Rosa María Monroy González

Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
99/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Ramos Moreno
  • José Francisco Martínez Hernández
  • Rosa María Monroy González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 99/2021-I, promovido por Rosa María Monroy González, José Francisco Martínez Hernández, J. Cruz Reséndiz Trejo y/o José Cruz Reséndiz Trejo y José Antonio Ramos Moreno; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno (fojas 2 a 7), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Rosa María Monroy González, José Francisco Martínez Hernández, J. Cruz Resendiz Trejo y/o José Cruz Reséndiz Trejo y José Antonio Ramos Moreno, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y acto siguientes: ".IV.- ACTO RECLAMADO. "A).- De la Presidenta de la H. Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se reclama: La resolución de fecha 12 de enero del año 2021, mediante la cual resuelve la Providencia Cautelar promovida por los suscritos dentro del juicio laboral número 243/2020.". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los promoventes del amparo manifestaron que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relataron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (fojas 9 a 13), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de mérito, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento de siete de abril de dos mil veintiuno (foja 49). C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito Mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado carece de ejecución y la demanda fue presentada, por razón de turno, en este Juzgado de Distrito. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos dentro de un juicio, en específico, la resolución donde se resuelve negar la providencia cautelar de embargo precautorio solicitada dentro de un procedimiento de primera instancia laboral, el cual constituye un acto de imposible reparación. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis VII.4o.P.T.8 L (10a.), de registro digital 2008570, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2679, de rubro y texto: "EMBARGO SOLICITADO POR EL TRABAJADOR EN EL JUICIO LABORAL PARA GARANTIZAR UNA POSIBLE CONDENA CONTRA EL PATRÓN. SU NEGATIVA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA EL DERECHO SUSTANTIVO A LA PERCEPCIÓN DEL SALARIO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto (en contrapartida con la legislación abrogada) respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, a si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo esa premisa, se colige que la negativa a decretar la medida cautelar consistente en el embargo solicitado por el trabajador dentro del juicio laboral para garantizar la posible condena que se llegare a dictar contra el patrón, resulta ser un acto de "imposible reparación", pues su rechazo no podría ser reparado con la sola emisión del laudo en sentido favorable a los intereses de la parte actora ya que, precisamente, lo que se busca con dicha providencia es garantizar el pago de la eventual condena correlativa y así evitar que la patronal se ubique en un estado de insolvencia que impida, en un momento dado, su ejecución material. Además, se considera que ese acto afecta un derecho sustantivo, puesto que tiene injerencia directa en el derecho humano a recibir un salario y demás prestaciones económicas con motivo del trabajo, reconocido y protegido en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto; sobre todo, porque las medidas cautelares previstas en la Ley Federal del Trabajo buscan impedir que se vulneren los derechos laborales del trabajador en caso de obtener un laudo condenatorio." Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias integrantes del presente juicio de amparo y del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: La resolución emitida el doce de enero de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 243/2020, por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, donde declaró improcedente la providencia cautelar de embargo precautorio promovida por los actores del juicio laboral aquí quejosos. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (foja 16); aceptó la existencia del acto reclamado por lo que se tiene por cierto. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las actuaciones que remitió el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala del expediente laboral número 243/2020, relativo al embargo precautorio de bienes propiedad de la empresa Grupo Previmin, Sociedad Anónima de Capital Variable, hasta por la cantidad de setecientos mil pesos, de su índice; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad. La parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que fue notificada del acto reclamado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, lo que se corrobora de las constancias del expediente laboral 243/2020, del índice de la Junta responsable (foja 47); misma notificación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 733 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del dieciocho de febrero al diez de marzo de dos mil veintiuno; sin contar los sábados y domingos de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dicho acto reclamado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se evidencia en el siguiente cuadro: FEBRERO 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Notificación 17 Surte efectos 18 Día 1 19 Día 2 20 Día inhábil 21 Día inhábil 22 Día 3 23 Día 4 24 Día 5 Presentación de la demanda 25 Día 6 26 Día 7 27 Día inhábil 28 Día inhábil MARZO 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 8 2 Día 9 3 Día 10 4 Día11 5 Día 12 6 Día inhábil 7 Día inhábil 8 Día 13 9 Día 14 10 Día 15 Fenece término 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 QUINTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En tal virtud, se analizaron las constancias de autos, y de las mismas no se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer; por lo que, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se trascriben los motivos de inconformidad, en términos de la esencia que rige la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio. I. Antecedentes. Antes de realizar el estudio de los actos reclamados, para mayor claridad, conviene hacer una breve relación de las constancias relevantes del juicio generador de los actos reclamados: Rosa María Monroy González, José Francisco Martínez Hernández, J. Cruz Reséndiz Trejo y/o José Cruz Reséndiz Trejo y José Antonio Ramos Moreno, promovieron Juicio Ordinario Laboral por Despido Injustificado, el cual se radicó el dieciocho de marzo de dos mil veinte, ante la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el número 243/2020, de su índice (foja 35). Inserto en el escrito de demanda la parte actora de origen promovió la Providencia Cautelar de Embargo Precautorio (fojas 21 y 22). Posteriormente, previo desahogo de la prueba de inspección y desistimiento de la testimonial ofrecidas por los actores de origen -aquí quejosos-, por resolución de doce de enero de dos mil veintiuno (fojas 44 a 46), la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó la determinación correspondiente respecto a la Providencia Cautelar solicitada, en cuyos puntos resolutivos manifestó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara improcedente la Providencia Cautelar promovida por los CC. Rosa María Monroy González, José Francisco Martínez Hernández, J. Cruz Reséndiz Trejo y/o José Cruz Reséndiz Trejo y José Antonio Ramos Moreno, actores dentro del expediente laboral 243/2020 del índice de esta H. Junta en términos de lo analizado y valorado en el considerando II de la presente resolución y de conformidad con los artículos 857, 858, 861 fracción I, 862 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo" (foja 46). La anterior resolución constituye el acto reclamado en esta instancia. II. Conceptos de violación Previo a examinar los conceptos de violación que se formulan en la demanda de garantías, se estima que procede estudiar los actos reclamados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 158/2015(10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 359 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, cuyo título y contenido es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como conceptos de violación, en esencia, los siguientes: Que les causa agravio el considerando II, de la determinación de que se duelen, en virtud de que la responsable no realizó un adecuado, exhaustivo, razonado y completo análisis de las pruebas que fueron aportadas para justificar la necesidad de la medida cautelar solicitada. Que la Junta no fundó ni motivó la decisión de cuál fue el valor de las pruebas aportadas, que solo se limitó a señalar cuales sí les favorecieron y cuáles no; además de que no realizó la relación del resultado de dichas pruebas. Que la responsable se equivocó al observar y pronunciarse sobre las pruebas consistentes en el listado de expedientes radicados ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como del Certificado de Inscripción expedido por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, al tenerlos como copias simples; y, que no se acreditó con ellas que los demandados tuvieran diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra. Que les causa agravio el considerando II de la determinación de que se duelen, en virtud de que la Junta argumentó que no se determinó qué cantidad sobre el embargo solicitado corresponde a cada actor. III. Estudio Ahora bien, los agravios a) y b), se estudiarán de manera conjunta, tal como lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya dicha determinación la jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". En dichos conceptos de violación, los quejosos esencialmente aducen que la Junta responsable no valoró de manera fundada las pruebas aportadas por ellos para acreditar la necesidad de la Providencia Cautelar solicitada. Sin embargo, al analizarlos se aprecia que dichos argumentos resultan fundados pero inoperantes al caso; ya que primeramente, se debe establecer que la responsable realizó lo siguiente: 1.- Señaló que la prueba testimonial ofrecida por la parte actora no le favorecía, en el entendido de que la misma se había desistido a su más entero perjuicio por conducto de su apoderado legal en audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte (foja 41). 2.- Le concedió valor probatorio pleno a la inspección llevada a cabo mediante acta de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 21 y 22), afirmando que ".se tiene por acreditado los hechos o cuestiones a acreditar por los promoventes.". 3.- Respecto a la prueba documental consistente en el Comprobante Fiscal Digital de Internet (CFDI), de dos de agosto de dos mil veinte, la responsable manifestó que únicamente se tenía por acreditado el domicilio de la parte demandada Grupo Previnim, Sociedad Anónima de Capital Variable. 4.- Por lo que respecta a la documental consistente en la inspección de los listados de expedientes que a partir del dos de febrero de dos mil dieciséis quedan radicados en la Sala Regional de Tlaxcala en cumplimiento al acuerdo G/GA/2/2016, dictado por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se hizo la precisión de que se exhibió en copia. 5.- Por lo que respecta a la documental consistente en el Certificado de Inscripción expedido por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la Junta responsable se pronunció en el sentido de que se exhibió en copia simple. De lo que se puede apreciar que, dichos motivos de disenso son fundados. Dado que, tal como se ha pronunciado la Primera Sala del máximo Tribunal del país, en el dictado de una resolución que resuelve el problema planteado el juzgador se encuentra obligado a decidir la controversia fraguada ante su potestad considerando todos y cada uno de los argumentos entablados, ya sea en la demanda, en su contestación, o en las demás pretensiones derivadas del juicio, de tal forma que se resuelva sobre todos los puntos materia del debate, lo que en el caso no aconteció. Se afirma lo anterior, porque se advierte que la responsable no fundó la valoración que realizó a las pruebas aportadas por la parte aquí quejosa, si no solo esbozó que las pruebas no eran suficientes para acreditar que era procedente la medida cautelar, sin esgrimir mayor pronunciamiento legal. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 176546, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así como la diversa, de registro digital 191358, sustentada por el pleno del máximo Tribunal, número P. CXVI/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 143, de contenido: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Sin embargo, son inoperantes, dado que la autoridad responsable fue correcta en su decisión de que tales medios probatorios resultan insuficientes para declarar procedente la medida cautelar solicitada; esto es que, si bien es cierto que la responsable fue omisa en la fundamentación requerida, también lo es que dicha valoración fue correcta en estimar que tales pruebas no son suficientes para acreditar la procedencia de la medida cautelar solicitada. Por otro lado, respecto al concepto de violación sintetizado en el inciso c), se considera que es infundado debido a que, contrario a lo referido por la parte quejosa, la Junta responsable sí realizó un análisis de las pruebas que fueron aportadas para justificar la necesidad de la medida cautelar solicitada, tan es así que, como ya se dijo, la autoridad al analizar las pruebas ofrecidas resolvió que la documental consistente en la lista de expedientes que a partir del dos de febrero de dos mil dieciséis quedaron radicados en la Sala Regional de Tlaxcala en cumplimiento al acuerdo G/GA/2/2016, dictado por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se exhibió en copia, así como que la diversa documental consistente en el Certificado de Inscripción expedido por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhibió en copia simple. Aunado a lo anterior y contrario a lo que aduce la parte quejosa, la autoridad responsable sí fundó y motivó el considerado II, de la resolución de que se duelen; esto se advierte en el sentido que la responsable manifestó que: ".no acreditaron que los demandados tengan diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, y que por su cuantía, a criterio de esta H. Junta, exista el riesgo de insolvencia, lo anterior, de conformidad con el artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo y en términos de la jurisprudencia que a continuación se plasma: (.)" Ahora bien, resulta conveniente trascribir los artículos que prevé la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo XV, en relación con la Providencia Cautelar de Embargo Precautorio: "Artículo 857. El secretario instructor del Tribunal, a petición de parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares: (.) II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento. (.)" "Artículo 858. Las providencias cautelares señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior podrán ser solicitadas al presentar la demanda, o posteriormente ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo, por cuerda separada. En ninguno de los dos casos se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia. (.)" "Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas siguientes: I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida; II. El Tribunal, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la providencia; III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba practicarse; y IV. El Tribunal dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento." "Artículo 862. En el caso de la fracción II del artículo anterior, se considerará necesaria la providencia, cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, y que por su cuantía, a criterio del Tribunal, exista el riesgo de insolvencia." De los artículos transcritos se advierte concretamente que: i) Que la Providencia Cautelar de Embargo Precautorio, puede ser dictada por el Secretario Instructor a petición de parte, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento; ii) Que podrá ser solicitada al presentar la demanda, o posteriormente ya sea que se formule por escrito o en comparecencia; iii) Que el solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida; iv) Que el Tribunal tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la providencia; v) Que se considerará necesaria la providencia, cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, y que por su cuantía, a criterio del Tribunal, exista el riesgo de insolvencia. Por tanto, resulta evidente que no existe omisión o error de valoración de parte de la autoridad responsable, en cuanto a las pruebas documentales aportadas por los aquí quejosos en el juicio de origen, dado que la Ley de la materia es clara y simple de entender en los artículos correspondientes en que se debe acreditar la "necesidad" de ser dictada la providencia solicitada, lo que en el caso no aconteció. Se afirma lo anterior, puesto que la parte quejosa pretendió acreditar con "copias simples" que la demandada tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, lo que jurídicamente no tiene valor probatorio pleno. En ese sentido, las referidas documentales carecen de valor probatorio pleno, por tratarse de copias fotostáticas simples, las que resultan insuficientes para tener por acreditado que la demandada tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 33, tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, que señala: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste. De igual forma, por identidad de razones, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 213, tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." De igual forma, apoya lo anterior por su contenido sustancial, la tesis identificada con el número I.11o.C.1 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1269 del Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." De lo anterior se deduce que la autoridad responsable sí valoró las pruebas documentales aportadas y motivó y fundamentó el considerando II, de la resolución de doce de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente laboral 243/2020, de su índice. Por tanto, es evidente que si bien los quejosos gozan del beneficio que les otorga el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo cierto es que la suplencia de la queja deficiente en el caso no puede ir más allá y suplir el valor probatorio de las documentales aportadas por la parte quejosa en el juicio de origen, de ahí que se tenga por infundado dicho motivo de disenso. Finalmente, respecto al concepto de violación sintetizado con el inciso d), el mismo deviene fundado pero inoperante. En efecto, la parte quejosa manifiesta esencialmente que les causa agravio el considerando II de la determinación de que se duelen, en virtud de que la Junta argumentó que no se determinó qué cantidad sobre el embargo solicitado corresponde a cada actor. Ahora bien, tal como lo manifiesta la parte quejosa el artículo 861 en su fracción primera a la letra dice: "Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas siguientes: I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida; Así, del artículo transcrito se advierte que efectivamente la Ley de la materia no específica que el monto de lo demandado para solicitar la providencia cautelar, deba hacerse por cada trabajador cuando la parte actora se compone de varias personas. De lo anterior se advierte que efectivamente como hace notar la parte quejosa, la Ley de la Materia no exige que el monto solicita para llevar a cabo la providencia cautelar de embargo, se deba calcular de manera individual por cada trabajador; sin embargo, como ya se dijo, tal motivo de disenso es fundado pero inoperante, pues dicha circunstancia no es suficiente para resolver el asunto en forma favorable a los intereses de la parte quejosa, pues a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta responsable corrigiera tal apreciación legal, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, lo que sería en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 Constitucional. En consecuencia, ante lo infundados e inoperantes de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, por las razones que se exponen en esta sentencia, y no advirtiendo queja deficiente que suplir, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. RESUELVE ÚNICO: La justicia de la unión no ampara ni protege a Rosa María Monroy González, José Francisco Martínez Hernández, J. Cruz Reséndiz Trejo y/o José Cruz Reséndiz Trejo y José Antonio Ramos Moreno, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el día de hoy, doce de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la licenciada Olga Viviana López González, secretaria que da fe.LGVR

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno: RESUELVE ÚNICO: La justicia de la unión no ampara ni protege a Rosa María Monroy González, José Francisco Martínez Hernández, J. Cruz Reséndiz Trejo y/o José Cruz Reséndiz Trejo y José Antonio Ramos Moreno, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún sigue transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, otorgado en proveído de veinticuatro de marzo del año en curso. Diferimiento. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Se admite prueba documental. Asimismo, se tienen como pruebas de las autoridades oficiantes las documentales que anexan a los oficios de cuenta, documentales que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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