Rosa María Rivera Solorzano
Expediente 270/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 27 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 25/09/2019
Partes del expediente
- Rosa María Rivera Solorzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Zapopan, Jalisco; veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese. Visto el contenido del oficio de cuenta, que suscribe la delegada del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, hace del conocimiento de este Juzgado Federal, que en su carácter de superior jerárquico, ordenó cumplir con la ejecutoria de amparo al Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Jalisco, del aludido ente público; al respecto tan solo agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que obren como corresponda, lo anterior toda vez que mediante proveído de veintitrés de septiembre pasado, se declaró que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Por otra parte, téngase por hechas sus manifestaciones en el sentido de que su representado no debe ser considerado superior jerárquico de la autoridad responsable, mismas que serán tomadas consideración en caso de formular un nuevo requerimiento.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diez de septiembre dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el trece de septiembre posterior. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, misma que fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los autos del toca de revisión 441/2018, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "1. Abstenerse de aplicar al quejoso en lo presente y en lo futuro, el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil nueve, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que motivó la concesión del amparo. 2. Dejar sin efectos el oficio 14.5.1/046/2018, de quince de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Jalisco; y, emitir otro oficio en el que prescindan de aplicar el precepto declarado de inconstitucional. 3. Restituir las cantidades que correspondan a la quejosa, por concepto de las pensiones por jubilación y viudez de que se trata y que hubieran sido retenidas en términos del artículo reglamentario estimado inconstitucional." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que mediante oficio 14.5.1/4003/2019 de quince de julio de dos mil diecinueve, girado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejo sin efectos el diverso oficio 14.5.1/046/2018, de quince de enero de dos mil dieciocho, y ordenó dejar de aplicar al quejoso en lo presente y en lo futuro, el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, determinando que tiene derecho a gozar íntegramente de la pensión de jubilación, así como la de viudez derivada del fallecimiento de su esposo. Asimismo se desprende que el doce de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa recibió el título de crédito derivado de la protección constitucional por la cantidad de $344,378.60 (trecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho 60/100), por concepto de percepciones en materia de pensión. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco; diez de septiembre de dos mil diecinueve. Cumple requerimiento superior jerárquico. Visto el contenido del telegrama de registro 22028, que remite la delegada del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, hace del conocimiento de este Juzgado Federal, que en su carácter de superior jerárquico, ordenó cumplir con la ejecutoria de amparo al Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Jalisco, del aludido ente público; con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante, demostrando, en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Por otra parte, téngase por hechas sus manifestaciones en el sentido de que su representado no debe ser considerado superior jerárquico de la autoridad responsable, mismas que serán tomadas en consideración en caso de un nuevo requerimiento. Vista cumplimiento. Luego, visto el oficio de registro 22049, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Jalisco, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector y remite constancias; al respecto con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco; cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de dos de agosto del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de cinco días, diera cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo emitida en autos, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Asimismo, que la aludida autoridad responsable fue notificada del proveído señalado en el párrafo que antecede el seis de agosto de dos mil diecinueve, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 32314/2019, sin que a la fecha haya informado sobre lo requerido. Se impone multa. En razón de lo anterior, es decir que la autoridad responsable fue notificada desde el pasado seis de agosto del presente año, del proveído en comento, sin que a la fecha haya remitido las constancias requeridas, y no obra en autos documental alguna de la que se adviertan al menos gestiones para obtener su cumplimiento; se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de agosto de dos mil diecinueve. Requerimiento se otorga término prudente. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, previamente a remitir los autos en inejecución de sentencia, se requiere a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término prudente de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, esto es, haga del conocimiento de este Juzgado Federal el estado que guarda la migración de los recursos financieros con motivo de la radiación de pago a la Delegación Jalisco del aludido ente público, y en su caso, acredite haber restituido a la quejosa la cantidad de $344,378.60 (trecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho 60/100), contenida en la relación de cuentas por liquidar, de fecha veintisiete de julio del presente año. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente jurisprudencia que reza de la siguiente manera: Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Delegado en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable encargada del cumplimiento Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Resérvese Ejecución de Multa. En tales condiciones, dado el incumplimiento de la autoridad responsable, se reserva el pronunciamiento entorno a la ejecución de la imposición de la multa, con motivo del apercibimiento decretado en auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado a las autoridades responsables, en párrafos precedentes, en el entendido de que, en caso de nuevo incumplimiento, eventualmente se le aplicarán y ejecutarán ambas medidas de apremio.
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