; el informe justificado rendido por la Presidenta de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las constancias de emplazamiento a los terceros interesados; así como el expediente 77/2013, y el toca 39/2018, unidos en un solo tomo, sin que en autos obre constancia de que se haya remitido el acuse respectivo. En consecuencia, acúsese recibo mediante atento oficio dirigido a la Superioridad en comento. Finalmente, como está ordenado en proveído de uno de octubre del año en curso, envíese al archivo el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Presidenta de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio 20453/2018 y sus anexos. Finalmente, como está ordenado en proveído de uno de octubre del año en curso, envíese al archivo el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    Razón: En uno de octubre de dos mil dieciocho el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rosa María Sandoval Zaragoza, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que adjunto a su respectivo informe justificado. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de doce de septiembre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que acompaña la demanda de amparo original promovida por Rosa María Sandoval Zaragoza; el informe justificado rendido por la Presidenta de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las constancias de emplazamiento a los terceros interesados; así como el expediente 77/2013, y el toca 39/2018, unidos en un solo tomo; con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito se avoca al conocimiento del citado juicio; anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo el progresivo 958/2018-IV, y fórmese el expediente de amparo respectivo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el anexo que se acompaña, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado-respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como de las constancias que integran el juicio de origen, pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el dieciocho de junio del dos mil dieciocho, en el recurso de reposición derivado del toca 39/2018, de su índice, a través de la cual se declararon infundados los agravios expresados por la aquí quejosa, y en consecuencia, firme el auto de nueve de mayo del año en curso; este último a través del cual se agregó a los autos del toca de origen sin diligenciar el exhorto que se remitió al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, (con el fin de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la hoy quejosa) y se señaló hora y fecha a efecto de llevar a cabo la continuación de la audiencia de recusación planteada por la ahora inconforme, a efecto de que se formulen los alegatos correspondientes. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ahora bien, como se adelantó del libelo constitucional, así como del expediente de origen, se advierte que en la especie se reclama la resolución dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el dieciocho de junio del dos mil dieciocho, en el recurso de reposición derivado del toca 39/2018, de su índice, a través de la cual se declararon infundados los agravios expresados por la aquí quejosa, y en consecuencia, firme el auto de nueve de mayo del año en curso; este último a través del cual se agregó a los autos del toca de origen sin diligenciar el exhorto que se remitió al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, (con el fin de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la hoy quejosa) y se señaló hora y fecha a efecto de llevar a cabo la continuación de la audiencia de recusación planteada por la ahora inconforme, a efecto de que se formulen los alegatos correspondientes. Cabe destacar que, en dicho controvertido familiar no se ha dictado sentencia que ponga fin al mismo, pues de las constancias que integran el expediente de origen, que la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, se advierte que mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete (foja 234) el Juez A quo, derivado de que no se ha llevado a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 92 del Código Familiar del Estado, señaló hora y fecha a efecto de que fuera escuchada la menor de iniciales L.P.O.S., motivo por el cual dejó sin efecto la citación para resolver decretada en auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. (foja 232). Posteriormente, mediante acuerdo de dieciocho de octubre del año próximo pasado (foja 242 vuelta), se ordenó suspender el procedimiento de origen, hasta en tanto fuera resuelta la recusación planteada por la aquí quejosa, esta última génesis del toca de apelación 39/2018, en el que se emitió el acto reclamado. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, consistentes en la continuación del procedimiento de que se trata sin el desahogo de la prueba testimonial que ofreció; en cuyo caso el perjuicio irrogado puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene una resolución favorable a sus intereses en cuanto a la recusación que planteó y, cuando esto no ocurre, en todo caso mediante la obtención de una sentencia favorable en el juicio familiar de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo que se promueva en contra de esta resolución definitiva, en el que se invoque como violaciones procesales lo decidido en torno a la recusación, acorde con lo dispuesto en los artículos 171 y 172, fracciones III, X y XII, de la Ley de Amparo. Sirve por analogía a lo anterior, la tesis 407, con número de registro 394363, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 273, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley." Asimismo, adquiere aplicación la jurisprudencia 1a./J. 115/2008, con número de registro 167,797, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo del 2008, Materia Común, página 22, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad.". Así como la jurisprudencia PC.VI.A. J/1 A (10a.), con número de registro 2010365, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE RESPECTO DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DETERMINEN IMPROCEDENTE EXCUSARSE DE CONOCER DE UN ASUNTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sin que haga distinción en cuanto a la naturaleza del procedimiento del que emane el acto; así, dicha disposición no puede hacerse extensiva a los casos en que la autoridad determine improcedente excusarse de conocer de un asunto, porque, en términos de los artículos 171 y 172, fracciones X y XII, de la ley de la materia, este tipo de determinaciones debe hacerse valer al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como violación a las leyes del procedimiento, siempre y cuando haya trascendido al resultado del fallo. Lo anterior, trasladado a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, conduce a estimar que cuando la determinación de no excusarse proviene de una autoridad administrativa tampoco procede el juicio de amparo indirecto.". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, este último en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados para tales efectos a los que señala. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la promovente."

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