Rosa Maria Martinez
Expediente 1509/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa Maria Martinez
Actuaciones
- Principal
...Vista la demanda promovida por ****, contra actos del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1509/2022. Cuestión Previa Por principio de cuentas, de la lectura integral de la demanda de derechos humanos se aprecia que la quejosa reclama: De la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada para cumplir con la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, y con la resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictadas en el expediente 3143/19-PC4-1, de su inventario. Del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir con la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, y con la resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictadas en el expediente 3143/19-PC4-1. En el caso, no se analizará la litis constitucional, pues se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En relación con el principio de definitividad, al resolver la contradicción de tesis 306/2021 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, INCLUSO, LA DE RESOLVER QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. Concluyó, que en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, previo acudir al juicio de amparo, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) que dice: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital, 2024468, Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s), Administrativa, Común, Tesis: 2a./J. 14/2022 (11a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741, Jurisprudencia.) Como se adelantó, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo revela que el juicio de derechos humanos es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Lo que cobra sentido con la interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el contenido del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se sostuvo que el Poder Legislativo dotó de independencia y autonomía al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios sometidos a su jurisdicción y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz, lo que implica la ejecución y cumplimiento de sus propias determinaciones. En efecto, la ley de la materia, reconoce la existencia de un procedimiento de ejecución de sentencias previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual fue diseñado precisamente para realizar todas las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, privilegiando en todo momento el eficaz cumplimiento de la sentencia de nulidad. Así, la intervención de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe ser activa, pues se encuentra obligada constitucionalmente a velar por el cumplimiento de sus resoluciones, aplicando, de ser necesario, supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, según lo establece el artículo 1, de la ley que rige su actuar. Estimar lo contrario, implicaría sustituir a la autoridad responsable en sus obligaciones establecidas en la Ley para hacer cumplir sus determinaciones o sentencias; de ahí que, la Sala es la responsable de seguir requiriendo el cumplimiento de la sentencia al funcionario público que sustituya al sancionado, hasta lograr su debido cumplimiento. Para mayor claridad se transcribe el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.). II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho.(.)". De dicho precepto legal se infiere la posibilidad que tiene la parte actora de ocurrir al recurso de queja ante la Sala por la omisión de la autoridad demandada en acatar la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Asimismo, establece que dicho medio de impugnación -queja-, tratándose de los casos señalados en el subinciso 3, del artículo 58 invocado, se puede promover en múltiples ocasiones hasta lograr el cumplimiento del fallo de nulidad, o bien, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) cuando se declare que EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. Ahora bien, como quedó precisado con antelación, la quejosa Rosa María Martínez, destacadamente reprocha de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la omisión de realizar y ejecutar las acciones para asegurar el cumplimiento de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, e interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictadas en el expediente 3143/19-PC4-1. Sin embargo, contra el incumplimiento de la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad 3143/19-PC4-1, la aquí quejosa debe promover el recurso de queja, en términos artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual resulta ser el idóneo y eficaz para que la autoridad demandada cumpla con la obligación a que le constriñe la citada resolución, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. Sin que obste el hecho de que la quejosa ya haya interpuesto el citado medio de impugnación, mismo que fue resuelto el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, pues conforme al artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho medio de impugnación puede hacerse valer más de una vez contra las resoluciones dictadas en cumplimiento a sentencias dictadas en esa instancia, al encontrarse dentro la excepción ahí prevista, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. A mayor abundamiento, cabe precisar, que dicho medio de impugnación puede hacerse valer en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito el derecho del quejoso para su interposición. De ahí que, para promover el juicio de amparo los actos reclamados deben ser definitivos, es decir, que en su contra no exista ningún medio de defensa legal por el cual se puedan modificar o reformar; por tanto, al existir el referido medio de defensa, es claro que el justiciable no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por las consideraciones que la informan resulta aplicable la tesis (IV Región)1o.9 A (11a.), que dice: "SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO OBLIGA A LAS SALAS DE DICHO ÓRGANO A VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEMANDADA ATENDIÓ SUS EFECTOS, PUES EL PARTICULAR CUENTA CON EL RECURSO DE QUEJA SI CONSIDERA QUE NO FUE ASÍ. Los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen la obligación de las autoridades demandadas y de cualquier otra relacionada, de cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el deber de éste para que, vencido el plazo otorgado para ello, actúe de oficio o a petición de parte y asegure el pleno cumplimiento de sus resoluciones, otorgándole la facultad para requerir a la autoridad demandada el informe relativo, a fin de determinar si hubo incumplimiento injustificado del fallo, así como el medio ordinario de defensa (recurso de queja) con que cuenta la parte interesada para inconformarse con éste. Sin embargo, el análisis del cumplimiento de dichas sentencias no está previsto en la ley citada, pues ésta sólo obliga a requerir un informe sobre su cumplimiento, pero no a que de manera oficiosa la Sala verifique si en la resolución de cumplimiento la autoridad demandada atendió los efectos establecidos en la sentencia, pues el particular cuenta con el recurso de queja si considera que no fue así, el cual procede contra la repetición de la resolución anulada, por exceso o defecto en su cumplimiento o por haberse emitido después de concluido el plazo de cuatro meses establecido en los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la señalada ley". Por ello, si la parte quejosa tiene a su alcance el mencionado medio ordinario para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3143/19-PC4-1, entonces debe agotar la instancia jurisdiccional administrativa referida, a saber, el recurso de queja, el cual, como quedó precisado con anterioridad, puede hacerlo valer más de una vez y en cualquier momento, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR este juicio, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Domicilio Se tiene como señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Benítez Toledo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes. Asimismo; se autoriza al usuario JATOLEDO, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico y recibir notificaciones; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza al peticionario de amparo uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Trámite de juicio en línea Toda vez, que la este juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. (.)
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