Rosa María Ortiz Dávila
Expediente 1021/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rosa María Ortiz Dávila
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DEL ESCRITO DE CUENTA. Agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda, el escrito de cuenta signado por Rosa María Ortiz Dávila, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de diecinueve de diciembre en curso, manifiesta que acude a la presente instancia en su carácter de Albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Paz Víctor Manuel García Palomino, exhibe copia certificada de la Junta de Reconocimiento de Herederos y de Lectura y Validez del Testamento, dentro de la Sucesión testamentaria 295/2018, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil en Zacatecas, a efecto de acreditar dicha personería e informa que el mencionado juicio sucesorio se encuentra en la sección segunda, relativa a los inventarios y avalúos; al respecto, se acuerda: Se tienen por cumplidos los citados requerimientos hechos a la parte quejosa en auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, el artículo 112 de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113 de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, señala como acto reclamado la interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de lo Civil en Zacatecas, dentro del Juicio Sucesorio Testamentario 295/2018, del índice de la citada responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de trece de junio de la presente anualidad, por el que se estableció que el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su representante legal, podrá cumplir con la obligación de pago que dice tener con dicha Sucesión, depositando a la cuenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, las cantidades que así correspondan, a nombre del Poder Judicial del estado de Zacatecas. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de amparo que originó el presente juicio, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley... Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De los antecedentes del acto reclamado, así como del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que dentro del Juicio Sucesorio Testamentario 295/2018, a bienes de Paz Víctor Manuel García Palomino, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil en Zacatecas, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la Junta de Lectura y Validez de Testamento y Reconocimiento de Herederos, reconociéndose a Rosa María Ortiz Dávila, el carácter de albacea de dicha sucesión; que en la misma diligencia, los coherederos presentes, expusieron su conformidad en reconocer a la citada albacea, el derecho del cincuenta por ciento (50%) por concepto de sociedad conyugal y gananciales matrimoniales respecto de los bienes (edificios) listados en los incisos b), f), g) y h), legados por el testador en la cláusula segunda del correspondiente testamento. Así las cosas, que el seis de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por apersonado dentro del citado Juicio Sucesorio, al licenciado Jorge Chiquito Díaz de León, encargado del despacho de la Vocalía de la Secretaría de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Zacatecas, toda vez que dicha institución arrienda desde el dos mil uno y dos mil cinco, respectivamente, dos inmuebles que corresponden al caudal hereditario relativo a la citada Sucesión, señalando el monto de rentas pendientes por cubrir hasta el mes de abril de dos mil diecinueve y preguntando a quién se entregaría el importe de las rentas; con ello, se dio vista a los herederos, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniere. Posteriormente, el once de julio de dos mil diecinueve, el licenciado Jorge Chiquito Díaz de León, encargado del despacho de la Vocalía de la Secretaría de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Zacatecas, hizo del conocimiento de la responsable, el adeudo total por concepto de rentas, con lo que también se dio vista a los herederos, para que manifestaran lo que a sus derechos conviniere. Una vez que desahogaron la vista, cinco herederos estuvieron de acuerdo en que el dinero de las rentas se entregara a la albacea, para su administración; tres herederas solicitaron que el dinero se distribuyera por partes iguales para todos los herederos y un heredero fue omiso en realizar manifestación alguna, por lo que se le acusó la correspondiente rebeldía, habiéndolo tenido por perdido el derecho que en tiempo pudo haber ejercitado. Atento a lo anterior, el trece de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable estableció que el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su representante legal, podrá cumplir con la obligación de pago que dice tener con dicha Sucesión, depositando a la cuenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, las cantidades que así correspondan, a nombre del Poder Judicial del estado de Zacatecas. Inconforme con ello, Rosa María Ortiz Dávila, en su carácter de albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Paz Víctor Manuel García Palomino, interpuso recurso de revocación, el que fue resuelto mediante interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, en que declaró improcedente el recurso hecho valer y, por ende, firme el auto recurrido de trece de junio de la citada anualidad. Acto reclamado. Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable a la parte quejosa, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses de la parte quejosa, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Carta Magna. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como derechos fundamentales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Ahora bien, este Juzgado de Distrito tiene en cuenta que los juicios sucesorios testamentarios participan de una naturaleza jurídica particular pues su objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada a través de un procedimiento que se compone de cuatro etapas, las cuales, de conformidad con los artículos 780 a 782 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, son las siguientes, previa a la lectura y declaración de validez de testamento y designación de albacea testamentaria: de inventarios de administración y de partición. En el entendido que, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, cada una de las secciones que componen el procedimiento se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos. De manera que las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión; aunque excepcionalmente procederá la acción constitucional contra resoluciones que tengan una ejecución de manera irreparable. Así pues, debido a la naturaleza jurídica del procedimiento primigenio y conforme al carácter adjetivo del acto del que se duele la parte quejosa, se tiene que la violación procesal hecha valer en la especie ocurrió durante la sección segunda "De Inventarios y Avalúos"; por lo que es dable concluir que únicamente será reclamable en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva con que concluya la sección en comento. Esto es así, pues como se dijo, la determinación combatida de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Civil en Zacatecas, dentro del Juicio Sucesorio Testamentario 295/2018, del índice de la citada responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de trece de junio de la presente anualidad, por el que se estableció que el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su representante legal, podrá cumplir con la obligación de pago que dice tener con dicha Sucesión, depositando a la cuenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, las cantidades que así correspondan, a nombre del Poder Judicial del estado de Zacatecas, no constituye un acto cuya ejecución sea irreparable en la medida en que se trata de una cuestión formal que no se traduce en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; pues el agravio que en todo caso pueda ocasionar dicha violación procesal es susceptible de subsanarse al momento de concluir con la etapa correspondiente. Así pues, será hasta que se emita la determinación que ponga fin a la segunda sección del juicio natural, cuando la parte quejosa podrá reclamarla a través de la vía conducente junto con las violaciones procesales que considere tuvieron lugar durante su sustanciación. Se invoca sobre el tema la jurisprudencia IV.2o.J/13 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se transcribe enseguida: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. En suma, se concluye que la determinación reclamada, no constituye un acto que sea de imposible reparación, es decir, sus consecuencias no tienen tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no llega a trascender al resultado del fallo. En apoyo de lo anterior, en lo conducente, se cita la tesis aislada VII.2o.T.35 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo texto dice: PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto, promovido contra la resolución que desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Por tanto, este juzgado federal reitera que el acto reclamado no actualiza ninguna de las hipótesis de excepción para la procedencia del amparo biinstancial, ya que, como ha sido demostrado, la resolución combatida no afecta de manera cierta, directa e inmediata, algún derecho sustantivo protegido por nuestras normas fundamentales; consecuentemente, es claro que no se está ante la hipótesis de procedencia establecida en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia VI.3o. J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del epígrafe siguiente: SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." ( lo subrayado es propio de este Juzgado). Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de derechos fundamentales por concurrir en el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del ordinal 107 de la citada Ley.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rosa María Ortiz Dávila, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de la Capital; se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1021/2019-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Ahora bien, la quejosa acude a la presente instancia, por su propio derecho, doliéndose del siguiente acto reclamado: "La resolución Interlocutoria dictada en fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve dentro del recurso de Revocación, interpuesto por la suscrita en contra del auto de fecha trece de junio del año dos mil diecinueve derivado del Juicio sucesorio Testamentario No. 295/2018 a bienes del señor mi esposo Don Paz Víctor Manuel García Palomino. Sin embargo, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, refiere que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la Junta de Lectura y Validez de testamento, reconocimiento de herederos y albacea testamentario, en la que entre otras cosas, se le reconoció el carácter de albacea; por ende, es evidente que con dicho carácter ha estado interviniendo en el juicio sucesorio del que deriva el acto reclamado. Además, de la lectura de la demanda de cuenta, no se desprende la etapa procesal en que se encuentra el juicio sucesorio del que deriva el acto reclamado. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, párrafo primero y penúltimo, fracciones III y IV, en relación con el artículo 108, fracciones I y V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia y bajo protesta de decir verdad, precise: a) Si acude al presente juicio por su propio derecho, o bien, como albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Paz Víctor Manuel García Palomino; de ser en este último carácter, exhiba original o bien, copia certificada del documento mediante el cual acredite dicha personalidad. b) Informe la etapa procesal en que se encuentra el juicio sucesorio testamentario 295/2018, del que deriva el acto reclamado. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las citadas prevenciones en el término antes indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Rosalina Meza Soto, María de Lourdes de los Santos Aguilar y Nancy Lizbeth Vázquez Varela; a Nachiele Mosagui Valdes Salas, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que la faculta a ejercer la profesión de licenciada en Derecho o Abogada, tal como exige la primera parte del párrafo segundo del mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Antigua Carretera Panamericana, número ciento quince (115), kilometro cuarenta y dos (42), colonia Héroes de Chapultepec, en esta ciudad de Zacatecas.
- Principal
se publica auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rosa María Ortiz Dávila, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de la Capital; se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1021/2019-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Ahora bien, la quejosa acude a la presente instancia, por su propio derecho, doliéndose del siguiente acto reclamado: "La resolución Interlocutoria dictada en fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve dentro del recurso de Revocación, interpuesto por la suscrita en contra del auto de fecha trece de junio del año dos mil diecinueve derivado del Juicio sucesorio Testamentario No. 295/2018 a bienes del señor mi esposo Don Paz Víctor Manuel García Palomino. Sin embargo, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, refiere que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la Junta de Lectura y Validez de testamento, reconocimiento de herederos y albacea testamentario, en la que entre otras cosas, se le reconoció el carácter de albacea; por ende, es evidente que con dicho carácter ha estado interviniendo en el juicio sucesorio del que deriva el acto reclamado. Además, de la lectura de la demanda de cuenta, no se desprende la etapa procesal en que se encuentra el juicio sucesorio del que deriva el acto reclamado. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, párrafo primero y penúltimo, fracciones III y IV, en relación con el artículo 108, fracciones I y V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia y bajo protesta de decir verdad, precise: a) Si acude al presente juicio por su propio derecho, o bien, como albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Paz Víctor Manuel García Palomino; de ser en este último carácter, exhiba original o bien, copia certificada del documento mediante el cual acredite dicha personalidad. b) Informe la etapa procesal en que se encuentra el juicio sucesorio testamentario 295/2018, del que deriva el acto reclamado. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las citadas prevenciones en el término antes indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Rosalina Meza Soto, María de Lourdes de los Santos Aguilar y Nancy Lizbeth Vázquez Varela; a Nachiele Mosagui Valdes Salas, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que la faculta a ejercer la profesión de licenciada en Derecho o Abogada, tal como exige la primera parte del párrafo segundo del mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Antigua Carretera Panamericana, número ciento quince (115), kilometro cuarenta y dos (42), colonia Héroes de Chapultepec, en esta ciudad de Zacatecas.
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