Rosa Maria Saldivar Guerrero

Expediente 535/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
535/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • Rosa Maria Saldivar Guerrero
  • Juez De Control Del Distrito Judicial De Tenancingo Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    II) La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 46 a la 49), donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 46 a la 49), se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III) y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál suspensión debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento", por lo tanto, en el presente asunto se declaró sin materia y por ende no se resolvió respecto de la suspensión definitiva. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, no obstante que este auto debe notificarse personalmente al quejoso; sin embargo, en proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis (fojas 11 a la 18), se ordenó que todas las notificaciones se le hicieran por medio de lista, incluso las de carácter personal; por tanto, esta determinación deberá notificarse en tales términos. Notifíquese.

  2. Incidental

    VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 535/2016-II, promovido por Rosa María Saldivar Guerrero, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda turnada a este órgano jurisdiccional el veintiuno de abril de dos mil dieciséis y posterior escrito aclaratorio, Rosa María Saldivar Guerrero, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades responsables siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Director del Centro de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México. Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. ACTO RECLAMADO: El auto de siete de abril de dos mil dieciséis, dictado en la carpeta administrativa 71/2016, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en el que se señala el veintiuno de abril del año en curso, para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, y como consecuencia de su inasistencia la orden de aprehensión" SEGUNDO. En auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis (fojas 10 a la 13), se formó por duplicado el incidente de suspensión y se solicitó a las autoridades responsables su informe previo. TERCERO. Mediante proveído de veintinueve de abril del año en curso, se difirió la audiencia incidental por las consideraciones ahí expuestas y se fijó esta fecha y hora para su celebración. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado de las autoridades responsables se hace consistir en el auto de siete de abril de dos mil dieciséis, dictado en la carpeta administrativa 71/2016, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en el que se señala el veintiuno de abril del año en curso, para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, y como consecuencia de su inasistencia la orden de aprehensión. SEGUNDO. Al rendir su informe previo, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, México, negó la existencia del acto reclamado. Por su parte, la Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, México, aceptó el acto reclamado, pues se señalaron las trece horas del veintiuno de abril de dos mil dieciséis, a efecto de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión; en la cual, compareció la quejosa en compañía de un defensor público y a petición de este, se suspendió la misma con el fin de poder llegar a un acuerdo con la víctima, acordándose favorable dicha circunstancia. Ahora, en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 139 de la Ley de Amparo, se precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de amparo deben de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado las cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamando con perjuicios para el quejoso; y, d) La apariencia del buen derecho. Hecha tal precisión, lo procedente es declarar sin materia el presente incidente de suspensión, pues el acto que se combatía relativo a la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, a la fecha ya se celebró y durante ella se declaró suspenderla con el fin de que la inculpada (aquí quejosa) pudiera llegar a un acuerdo con la víctima, acordándose favorable dicha circunstancia, por lo que dejó de surtir efecto jurídico alguno en la esfera de la quejosa. Además, es de resaltar que la audiencia de la que se duele la quejosa, se llevó a cabo con su debida comparecencia y ante su solicitud de suspensión, se le concedió dicho beneficio. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por las razones descritas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante Nicolás de Luna González, Secretario del juzgado, quien da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe previo rendido por la Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, México, sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, México, y anexo consistente en copia certificada de la carpeta administrativa 71/2016 y un disco DVD. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Ahora bien, en el presente juicio la quejosa Rosa María Saldivar Guerrero, reclama el auto de siete de abril de dos mil dieciséis, dictado en la carpeta administrativa 71/2016, donde señala el veintiuno de abril del mismo año para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. En esa tesitura, del informe justificado rendido por la responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, México y las constancias que anexó, se advierte que efectivamente el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, en la cual compareció la quejosa en compañía de su defensor público y a petición de este, se suspendió la misma, con la finalidad de poder llegar a un acuerdo con la víctima. A las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, México se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, cabe señalar que debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de que la autoridad responsable haya aceptado los actos reclamados, toda vez que constituye una cuestión de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora, de las copias certificadas de las constancias relativas a la carpeta administrativa 71/2016, que remitió el Juez responsable, la cual fue valorada con antelación, se advierte que: El Agente del Ministerio Público generó audiencia para solicitar orden de aprehensión dentro de la carpeta administrativa 71/2016, en contra de Rosa María Saldivar Guerrero, por el hecho delictuoso de violencia familiar, cometido en agravio de Agustina Guerrero Mendoza, fijándose las once horas del cinco de marzo de dos mil dieciséis; sin embargo, se negó la misma porque no se acreditaron los extremos del artículo 184 del Código de Procedimientos Penales en vigor. Posteriormente, se fijó diversa fecha a la que no compareció la quejosa por no haber sido notificada, por lo que la representación social generó nueva audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, señalándose las trece horas del veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En la fecha referida anteriormente, compareció la quejosa con su defensor público y a petición de éste, se suspendió la misma a fin de poder llegar a un acuerdo con la víctima. Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir al imperante de amparo en el goce de sus derechos violados. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso orden de aprehensión señalada para el veintiuno de abril de dos mil dieciséis), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de que la aquí quejosa al encontrarse en presencia del Juez responsable, solicitó se suspendiera la misma con la finalidad de llegar a un acuerdo con la víctima y como consecuencia de tal acto, se suspendió la misma. Por lo que las repercusiones jurídicas del acto reclamado ya cambiaron, al suspenderse la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso orden de aprehensión señalada para el veintiuno de abril de dos mil dieciséis. De ahí que resulta inconcuso que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, el mismo dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno se modificó al haberse suspendido la diligencia procesal para el cual se ordenó su presentación, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado en estudio, en términos de la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 858, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras; en virtud de que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del acto atribuido a la ordenadora. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Quinta Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Cuando el amparo se concede contra la autoridad que ordena el acto, se entiende concedido también contra la autoridad que trata de ejecutarlo, y lo mismo debe decirse cuando se revoca." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con veinticinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Maria Isabel Lopez Mondragon, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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