Rosa María Resendiz Muñoz
Expediente 558/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosa María Resendiz Muñoz
- Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en la Ciudadde México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. I. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. Conforme al capítulo Primero, punto Segundo, fracción XVIII, del multicitado Acuerdo General Conjunto, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. I. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. III. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. Ahora bien, toda vez que existe documento original de la quejosa ********************, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento que exhibió en este expediente, apercibido de que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la quejosa.
- Principal
Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa María Reséndiz Muñoz, contra los actos que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y del Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y turnado a este juzgado, el mismo día, Rosa María Reséndiz Muñoz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables: Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: Emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 477/2011, tramitado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede esta ciudad, hasta el auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que se tiene por admitido el índice de liquidación de sentencia, con lo que da inicio al trámite de adjudicación del bien inmueble, que aduce, es de su propiedad, ubicado en calle Durango, número 1015, colonia Sánchez Celis, en esta ciudad. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda propuesta, a la que le correspondió el expediente 558/2018, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesado y dar vista al representante social de la adscripción, quien no formuló alegatos ministeriales; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, tiene competencia para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten en: Emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 477/2011, tramitado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede esta ciudad, hasta el auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que se tiene por admitido el índice de liquidación de sentencia, con lo que da inicio al trámite de adjudicación del bien inmueble, que aduce, es de su propiedad, ubicado en calle Durango, número 1015, colonia Sánchez Celis, en esta ciudad. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que no son ciertos los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa del contenido de las constancias remitidas por la diversa autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Así mismo, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento de origen; constancias con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. Cuarto. Se actualiza causa de sobreseimiento. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previamente a su análisis, es menester puntualizar los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las documentales allegadas por el Juez responsable, valoradas con antelación, de la manera siguiente: El uno de junio de dos mil once, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil en esta ciudad, admitió a trámite la demanda promovida en la vía sumaria civil hipotecaria por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (tercero interesado), por conducto de su apoderada legal, en contra de la aquí quejosa, la cual quedó registrada con el número de juicio 477/2011, donde se ordenó emplazar a la parte demandada. Posteriormente, se exhibió el convenio judicial anexado en el escrito de diecisiete de junio de dos mil once, ratificado el veintidós de julio del mencionado año, ante la fe del licenciado José Manuel Magallon Osuna, Notario Público ciento cuarenta y siete de esta ciudad, suscrito por la parte actora y la demandada, en relación al juicio sumario civil hipotecario 477/2011, a fin de someter el citado convenio a la consideración del juez de origen, el cual fue aprobado y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada en acuerdo de once de agosto de dos mil once. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil quince, se tuvo por presentada a la apoderada legal de la parte actora, promoviendo la ejecución forzosa del convenio judicial antes indicado, con lo cual se dio vista a la demandada aquí quejosa, para que dentro del término de tres días, manifestara y comprobara que se encontraba al corriente en el pago a que se obligó en el citado convenio. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dispositivos indicados que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante juez de distrito: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Debe precisarse que el accionante de la instancia constitucional, aduce ser parte demandada en el Juicio Sumario Civil Hipotecario 477/2011, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, entablado en su contra por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (parte tercera interesada). Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha interpretado que cuando el quejoso siendo parte formal en un juicio y no fue emplazado a éste, o bien, fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 195, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equipararse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Octava Época; Registro: 205455; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Núm. 78; Junio de 1994; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 18/94; Página: 16). De lo anotado se colige, que si bien, el quejoso se ostenta en la presente vía constitucional como tercero extraño por equiparación, debe tenerse presente que tal figura, como se dijo, se entiende como aquella persona que al ser parte formal y material en la controversia, no fue emplazada o lo fue pero en forma distinta a lo prevenido por la ley, ocasionando el desconocimiento total del juicio, supuesto en el que procede la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta, para reclamar la ausencia del llamado a juicio o en su caso, los vicios en que se incurrió al realizar dicho acto jurídico; y sólo acorde con esa posición, se le podrá equiparar a un tercero y evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. Ahora bien, como se destacó de manera previa en la narrativa de antecedentes del acto reclamado, el solicitante de la tutela constitucional compareció al juicio sumario civil hipotecario 477/2011, toda vez que en acuerdo de once de agosto de dos mil once, se tuvo por recibido el escrito firmado en forma conjunta por la apoderada legal de la parte actora y por el demandado, que contiene el convenio judicial celebrado entre ambas partes, sometido a consideración del juez del conocimiento, ratificado ante notario público. De lo anterior es dable concluir, que se patentiza que fue sabedor del contenido del procedimiento seguido en su contra, cuando menos desde el once de agosto de dos mil once; data en que se tuvo por recibido el escrito que contiene el convenio judicial celebrado por la parte actora y la demandada. En esa tesitura, si el quejoso reclama el emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 477/2011, y si de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes de que se dictara sentencia definitiva y, además, compareció al mismo, es evidente que tal conocimiento y comparecencia, le permitió en su momento, imponerse de los autos y hacer valer, a través de los mecanismos de impugnación ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio procedimiento. En ese orden argumentativo, al desvirtuarse el carácter de tercero extraño al juicio de origen con el que se ostenta la peticionaria de amparo, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo considerado, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." (Novena Época. Registro: 189916. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 39/2001. Página: 93.) En ese tenor, al tener actualización la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos subsecuentes y de ejecución, dado que no se relaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. En sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." "Séptima Época; Registro: 394472; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Materia(s): Común; Tesis: 516; Página: 339) Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76 a 79, de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa María Reséndiz Muñoz, contra los actos que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y del Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, asistido de Francisco Javier Frías Luna, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, uno de octubre de dos mil dieciocho. Relación del estado procesal que guardan los autos Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que al día de hoy, se encuentra transcurriendo al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista de los informes justificados. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se señalan las nueve horas con dieciocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, para su celebración. Orienta a lo anterior, la tesis que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera de plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogarlas pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". (Novena Época; Registro: 1002764; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Septiembre de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 698; Página: 781) Notifíquese.
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