Rosa María Nequiz
Expediente 1958/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1958/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2015
Partes del expediente
- Rosa María Nequiz
- José Manuel Farca Sultán
- ALBERTO MARROQUIN ESPINOZA y Otros.
- Alberto Marroquin Espinoza
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y anexo, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja laboral número 111/2015; acúsese recibo, y por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su único punto resolutivo determino: ".ÚNICO: Se declara infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .VI
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Querétaro, por medio del cual, acusa recibo del oficio 8230, del índice de este Juzgado Federal, e informa que admitió el recurso de queja hecho valer por Alberto Marroquín Espinoza, Alicia Colchado Araiza, María Antonieta Sánchez Martínez, Licenciado Jorge Luis Palacios De La Vega, Licenciado José Manuel Farca Sultan, Maritza Yepez Torres, Isaac Farca Yepez, Mario Sánchez Contreras, María Antonieta Martínez García, Abraham Farca Yepez, Diego Ramírez Ugalde, Gloria Carnahan, Daniela Cordero Barrios, Rocío Aída Pérez Cardahan, Alejandra Ávila Pérez, Raúl Ávila Pérez, Samuel Farca Sultán, Rosalinda Benítez Quintana, Rosalinda Villaseñor Benítez, Alan Sánchez Pérez, Lilia Castañeda Pérez, Rosalba Calderón Gallardo, Miguel Ángel Santiago Martínez, Rosalba Molina Briones, Manuel Juárez Escutia, Rosa María Nequiz, Juan Manuel Medina Ruiz, Michelle Garfias Ortega, Miguel Sánchez Espinola, Sergio Alcántara Pérez, Aurora Saavedra Ángel, por conducto del licenciado José Manuel Farca Sultan, quedando registrado con el número 111/2015, de su índice, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. . .VI
- Principal
Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito de cuenta signado por Ingrid Pérez Santoyo, en su carácter de quejosa, mediante el cual solicita, se tenga como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Isidro Díaz López; en atención a su contenido, téngase al referido licenciado como autorizado en términos amplios del referido artículo, por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, según la certificación de cuenta... MESA IV
- Principal
REGISTRO DE EXPEDIENTE V I S T A la demanda de amparo promovida por ALBERTO MARROQUIN ESPINOZA, ALICIA COLCHADO ARAIZA, MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, LICENCIADO JORGE LUIS PALACIOS DE LA VEGA, LICENCIADO JOSÉ MANUEL FARCA SULTAN, MARITZA YEPEZ TORRES, ISAAAC FARCA YEPEZ, MARIO SÁNCHEZ CONTRERAS, MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ GARCÍA, ABRAHAM FARCA YEPEZ, DIEGO RAMÍREZ UGALDE, GLORIA CARNAHAN, DANIELA CORDERO BARRIOS, ROCÍO AÍDA PÉREZ CARDAHAN, ALEJANDRA ÁVILA PÉREZ, RAÚL ÁVILA PÉREZ, SAMUEL FARCA SULTÁN, ROSALINDA BENÍTEZ QUINTANA, ROSALINDA VILLASEÑOR BENÍTEZ, ALAN SÁNCHEZ PÉREZ, LILIA CASTAÑEDA PÉREZ, ROSALBA CALDERÓN GALLARDO, MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO MARTÍNEZ, ROSALBA MOLINA BRIONES, MANUEL JUÁREZ ESCUTIA, ROSA MARÍA NEQUIZ, JUAN MANUEL MEDINA RUIZ, MICHELLE GARFIAS ORTEGA, MIGUEL SÁNCHEZ ESPINOLA, SERGIO ALCÁNTARA PÉREZ, AURORA SAAVEDRA ÁNGEL, por su propio derecho, contra actos del CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO y otras autoridades, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 1958/2015-VI; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En el caso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 6, ambos de la Ley de Amparo, en vigor, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del quejoso; y, por otro lado el acto de que se duele no es real y actual. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Así pues, en el caso se advierte que el acto reclamado por un lado no afecta a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de un acto real y actual en su esfera de derechos. ACTO RECLAMADO En el caso, la parte quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos reclamados: RECLAMO DEL CONGRESO DE QUERÉTARO, LVII Legislatura, LO SIGUIENTE: La Ilegalidad por vicios propios en el proceso legislativo que autorizan al diputado local MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁONDEZ, la jubilación por un monto vitalicio de $47,000.00 pesos, sin cumplir con los requisitos de ley, en lo especial, por no reunir la antigüedad laboral suficiente como para poder jubilarse en la forma y términos en la que pretende hacerlo. La invalidez del dictamen que autoriza jubilación (sin especificar qué tipo de jubilación) al diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, por un monto de $ 47,000 (cuarenta y siete mil pesos), por ser contrario a la Constitución Federal, en cuanto al acto legislativo celebrado el día viernes 17 de julio de 2015, por carecer de fundamentación y motivación, ausencia palpable de exposición de motivos, amén de carecer también de la primera lectura legislativa. La insconstitucionalidad del acto de jubilación del diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, quien reclama un derecho a jubilarse ante el Congreso de Querétaro, en su calidad de diputado local, violentando caprichosamente la propia Ley de Ingresos y de egresos para el ejercicio fiscal 2015, situación que violenta notoriamente lo dispuesto por el artículo 116 fracción II Constitucional y 127 de la Constitución Federal. Cancelación del ilegal y forzado acto de jubilación por el propio diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, pues para ejercer un derecho a la jubilación debe de atenerse a lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo y la Ley del ISSTE o IMSS según corresponda, en materia de pensiones y jubilaciones, considerando que no es la vía idónea, la forma en la que el Congreso del Estado de Querétaro, le otorga el derecho de manera ilegal al funcionario público, en detrimento de las finanzas públicas de la sociedad queretana, para beneficiar a un solo individuo, distrayendo y desatendiendo el bien común y el dinero en favor de la colectividad queretana. La violación por parte del Congreso de Querétaro y del propio diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, al trastocar y violenta en perjuicio de la sociedad queretana, al desviarse recursos públicos a través del IMSS o del ISSSTE, lo dispuesto por el artículo 13 Constitucional, el cual dice a la letra siguiente Idem: "Nadie pode ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley." La invasión de esferas por parte del Congreso del Estado de Querétaro, al erigirse como TRIBUNAL ESPECIAL (junta de conciliación y arbitraje) y otorgarle una jubilación al diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, con fecha vienes 17 de julio de 2015, facultad que se encuentra reservada al órgano federal JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN y por el ISSSTE (Instituto de Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado), el órgano al que debe acudir cualquier ciudadano a tramitar su jubilación, la violación del artículo 13 Constitucional, engarzado con los artículos: 116, 126 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RECLAMO DEL IMSS Y DEL ISSSTE LO SIGUIENTE: A) El que otorgue una jubilación al diputado MARCON ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, por un monto de $47,000.000 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), sin que cumplan con los requisitos de la ley preestablecidos, como son la edad y las semanas de cotización, establecidos en la ley secundaria denominada Ley del Seguro Social de los Trabajadores del Estado, lo que provoca un desfalco a los recursos públicos de la propia Institución del IMSS y del ISSSTE, puesto que la jubilación otorgada fue reclamada y concedida arbitrariamente con la dieta que recibe el propio diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ. RECLAMO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE QUERÉTARO: JOSÉ CALZADA ROVIROSA, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro: A) Su abstención legal en ejercer su derecho de veto, incumplimiento su función de gobernador, al dejar pasar inadvertido, el acto de arbitrariedad, nepotismo y de abuso de poder, del propio diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ. b) La orden de publicación del dictamen de la legislatura del Estado de Querétaro, que mediante dictamen celebrado con fecha 17 de julio de 2015, autorizó de manera ilegal y violentando la constitución federal, el otorgamiento de pensión al diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ. c) Su abstención en realizar observaciones de rechazo, a la aprobación de la jubilación del diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, aprobado con mayoría por la LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO, QRO., sin tomar en cuenta las violaciones a los derechos humanos de la sociedad, de convivir en un régimen de legalidad y de igualdad jurídica. DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE QUERETARO, LE RECLAMO LO SIGUIENTE: A.- El que se desvíen recursos públicos, a fin de pagar la jubilación al diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, con el sueldo que reclama actualmente en calidad de funcionario público a través de elección popular, con el cargo de diputado, sueldo que en sentido técnico se le denomina dieta, y que de manera arbitraria se le deberá de pagar al no cumplir con los requisitos exigidos por la ley respectiva, es decir, no tiene cumplidos los 60 años de edad, y habrá que ver, si completa o no, las semanas de cotización que le exige la ley en materia de seguridad social, a saber las 1, 250 semanas de cotización. RECLAMO DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE QUERETARO, LO SIGUIENTE: El que se desvíen recursos públicos, a fin de pagar la jubilación al diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, con el sueldo que reclama actualmente en calidad de funcionario público, a través de elección popular, con el cargo de diputado, sueldo que en sentido técnico se le denomina dieta, y que de manera arbitraria se le deberá de pagar al no cumplir con los requisitos exigidos por la ley respectiva, es decir, no tiene cumplidos los 60 años de edad, y habrá que ver, si completa o no las semanas de cotización que le exige la ley en materia de seguridad social, a saber las 1, 250 semanas de cotización. B) El que se le pague una jubilación al diputado MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, quien no es empleado, pues no recibe órdenes de ningún jefe, el diputado mencionado, recibió un mandato ciudadano, al ocupar un cargo en la legislatura, de allí que no se le pueden contabilizar años en el servicio público, máxime que existe una separación de poderes claramente establecidos por la constitución federal, por lo que se le pueden sumar años de servicio al diputado cuando trabajo en los 2 poderes, legislativo y judicial, el pago de la pensión de $47,000.00 pesos representa un agrario para la sociedad queretana y una violación a los derechos humanos de acceso a la justicia social que debe imperar en toda sociedad contemporánea. DEL DITPUTADO MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, LE RECLAMO: La solicitud presentada ante el Congreso del Estado de Querétaro, mediante la cual propuso el cobro y pago de una pensión por jubilación, encontrándose en funciones legislativas, sin tener la edad de ley para jubilarse, ni cumplir con todos y cada uno de los requisitos que exige la ley. El violentar lo dispuesto por el artículo 4 Constitucional, en lo que respecta al respeto de igualdad jurídica entre todo tipo de personas, pues al solicitar una pensión por jubilación, sin reunir todos los requisitos de ley, ya que al solicitar y obtener una jubilación vitalicia por $47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 m.n.) estando en funciones legislativas y NO DESEMPLEADO, por parte del Congreso del Estado de Querétaro, obtuvo un trato; preferencia y ventajoso, un verdadero emolumento contrario al artículo 13 constitucional, que involucra el desvió de recursos públicos del IMSS o DEL ISSSTE y del propio gobierno del estado de Querétaro, todo ello sin considerar, ni darle importancia a la dignidad de las personas, ni respetar a las personas, que por ejemplo, requieren de un tratamiento en el I.M.S.S. y que se les niega dicho tratamiento por falta de fondos del propio instituto, situación que acontece con enfermos terminales de cáncer y de V.I.H., solo por ejemplificarlo y para que el mencionado diputado haga un acto de reflexión y de conciencia. A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE QUERETARO, LE RECLAMO LO SIGUIENTE: a.- LA NULIDAD E INVALIDEZ JURÍDICA, DE CUALQUIER LAUDO O RESOLUCION A FAVOR DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, EN DONDE SE LE RECONOZCA UNA ANTIGÜEDAD DE 32 AÑOS, QUE LE FACILITE EL TRÁMITE DE SU JUBILACIÓN, OTORGADO INDEBIDMAENTE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO, PUES ES ILEGAL E INCORRECTO, EL SUMARLE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL DIPUTADO MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ, PUES LA JUNTA FEDERAL NO CONSIDERO LA DIVISION DE PODERES ENTRE LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL, MÁXIME QUE EL DIPUTADO AÚN Y CUANDO OSTENTÓ EL CARGO EN DISTINTOS PERÍODOS LEGISLATIVO, LO HIZO DE MANERA ALTERNADA Y NO EN PERÍODOS CONSECUTIVOS, AMÉN DE QUE LA SUMA DE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PODER LEGISLATIVO LE SUMAN 12 AÑOS, QUE NO SE LE DEBEN DE SUMAR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE QUERETARO, PUES SE TRATARON DE TRABAJOS Y CARGOS DE ELECCION POPULAR QUE TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN JURÍDICA." Ahora bien, tenemos que la fracción I, del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y a su vez el artículo 6o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, luego entonces, dicha situación refleja cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de garantías, mas no así quien por ello indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo, lo que en el caso no acontece. Se estima así, porque de la demanda que nos ocupa, se advierte que los quejosos refieren que les causa agravio el hecho de que, al ser ciudadanos queretanos, llevan una forma honesta de vivir, encontrándose plenamente conscientes de la crisis política, social y económica que se vive en el país y que no están dispuestos a seguir tolerando actos de abuso de poder político, arbitrariedades, actos de corrupción y abuso de poder económico en el país, al concederse la jubilación al diputado Marco Antonio León Hernández sin reunir con todos y cada uno de los requisitos de la ley secundaria en materia de seguridad social, incluyendo lo dispuesto por la propia ley federal del trabajo, con lo cual se violenta la constitución al obtener emolumentos más allá de los consignados en la ley constitucional y en sus normas secundarias respectivas y que el diecisiete de julio de dos mil quince, la legislatura emitió un decreto que adolece de irregularidades, pues no menciona las características de la jubilación de tantísimas personas, mediante el cual, en votación, se le autorizó, entre muchas personas, al diputado mencionado, el pago de una jubilación por servicios prestados en la propia legislatura, empero, dicha actuación de ninguna manera puede concluirse que le ocasione un agravio personal y directo, esto es, que materialmente se vean afectados sus intereses personalísimos, como un elemento fundamental y estructural del invocado principio de instancia de parte agraviada, de ahí que la substanciación del presente juicio de garantías deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia señalada en párrafos precedentes. En efecto, en el presente caso, cabe destacar que los quejosos, no demostraron, una afectación cierta, actual, contemporáneas y definitivas con los actos de que se duelen, pues si bien es cierto que aducen que al ser ciudadanos queretanos, llevan una forma honesta de vivir, encontrándose plenamente conscientes de la crisis política, social y económica que se vive en el país y no están dispuestos a seguir tolerando actos de abuso de poder político, arbitrariedades, actos de corrupción y abuso de poder económico en el país, al concederse la jubilación al diputado Marco Antonio León Hernández sin reunir con todos y cada uno de los requisitos de la ley secundaria en materia de seguridad social, incluyendo lo dispuesto por la propia ley federal del trabajo, con lo cual se violenta la constitución al obtener emolumentos más allá de los consignados en la ley constitucional y en sus normas secundarias respectivas y que el diecisiete de julio de dos mil quince, la legislatura emitió un decreto que adolece de irregularidades, pues no menciona las características de la jubilación de tantísimas personas, mediante el cual, en votación, se le autorizó, entre muchas personas, al diputado mencionado, el pago de una jubilación por servicios prestados en la propia legislatura; lo cierto es también que en el presente caso, no existe una afectación real y actual que con tal proceder se les pudiera causar en su personal esfera de derechos. Son aplicables al caso las siguientes tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Época: Décima Época Registro: 2009197 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h Materia(s): (Común) Tesis: 1a. CLXXXIII/2015 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO?. Una persona que válidamente plantee la impugnación constitucional de una ley en sede judicial debe hacerse tres preguntas para determinar si cuenta con interés legítimo para hacerlo: ¿Qué puede servir de parámetro de control constitucional? ¿Quién puede acudir a combatirla en sede de control judicial? y ¿Cuándo puede hacerlo? Las tres respuestas están en la Constitución. En primer lugar, el artículo 133 establece que la integridad de la Constitución es norma jurídica, la que se constituye en criterio de validez de todo acto de producción normativa, por lo que, por regla general, cualquier fragmento constitucional puede servir de parámetro de control. En segundo lugar, el artículo 103, fracción I, establece que puede acudir al juicio quien, al menos, acredite interés legítimo. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas. Las respuestas a cada una de las preguntas identificadas -el qué, el quién y el cuándo- tienen como común denominador la preocupación constitucional de delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. Luego, la determinación de no reconocer interés legítimo a la parte quejosa para impugnar una norma legal que no le afecta en el momento actual no constituye una restricción indebida al poder de control constitucional de las leyes, sino el cumplimiento al principio de división de poderes que ordena al poder judicial". "Época: Décima Época Registro: 2009198 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h Materia(s): (Común) Tesis: 1a. CLXXXII/2015 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural". Finalmente, debe decirse que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. Cobra aplicación la siguiente tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Época: Décima Época Registro: 2009201 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h Materia(s): (Común) Tesis: 1a. CLXXXIV/2015 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". En todo caso, si quienes promueven la presente instancia constitucional consideran que los actos que controvierten se emitieron sin seguir los lineamientos correspondientes con el fin de beneficiar indebidamente a una persona, lo propio es denunciar tal hecho ante la auditoría o contraloría respectiva, en relación con los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir respecto de cualquier servidor público que intervino en la emisión de los actos y que por ende, consideren que incurren en responsabilidad administrativa, más lo propia no es intentar la acción de amparo en razón de que brilla por su ausencia la existencia de una afectación real y actual en la esfera de derechos de los quejosos quienes no ven en modo alguno mermado su patrimonio, papeles, posesiones o derechos, sin resentir sólo una indignación social que no puede sostener una acción constitucional. Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época) DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo precisada por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda, en esta ciudad; y como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Benjamín Farca Yepez. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido de la licenciada Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, Secretaria que da fe. Doy fe.
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