Rosa Maria Palacios Martinez
Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Rosa Maria Palacios Martinez
Actuaciones
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- Principal
NOTIFÍQUESE...
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 59/2021, promovido por Rosa María Palacios Martínez, por su propio derecho, contra actos del Director Comercial del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, con sede en esta ciudad y de otra autoridad, sin la asistencia de la partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- El escrito inicial de demanda. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. 3.- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, el Secretario certifica: Que el Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento de amparo de su intención. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias y certificaciones, para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, y el Secretario hace constar que únicamente fueron ofrecidas por la parte quejosa con el escrito de demanda de amparo, las cuales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; y ante ese escenario se concluye esta etapa procesal. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; y ante ese escenario, se cierra el citado período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 59/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer por razón de turno a este juzgado, Rosa María Palacios Martínez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de febrero de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con número de expediente 59/2021, y se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual finalmente se celebró acorde al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclama un acto atribuido a una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Director Comercial y Jefa de Oficina de Rezagos, ambos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, lo siguiente: El cobro excesivo de adeudos, multas, y recargos por el servicio de agua potable y alcantarillado. Corte del suministro de agua potable. Cobro de recolección de basura Cobro de bomberos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados b) y c). Al rendir sus respectivos informes justificados, el Director Comercial y la Jefa de Oficina de Rezagos, ambos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, negaron categóricamente la emisión y ejecución de alguna orden de corte del suministro de agua potable en contra de la impetrante, así como el cobro de recolección de basura. En ese sentido, al constituir los informes justificados documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio pleno, por lo que resultan inexistentes los indicados actos reclamados. Máxime que la parte quejosa no desvirtúo las negativas de las autoridades responsables con medio de convicción alguno, y en el caso particular del cobro de recolección de basura, aun cuando la impetrante exhibió copia fotostática simple del recibo de cobro por el consumo del servicio de agua y descarga -expedido por la autoridad responsable-, correspondiente al mes de diciembre del año dos mil veinte, no se vislumbra la cuantificación por el concepto de recolección de residuos del cual se duele la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Sexta época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Página 236, número 284, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con datos de localización Época: Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Página: 627, número 20, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha potestad en la emisión o ejecución de los referidos actos reclamados, lo conducente es sobreseer el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados a) y d). Al rendir sus respectivos informes justificados, el Director Comercial y la Jefa de Oficina de Rezagos, ambos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, negaron categóricamente el cobro excesivo de adeudos, multas, y recargos por el servicio de agua potable y alcantarillado, sin embargo, dichas negativas se desvirtúan, toda vez que del contenido de los citados informes se advierte que la quejosa tiene adeudos por no pago del consumo de agua potable y alcantarillado, así como multas y recargos que se aplican conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos Municipales de Tapachula. Asimismo, las citadas potestades responsables informaron que es cierto el cobro de bomberos, lo cual se realiza conforme al artículo 22, fracción V, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tapachula, Chiapas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Lo anterior, se encuentra corroborado con copia fotostática simple del recibo de cobro por el consumo del servicio de agua y descarga -expedidos por la autoridad responsable-, correspondiente al mes de diciembre del año dos mil veinte, que exhibió la quejosa con el escrito de demanda. Documental a la cual se le concede valor probatorio indiciario, la cual genera convicción concatenada con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 200696, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. CI/95, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995, página 311, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados ya precisados. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SEXTO. Estudio del fondo. Resultan infundados e insuficientes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad del acto descrito en el inciso a) del considerando segundo de la presente resolución, consistente en el cobro excesivo de adeudos, multas, y recargos por el servicio de agua potable y alcantarillado, respecto del cual señala que vulnera sus derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 22, 27 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que: I. Se incrementó excesivamente el precio del suministro de agua potable, sin que mediara un estudio socio-económico a su favor y sin que se les informara el motivo de ello. II. De la misma manera, porque los elementos de tales tributos no están expresamente consignados en la Ley. Tocante al primero de los motivos de descenso, el artículo 115 de la Constitución Federal, en lo que interesa, establece: Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [.] II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. [.] III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. [.] i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. [.] Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. [.] Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. [.] Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. Como se aprecia y retomando las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 70/2009 de su índice, el citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, garantizan el respeto a la autonomía municipal, destacando en la especie los siguientes: El principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; La facultad constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, En correlación con el anterior -y no propiamente asignada a la potestad municipal- la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios. Así las cosas y en similitud con las atribuciones conferidas a la legislaturas locales y federal para establecer y/o modificar su configuración en materia fiscal para determinar cómo y en qué forma se debe contribuir para los gastos públicos en términos del artículo 31 de la carta magna, los municipios gozan igualmente de una libertad configurativa para -de acuerdo a radio de asignaturas y materias conferidas por la constitución en su transcrito precepto 115, como lo es la de agua, drenaje y alcantarillado (materia de cobro controvertida)- proponer a las autoridades parlamentarias respectivas las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, contribuciones de mejoras y derechos que brindan como ocurre en la especie, en aras de alcanzar dicho fin [sufragar el gasto público]. Resultan orientadoras las jurisprudencias P. 38 y 1a./J. 159/2007 emitidas por el Pleno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros respectivos: GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA. SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES. Por lo anterior, se desestima el aludido concepto de violación pues de existir un aumento en el monto relativo a la cuota o tarifa por el servicio respectivo, el mismo se soporta por la libertad configurativa del municipio de Tapachula Chiapas para proponer tal precio y su posterior aprobación por la autoridad legisladora correspondiente, el cual no se refutó y goza de una presunción de constitucionalidad, de ahí que, no se pueda desestimar la misma con la mera aseveración de que es excesivo, que se incrementó desproporcionadamente, o que con antelación no se le informó al respecto. Resulta orientadora la tesis de jurisprudencia 1a./J. 121/2005, de epígrafe: LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. De la misma manera, resulta infructífero su diverso argumento en el sentido de que se elevó el aludido costo sin que se le realizara un estudio socioeconómico para determinar si estaba en condición de enterarlo en sus términos ante su situación de contar con escasos recursos de subsistencia. Ello es así, pues como es bien sabido, en materia de impuestos, tratándose del tema de derechos como ocurre en el caso y lo reafirmó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 107/2007, para el cálculo y cuantificación de su tarifa o cuota, se debe de tomar en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio de que se trate y no la situación particular del causante o sujeto pasivo del tributo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 2/98, emitida por la máxima superioridad, cuyo título reza: DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. En similar orden de ideas, resulta ineficaz el diverso argumento en el sentido de que los tributos controvertidos no reúnen los elementos necesarios para brindarle seguridad jurídica en términos de los ordinales 14 y 16 constitucionales, toda vez que el mismo se compone de una simple aseveración sin sustento en un verdadero razonamiento que permita vislumbrar el por qué resulta inconstitucional el cobro del derecho tributario que se controvierte, pues ni siquiera, detalló en que hipótesis de acusación concreta del tributo se encontraba, ello para visualizar si efectivamente gozaba de los menesteres respectivos (sujeto pasivo, nacimiento del tributo, crédito a enterar [cantidad, cuota o tarifa], plazo para pago y exigibilidad). Cobra aplicación a la calificativa que antecede, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala del Alto Tribunal Federal, cuyo rubro informa: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. SÉPTIMO. Estudio del fondo. Resulta infundado e insuficiente el concepto de violación hechos valer por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad del acto descrito en el inciso d) del considerando segundo de la presente resolución, consistente en el cobro de bomberos, respecto del cual señala que las autoridades municipales le impusieron el pago de dicho servicio, el cual está negada a pagarlo, pues es violatorio al principio de legalidad, ya que debe estar consignado expresamente en una ley, que prevea los elementos esenciales de los impuestos, como lo es el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. Para lo anterior, es necesario precisar que artículo 22, fracción V, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tapachula, Chiapas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, con base en el cual se realiza el cobro de bomberos reclamado, dispone lo siguiente: "Artículo 22.- Constituyen los ingresos de este ramo los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado proporcionados, administrados y cobrados por el Organismo Descentralizado denominado Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula a los usuarios del mismo y en su caso al Ayuntamiento Municipal de Tapachula, de acuerdo a las siguientes bases, tasas y tarifas, que deberán ser propuestas por la Junta de Gobierno de ese Organismo, y autorizadas por el H. Congreso del Estado: [.] V. [.] El Organismo incluirá en cada uno de los recibos que expida por consumo de agua, una aportación voluntaria mensual con cargo al usuario de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.). Dicha aportación será tanto para los usuarios domésticos, como los no domésticos, la cual se destinará para apoyar al H. Cuerpo de Bomberos." De la anterior transcripción, tal como lo señalaron las autoridades responsables en su informe justificado, se advierte que el cobro de bomberos se ejecuta con motivo de la aplicación del numeral de referencia previsto en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tapachula, Chiapas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el cual no fue impugnado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que el cobro de una contribución no puede constituir un actuar potestativo atribuible a la autoridad hacendaria respectiva, pues al derivar dicho tributo de una norma legal, la recaudación constituye una obligación con motivo de su aplicación. Por tanto, no resultaría valido cuestionar el actuar de la autoridad respecto de sus prerrogativas de fiscalización para recolectar las contribuciones que coadyuven a sufragar el gasto público, ante la misma voluntad del gobernado de erogarlos parcialmente por su propia cuenta, expresada a través de la actividad legislativa que aprobó la norma de la cual emana dicho tributo, sin que se advierta oposición alguna por no haber sido controvertido el dispositivo legal. De esta manera, se desestima el aludido concepto de violación pues se soporta por la libertad configurativa del municipio de Tapachula Chiapas para proponer el cobro de bomberos y su posterior aprobación por la autoridad legisladora correspondiente, el cual no se refutó y goza de una presunción de constitucionalidad, de ahí que, no se pueda desestimar la misma con la mera aseveración de que es indebido. Resultan orientadoras las jurisprudencias P. 38 y 1a./J. 159/2007 emitidas por el Pleno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros respectivos: GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA. SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Rosa María Palacios Martínez, contra los actos reclamados precisados en los incisos b) y c) del considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables señalados en el mismo, por las razones expuestas en el diverso considerando tercero. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa María Palacios Martínez, contra los actos reclamados precisados en los incisos a) y d) del considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables señalados en el mismo, por las razones expuestas en los diversos considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este expediente, y se señalan las nueve horas del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo ese acto procesal.
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