Rosa María Portillo Arroyo

Expediente 388/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
388/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Rosa María Portillo Arroyo
  • Lorenzo Antonio Adame Sayalandia
  • Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otro parte, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, el presente expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés. Entonces, atendiendo que no existente documentos originales, una vez cumplido el plazo de tres años de haberse dictado el presente auto, este órgano jurisdiccional, destruirá este expediente y dentro de los treinta días naturales siguientes a su destrucción, se deberá remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 388/2023-VI; promovido por ROSA MARÍA PORTILLO ARROYO, contra actos del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, con domicilio en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. ROSA MARÍA PORTILLO ARROYO, mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado a este Juzgado ese mismo dia, ROSA MARÍA PORTILLO ARROYO, promovió demanda de amparo indirecto, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto que a continuación se mencionan: " AUTORIDADES RESPONSABLES: Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con domicilio oficial ubicado en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, en esta ciudad. Central de Actuarios y Ministro Ejecutor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, a través del Licenciado Héctor Raúl Ornelas Valles, del Distrito Judicial Bravos, con domicilio oficial ubicado en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, en esta ciudad. " ACTOS RECLAMADOS. A) TODAS LAS ACTUACIONES EN EL EXPEDIENTE 1120/22, del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, interpelación judicial juntos con los efectos de la citada interpelación judicial que se levantó en el expediente 1120/22 del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, realizada en fecha 5 de enero de 2023, a las dieciocho horas con quince minutos y que fuera levantada por el Licenciado Héctor Raul Ornelas Valles, en su calidad de oficial notificador y ministro ejecutor adscrito a la oficina central de oficiales notificadores y ministros ejecutores de este Distrito Judicial Bravos. B) De la autoridad responsable ejecutora reclamo la constancia de diligencia de fecha 5 de enero e 2023 a las 18 horas con quince minutos, en cumplimiento al auto de fecha 8 de noviembre de 2022 acorde a los términos de la autoridad ordenadora, así como los demás actos que se deriven y sean consecuencia de hecho y de derecho del acto reclamado. C) Todas las actuaciones que se deriven y tengan relación con el expediente 1120/22 del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, toda vez que con dicha actuación, de la cual apenas tuve conocimiento en fecha 17 de marzo de 2023, es que la misma parte Lorenzo Antonio Adame Salayandía en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Natalia Domínguez, me promovió diverso juicio en el cual me solicita la acción reivindicatoria, valiéndose de la constancia de la cual no tuve conocimiento y que carece de formalidades, violentando mis derechos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra carta magna." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE Y ADMISIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Recibida que fue la demanda a quien por razón de turno correspondió del conocimiento a este órgano de control constitucional, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, se radicó bajó el número de expediente 388/2023-VI y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado se hace consistir en: - Todas las actuaciones en el expediente 1120/22, del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, interpelación judicial juntos con los efectos de la citada interpelación judicial que se levantó en el expediente 1120/22 del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, realizada en fecha 5 de enero de 2023, a las dieciocho horas con quince minutos y que fuera levantada por el Licenciado Héctor Raul Ornelas Valles, en su calidad de oficial notificador y ministro ejecutor adscrito a la oficina central de oficiales notificadores y ministros ejecutores de este Distrito Judicial Bravos. TERCERO. El Juez Segundo Civil por Audiencias, Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Para apoyar su dicho, el juez responsable remitió las constancias conducentes del expediente 1120/2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria civil promovido por Lorenzo Antonio Salayandía Adame, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Natalia Domínguez Sandoval; al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se tienen plenamente probados los actos que se reclaman. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, al tenor de las siguientes consideraciones. Los numerales y fracción indicados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Se estima que se actualiza la improcedencia en estudio, dada la existencia de jurisprudencia emitida por el máximo Tribunal del País, en la medida de que la parte quejosa aduce que el perjuicio que alega deriva todo lo actuado en el expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria 1120/2022; lo que debe alegarse dentro del juicio que prosiguió a tales diligencias, esto es, en el juicio ordinario civil 180/2023, iniciado con posterioridad a aquéllas. En principio, conviene invocar la jurisprudencia 1ª./J.23/96, que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 200392, de rubro y texto: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS. Siendo los medios preparatorios a juicio, determinadas diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, y que las mismas no forman parte del juicio, ya que como su nombre lo indica preparan, pero no son el mismo, aunque sirvan de apoyo a la acción o excepción que se intente, la falta de emplazamiento a tales medios preparatorios, debe estimarse como un acto ejecutado fuera de juicio, ya que éste debe entenderse como el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma hasta que se dicta sentencia definitiva, y contra esa irregularidad es procedente el amparo indirecto en los términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, habida cuenta que la falta de emplazamiento resulta ser una violación que de resultar fundada deja sin defensa al quejoso ante tales diligencias previas. Sin que sea obstáculo para su procedencia el que la falta de emplazamiento no sea un acto de imposible reparación, pues no se trata de actos realizados dentro del juicio como lo establece la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, interpretada a contrario sensu." La resolución de la contradicción de tesis de la que derivó la anterior jurisprudencia, aparece pronunciada, en lo que interesa, en los siguientes términos: ".De lo anterior, esta Primera Sala estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con algunas precisiones, en atención a las siguientes consideraciones. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito ha sostenido en las improcedencias 246/95 y 873/94 que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento en los medios preparatorios al juicio en general, en virtud de que no obstante de que no se trata de un acto en el juicio, sino previo a él, lo actuado en tales diligencias preparatorias no causa un agravio de ejecución irreparable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, pues en la sentencia definitiva que se dicte en el proceso que se siga a esas diligencias se podría reparar el perjuicio consiguiente. Sin que en el caso proceda para su procedencia la fracción III del artículo y ordenamiento legal en cita, porque aun cuando sea un acto fuera de juicio, tiene repercusión en él y las consecuencias y efectos de su contenido deberán ser examinadas por el Juez al momento de resolver la litis a la cual sirven de apoyo, luego lo actuado en las mismas no es definitivo y no causa indefensión. El anterior criterio no resulta acertado, pues como se desprende de las improcedencias falladas por dicho Tribunal del Tercer Circuito, parten del supuesto contenido en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu para arribar a la conclusión de que la falta de emplazamiento a los medios preparatorios al juicio no le depara perjuicio al quejoso en virtud de que en el juicio que se interponga con base en tales probanzas se podría reparar tal perjuicio y que por tanto no son actos cuya ejecución sea irreparable. Ahora bien, como se dejó precisado en párrafos anteriores, los medios preparatorios a juicio son actos previos a éste, de conformidad con la doctrina y con los propios Códigos de Procedimientos Civiles, tanto del Estado de Jalisco como el del Distrito Federal, de donde derivan los juicios de amparo resueltos en definitiva por los Tribunales Colegiados discrepantes. Por lo que si la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, antes transcrito, que establece que será procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito "...IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación..." Debe estimarse que no resulta aplicable dicha fracción, tratándose de actos previos al juicio, ni interpretada a contrario sensu, en el sentido que lo sostuvo el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, al interpretar que es improcedente el juicio de amparo indirecto porque se trata de actos reparables por algún medio legal, pues la fracción de la ley de la materia antes referida, es clara y precisa, al establecer que procede contra actos en el juicio. De donde resulta que los medios preparatorios a juicio al ser previos a éste y anteriores a la demanda, no son actos que formen parte, por sí mismos, aunque lo resuelto en ellos sirva como prueba en el juicio, y por tanto no encuadran dentro del supuesto jurídico al que alude dicha fracción, interpretada a contrario sensu, para determinar la improcedencia del juicio de amparo por tal razón, como sostiene el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. En cambio, siendo los medios preparatorios actos prejudiciales que tratan de preconstituir una prueba ante el órgano judicial competente, para que ésta sea valorada en la futura acción o excepción que se hará valer, debe estimarse que son actos fuera de juicio y sí satisfacen la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo antes referido, pues ésta en lo conducente establece que procederá el juicio de amparo ante el Juez de Distrito: "...III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido..." Y tratándose de la falta de emplazamiento a medios preparatorios se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, sin posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en tales medios, que si bien pudiera hacer valer en el procedimiento que se instaure en su contra, ello no impide que en tales medios preparatorios no se le dé esta posibilidad, y sin que se haga necesario además establecer la gravedad de la falta, pues con relación a la fracción en estudio no se hace distinción a ese respecto, al determinar que procede el juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales fuera de juicio o después de concluido..". Sin embargo, no obstante que en la determinación transcrita aparece que el tema toral que se abordó consistió en dilucidar si procedía el amparo indirecto contra actos fuera de juicio, específicamente medios preparatorios de juicio, teniéndose que únicamente llegó a aludirse, en cuanto a la defensa del quejoso, que si bien éste "...pudiera hacer valer en el procedimiento que se instaure en su contra, ello no impide que en tales medios preparatorios no se le dé esta posibilidad, y sin que se haga necesario además establecer la gravedad de la falta..."; debe considerarse que los alcances de la jurisprudencia en comento se establecieron de manera más determinante al pronunciarse la resolución respectiva en el diverso expediente de contradicción de tesis número 131/2003, por parte de la Primera Sala del Alto Tribunal, con base en las consideraciones que se transcriben aquí: "QUINTO.- La presente contradicción de tesis procede declararla sin materia, en razón a que del propio contenido de la resolución que constituyó la jurisprudencia 23/96, interpretada por los Tribunales Colegiados contendientes, se desprende que resuelve el tema de que se trata. En efecto, para mayor claridad, conviene transcribir la parte conducente de la aludida resolución, la cual fue tramitada bajo el número C. T. 39/95, a saber: En cambio, siendo los medios preparatorios actos prejudiciales que tratan de preconstituir una prueba ante el órgano judicial competente, para que esta sea valorada en la futura acción o excepción que se hará valer, debe estimarse que son actos fuera de juicio y si satisfacen la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo antes referido, pues ésta en lo conducente establece que procederá el juicio de amparo ante el Juez de Distrito:...III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de 'concluido...' Y tratándose de la falta de emplazamiento a medios preparatorios se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, sin posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en tales medios, que si bien pudiera hacer valer en el procedimiento que se instaure en su contra, ello no impide que en tales medios preparatorios no se le dé esta posibilidad, y sin que se haga necesario además establecer la gravedad de la falta, pues con relación a la fracción en estudio no se hace distinción a ese respecto, al determinar que procede el juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales fuera de juicio o después de concluido." De acuerdo con la transcripción anterior, en especial con su parte última subrayada, los medios preparatorios a juicio son actos fuera de juicio conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, impugnables en amparo indirecto, dado que, con la falta de emplazamiento a tales medios se deja en estado de indefensión a la parte afectada, esto es, sin la posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en esos medios. Empero, igualmente se señala en dicha resolución, que lo anterior no impide, que en el procedimiento que se instaure en su contra (entendiéndose con ello al juicio propiamente dicho) haga valer el afectado la defensa a que se ha hecho referencia. En tales condiciones, válidamente puede concluirse, que conforme a la resolución que dio lugar a la jurisprudencia 23/96, emitida por esta Sala, objeto de interpretación de los Tribunales Colegiados contendientes, que a su vez motivó la presente contradicción de tesis, contra las irregularidades o ilegalidad en el emplazamiento a medios preparatorios a juicio es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, siempre que el afectado tenga conocimiento de las mismas hasta antes que dé inicio el procedimiento o juicio que se pretende preparar, conforme a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, y no así cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, caso en el que deberá hacer valer las defensas y excepciones que procedan para su defensa. Cabe precisar, que la finalidad de las contradicciones de tesis no es tanto aclarar o explicar las que ya se hubiera resuelto, o bien resolver los problemas de aplicación de las mismas, sino exclusivamente pronunciarse sobre un problema jurídico, en caso de proceder su análisis de fondo. En suma, del contenido expreso de la tesis de jurisprudencia 23/96 sustentada por esta Sala, se infiere que la falta de emplazamiento a medios preparatorios a juicio es impugnable en amparo indirecto, en la inteligencia de que si ya dio inicio el procedimiento propiamente dicho, estará en aptitud el afectado de plantear las excepciones y defensas que al efecto estime procedentes. Por tanto, al haberse ocupado y resuelto por esta Sala el tema de la presente contradicción, por ser aplicable al caso concreto, no queda más que reiterar, en esas circunstancias, que lo procedente es declararla sin materia..." Lo reproducido revela que el amparo indirecto será procedente contra las irregularidades de un emplazamiento realizado al quejoso en un trámite de medios preparatorios de juicio, así como todo lo actuado en dichas diligencias, a condición de que no hubiere dado inicio el procedimiento judicial que posteriormente llega a promoverse por la contraria del agraviado, pues, de ser esa la hipótesis, como sucede cuando la quejosa manifiesta haber tenido conocimiento de aquellos medios preparatorios después de tramitado el juicio que le prosiguió, será entonces en la defensa que despliegue en ese litigio, vía excepción o defensa que proceda, donde deberá aducir las irregularidades que atribuye a aquella tramitación preparatoria. En el entendido que en la resolución del expediente de contradicción 131/2003, citado en último término, se estableció que la hipótesis en cuestión acontecerá tanto 1) cuando la parte quejosa aduzca ausencia de notificación de aquellos medios preparatorios, como para el supuesto en que 2) no obstante obrar constancia de la notificación respectiva, la estime realizada irregular e ilegalmente. Ahora, es pertinente reseñar los antecedentes de la demanda de amparo, que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, los cuales consisten en lo siguiente: 1. El 8 de noviembre de 2022, la Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, dentro del juicio 1120/2022, admitió en la vía de diligencias de jurisdicción voluntaria y que fueran solicitadas por Lorenzo Antonio Salayandía Adame en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Natalia Domínguez Sandoval. 2. El cinco de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la diligencia de notificación a quien se encontró en el domicilio ubicado en calle María Curie 1364, fraccionamiento Los Olmos, en esta ciudad, a efecto de informar lo solicitado en las diligencias de jurisdicción voluntaria, toda vez que compete a un acto que por solicitud de la persona interesada requiere la intervención del juzgado. 3. Luego, refiere la aquí quejosa que cuando le notificaron del expediente 180/2023, del Juzgado Sexto Civil por Audiencias, se enteró de que habían levantado una interpelación judicial / Jurisdicción voluntaria dentro del juicio 1120/2022 del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias y cuya copia certificada obra dentro del citado expediente 180/2023, siendo en ese momento que tuvo conocimiento que se había realizado dicha diligencia del cinco de enero de 2023. En tales condiciones, si en el particular la quejosa reclama: Todas las actuaciones en el expediente 1120/22, del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, interpelación judicial juntos con los efectos de la citada interpelación judicial que se levantó en el expediente 1120/22 del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, realizada en fecha 5 de enero de 2023, a las dieciocho horas con quince minutos y que fuera levantada por el Licenciado Héctor Raul Ornelas Valles, en su calidad de oficial notificador y ministro ejecutor adscrito a la oficina central de oficiales notificadores y ministros ejecutores de este Distrito Judicial Bravos. Y, al momento de la presentación de la demanda (treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés), el juicio ordinario civil 180/2023, -al que antecedió la jurisdicción voluntaria- ya se había iniciado antes de la presentación de la demanda de amparo, tan es así que la parte tercero interesado presentó en su escrito recibido ante este juzgado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, copia certificada de la contestación de la demanda de la aquí quejosa dentro del citado juicio 180/2023, en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, entonces es claro que se actualiza la aludida causal de improcedencia respecto los actos reclamados al 1) juez Segundo Civil por Audiencias, en esta ciudad y 2) oficial notificador y ministro ejecutor Licenciado Héctor Raúl Ornelas Valles, en esta ciudad, derivados del expediente de jurisdicción voluntaria 1120/2022. Resulta aplicable la tesis IV.1o.C.82 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito, con registro digital: 170330, de rubro y texto: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. LA ILEGALIDAD DE SU NOTIFICACIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO HASTA ANTES DE QUE DÉ INICIO EL JUICIO QUE DERIVÓ DE AQUÉLLAS, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 192, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA. De conformidad con la tesis de jurisprudencia por contradicción 1a./J. 23/96 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21 del Tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS.", el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a los medios preparatorios a juicio, en términos de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, porque los protestados se tratarán de actos dictados fuera de juicio; sin embargo, al resolver la Primera Sala la diversa contradicción de tesis 131/2003, que resolvió dejarla sin materia, interpretó aquella jurisprudencia estableciendo entre sus alcances que la procedencia del amparo indirecto se surtirá contra las irregularidades o ilegalidad del emplazamiento a medios preparatorios, siempre que el afectado tenga conocimiento de ellas hasta antes que inicie el procedimiento o juicio que se pretende preparar y no cuando éste ya hubiera iniciado, caso en el cual deberán hacerse valer las defensas o excepciones que procedan para su defensa. En ese tenor, si el quejoso acude al juicio de amparo reclamando la ilegalidad de la notificación de que fue objeto en unas diligencias de jurisdicción voluntaria que le interpelaban previamente al juicio, que luego se instauró en su contra, aduciendo que tuvo conocimiento de esa interpelación hasta que se le emplazó en este último procedimiento, es claro que, por los alcances de la jurisprudencia citada (que aunque referida a medios preparatorios, su hipótesis jurídica se actualiza por igual tratándose de actuaciones derivadas de un trámite previo de interpelación judicial, por considerarse actos fuera de juicio), debe hacerlo hasta antes de que dé inicio el procedimiento pues, de lo contrario, se surtirá la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 192, ambos de la ley de la materia, ya que en todo caso, será en la vía de defensa o excepción que el quejoso oponga dentro del litigio ya iniciado, donde deberá hacer valer la irregularidad de aquel trámite verificado previamente al litigio." Así como la tesis I.11o.C.36 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 165512, de rubro y texto: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS, SI LA DEMANDA DE AMPARO SE PRESENTA CUANDO YA SE HA INICIADO EL JUICIO PRINCIPAL, DEBIÉNDOSE IMPUGNAR, EN SU CASO, EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 23/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 21, de rubro: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS.", es procedente el juicio de amparo biinstancial contra la falta de emplazamiento a los medios preparatorios por considerarse como un acto dictado fuera de juicio; sin embargo, tal jurisprudencia se refiere al caso en que el afectado tenga conocimiento del mismo antes de que inicie el juicio principal que se pretende preparar, pero aquélla no resulta aplicable cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, porque en este supuesto deberá hacer valer las excepciones y defensas que procedan para combatirlo, tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 131/2003-PS, en sesión de dos de junio de dos mil cuatro; en consecuencia, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la falta o ilegal emplazamiento a los medios preparatorios y el quejoso aduce que tuvo conocimiento de él a virtud del llamamiento al juicio principal iniciado con base en tales medios, ya no tiene aplicación la jurisprudencia en comento, pues el acto reclamado deja de ser un acto dictado fuera de juicio, para convertirse en un acto dentro de juicio, y por ende, para la procedencia del juicio constitucional debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues cuando se allegan dichos medios preparatorios al juicio principal, ya integran el acervo probatorio de la parte actora, debiéndose impugnar a través de las excepciones y defensas correspondientes; procediendo su impugnación en juicio de amparo directo como violación procesal, dado que ese emplazamiento no es de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, ni en grado predominante y superior las defensas del quejoso." Por lo expuesto y en atención a la causal de improcedencia analizada en este considerando y que se actualiza respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Atendiendo al sentido del fallo no se analizan los conceptos de violación, debido a los efectos jurídicos que provoca el sobreseimiento, en atención al criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con datos de identificación: "Época: Séptima Época. Registro: 254008 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 86, Sexta Parte Materia(s): Común. Tesis: Página: 93 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 61, 62, 63, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ROSA MARIA PORTILLO ARROYO, contra actos y autoridades señaladas, por los motivos asentados en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en Chihuahua, hasta el día de hoy cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistido de la Secretaria Verónica Uranga Luviano, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesado sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

  4. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del siete de junio de dos mil veintitrés encontrándose en audiencia pública el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión de su Secretario de Acuerdos, Licenciado Abraham Smeke García, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del Juicio de Amparo 388/2023-VI, promovido por Rosa María Portillo Arroyo, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, de la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se abre la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que la Agente del Ministerio Público de la Federación si realizó pedimento alguno. Finalmente, se hace constar que después de revisar tanto el expediente físico como electrónico, se pudo advertir que no se encuentran promociones físicas ni electrónicas pendientes de acordar. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Para lo cual firman esta acta el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. El C. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. Lic. Héctor Manuel Flores Lara. (Firma electrónica) El Secretario. Lic. Abraham Smeke García. (Firma electrónica) En cumplimiento al artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, hace constar: Que la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia en razón de que se firmó electrónicamente una vez que las labores del juzgado, así lo permitieron, en su misma fecha. Doy Fe.

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