Rosa María Martínez Aguilar

Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
441/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Martínez Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Acusa recibo. Agréguese a los autos, el oficio remitido por la Jueza Segundo Menor Mixto de Zamora, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del comunicado con el que se le devolvieron las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 255/2020, que adjuntó al informe justificado correspondiente. Cúmplase.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se reciben constancias relativas a despacho. Téngase por recibido el oficio y anexos, signado por la Jueza Segundo Menor Mixta de Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve las constancias de diligenciación relativas al despacho 329/2021 (número de orden 737) del índice de este juzgado. Acúsese el recibo de estilo. Sin que haya lugar a ordenar darla de baja y a que se hagan las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno, toda vez que ello se hizo en acuerdo de diecinueve de enero del presente año. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de constancias. Toda vez que al informe justificado respectivo la autoridad responsable adjuntó copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 255/2020 y ya que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución de esa documental a su lugar de origen, en el entendido de que como certeza de su recepción se tendrá el acuse que para tal efecto se obtenga. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con once minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo ********************/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: Con la demanda de amparo, informes justificados y emplazamiento del tercero interesado. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que allegó la parte quejosa y la autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que el Juez acuerda: Se tiene asentada la razón anterior, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente. S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo ********************/2021, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Segundo Menor Mixto de Zamora Michoacán y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Segundo Menor Mixto de Zamora Michoacán: La orden de embargo o lanzamiento dictada en el juicio ejecutivo mercantil ********************/2020, en el domicilio ubicado en la calle ********************, que se encuentra entre los inmuebles números ******************** y ******************** del Centro de Zamora Michoacán. Del Actuario del Juzgado Segundo Menor Mixto de Zamora, Michoacán. Su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los reclamados es susceptible de ejecutarse dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. El Juez y Actuario del Juzgado Segundo Menor Mixto de Zamora, Michoacán, aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por tanto, se tiene por ciertos. Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad judicial ordenadora allegó a su informe, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la quejosa. Al respecto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter el quejoso, quien aduce ser titular de un derecho; y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales es posible entender que, detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que, conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que, atendiendo a la situación particular del quejoso, puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia del juicio resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario constatar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; en ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto sobre el inmueble de su propiedad , porque la afectación a su esfera jurídica se produce al existir la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente. Lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sostuvo que del artículo 14 de la Constitución no se desprenden datos o elementos que sirvan para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo; esto es, si se trata de aquélla que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, además, concluyó que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común, esto es, la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título, la causa generadora de esa posesión. Por ende, para acreditar el interés jurídico es necesario que el solicitante del amparo demuestre los siguientes supuestos: La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta; La detentación material del bien; y, La identidad entre el bien objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura tener la posesión. En cuanto al primer punto, cabe puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido el criterio jurídico consistente en que un documento privado tiene fecha cierta, a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un registro público, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes. Ahora, en este asunto, se toma en cuenta que la parte quejosa acude al amparo indirecto ostentándose como tercera extraña a juicio stricto sensu, ya que aduce tener derecho en calidad de arrendataria del inmueble ubicado en la calle ********************, la cual se encuentra entre los números ********************, del Centro de Zamora, Michoacán, sin ser parte procesal en el juicio ordinario familiar ********************/2020. En ese orden de ideas, la parte quejosa pretende demostrar que tiene el derecho de posesión respecto del inmueble con la copia simple del contrato de arrendamiento con fiador celebrado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, entre ********************, como arrendadora, y ********************, en cuanto arrendataria, el cual adjuntó a su demanda de amparo. No obstante, dicho documento que además de haberse exhibido en copia simple, y no adminicularse con ningún otro medio de prueba, carece de fecha cierta, por tanto es insuficiente para demostrar el derecho de posesión que defiende en esta instancia. Entonces, esa documental privada valorada en términos del artículo 197, en relación con el 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, es ineficaz para demostrar la titularidad del inmueble que defiende, debido a que, no fue celebrado o ratificado ante un fedatario público, ni inscritos en el Registro Público, como tampoco se acreditó que hubiera acaecido la muerte de cualquiera de los firmantes. Bajo ese contexto, se concluye que el documento exhibido para acreditar el interés -contrato de arrendamiento-, no es de fecha cierta, ni tiene valor legal, por haberse exhibido, además, en copia simple, por tanto, no puede surtir el efecto legal pretendido. Cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 24/2008 emitida por la Primera Sala, consultable en el tomo XXVII, abril de 2008, página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo establecido en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, el cual se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide el estudio de la cuestión de fondo en este juicio de garantías. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 57, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.

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