Rosa María Hilda Bello Pérez
Expediente 754/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rosa María Hilda Bello Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de diez de diciembre de la presente anualidad; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número ***. Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente ***del índice del juzgado responsable, por el que dicho juzgador no acordó favorablemente la petición de la quejosa consistente en girar el oficio relativo al Registro Civil de Chiautempan, Tlaxcala, al considerar que no la realizó dentro del plazo. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Lo anterior, responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Así pues, su reconocimiento constitucional responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el extinto Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, la impetrante de amparo promovió juicio de divorcio necesario el cual quedó radicado bajo el número ***, en el que el veintiséis de marzo de dos mil diez, se dictó sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial entre *** y la quejosa ***, actualmente ***del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre del año dos mil veinte, la quejosa solicitó al juez natural que se giraran los oficios respectivos al Registro Civil de Chiautempan, Tlaxcala, para que realizara la anotación de dicha disolución del vínculo matrimonial correspondiente. Por lo que mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, el juez de origen no acordó favorablemente la petición de la quejosa al considerar que no la realizó dentro del plazo. Contra esta determinación la impetrante del amparo promueve el presente juicio de amparo. El primer numeral trascrito prevé que tienen la calidad de autos todas las resoluciones que no sean sentencias; por su parte, el segundo de los preceptos legales citados dispone la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos que no fueren apelables, ya sean emitidos en primera o segunda instancia. En el caso, la quejosa reclama el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente ***del índice del juzgado responsable. De esta manera, conforme a los preceptos legales invocados, el acuerdo reclamado es impugnable a través del recurso de revocación. Así, a través de ese medio ordinario de defensa la parte quejosa estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara dicho proveído. Por lo que, al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional; en consecuencia deviene improcedente el juicio de amparo que se pretende instaurar. Es menester señalar que el aludido recurso de revocación, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa; es decir, tiene por objeto revocar las actuaciones que agravian en los intereses de la quejosa, el cual se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala y tiene determinado un procedimiento para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido a juicio, agotarlo previamente a instar el juicio constitucional. En ese sentido, al no haber interpuesto el recurso de revocación en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente ***, es evidente que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues a través de dicho medio de defensa se puede revocar el acuerdo que reclama. Resulta ilustrativo a lo anterior el criterio jurisprudencial***, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". En estas condiciones, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia dado que la promovente no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, no agotó el medio de defensa ordinario que procede contra el acto reclamado, lo que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda máxime si se toma en cuenta que no existe duda en el suscrito para formarse un criterio distinto, ya que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en términos amplios a ***y ***, en virtud de que cuentan con registro de su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, no así los restantes autorizados toda vez que no cuentan con el registro de sus cédulas profesionales en el aludido sistema. En relación a los números de teléfono celular y correo electrónico que proporciona, dígasele que dichos medios solo sirven como medio de contacto con la parte promovente, mas no constituyen un medio para oír y recibir notificaciones ni sustituyen las que legalmente se le practiquen mediante la vía electrónica elegida en este dossier. El seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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