Rosa María Rodríguez Campos
Expediente 1699/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1699/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CAMPOS y Otros.
- Rosa María Rodríguez Campos
- Director General de Pensiones Civiles del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto dictado en el presente juicio, por el que se sobreseyó fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita, en relación con el numeral 2°, y 214 se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archivo y valoración documental. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente juicio como asunto concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de conservación, atendiendo a que se concedió la suspensión de plano solicitada; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito y anexo de cuenta remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) por el autorizado legal de la parte quejosa, al cual adjunta el acta de defunción del aquí quejoso Francisco Rodríguez Gil; este juzgado federal advierte que, en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, en el que se establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona." Del artículo anterior se advierte que para la actualización de esa causa de sobreseimiento deben actualizarse los siguientes elementos: 1. La muerte del quejoso durante la tramitación del juicio de amparo, y 2. Que el acto reclamado sólo afecte a su persona. En el caso, de la constancia agregada con antelación, consistente en el acta de defunción con número de certificado 230120574, la cual fue verificada por la Secretaria que da fe, en el portal de internet del Registro Civil del Estado de Chihuahua, a la cual por tener el carácter de pública, se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del párrafo segundo del ordinal 2° de esta, de la que se desprende que en fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, falleció el quejoso Francisco Rodríguez Gil. Lo que sin duda actualiza el supuesto establecido en el citado artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, esto es, el sobreseimiento en el juicio con motivo del fallecimiento de la parte quejosa. Esto, porque las acciones que se hicieron valer en esta instancia constitucional, sólo afectan al quejoso en su persona, por lo que no es posible que, en su caso, subsista algún interés en la continuación del juicio de amparo, porque se trata de una violación de derechos humanos, no de garantías. Al efecto, es preciso destacar que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte, lo que implica que se promueve a petición de quien se considere afectado en su esfera jurídica, lo que se traduce en la regulación específica respecto al interés jurídico y legítimo para su promoción, de tal forma que el juicio de amparo puede promoverse para la defensa de derechos individuales y colectivos, personales y reales. Así, el acceso a dicho proceso no se encuentra abierto a cualquier persona, ni para la defensa de cualquier derecho, sino que se encuentra limitado a controversias de derechos humanos, entre personas y quienes puedan representar la función de una autoridad, conforme a lo establecido en la propia ley. Además, debe atenderse a la naturaleza de los derechos fundamentales materia de la controversia, como aquéllos que tengan una significación patrimonial, como en el caso de actos privativos sobre propiedad y otros derechos, que puedan transmitirse a otras personas. Sin embargo, existen otros derechos de carácter personal que no pueden transmitirse y que son inherentes a la persona del quejoso, como la vida, la salud, derecho de petición, igualdad en sentido general, entre otros. Ello se explica porque el efecto de la posible reparación a esos derechos debe estar dirigido a sus titulares, que son los afectados y a quienes únicamente se les podrá restituir en el goce del derecho violado, pues sólo a aquél que fue afectado se le puede reparar esa violación. En la especie, el juicio de amparo se promovió precisamente alegando, en esencia la negativa de proporcionar la atención médica requerida por el quejoso en su calidad de beneficiario, en razón de ser padre de la trabajadora derechohabiente, por lo cual, al haber fallecido el quejoso, resulta imposible la restitución del derecho violado, pues la sentencia de amparo no puede volver a la vida, ni dar la atención médica que él requería a otra persona en su lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXI/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Página: 190 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA DEL MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. Conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que el quejoso fallezca durante su tramitación, si los actos reclamados no son de índole meramente personal y, por consiguiente, existe la posibilidad de que se afecten sus intereses económicos. Lo anterior es así, porque si bien el artículo 74, fracción II de la referida Ley sostiene que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, dicha disposición coincide con el citado artículo 15, al señalar con claridad que esto sólo es posible cuando se afecten derechos estrictamente personales. En consecuencia, cuando el acto reclamado proviene de un juicio en el que se vean afectados derechos patrimoniales del quejoso, es incuestionable que la garantía reclamada no sólo afecta a su persona y, por tanto, en la referida hipótesis no procede sobreseer en el juicio de amparo". Sobre el tema en comento, al resolver la contradicción de tesis 328/2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el sobreseimiento del juicio de amparo por fallecimiento del quejoso opera cuando el acto reclamado solo afecta sus derechos personales, aunque hubiere generado daños y perjuicios a sus familiares susceptibles de reparación mediante el pago de una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria. Señaló que, las razones de ello, derivan de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, de los que se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, protegiendo a las personas contra tales actos, y se rige, entre otros, por los principios de instancia de parte agraviada y de relatividad, en cuya atención, la inconstitucionalidad de los actos reclamados no puede tener por efecto conceder la protección de la Justicia Federal a personas que no lo solicitaron, aun cuando pudiesen haber sufrido un daño o perjuicio económico, psicológico o emocional por virtud de su cercanía con el quejoso, habida cuenta que ello implicaría prejuzgar sobre la responsabilidad civil, penal o administrativa de las autoridades responsables, pues no debe soslayarse que para ser reparado mediante el pago de una compensación económica, el daño o perjuicio alegado precisa ser demostrado a través de los medios legales previstos para ello. Agregó que por efecto del amparo no se puede vincular a las responsables a indemnizar al quejoso por los daños y perjuicios que los actos declarados inconstitucionales le hayan ocasionado, a menos de que se determine el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, ante la inconveniencia o imposibilidad de restituirlo en el goce de los derechos vulnerados. Lo que se explica y justifica, dijo, al tener en cuenta que para garantizar el derecho a una reparación integral que deriva de lo previsto en artículo 1 tercer párrafo de la Constitución General de la República y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro sistema jurídico prevé otros mecanismos para solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por actos ilícitos o violatorios de los derechos fundamentales, mediante el pago de una compensación económica o alguna otra medida resarcitoria. Y concluyó que si bien es cierto que el derecho a la reparación integral comprende, entre otras medidas, la restitución del agraviado a la situación que prevalecía antes de cometerse la violación a sus derechos humanos, la rehabilitación y, en su caso, la compensación económica por los daños sufridos como consecuencia de ello, también es verdad que el juicio de amparo no es el único mecanismo para garantizar ese derecho, en tanto su objeto se constriñe a restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y por ende, la posible afectación económica, psicológica o emocional que el acto reclamado haya producido a sus familiares, no puede ser materia de la litis constitucional, dado que no sería jurídicamente posible concederles el amparo y protección de la Justicia Federal para que les sean reparados los daños y perjuicios que hubiesen sufrido, en tanto ello implicaría transgredir los principios constitucionales que lo rigen, específicamente el de instancia de parte agraviada y de relatividad. De lo anterior, derivó la jurisprudencia publicada en el Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1086, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción III, del artículo 63 de dicho ordenamiento legal. En mérito de lo anterior se deja sin efectos la audiencia que estaba programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, toda vez que por proveído de ocho de los actuales, se ordenó requerir al Registro Civil del Estado de Chihuahua, el acta de defunción del quejoso Francisco Rodríguez Gil, documental que resulta innecesaria, déjese sin efectos la comunicación oficial 34654/2023 y glósese a los presentes autos, Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el escrito remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por el autorizado legal de la parte quejosa; envíese oficio a la oficina del Registro Civil en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días contados a partir de que reciba el presente oficio, remita a este Juzgado el acta de defunción a nombre del indicado Apercibido que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, se procederá conforme lo que estatuye el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente y de conformidad con los numerales 238 y 258, de dicho ordenamiento legal, y se le impondrá en vía de apremio una multa, por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con el objeto de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Autoridad informa gestiones. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del razonamiento efectuado por el Actuario de su adscripción de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, del que se advierte que no le fue posible emplazar a la parte demandada al juicio laboral *** de su índice, toda vez el domicilio en el que se constituyó se encontraba cerrado, y al hacer una investigación con los vecinos del lugar le informaron que el mimo se encuentra abandonado desde hace un año. Sin embargo, no informa el auto que le recayó a dicha diligencia y, en su caso, la notificación a la parte quejosa del proveído en cuestión. Se requiere cumplimiento a ejecutoria. Por tanto, con apoyo en el último párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la referida Junta, para que por su conducto, requiera personalmente al personal correspondiente representantes de gobierno y trabajadores, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, informen las gestiones encaminadas a lograr el emplazamiento de la parte demandada; esto es, que acrediten que dicha Junta está actuando de conformidad con los términos legales que prevé la Ley Federal del Trabajo. Apercibidos que de no hacerlo así, en el lapso señalado para ello, se procederá conforme lo estatuye el artículo 193 Ley de Amparo y se les impondrá, a cada uno, en vía de apremio, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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