Rosa María Navarro Gámez

Expediente 77/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
77/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Navarro Gámez

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario en Funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta Sonora, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 77/2022, del propio índice,...Ahora bien, tomando en consideración que el expediente en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a archivar el asunto y se ordena hacer la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal a los QUEJOSOS JOSÉ DE LOS REYES RODRÍGUEZ SOTO, GUADALUPE y LUIS GUILLERMO, AMBOS DE APELLIDOS DEL CID BALLESTEROS, ROSA MARÍA NAVARRO GAMEZ, CRUZ SILVAIN URIAS, ALBERTO DEL CID ZABALA, FRANCISCO MARIO MENDOZA ACOSTA, HUMBERTO BARRAGÁN CARPIO, FRANCISCO y MIGUEL, AMBOS DE APELLIDOS FIGUEROA VALDEZ, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente dice: "Recepción de oficio: Se tiene por recibido el oficio 1198/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, adjunto al cual remitió copia certificada de la demanda del juicio de amparo indirecto 68/2022, de su índice, promovido por José de los Reyes Rodríguez Soto, Guadalupe y Luis Guillermo, ambos de apellidos del Cid Ballesteros, Rosa María Navarro Gámez, Cruz Silvain Urías, Alberto del Cid Zabala, Francisco Mario Mendoza Acosta, Humberto Barragán Carpio, Francisco y Miguel, ambos de apellidos Figueroa Valdez, a través del cual promueve demanda de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, y otras autoridades. Formación del expediente: Se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 77/2022 y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incompetencia: Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para conocer de la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa. El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." El precepto trascrito, es claro al establecer que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De dicha transcripción, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. En ese contexto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Pues bien, visto el caso que nos ocupa a la luz de esas reglas de competencia territorial, resulta de manera clara que se configura la primera de ellas. En efecto, la parte quejosa señaló en su demanda de derechos fundamentales que reclama los actos siguientes: "III.- ACTO RECLAMADO: 2. Órdenes de detención y/o aprehensión y/o reaprehensión su ejecución, omisiones de respetar el derecho de audiencia y debido proceso. De lo anterior se desprende que la parte quejosa reclama las órdenes de detención, aprehensión o reaprehensión, y su ejecución, omisiones de respetar el derecho de audiencia y debido proceso, mandamientos de captura que tendrán ejecución en el lugar donde tiene su domicilio la parte quejosa, que una vez analizada el escrito de demanda se advierte que bajo protesta de decir verdad manifestó que tiene el domicilio siguiente: Domicilio conocido ubicado en el predio conocido como Cerro colorado, ubicado en el municipio de Bacoachi, Sonora. Por tanto, se concluye que el acto reclamado tendrá ejecución en el lugar donde se encuentra la parte quejosa; en tal virtud, debe considerarse competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta. Ello es así toda vez que, como se apuntó en párrafos precedentes, la parte quejosa tiene su domicilio en domicilio conocido ubicado en el predio conocido como Cerro colorado, ubicado en el municipio de Bacoachi, Sonora, de ahí que no exista motivo de duda para este órgano jurisdiccional que el acto de molestia, que tilda de inconstitucional, tiene ejecución material en las localidades mencionadas, lugar en donde este tribunal no tiene jurisdicción por razón de territorio. Así se desprende del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, que en lo conducente prevé: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: V. QUINTO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aconchi, Arivechi, Bacadehuachi, Bacanora, Banámichi, Baviácora, Carbó, Divisaderos, Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huásabas, Huépac, La Colorada, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Onavas, Opodepe, Pitiquito, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Ures, Villa Pesqueira y Yécora. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Altar, Atil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, General Plutarco Elías Calles, Imuris, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Quiriego, Rosario y San Ignacio Río Muerto. El Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Agua Prieta, Arizpe, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cumpas, Fronteras, Huachinera, Naco, Nacozari de García y Villa Hidalgo." En esas condiciones, dado que este juzgador federal no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013, publicado en quince de febrero de dos mil trece, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, estima que es legalmente incompetente para seguir conociendo y resolver el presente juicio de derechos fundamentales; en consecuencia, se declina la competencia al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia Agua Prieta. Se solicita al Juez resuelva sobre lo conducente en relación a la competencia declinada, lo anterior con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Tribunal; formar el cuaderno de antecedentes en el que se incluya copia de la demanda de amparo; enviar el cuaderno principal al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia Agua Prieta; y, solicitar al mismo el acuse de recibo correspondiente. Domicilio y Autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle General Piña, número 20, esquina con Zacatecas, de la colonia San Benito, de esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Amado Bobadilla Pardo, Juan Manuel Monge Carrillo y Florentino Vázquez Borja toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Julio Alonso Gutierres Ortega, Gustavo Celaya Hernández, Gloria María Robles Coronado, Silvia A. Sánchez Ruiz, Celina Lizbeth Vázquez Meza, Martha Elena Sabori Romero y Jorge Luis Cons Vasquez, hasta en tanto acrediten contar con cedula profesional registrada ante el referido sistema. Del mismo modo, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene al promovente señalando el correo electronico florentido1.937@hotmail.com , a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: Ahora, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19...

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