Rosa María Rodírguez Martínez

Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
344/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Rodírguez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa o agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, hayan recurrido el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, que decretó sobreseimiento fuera de audiencia el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente principal es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se dictó sentencia que sobreseyó el juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, se adjuntó constancias relativas al juicio laboral 1-19-0015 de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Documentales que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, motivo por el cual tienen el carácter de documental pública. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, visto el anexo exhibido por la citada autoridad responsable, se considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en el que se señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora bien, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa reclama a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de emitir el laudo en el procedimiento laboral 1/19/0115. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que la autoridad responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de la constancia del informe justificado y de la constancia que adjuntó, se aprecia que en resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, lo conducente: "PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO.-La parte actora acreditó la acción ejercitada y la parte demandada no acreditó sus excepciones, es por lo que en consecuencia: SEGUNDO.- Se CONDENA a la moral fusionante ********** S.A. DE C.V., del pago de las prestaciones reclamadas por la actora en el escrito inicial de demanda, con excepción de los salarios devengados que reclama, lo anterior en la forma y términos del considerando respectivo. TERCERO.- Se concede a **********, S.A. DE C.V., un término de 15 días siguientes al día en que surta efectos la notificación, en términos del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a la PARTE ACTORA por conducto del C. LIC ARIEL ARTURO TORRES LÓPEZ Y OTROS, en el domicilio ubicado en AVENIDA GUERREO NÚMERO 5035-3 SEGUNDO PISO, COLONIA SEGUNDA BURÓCRATA, y a la demandada por conducto de su apoderado legal el C. JORGE ARTURO PÉREZ CAVAZOS Y OTROS en el domicilio ubicado en AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3340-2021, EDIFICIO ATLANTIS, COLONIA PARTIDO ESCOBEDO, ambos domicilios en esta ciudad, debiéndoles correr con copia de la presente resolución. ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS CC. INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE POR Y ANTE LA E DEL C. SECRETARIO DE ACUERDOS CON QUIEN SE ACTÚA, EN CUDAD JUAREZ, CHIH, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE MAYO." De lo anterior, se acredita que la omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que emitió la resolución de laudo dentro del expediente laboral 1/19/0115; en tal virtud, la omisión reclamada ya no está surtiendo sus efectos, ni lo surtirá, porque no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Solamente resulta necesario precisar que, para decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, antes de celebrar la audiencia constitucional, resulta imperante que se actualice una causal de sobreseimiento que no pueda ser desvirtuada, aun cuando las partes ofrezcan pruebas; es decir, debe ser tal su materialización, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad. Las causas de improcedencia que dan origen al sobreseimiento fuera de audiencia, deben ser manifiestas, notorias e indudables, pues de lo contrario el juzgador estaría obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada, hipótesis que se actualizan en el presente caso, pues si en la propia confesión del quejoso de que la autoridad responsable le entregó el automotor relacionado en líneas anteriores; lo anterior obviamente dejó de tener efectos jurídicos el acto reclamado. Por tanto, las violaciones constitucionales que pudiesen derivar del acto que se reclama en esta instancia constitucional, no pueda ser analizados al haber dejado de incidir en la esfera jurídica del peticionario, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual da margen a que se actualice en la especie la citada causal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386 del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del veintitrés de junio del presente año. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, agréguese a los autos el pedimento signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; mediante el cual formula alegatos y solicita copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio. Al respecto se provee lo siguiente: En torno a los alegatos que formula, los mismos serán tomados en consideración en la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la copia de la resolución que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de admisión del presente juicio, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra señalada para el presente día la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que no se cuenta con las constancias necesarias para resolver el sumario constitucional en que se actúa. En las relatadas circunstancias, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, remita copia certificada de las constancias de donde deriva el acto reclamado en esta vía procesal; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tenga, se le impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 260, fracciones II y IV, de cuerpo de leyes en aplicación, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 363, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que al rubro dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para celebrarse el día de hoy y al efecto se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil veintidós. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por **********, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 344/2022-VII. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en presencia de algún supuesto que amerite una apertura oficiosa, es innecesario ordenar que se abra expediente incidental, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez de distrito y la secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten en línea, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que si es solicitado o esta juzgadora lo estima pertinente se pueda ordenar que la celebración de la audiencia se lleve a cabo a través de videoconferencia, si se trata de un caso que se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el diverso ordinal 19 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido que, este órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias tendentes a garantizar que las personas justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de la videoconferencia, lo que será posible únicamente si todos los intervinientes se encuentran en igualdad de condiciones, para lograr su participación en la audiencia, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo en cita. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable que rinda informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Información reservada o confidencial Cuando las partes exhiban físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cuando se remita documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Información sobre causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional). Pruebas Por cuanto hace a las constancias que ofrece el peticionario en su demanda de amparo, indíquesele que se proveerá lo conducente una vez que la autoridad responsable rinda su informe con justificación. Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Emplazamiento de terceros Con relación al tercero interesado, resérvese proveer lo conducente hasta que se reciba el informe justificado de la responsable. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilio Se tiene a la parte quejosa, autorizando a los CC. ********** e **********. para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos Asimismo, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle **********, en esta ciudad Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 15 del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A las autoridades responsables De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en sus instalaciones. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Para tal efecto, las partes o sus autorizados deberán agendar una cita en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, a fin de contar con autorización para ingresar a las instalaciones de este Juzgado Federal, en el entendido que el servicio de fotocopiado no lo proporciona este Juzgado y está supeditado a que, en el día correspondiente, exista habilitado ese servicio en las instalaciones del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad. Modalidad de acceso para la consulta del expediente Por otra parte, infórmese a las partes que el numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, indica que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, modificado a través del diverso 25/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de siete horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónico Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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