Rosa María Martínez Velázquez

Expediente 2/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2016

Partes del expediente

  • Rosa María Martínez Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que suscribe la quejosa ***********, mediante el cual solicita la devolución del documento que anexó a su escrito de demanda; en atención a ello, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de diecinueve de enero pasado, por el que se ordenó su devolución; asimismo, se autoriza la entrega a las personas que menciona.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ********************, interpusiera recurso de queja contra el auto cinco de enero de dos mil dieciséis, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Por otro lado, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que exhibió en original en su escrito inicial de demanda.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de cuenta, suscrito por ********, por propio derecho; contra actos del Juez Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato; fórmese expediente de amparo; la cual se encuentra registrada en el libro de gobierno con número 02/2016. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda se desprende que la quejosa reclama la orden de requerimiento de pago, embargo sobre bienes de su propiedad, emplazamiento y su ejecución. Refiere como antecedentes del acto reclamado que: El diecisiete de diciembre de dos mil quince, tuvo conocimiento por medio del Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, que se sigue en su contra un juicio mercantil promovido por "*********", donde se ordenó por parte del Juez responsable se le requiriera de pago o embargo de bienes de su propiedad y que ese era el motivo de su comparecencia en el domicilio de la quejosa ubicado en calle *** de aquélla ciudad. Que se opuso a la diligencia, porque a su decir no tiene ningún adeudo con la parte actora, ya que el bien mueble que adquirió lo había liquidado en su totalidad, pero que la citada autoridad le manifestó que regresaría con el auxilio de la fuerza pública. De lo que se estima que el acto reclamado deriva de la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil que aún no ha concluido. Ahora bien, de los ordinales 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es menester destacar, que no basta que un acto dictado dentro de juicio sea de imposible reparación, para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, puesto que para ello debe observarse, además, el principio de definitividad, es decir, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios, que procedan dentro del procedimiento natural, mediante los cuales el acto reclamado pueda ser revocado, modificado o nulificado, en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página setecientos sesenta y cinco, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA." Igual de relevante resulta que la orden de embargo en un juicio ejecutivo mercantil, puede y debe ser impugnado por el demandado, mediante el recurso de revocación, previsto en el numeral 1334, del Código de Comercio, que establece que los acuerdos que no fueren apelables y los decretos, como aquellos en que se ordena el requerimiento de pago y embargo de bienes, pueden ser revocados por el juez que los dictó. Medio de defensa ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, debido a que éste es un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al gobernado a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establecen para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria. En efecto, la causal de improcedencia en cuestión, se refiere a cuando se reclaman resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. De ahí, que aun cuando la orden de embargo y su ejecución-que derivan de un juicio ejecutivo mercantil- tienen la característica de ser de imposible reparación, al no haberlos impugnado la quejosa ante el juez de instancia, mediante el recurso de revocación, el juicio deviene improcedente. Lo anterior es así, puesto que cuando existe certeza -como en el caso- de que contra el acto reclamado en un juicio de amparo procede un recurso ordinario dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. En el entendido que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, se estiman aplicables en tanto que no se oponen a los preceptos de la Ley de Amparo vigente. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *********, quien -como se advierte de la certificación de cuenta- tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del segundo párrafo del citado numeral a *********, por no encontrarse en el anterior supuesto ni haber acreditado contar con autorización para ejercer la profesión de abogado. Finalmente, considerando que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal por medio de lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo.

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