Rosa María Reynoso Rosales
Expediente 974/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rosa María Reynoso Rosales
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de catorce de octubre del año en curso, informa las gestiones que se encuentra realizando y solicita la ampliación del término concedido para estar en posibilidad de desahogarlo y solicita se le remitan las ordenes de descuento que fueron exhibidas por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes. Como lo solicita el promovente con apoyo en el artículo 297 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE LE CONCEDE UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitiéndole al efecto copia simple de las órdenes de descuento que fueron remitidas mediante oficio sin número de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de catorce de octubre de dos mil veinte. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintitrés de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, por medio del cual, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegados, e informa la imposibilidad que le asiste al Consejo de Publicidad Exterior de ésta Ciudad para cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que la "publicidad" no es una actividad esencial, y por tanto, no se han reanudado plazos y acciones en dicha materia, conforme al "Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y tramites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del COVID-19", así como al "Décimo Acuerdo por el que se prórroga la suspensión de los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, en los términos que se señalan", aunado a que atendiendo a la conformación del Consejo de Publicidad Exterior, de celebrarse sesión alguna, se pondría en riesgo a sus integrantes. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la imposibilidad de la autoridad responsable Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, para continuar la tramitación del juicio de amparo que nos ocupa y cumplir con la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y el artículo 2 fracción IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo en que se actúa, hasta en tanto dicha autoridad responsable reanude labores. Sin perjuicio de lo anterior, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por ********************por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 974/2020-I. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por la parte promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) En principio, es preciso destacar que la promovente señala en los capítulos respectivos de su escrito de demanda, como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. H. COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS. H. DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA H. COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS. H. CONGRESO DE LA UNIÓN H. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA H. SECRETARIA DE SALUD IV. ACTOS RECLAMADOS. H. COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS: Como autoridad ejecutora en su calidad de titular y responsable del trámite y resolución de este asunto que incumben a ese H. Comisión en los términos de los diversos 1, 3, 4, 11, y 14 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, 15, 15-a, 17 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; 17, 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 3, 13, 17-bis, 194, 194-bis, 223, 368 de la Ley General de Salud. H.DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA H. COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS: Como autoridad ejecutora en su calidad de titular y responsable del trámite y resolución de este asunto que incumben a ese H. Comisión en los términos de los diversos 1, 3, 4, 11, y 14 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, 15, 15-a, 17 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; 17, 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 3, 13, 17-bis, 194, 194-bis, 223, 368 de la Ley General de Salud. H. CONGRESO DE LA UNIÓN: Como autoridad ordenadora por la expedición de la Ley General de Salud del 16 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al 7 de febrero de 1984 en lo relativo en materia de control de estupefacientes, cuyos artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 se reclaman en la presente Demanda de Amparo. H. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Como autoridad ordenadora por el Decreto del 30 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que ordena la promulgación y publicación de la Ley General de Salud con todas sus respectivas consecuencias, y de forma específica los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 se reclaman en la presente Demanda de Amparo. H. SECRETARIA DE SALUD: Como autoridad ordenadora en su calidad de titular y responsable del trámite y resolución de los asuntos que incumben a esa H. Secretaría en los términos de los diversos 1, 2, 14, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, 2, 3, 4 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, considerando toda acción u orden verbal dada al titular de las autoridades señaladas con el número 1 y 2, a efecto de expedir cualquier autorización relacionada con los temas de consumo lúdico de cannabis sativa. [.]" Sin embargo, en el capítulo de procedencia de la demanda y conceptos de violación refiere lo siguiente: En estas condiciones, los artículos que se reclaman a través del presente amparo resultan ser los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 bis, 245 fracciones IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479 de la Ley General de Salud, que prevén la prohibición del consumo lúdico de la cannabis sativa [.]" Los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 bis, 245 fracciones IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479 de la Ley General de Salud son inconstitucionales, por lo siguiente De lo transcrito se advierte, por un lado, que la peticionaria de garantías señala en el capítulo respectivo de su demanda, como actos reclamados destacados, la expedición, promulgación y publicación de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mi novecientos ochenta y cuatro, específicamente los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de dicho ordenamiento; sin embargo, más adelante refiere que los artículos que se reclaman de dicha Ley son el 194, 234, 235, último párrafo, 235 bis, 245 fracciones IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479. Consecuentemente, la promovente deberá manifestar sí también señala como actos reclamados destacados los artículos 194, 234, 235 bis, 245, fracciones IV y V, 368 y 479 de la Ley General de Salud, apercibida que de no hacerlo, solo se tendrán como actos reclamados los artículos del ordenamiento en cita que precisa en el capítulo respectivo. b) Por otra parte, de lo transcrito en el inciso anterior, se advierte que la promovente no precisa el acto concreto que atribuye a las autoridades señaladas como: - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; - Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, - Secretaria de Salud. Lo anterior se afirma, en razón de que solo se limita a señalarlas como autoridades ejecutoras en su calidad de responsables del trámite y resolución de este asunto; considerando toda acción u orden verbal dada por el último de los mencionados, a las dos primeras, a efecto de expedir cualquier autorización relacionada con los temas de consumo lúdico de cannabis sativa, lo cual resulta ambiguo e impreciso. Aunado a lo anterior, en su capítulo de procedencia de la demanda refiere lo siguiente: La presente Demanda de Amparo se reclaman en razón de un acto de aplicación (individualización condicionada) Sin embargo, posteriormente manifiesta: En estas condiciones, los artículos que se reclaman a través del presente amparo resultan ser los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 bis, 245 fracciones IV y V, 247, último párrafo, 368 y 479 de la Ley General de Salud, que prevén la prohibición del consumo lúdico de la cannabis sativa, generan una afectación autoaplicativa que actualiza el interés legítimo para reclamarlos en el amparo De lo anterior se observa que en principio la promovente manifiesta que reclama los citados preceptos legales de la Ley General de Salud en su carácter de heteroaplicativos, es decir, con motivo de un acto concreto de aplicación, sin embargo, posteriormente manifiesta que los reclama como normas autoaplicativas, lo cual resulta contradictorio. Consecuentemente, dada la imprecisión del acto que atribuye a las autoridades citadas en el presente inciso, y ante lo incongruente del planteamiento que hace sobre el carácter con el cual combate la norma que reclama, la promovente deberá: 1) Precisar el carácter con el cual reclama dichas disposiciones, esto es, en su carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas, y de ser en este último supuesto, deberá señalar el acto concreto de aplicación y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, así como la autoridad que lo emitió y si también lo señala como acto reclamado, debiendo además exhibir una copia más de su demanda por cada nueva autoridad que señale, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de garantías de conformidad con el artículo 114 de la ley de amparo. 2) En caso de combatir la norma como heteroaplicativa y señalar como emisoras del acto de aplicación a autoridades diversas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotropicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y a la Secretaria de Salud, deberá precisar el acto que en concreto atribuye a estas últimas, apercibida que en caso de no hacerlo no se tendrán como autoridades responsables. c) Así también, deberá indicar los efectos precisos para los que solicita la suspensión de los actos reclamados, toda vez que en el capítulo respectivo de su escrito de demanda, se advierte que solo la solicita de manera genérica, apercibida que de no hacerlo no se proveerá sobre dicha medida cautelar. d) Asimismo, se le requiere para que exhiba junto con el original de su escrito aclaratorio, nueve copias del mismo, para ser distribuidas de la siguiente manera: seis para las autoridades responsables, una para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y dos para aperturar el incidente de suspensión que solicita, en el entendido que de no hacerlo no se tendrán por desahogados los requerimientos anteriores y, por ende, se harán efectivos los apercibimientos correspondientes. Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por la promovente de amparo, no así por las personas que autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la parte quejosa; para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autoriza para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa ********************en el domicilio ubicado en ********************. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
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