Rosa María Jean Domínguez

Expediente 494/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
494/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Rosa María Jean Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Rosa María Jean Domínguez y Jorge Luis Ledo Ledo, contra los actos que reclaman al Agente del Ministerio Público Investigadora, en funciones adscrita a la Unidad de Investigación de Tehuacán, Puebla y otra. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 494/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos directos reclaman a la agente del Ministerio Público Investigadora en funciones adscrita a la Unidad de Investigación de Tehuacán, Puebla, el acto siguiente: La determinación de veintinueve de abril de dos mil veintitrés dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/ACATZINGO-I00577/2022. Determinación que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el entonces Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla y que confirmó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el toca 51/2023, a través de la cual el agente del Ministerio Público responsable declaró improcedente la solicitud de los peticionarios de llevar a cabo la entrevista al menor de edad de iniciales J.L.P. en virtud de que se encuentra cerrada la etapa de investigación complementaria y ya se presentó acusación en contra del procesado. Precisado el acto reclamado, este juzgado federal se pronuncia en los términos siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO El presente juicio de amparo es improcedente porque dicho acto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado constitucional o convencionalmente en favor de la parte quejosa, por lo que se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107 fracción V, ambos de la ley de Amparo. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, si las consecuencias de los actos son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales el amparo indirecto es improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese contexto, el acto reclamado, consistente en la determinación de veintinueve de abril de dos mil veintitrés dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/ACATZINGO-I00577/2022 en la cual el agente del Ministerio Público responsable declaró improcedente la solicitud de los peticionarios de llevar a cabo la entrevista al menor de edad de iniciales J.L.P. en virtud de que se encuentra cerrada la etapa de investigación complementaria y ya se presentó acusación en contra del procesado, es una resolución de índole adjetiva -intraprocesal-, ya que puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva se valoren sus peticiones o se obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones. Incluso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de que el juez penal por iniciativa propia practique las diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos en relación con la comprobación del delito, así como la plena comprobación de la responsabilidad del acusado o, en su caso, la irresponsabilidad del mismo. De ahí que no constituye un acto de imposible reparación, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer. Por tanto, no es dable emprender el análisis de la legalidad de los actos reclamados a través del amparo biinstancial; en tanto que, se insiste, conciernen a aspectos relacionados con datos de prueba y ello no genera por sí una afectación material a alguno de los derechos sustantivos tutelados constitucional y convencionalmente en favor del quejoso. Lo expuesto tiene sustento por analogía en la jurisprudencia siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Luego, por cuanto hace al acto reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Centro y que el quejoso hizo consistir en los posibles actos intraprocesales que pudiera emitir dentro de la causa penal 32/2022/TEPEACA, que derivó de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/ACATZINGO-I00577/2022. Al respecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que no existe peligro inminente de que tales actos se verifiquen en el mundo factico, es decir, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, los referidos actos que pretende combatir no tienen una ejecución material sobre su persona, razón por la cual, respecto de ellos, la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto de los actos que reclama se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Lo anterior, pone de manifiesto que no existe una afectación real y actual en la esfera jurídica de los quejosos, tal como lo plantea, pues no se desprende la existencia de datos objetivos y ciertos de los que se pueda determinar la existencia inminente de dichos actos, aunado a que la parte quejosa refiere que los actos son de índole intraprocesal, respecto de los cuales el juicio biinstancial también es improcedente. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 107, fracción V y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los mencionados quejosos, sin perjuicio de que lo substituyan posteriormente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Sin que haya lugar a tener por señalado como domicilio de los quejosos directos el que precisan en su demanda de amparo, toda vez que éste se encuentra fuera de la zona conurbada en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción, por tanto notifíquese a la parte quejosa en los estrados de este juzgado de Distrito hasta en tanto señalen domicilio en zona conurbada en la que este juzgado ejerce jurisdicción. Así mismo, se tienen por autorizadas a los profesionistas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registradas su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE EN FORMA ELECTRÓNICA Con relación a que se le autorice la consulta al expediente a través de los usuarios ********************, para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial A adscrita a este juzgado federal, para que previo cerciorarse la existencia de los usuarios proporcionados proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que la autorización anterior implique notificar por esa vía los acuerdos dirigidos a la parte quejosa ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo las notificaciones por esa vías solo se realizarán a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese.

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