Rosa Maria Lores Pérez
Expediente 1190/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Rosa Maria Lores Pérez
- Adolis Rondón Lores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 3° y 117, ambos de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido vía electrónica por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas constancias relativas a los actos reclamados. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, como lo solicita la autoridad de cuenta, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indica la autoridad oficiante; en cambio, respecto del domicilio procesal que señala, no ha lugar a tenerlo por designado, en virtud de que la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. Asimismo, como lo solicita, a fin de que pueda obtener las constancias de manera más ágil e inmediata, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 401 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se autoriza el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, para copiar constancias que obren en autos de este expediente. Ello, siempre y cuando dicha herramienta sea utilizada con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.13o.T.15K (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IIl, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). (...) Por otro lado, no pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere sensibles plasmados en el oficio de cuenta; sin embargo, no se advierte algún dato que requiera de especial trato, pero a pesar de ello, la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 1, 5, 6, 8, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" . Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. (...) Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...) Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la autoridad responsable, exhibió las siguientes documentales: (...) De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de doce de octubre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, y por diverso auto de diecinueve del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado de aquélla. De igual manera, la autoridad responsable emitió en favor de la parte quejosa, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. Además, de las aludidas constancias se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la responsable emita la resolución con la que culmine el procedimiento de determinación de reconocimiento o no de la condición de refugiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en los diversos 45 y 47 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa, circunstancia que le fue notificada personalmente el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (tres de octubre de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (..) Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente, y por oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dos de octubre de la presente anualidad (fojas 202-204), informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el expediente en que se actúa, y remite copia cotejada de las siguientes documentales: (.).Ahora bien, de las constancias que anexa la autoridad responsable, se advierte que, ante la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en informar el estado procesal que guarda el exhorto *****, de su índice, la autoridad de cuenta envió nuevamente oficio recordatorio a su homóloga para que ésta comunique el estado procesal que guarda el exhorto con número de oficio *****, del índice de la citada responsable, en el cual ordenó realizar lo siguiente: (.).Por lo expuesto, y derivado de las documentales que envió la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la misma, en vías de cumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído requiera al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a efecto de que informe si se diligenció el exhorto remitido mediante oficio *****, por la junta responsable, y para tal efecto, remita las constancias con las cuales acredite su dicho, y en caso de que la autoridad exhortada sea omisa, le aperciba con los medios de apremio previstos en la legislación laboral. Se apercibe al Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento a lo requerido o bien, manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará efectiva la multa impuesta en proveído de dos de junio del año en curso (fojas 84-88). No obstante lo anterior, atendiendo a lo manifestado por la autoridad de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, mediante oficio que se gire requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que informe si diligenció el exhorto remitido mediante oficio *****, por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y para tal efecto, remita las constancias con las cuales acredite su dicho. Apercíbase a la referida autoridad, que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, no comunicar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización (.).Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 101/2023, orden 313/2023, derivado del presente expediente, que se envió para emplazar a juicio a los terceros interesados María Trinidad Guzmán Villegas y/o Ma Trnidad Guzmán Villegas y Teófilo Ocampo Guzmán y/o Tiofilo Ocampo Guzmán. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que haya lugar acusar de recibo a la autoridad oficiante, toda vez que no lo solicita. Por otra parte, vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los terceros interesados María Trinidad Guzmán Villegas y/o Ma Trnidad Guzmán Villegas y Teófilo Ocampo Guzmán y/o Tiofilo Ocampo Guzmán, en proveído de once de agosto de esta anualidad (fojas 54-57), para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y por ende, las notificaciones que surjan dentro del procedimiento a dichos terceros interesados, háganseles por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, aun las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto indique domicilio en esta ciudad para tal efecto. Finalmente, agréguese el oficio signado por la Delegada del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Tonalá, Chiapas, en el que, en atención a lo peticionado por este Juzgado en proveído de once de septiembre de esta anualidad (fojas 88-93), informa que al realizar la búsqueda en la base de datos del Sistema Integral Registral del Estado de Chiapas, no se encontró registro a nombre de María Trinidad Guzmán Villegas y Teófilo Ocampo Guzmán. En consecuencia, se tiene a la potestad oficiante dando cumplimiento a lo peticionado en el mencionado acuerdo, y se deja sin efecto el apercibimiento con que se le conminó en el mismo; sin que se realice mayor pronunciamiento, ya que en líneas que anteceden se tuvieron por emplazados a los terceros interesados.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días, que concede en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la parte quejosa para que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia definitiva de doce de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 83-99), por la que se sobreseyó el presente juicio, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su dispositivo 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las partes y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. EXPEDIENTE DESTRUIBLE. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados; este expediente es DESTRUIBLE en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que como se dijo, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I , y 9 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 23 , del acuerdo multicitado. 3. INCIDENTE CONSERVABLE. El cuaderno del incidente de suspensión (se negó y se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), se considera como CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el cuaderno incidental respectivo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, será transferido al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 28 , todos del acuerdo multicitado. Además, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) 3. Finalmente, hágase constar en la caratula del expediente principal la leyenda "DESTRUIBLE" y del incidente de suspensión, la leyenda "CONSERVABLE" de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo General aludido, para efectos de su transferencia. Notifíquese.
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