Rosa Maria Martinez Sanchez
Expediente 30/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosa Maria Martinez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese a estos autos, para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que aclara que la copia certificada de la actuación que acompañó a su oficio 1408/2016 corresponde al juicio laboral 966/2015 y no 996/2015, como ahí se señaló. Ahora bien, visto el estado de los presentes autos se advierte que en resolución constitucional de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa María Martínez Sánchez, en contra de los actos reclamados de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para efectos siguientes: ".a) Deje insubsistente la determinación reclamada, en su parte considerativa; b) En su lugar, realice las gestiones necesarias para que el desahogo de la prueba pericial médica, admitida en el juicio laboral 966/2015 con cargo al perito asignado a la parte trabajadora, aquí quejosa, se lleve a cabo en esta ciudad de San Luis Potosí, incluso los estudios requeridos para que el experto se encuentre en aptitud de rendir el dictamen respectivo, para lo cual podrá valerse de todos los medios jurídicos y materiales a su alcance; y, hecho lo anterior, continúe con el juicio laboral en sus etapas correspondientes." Dicha resolución causó ejecutoria en siete de marzo de esta anualidad, por lo que en cumplimiento de la citada resolución, la autoridad responsable remitió a su oficio 1408/2016, copia certificada de la diligencia levantada con motivo de la comparecencia de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, de la que se desprende que dentro del expediente laboral de origen, la parte trabajadora, aquí quejosa, celebró convenio con la parte demandada por el pago de las prestaciones reclamadas, por lo que en esa misma diligencia se desistió lisa y llanamente de las acciones ejercitadas, a lo que la junta laboral acordó el archivo del asunto como concluido definitivamente. De este modo, es inconcuso que a la fecha no existe materia sobre la cual dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues existe imposibilidad jurídica de hacerlo cumplir al haberse concluido el asunto de origen de los actos reclamados. Sobre el tema, es pertinente puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia, lo cual acontece en el caso, en virtud de que la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo a la aquí quejosa -actora en el expediente laboral- por desistida lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones y prestaciones reclamadas en el juicio laboral 966/2015; ordenando archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por ende, lo anterior torna jurídicamente imposible restituir a la parte impetrante en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia constitucional, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento dado a la presente ejecutoria. En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del numeral antes citado, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el diverso punto vigésimo primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud de que el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y que con esta fecha se declaró sin materia el cumplimiento a la misma, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto invocado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además, en acatamiento a lo ordenado por el diverso punto Vigésimo Primero, fracción III, segundo párrafo del propio ordenamiento en cita, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada deberá depurarse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de cinco años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada. NP
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Agréguese a estos autos, para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que aclara que la copia certificada de la actuación que acompañó a su oficio 1408/2016 corresponde al juicio laboral 966/2015 y no 996/2015, como ahí se señaló. Ahora bien, visto el estado de los presentes autos se advierte que en resolución constitucional de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa María Martínez Sánchez, en contra de los actos reclamados de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para efectos siguientes: ".a) Deje insubsistente la determinación reclamada, en su parte considerativa; b) En su lugar, realice las gestiones necesarias para que el desahogo de la prueba pericial médica, admitida en el juicio laboral 966/2015 con cargo al perito asignado a la parte trabajadora, aquí quejosa, se lleve a cabo en esta ciudad de San Luis Potosí, incluso los estudios requeridos para que el experto se encuentre en aptitud de rendir el dictamen respectivo, para lo cual podrá valerse de todos los medios jurídicos y materiales a su alcance; y, hecho lo anterior, continúe con el juicio laboral en sus etapas correspondientes." Dicha resolución causó ejecutoria en siete de marzo de esta anualidad, por lo que en cumplimiento de la citada resolución, la autoridad responsable remitió a su oficio 1408/2016, copia certificada de la diligencia levantada con motivo de la comparecencia de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, de la que se desprende que dentro del expediente laboral de origen, la parte trabajadora, aquí quejosa, celebró convenio con la parte demandada por el pago de las prestaciones reclamadas, por lo que en esa misma diligencia se desistió lisa y llanamente de las acciones ejercitadas, a lo que la junta laboral acordó el archivo del asunto como concluido definitivamente. De este modo, es inconcuso que a la fecha no existe materia sobre la cual dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues existe imposibilidad jurídica de hacerlo cumplir al haberse concluido el asunto de origen de los actos reclamados. Sobre el tema, es pertinente puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia, lo cual acontece en el caso, en virtud de que la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo a la aquí quejosa -actora en el expediente laboral- por desistida lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones y prestaciones reclamadas en el juicio laboral 966/2015; ordenando archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por ende, lo anterior torna jurídicamente imposible restituir a la parte impetrante en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia constitucional, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento dado a la presente ejecutoria. En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del numeral antes citado, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el diverso punto vigésimo primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud de que el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y que con esta fecha se declaró sin materia el cumplimiento a la misma, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto invocado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además, en acatamiento a lo ordenado por el diverso punto Vigésimo Primero, fracción III, segundo párrafo del propio ordenamiento en cita, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada deberá depurarse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de cinco años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante oficio 1408/2016 señaló que informaba de las gestiones que estaba realizando para el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, sin embargo, de la copia certificada del proveído de veintinueve marzo del año en curso, que anexó a dicho oficio, se advierte que la parte aquí quejosa se desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones y prestaciones ejercitadas en contra de las demandadas dentro del expediente laboral 996/2015; en ese tenor, con fundamento en el artículo 192, en relación con el 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente oficio, informe a este órgano judicial de amparo el cumplimiento que haya dado al fallo amparatorio, del cual se le remitió copia autorizada. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa.
- Principal
Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa que se están realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio; por lo que, una vez que obren en autos las constancias que acrediten que se observaron la totalidad de los lineamientos establecidos por el fallo protector, se estará en aptitud de ordenar la vista correspondiente a la parte quejosa.
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