Rosa María Herrera Vasquez

Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
176/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Herrera Vasquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo X- 176/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, el que actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-176/2022 promovido por contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, se da cuenta con el oficio registrado con el número 9300. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; asimismo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través del cual formula alegatos en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, de lo cual se ordena hacer relación en la etapa correspondiente. Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: ? Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable adjuntaron como sustento diversas documentales. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente realizó lo conducente el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a través de su pedimento 283/2022. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo X-176/2022, promovido por Rosa María Herrera Vásquez, contra un acto omisivo del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el dieciséis de febrero del año en curso, depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día Rosa María Herrera Vásquez, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previo requerimiento, en auto de siete de marzo del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con el número de expediente X-176/2022. En el mismo proveído, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por razón de materia, grado y territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto -omisivo- de una autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en: ? La omisión de atender su solicitud de informarle si el predio denominado "La Palma", ubicado en las siguientes características: al norte con Eneida Arzate Paredes; al sur con predio de 10 metros; al oriente con calle Jerusalén; y, al poniente con Victoria Arellano Rosales, se encuentra dentro de la poligonal de algún núcleo agrario del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, realizada desde el veinticinco de enero de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, no obstante que la autoridad responsable al rendir su informe justificado lo negó. Ello debido a que, al momento de la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de febrero de dos mil veintidós-, la autoridad responsable no había atendido la solicitud formulada por la parte quejosa, sino que es hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en que da respuesta a ésta. Entonces, al momento de la presentación de la demanda sí existía la omisión reclamada a la autoridad responsable. Lo anterior queda corroborado con las constancias remitidas por dicha autoridad, las cuales adquieren pleno valor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo1. Previo al análisis de la causal que se actualiza, se hace alusión a los antecedentes del caso. 1 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. La parte quejosa señala como acto reclamado omisión de atender su solicitud de informarle si el predio denominado "La Palma", ubicado en las siguientes características: al norte con Eneida Arzate Paredes; al sur con predio de 10 metros; al oriente con calle Jerusalén; y, al poniente con Victoria Arellano Rosales, se encuentra dentro de la poligonal de algún núcleo agrario del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, realizada desde el veinticinco de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, violación a su derecho de petición. Por su parte, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, exhibió un escrito de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que se advierte da contestación a la solicitud formulada por la aquí quejosa, en la que refiere: "CONTESTACIÓN A SU SOLICITUD: Una vez revisado el expediente se pudo determinar que su solicitud refiera al trámite regulado por la ficha CONAMER (Comisión Nacional de Mejor Regulatoria), SEDATU-00-001- DEL (elaboración de oficios informativos de ubicación de predios.- Delegaciones), para lo cual es necesario que el promovente cumpla con los requisitos establecidos para tal fin, son los siguientes: 1.- Comprobante de pago de derechos $210.00 de acuerdo al artículo 187 de la Ley Federal de Derechos. 2.- Localización de los vértices del predio con coordenadas o UTM (plano). 3.- Clave Única de Registro de Población (CURP). 4.- Formato FF-RAN-01, publicado en D.O.F., el 15 de febrero de 2017. (.)." Esto es, atendió su petición, aunque para ello le precisó que a efecto de poder entregarle la información solicitada, necesitaba que se cumplieran con los requisitos establecidos para tal fin, los que enlistó. Documental que si bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado la exhibió en copia simple, con posterioridad, previo requerimiento de este Órgano Jurisdiccional, la remitió vía electrónica con la certificación correspondiente, de la que se advierte señaló que tal documento es copia íntegra e inalterada del impreso que obra en resguardo y custodia de esa delegación. Por lo que en ese sentido, de conformidad con los artículos 12, inciso f), del Acuerdo General General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL)2 y al expediente electrónico, al presentarse por vía electrónica y realizarse la protesta de decir verdad respecto de los documentos electrónicos que se acompañaron son copia íntegra e inalterada de los impresos originales, es que produzcan los mismos efectos que los documentos con firma autógrafa. En ese contexto, se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, de tal documento se advierte al calce la 2 Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. (.) f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso; leyenda: "Recibí notificación" y una firma ilegible, al parecer de la quejosa en señal de acuse de recibo. En ese sentido, mediante proveído de uno de junio de este año, se le requirió a la quejosa para que manifestara si efectivamente recibió el citado oficio con el que la autoridad responsable dio contestación a su solicitud, el que le fue notificado el ocho de junio de dos mil veintidós. Esto es, con independencia de que obrara su firma de recepción, en señal de acuse, de la contestación de la autoridad responsable, también lo es que, con la notificación personal que se le practicó en el presente sumario, tuvo pleno conocimiento de la referida contestación; sin embargo, fue omisa en atender dicho requerimiento. De esta manera, con el caudal probatorio que obra en el presente expediente, existe plena convicción de que la autoridad responsable atendió la solicitud de la parte quejosa, lo que en ese momento hizo de su conocimiento. En ese sentido, la omisión reclamada en la presente instancia constitucional da dar respuesta a dicha petición, ha cesado sus efectos. Precisado lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a la conducta omisiva que se atribuye a la responsable. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de 3 Visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época. examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se reitera, tal y como se puso de manifiesto, la autoridad responsable, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, atendió la solicitud formulada por la parte quejosa, en la que precisó los requisitos que ésta tenía que cumplir para poder entregar la información requerida; por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Además, si fuera concedida la protección constitucional instada, sería para efecto de conminar a la autoridad responsable para que diera respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa, extremo que ya se actualizó. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia. "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rosa María Herrera Vásquez, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintidós. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO, REMITE COPIA CERTIFICADA. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de uno de junio de dos mil veintidós y remite copia certificada, misma que con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de uno de junio del año en curso, a fin de que informe a este juzgado si a la fecha la autoridad responsable dio contestación a su solicitud. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, la que tendrá verificativo a las doce horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. AUTORIDAD RESPONSABLE CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, a través del cual pretende dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós y al efecto remite copia simple de la constancia solicitada. No obstante, es necesario requerir nuevamente a la autoridad a fin de que en el plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita tal constancia en copia certificada, al ser necesaria para la resolución del presente asunto. SE REQUIERE PARTE QUEJOSA No obstante, dado que del oficio referido que se anexó en copia simple, se advierte una firma y un nombre que parece ser el de la quejosa, en señal de acuse de recibo; en tal virtud, se requiere a la parte quejosa a fin de que informe a este juzgado si recibió dicho oficio, con el que la autoridad responsable pretende dar contestación a su solicitud y, de ser así, indique la fecha en la que se dio por enterada. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las doce horas con veinte minutos del trece de junio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.

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