Rosa María López Hernández
Expediente 950/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosa María López Hernández
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte, que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte quejosa para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído del treinta y uno de agosto del año en curso, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamentEn cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós , el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **+, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región de Morelia, Michoacán y otras autoridades; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1173/2022-V. Así, la parte quejosa señala como acto reclamado: ". De la autoridad responsable señalada como ordenadora, le reclamo el emitir una orden de aprehensión o comparecía (sic), en mi contra y a las autoridades señaladas como ejecutoras les reclamo querer cumplimentar el mandamiento judicial o bien querer privarme de mi libertad, sin que exista orden de aprehensión en mi contra o algún otros (sic) mandamiento judicial. " Ahora bien, del análisis de la citada demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Ahora bien, se tiene que el artículo 17 la Ley de Amparo dispone que el plazo genérico para promover juicio de amparo es de quince días, el cual se deberá computar conforme a lo establecido en el diverso numeral 18, descontando los días inhábiles que están señalados en el artículo 19 de la misma legislación, de lo que se sigue que la forma en que se computará el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, será de la manera siguiente: a) Quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, de conformidad con la ley que lo rige. b) Quince días contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución y, c) Quince días contados a partir del siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, como se ve, del contenido de los preceptos legales anteriormente referidos se observa que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, siempre y cuando no se trate de los casos de excepción a que se contraen las fracciones I, II, III y IV; es decir, que se trate de amparo contra leyes, en su carácter de autoaplicativas, de sentencias definitivas condenatorias que impongan pena de prisión, que se trate de actos que causen perjuicio a los derechos de ejidatarios o comuneros y/o de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Conforme a lo anterior, si no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que establece la Ley de Amparo para ello, conforme a los criterios establecidos, los actos reclamados se entenderán consentidos tácitamente. Sentadas las premisas anotadas, se tiene que al juicio de amparo acude FLAVIO LUVIANO JUÁREZ, por propio derecho, quien manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de agosto de dos mil veintidós, en tal virtud, el cómputo correspondiente debe hacerse conforme al inciso b) precisado, esto es, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo deberá ser de quince días, contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. Al respecto, se advierte que el peticionario del amparo conoció el acto reclamado, el veintiuno de agosto de dos mil veintidós, como lo señala bajo protesta de decir verdad en su libelo de amparo, pues al respecto manifiesta: "V.- Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación: Bajo protesta de decir verdad, el suscrito Flavio Luviano Juárez, manifiesto que el día veintiuno de Agosto del año dos mil veintidós, siendo aproximadamente las 17:00 diecisiete horas, me encontraba en mi domicilio ubicado en calle Retorno Puerto de Sevilla número 298 doscientos noventa y ocho de la colonia Banus Código Postal 58059 de esta ciudad de Morelia, Michoacán, cuando unos policías circulaban en un vehículo rotulado de la fiscalía, andaban preguntando a unos vecinos por donde vivo, que si me habían visto, porque tenían una orden para detenerme, por lo que me asuste y es por ello que promuevo el presente amparo, porque no he cometido delito alguno, ni se porque me anden buscando los policías para detenerme. Es por ello, que el suscrito, tengo el temor fundado de que me detengan sin ser oído y vencido en juicio, pues yo no he cometido delito alguno." Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Con relación a lo anterior, es de precisar que de conformidad con el nuevo sistema penal acusatorio, en armonía con el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, dispone que resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Asimismo, el impetrante del amparo se encontró en posibilidad de presentar la demanda de amparo dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de amparo, toda vez que el sumario constitucional prevé la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios la cual permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, virtud a que los órganos jurisdiccionales de amparo tiene la obligación de examinar oficiosamente la legalidad del acto que se reclama, lo que implica el deber del juzgador de amparo examinar su legalidad, aun cuando se haya omitido expresar conceptos de violación en la demanda de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente con solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aún ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que al no haberse promovido la demanda de amparo dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo I, Libro 18, Mayo 2015, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así como por identidad de razón, la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Y la diversa tesis, consultable en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.". Así, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del veintidós de agosto al nueve de septiembre de dos mil veintidós, descontando los días veintisiete y veintiocho de agosto, así como tres y cuatro de septiembre de la citada anualidad, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, se ilustra de la siguiente manera: ********* De esta forma, si la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial el veinte de octubre de dos mil veintidós, y fue turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a este Juzgado de distrito el veintiuno inmediato siguiente, como se advierte del sello de recepción y de la papeleta respectiva; por tanto, resulta evidente que su presentación ocurrió cuando ya había transcurrido el término genérico de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, éste inicio el veintidós de agosto del año en curso y concluyó el nueve de septiembre del referido año. Además, como se señaló en párrafos precedentes, el plazo a respetar para la promoción del juicio de amparo es de quince días, contado a partir del día en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, sin que se actualice alguna de las excepciones que para ello disponen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia del reclamo de una norma general en su carácter de autoaplicativa o algún procedimiento de extradición; una sentencia definitiva condenatoria en materia penal; actos tendentes a privar la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal; ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o la incorporación a las fuerzas armadas nacionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente a en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". Asimismo, es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia VI, 2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". De igual manera, apoya la anterior determinación, por analogía, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del tomo XI, junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita.". Por lo anterior y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de la Materia. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ****** de esta ciudad de Morelia, Michoacán, y autorizando para tal efecto al licenciado ********, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó su cédula profesional número ********; y únicamente para imponerse de los autos y recibir notificaciones a ********, en virtud de que, no se localizó registro de su respectiva cédula profesional, ni se acompañó documento alguno que los acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho, toda vez que, la materia del presente asunto es de naturaleza penal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como lo datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.e concluido. Ahora bien, tomando en consideración que este asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
*****Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XVII, 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo número 1172/2021-II, promovido por **, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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