Rosa María Richaud Morales y Otros.
Expediente 869/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa María Richaud Morales y Otros.
- Gabriel Hawa Gresati y Otros.
- Gabriel Hawa Gresati
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto en contra el proveído de veintitrés de agosto pasado, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto, el cual fue registrado bajo el progresivo 194/2023 de ese índice. Al respecto, tómese conocimiento y estese en espera de la resolución que emita el tribunal de alzada.-
- Principal
Vista la cuenta, intégrense al expediente los escritos signados por el autorizado de los quejosos ******************** y ********************; atento a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase interpuesto recurso de queja contra el auto de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano su demanda. En tales condiciones, remítase el original y copia de los escritos de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno. En vía de informe, comuníquese al tribunal de alzada que es cierto el auto recurrido, ya que el veintitrés de agosto del año en curso se desechó la demanda de amparo génesis del presente asunto, pues en relación con la quejosa, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al no advertirse de manera fehaciente su voluntad para instar el juicio en que se actúa; mientras que por lo que ve al quejoso, se estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, al considerarse que el acto reclamado no afecta derecho sustantivo alguno en su perjuicio. La legalidad del auto recurrido se sostiene al tenor de las razones y fundamentos ahí expuestos. Para justificar lo anterior, remítase copia certificada de todo lo actuado en el expediente 869/2023-VII, a efecto de que el tribunal colegiado competente esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. En tal virtud, es innecesario el señalamiento de constancias para integrar el recurso, según lo previsto en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Hawa Gresati y Rosa María Richaud Morales, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 869/2023-VII. Acto reclamado De la lectura íntegra de la demanda y anexos, se advierte que el acto reclamado es la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, recaída al recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ordinario civil C-214/2022, sobre disolución de copropiedad, tramitado en el Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, por medio de la cual se modificó el proveído de trece de junio del año en curso, en el que, en ejecución de sentencia, se concedió un plazo de diez días para que el perito designado por la parte accionante rindieran su dictamen en materia de topografía, análisis de partición y valuación de bienes inmuebles, el cual comenzaría a computarse a partir de que dicho experto aceptara y protestara el cargo conferido. La modificación del acuerdo recurrido sustancialmente radica en que el plazo de diez días para que el perito rinda su dictamen, comenzará a computarse hasta en tanto queden satisfechos todos y cada uno de los actos previstos a realizar, consistentes en comparecer al inmueble en copropiedad, haber tenido a su alcance y analizado la totalidad de los documentos llegados en el escrito inicial de demanda, análisis de la reglamentación y urbanística del municipio donde se encuentra el inmueble en copropiedad y demás ordenamientos aplicables. Desechamiento por lo que ve a la promovente Rosa María Richaud Morales. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". (Lo resaltado es propio) Principio que reproduce el diverso artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; por ende, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. Del análisis íntegro de la demanda, se advierte que no está firmada por la promovente Rosa María Richaud Morales, pues carece de firma electrónica certificada (evidencia criptográfica) o algún otro signo gráfico que haga la veces de su firma; lo cual se corrobora con la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en la que se asentó que únicamente obra la firma electrónica de Gabriel Hawa Gresati. De modo que si la demanda fue presentada sin firma autógrafa o electrónica de la promovente Rosa María Richaud Morales, es improcedente su admisión. Es así, porque estamos ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, dado que la firma autógrafa o electrónica constituye la expresión de la voluntad del quejoso. En efecto, para que la firma estampada en cualquier escrito adquiera validez debe ser autógrafa (de puño y letra del signatario) o electrónica, en razón de que es la única forma en que el signatario adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo. La firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, dado que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por tanto, si no existe certeza de que la demanda fue suscrita electrónicamente o del puño y letra de la promovente Rosa María Richaud Morales, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no hay instancia de parte agraviada, y la demanda resulta improcedente, según lo prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Máxime que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el volumen 175- 180 Sexta Parte, página 96, Séptima época del Semanario Judicial de la Federación de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 71, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, en materia Común, cuyo rubro y texto: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". [Énfasis añadido] Sin que haya lugar a requerir a la quejosa para que comparezca a este órgano jurisdiccional a subsanar tal omisión, dado que el artículo 114 de la Ley de Amparo sólo faculta a los juzgadores para prevenir a los promoventes a fin de que satisfagan algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 213, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, VII, Enero de 1991, en materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". Acorde con lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rosa María Richaud Morales, en términos del numeral 113 del ordenamiento legal invocado. Desechamiento por lo que ve a la demanda promovida por Gabriel Hawa Gresati. Respecto del acto reclamado (precisado supralínieas), se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, que establecen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.[.]." [Énfasis añadido] Los artículos 107 fracción III, inciso b), de la Constitución y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distinguen los siguientes supuestos: a) Un supuesto general referido a los actos realizados fuera del juicio o después de concluido. b) Supuestos específicos: Actos en ejecución de sentencia; en este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. Actos de remate; la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Con esto, la intención del legislador fue la de evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que aquel consideró constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Es así, ya que por regla general la etapa de ejecución de sentencia no debe paralizarse y la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en esa etapa, entendiéndose ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En la especie, el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, toda vez que no se advierte la emisión de algún pronunciamiento en el que se declare el cumplimiento total de la sentencia, la imposibilidad material o jurídica para ello, o bien, que se haya ordenado el archivo definitivo del expediente. Por tanto, el quejoso debe esperar a que se lleven a cabo todos los actos de ejecución hasta en tanto el juez natural se pronuncie sobre el cumplimiento del fallo definitivo, o bien, que ordene el archivo del expediente, para que esté en aptitud de promover el juicio de amparo en contra de las violaciones que estime ocurrieron en el procedimiento de ejecución. Además, únicamente cuando la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, es procedente el ejercicio de la acción. Sin embargo, como se advierte de las propias manifestaciones del quejoso, él no es tercero extraño al juicio natural, sino parte demandada, pues contestó la demanda instaurada en su contra, allanándose a las prestaciones reclamadas. La persona extraña a juicio es aquella moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila. Este término contiene una subdistinción: a) extraño a juicio stricto sensu y b) el equiparado parte formal en el juicio natural. a) Esta categoría implica que la persona desconoce de la tramitación del procedimiento de origen y que no forma parte de la relación jurídica procesal, o sea que estrictamente es ajena a la controversia de la que deriva el acto reclamado. b) La persona forma parte de la relación jurídica procesal, sin embargo, no conoció la existencia de un procedimiento seguido en su contra, sino hasta después de que se dictó la resolución correspondiente, de manera que no estuvo en posibilidad de ejercer su derecho de audiencia. En este último caso, aunque la persona no es tercera extraña a juicio en estricto sentido, se equipara a ésta, lo que justifica que sea a través del amparo indirecto que sus derechos sean protegidos por la afectación que les cause alguna determinación judicial. En ese sentido, si el quejoso fue emplazado al juicio de origen, e incluso, contestó la demanda instaurada en su contra, no le asiste el carácter de tercero extraño al juicio ordinario civil C-214/2022 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, pues tuvo conocimiento de la tramitación de dicho sumario antes del dictado de la sentencia. Por otra parte, no se soslaya que el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en etapa de ejecución de sentencia cuando se afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada. Así lo establece la jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." [Énfasis añadido] No obstante, en el caso, no se advierte que el acto reclamado infrinja de manera actual y directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada, sino meramente cuestiones formales. Es así, pues en la sentencia del juicio natural se declaró la disolución de la copropiedad del inmueble materia del litigio y, en ejecución, fue admitida la prueba pericial para dilucidar si el bien raíz admite cómoda división; por tanto, si la resolución combatida en esta instancia modificó la fecha en que comenzará a computarse el plazo para que el perito de la parte accionante rinda su dictamen en materia de topografía, sin modificar el término otorgado para que el perito de la parte demandada -aquí quejosa- rinda el suyo, son aspectos meramente adjetivos, sobre todo porque la prueba fue admitida para ambas partes contenciosas, en todo caso, el quejoso puede solicitar prórroga para que su perito rinda el dictamen. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gabriel Hawa Gresati.
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