Rosa María Juárez Castañon

Expediente 12/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
12/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Rosa María Juárez Castañon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción signada por la licenciada María del Carmen Bernal Lastiri, autorizada de la quejosa, mediante la cual, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado, manifiesta que es verdad que el nueve de marzo del año en curso, se hizo entrega del certificado parcelario con número 1046003, así como el certificado de tierras de uso común número 1016046. Ahora bien, el suscrito advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa reclama la omisión de expedir y entregar el certificado parcelario sobre derechos a las tierras de uso común respecto de la parcela 35, de la zona 1; así como el certificado correspondiente sobre las tierras de uso común del Ejido Tanque de los Hacheros, Municipio de Mazapil, Zacatecas, derivados de la sentencia dictada en el juicio sucesorio promovido por la quejosa del derecho del extinto Ponciano Rivera Rodríguez, del núcleo agrario Tanque de los Hacheros, Municipio de Mazapil, Zacatecas, radicada bajo el número 1534/2018. Sin embargo, el encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Zacatecas, a su informe justificado manifestó que se dio cabal cumplimiento a solicitud de trámite de expedición marcada con número de reloj 000211, de veintidós de enero de dos mil dieciocho, relativa a la expedición de las certificados parcelarios que amparan la parcelas 35, con superficie de 2468-85,600 hectáreas, así como la parte proporcional de las tierras de uso común, ubicados en el ejido denominado Tanque de Los Hacheros, municipio de Mazapil, Zacatecas, en cumplimiento a resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con sede en esta ciudad, dentro del juicio agrario con número de expediente 1534/2018, a favor de la quejosa, motivo por el cual se expidió a su favor el certificado parcelario 1046003 y de uso común 1016046, mismos que se entregaron a la promovente del amparo el tres de marzo de la presente anualidad, y para tal efecto acompañó copia certificada del acuse de recibo relativo. Asimismo, la autorizada de la quejosa en el ocurso de cuenta manifiesta que el nueve de marzo del año en curso, se hizo entrega del certificado parcelario con número 1046003, así como el certificado de tierras de uso común número 1016046. De lo anterior destaca que la respuesta, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue otorgada y notificada a la quejosa. Por tanto, al haberse otorgado la respuesta, cuya omisión constituyó el acto reclamado en el presente asunto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. De ahí que, la posible afectación causada a la quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a éste el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse otorgado a la quejosa respuesta a la falta de contestación a su solicitud de servicios, relativa a obtener el certificado parcelario con número 1046003, así como el certificado de tierras de uso común número 1016046, y haberse notificado ésta a la hoy quejosa, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. ...

  3. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Zacatecas; con dicho ocurso dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia invocada, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las documentales que adjunta, mismas que se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Ahora, la mencionada autoridad a su comunicado acompañó copia certificada del acuse de recibo, en el que se hace constar que se entregó a la quejosa el certificado parcelario 1046003 y certificado de uso común 1016046; por tanto, requiérase a la promovente del amparo para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, informe a este órgano Jurisdiccional si ya se le entregó el certificado que solicitó, a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la quejosa. ...

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que o el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido por auto de veinticinco de febrero del año en curso, a las autoridades responsables delegado del Registro Agrario Nacional y registrador de la Delegación del Registro Agrario Nacional, ambos en el estado de Zacatecas, para el efecto de que remitieran copias certificadas de las constancias relativas al acto que se les reclama, transcurrió del dos al cuatro de marzo de dos mil veintiuno; sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, como esta ordenado en dicho proveído, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a las autoridades responsables delegado del Registro Agrario Nacional y registrador de la Delegación del Registro Agrario Nacional, ambos en el estado de Zacatecas, y dada la conducta omisiva de las autoridades, se les impone una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país (89.60), que equivale a la cantidad de $8,960.00 (ocho mil novecientos sesenta 00/100 moneda nacional). Ahora bien, previo a remitir el oficio al Administrador de Recaudación de la Secretaría de Administración Tributaria, para el cobro de la multa impuesta a las responsables, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase por última ocasión a las mencionadas responsables, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remitan a este tribunal federal copias debidamente certificadas, legibles y en orden de todas y cada una de las constancias relativas a los actos que se le reclaman, toda vez que se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se remitirá de inmediato el oficio que contenga la multa impuesta para su cobro respectivo. Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. ...

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