Rosa Maria Hidalgo Altamirano

Expediente 1859/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1859/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
18/01/2017

Partes del expediente

  • Rosa Maria Hidalgo Altamirano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 9/2016-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario, Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1859/2016-V, promovido por ROSA MARÍA HIDALGO ALTAMIRANO, por propio derecho, respecto de los actos que reclama del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, ROSA MARÍA HIDALGO ALTAMIRANO, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclaman del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Subsecretario de Ingresos de la citada Secretaría y Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos. SEGUNDO. El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis se admitió la demanda de garantías, quedando registrada bajo el número 1859/2016-V; se solicitó a las responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Finalmente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes que se reclaman. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados se hacen consistir en: 1. El contenido de los artículos 94 ter a 94 ter 11, y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. 2. El cobro de las cantidades erogadas por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional, con motivo del acto traslativo que consta en el instrumento notarial 293,717 otorgado ante la fe del Notario Público Número Dos de la Primer Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, en aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad se reclama. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado y Subsecretario de Ingresos de la citada Secretaría. Lo anterior, en virtud de que así lo señalaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en aras de desvirtuar dicha negativa. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado de Morelos, consistentes la discusión, aprobación y expedición, promulgación del contenido de los artículos 94 ter y 94 ter 11, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal. También son ciertos los actos reclamados del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la sanción, promulgación, y publicación, respectivamente, de las citadas leyes impugnadas, pues se advierte que les atañen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dichas autoridades. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452. CUARTO. Son ciertos los actos consistentes en el cobro de la cantidad de $41,000.00 (CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $10,250.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); que la quejosa estima son aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal. Lo anterior, en virtud de que esto se acredita de la propia escritura pública 293,717, donde aparece que se liquida el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a razón de una tasa del dos por ciento, sobre el valor de la operación del inmueble a razón de $2'050,000.00 (DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo precisamente $41,000.00 (CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más veinticinco por ciento por concepto de impuesto adicional, se obtiene la cantidad de $10,250.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Dichos cobros son acordes al sistema legal del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, e impuesto adicional, previsto en los artículos 94 ter a 94 ter 11, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el seis de noviembre de dos mil trece; y 119 a 125, respectivamente. Es de mencionarse que en la escritura pública, el Notario Público asentó la leyenda siguiente: ".IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.- DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL ACTO JURIDICO CONTENIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CAUSA IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN SUS ARTÍCULOS NOVENTA Y CUATRO TER AL NOVENTA: Y CUATRO TER ONCE, CIENTO VEINTIDÓS Y CIENTO VEINTITRÉS.- PROCEDIÉNDOSE A REALIZAR LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN: OPERACIÓN.-COMPRAVENTA.- BASE SEGUN ESCRITURA.- $2'050,000.00.- TASA 2%.- $41,000.00.- MAS 25% DE ADICIONALES.- $10,250.00.-IMPUESTO A PAGAR.- $51,250.00.". En las condiciones apuntadas, es innegable que existe el acto de aplicación de las normas impugnadas por la parte quejosa. QUINTO. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto de las autoridades, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la citada Secretaría, por lo que hace al cobro de las cantidades que, estima la parte quejosa, constituyeron una aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. Lo anterior en virtud de que dichas autoridades, al rendir su respectivo informe con justificación, negaron tales actos que se les reclamaron, sin que la parte quejosa hubiera ofrecido prueba alguna en aras de desvirtuar dicha negativa. En todo caso, porque fue el Notario Público Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, quien realizó la retención de las cantidades por los conceptos indicados por la parte quejosa y fueron enteradas al Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Así, respecto a la autoridad indicada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente Estas disposiciones legales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En efecto, se actualiza dicha causal, en virtud de que no se advierte la intervención del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la citada Secretaría; por lo que si no ordenaron, emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron los actos que se les reclama, no puede considerárseles responsables en el presente juicio, razón por la cual debe sobreseerse por cuanto a ellas. Es aplicable por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia de la "Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Septiembre de 2005, Página: 1363, Tesis: I.5o.P. J/3, que continuación se cita: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento.". En mérito de lo expuesto, se declara el sobreseimiento en el presente juicio de garantías en términos del artículo 63, fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el artículo 5, fracción II, todas de Ley de Amparo, por lo que se refiere al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la citada Secretaría. Se atenderán ahora, las causales de improcedencia que en la especie hicieron valer algunas de las autoridades responsables, de acuerdo con las consideraciones siguientes: El Congreso del Estado de Morelos, y el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, hacen valer que el juicio de amparo es improcedente, porque cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresamente o implícitamente en perjuicio del peticionario de garantías, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino del contenido del supuesto acto de aplicación, acto que en la especie no se demuestra. Tales manifestaciones implican la invocación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XVIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". No obstante, de acuerdo a las razones que se han sustentado en párrafos precedentes, en donde se argumentó el por qué se considera que sí existen los actos de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, se arriba a la conclusión de que no se actualiza la causal de improcedencia que invocan, sustentada precisamente en la falta de existencia de acto de aplicación, pues, como se explicó, tales actos ocurrieron, a saber, con el cobro de las cantidades explicadas, en aplicación de los artículos 94-ter a 94 ter 11, 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, así como de pues dichas cantidades comprendieron tanto el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, como el impuesto adicional. Ahora, el Tesorero del Municipio de Cuernavaca aduce que la demanda fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; para reclamar los artículos 94 ter a 94 ter 11, 119 a 124, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; ello, en virtud de que, aduce, la parte quejosa tuvo conocimiento de su aplicación desde el veintiocho de julio de dos mil dieciséis, fecha en que se otorgó el instrumento notarial 293,717 en que se hizo constar el contrato de adquisición de propiedad; por lo tanto, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". Al respecto, debe decirse que los notarios públicos son auxiliares en la recaudación de los tributos y derechos previstos por las leyes del Estado de Morelos, y con motivo de ello se retuvo a la parte quejosa las cantidades correspondientes al pago de diversos derechos e impuestos, generados y que se contienen en el instrumento notarial que se menciona. Luego, como se explicará más detalladamente, en la escritura pública en que consta la adquisición del inmueble el Notario dejó asentados los motivos y fundamentos del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el adicional; siendo esta razón suficiente para considerar que a partir del día siguiente a la retención de aquéllos, la parte peticionaria del amparo tenía la obligación de promover la demanda de amparo. Lo anterior es así, porque en la jurisprudencia 52/2004, novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, correspondiente al mes de mayo de dos mil cuatro, visible en la página 557, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se analizó el caso en que otros auxiliares en la recaudación del impuesto sobre la renta, como son los patrones, realizan la retención de un tributo a los trabajadores, al efectuar el pago de algún concepto que la ley relativa prevé como ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado; en este caso, el Máximo Tribunal de Justicia de la República determinó que cuando éste acontece, debe estimarse como el primer acto de aplicación de la ley tributaria, para efectos del amparo, en perjuicio de quien sufre la retención del impuesto, y es susceptible de generar la improcedencia por consentimiento tácito, si es que no se reclama a través del juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación; además, que esta última cuestión debe acreditarse fehacientemente. Enseguida se cita la jurisprudencia a que se hizo referencia, que es de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Mayo de 2004, Página 557, Tesis 2ª./J.52/2004, Jurisprudencia, Materia Administrativa. En las condiciones apuntadas, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia a que se hace referencia resulta orientadora en el caso que se analiza, ya que, efectivamente, la parte quejosa debió promover la demanda de amparo para reclamar los artículos 94 ter a 94 ter 11, y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, desde el día siguiente a la firma de la escritura, pues la aplicación de las indicadas disposiciones se dio en el momento del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su respectivo impuesto adicional. Tal situación se acredita con la propia observación de la escritura pública 293,717, donde puede leerse que se liquidó el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a razón de una tasa del dos por ciento, sobre el valor de la operación de adquisición del bien inmueble, a razón de $2'050,000.00 (DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo precisamente $41,000.00 (CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más veinticinco por ciento por concepto de impuesto adicional, se obtiene la cantidad de $10,250.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Dichos cobros son acordes al sistema legal del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, e impuesto adicional, previsto en los artículos 94 ter a 94 ter 11, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el seis de noviembre de dos mil trece; y 119 a 125, respectivamente. Como se hizo mención en párrafos anteriores, en la escritura pública donde constan los actos de adquisición de propiedad, el Notario Público asentó los fundamentos y mecanismo del cobro de los impuestos generados, tanto de adquisición de bienes inmuebles como su respectivo adicional, como se aprecia enseguida: ".IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.- DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL ACTO JURIDICO CONTENIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CAUSA IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN SUS ARTÍCULOS NOVENTA Y CUATRO TER AL NOVENTA: Y CUATRO TER ONCE, CIENTO VEINTIDÓS Y CIENTO VEINTITRÉS.- PROCEDIÉNDOSE A REALIZAR LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN: OPERACIÓN.-COMPRAVENTA.- BASE SEGUN ESCRITURA.- $2'050,000.00.- TASA 2%.- $41,000.00.- MAS 25% DE ADICIONALES.- $10,250.00.-IMPUESTO A PAGAR.- $51,250.00.". En las condiciones apuntadas, es innegable que existe el acto de aplicación de las normas impugnadas por la parte quejosa, y que de ello estuvo enterada la parte quejosa, por lo que a partir del día siguiente a la firma de la escritura pública referida, estuvo en posibilidad de reclamar dichas normas generales, a través del presente juicio, máxime que el Notario Público que realizó el entero, se fundó en los artículos 94 ter a 94 ter 11, así como 122 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, y dejó asentado el mecanismo de cobro y la mención de haberles leído a las partes intervinientes el instrumento notarial y de haberles explicado el valor y la fuerza legal y que estuvieron conformes en firmar. En cuanto a este tema, el Más Alto Tribunal de Justicia del país, al resolver la contradicción de tesis 179/2005-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en materia administrativa del primer circuito resolvió acerca de la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, los Notario Públicos tienen la obligación de calcularlo y enterarlo. Que la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario, siempre y cuando sea informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que el quejoso tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley. Por lo que si la aplicación de la ley ocurrió de forma expresa, e informada, como se establece en la tesis jurisprudencial, porque de manera indudable se funda en los preceptos combatidos que se citaron en la escritura y, además, por darse con exactitud los supuestos normativos contenidos en los artículos 94 ter a 94 ter 11, así como 122 y 123, todos de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que, contienen los elementos de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y el adicional, y que debían combatirse a través del juicio de amparo, se arriba a la conclusión que, desde el día siguiente de que ocurrió su aplicación, transcurrió para la parte peticionaria del amparo el plazo para combatir dichas normas. Por tal motivo, debe admitirse que el término para la interposición de la demanda de amparo transcurrió a partir del día siguiente en que aparece que fue sabedora la parte quejosa, de la aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, 122 y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, es decir, a partir del veintinueve de julio de dos mil dieciséis, pues la escritura pública en que la quejosa intervino, aparece suscrita el veintiocho de ese mes y año; siendo este el momento en que parte el plazo y no cuando la quejosa se manifieste sabedora, pues no puede desconocer que intervino en el acto público de la firma de la escritura pública. Entonces, si el plazo legal para la promoción del juicio transcurrió a partir del veintinueve de julio, feneció el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, mediando como días inhábiles los sábados y domingos, que en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo son inhábiles. Por lo tanto, es manifestó que la demanda de garantía no se presentó con oportunidad, pues de acuerdo al sello de la Oficina de Correspondencia Común, este evento ocurrió hasta el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. En tales condiciones, al no combatirse oportunamente los artículos 94 ter a 94 ter 11, y 119 a 123 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo; por lo que debe sobreseerse en el juicio respecto a dichas normas y sus actos de aplicación, con fundamento en el diverso 63, fracción V de dicho ordenamiento. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO PROMOVIDO POR ROSA MARÍA HIDALGO ALTAMIRANO, respecto a la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, 119 a 124, que se reclamaron a las autoridades, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos; así como respecto del cobro de $41,000.00 (CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de derecho de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, y de $10,250.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto adicional, que se reclamaron a las autoridades, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Subsecretario de Ingresos de la citada Secretaría y Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de veintitrés de diciembre del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...ÚNICO. Se sobresee...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de la escritura pública 293,717 (doscientos noventa y tres mil setecientos diecisiete) celebrada por la quejosa, así como de los recibos de pago respectivos, ello en atención al requerimiento que le fuera efectuado el dieciocho de noviembre de este año; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin perjuicio de su relación en audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos en sesión celebrada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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