Rosa Maria Hernandez Maldonado

Expediente 150/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
150/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/04/2017

Partes del expediente

  • Rosa Maria Hernandez Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    ACEPTAN COMPETENCIA. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada relativa al juicio de amparo promovido por ***. ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Se ordena el ARCHIVO definitivo del presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo; lo anterior, por encontrarse debidamente concluido. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCION DE EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que el presente juicio nos declaramos incompetentes, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta que suscribe la quejosa ********************por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de dos del mes y año en curso, exhibe cinco copias más de su escrito aclaratorio; agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el diverso escrito signado por la quejosa ******************** presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el uno de febrero del presente año, por el que realiza diversas manifestaciones, según apuntó, respecto del requerimiento que le fue formulado para que compareciera ante el personal de este Juzgado de la Federación a ratificar la firma que obra en su demanda de amparo; al respecto, no se hace mayor pronunciamiento sobre el tema en razón de que en el auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, no se requirió a la quejosa para los términos que se menciona. Fijado lo anterior, se desprende del escrito de cuenta que la promovente señala que en su deseo se le tenga señalando como autoridades responsables a la Secretaría de Economía y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señala como acto reclamado a dichas autoridades la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación y su inobservancia; y de igual forma, señala que desconoce quién haya emitido el Acuerdo 98/2016 que refiere fija los precios de la gasolina. En razón de lo anterior, téngase a la quejosa dando cumplimiento a las prevenciones que le fueron formuladas en auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. En ese orden, de la demanda de amparo y anexos que a ella se adjuntaron, como antecedentes de los actos reclamados se desprende, en lo que aquí interesa, que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, el precio de la gasolina tendrá aumento hasta de un 20% en todo el país durante dos mil diecisiete. Con los ajustes, el precio promedio anual nacional del uno al tres de febrero de dos mil diecisiete, será de $15.99 para la gasolina magna. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recuerda que cada una de las noventa regiones en las que fue dividido el país tendrán sus propios niveles; precios máximos para cada región que están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía y además, el año comenzará con un solo precio máximo durante enero, hasta el tres de febrero; en las dos primeras semanas del anotado mes habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del dieciocho de febrero siguiente, los ajustes al precio serán diversos; y de igual forma, los precios máximos serán diferentes entre las distintas regiones del país, atendiendo costos de llevar los combustibles a cada región, los precios de referencia internacional de cada combustible, los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex, entre otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. Así también, asegura la quejosa, la Secretaría de Economía omite y/o inaplica el artículo 28 Constitucional, y tampoco aplica el artículo 8° de la Ley Federal de Competencia Económica, no obstante que está obligada a fijar precios en los productos de consumo. Ahora, el artículo 28 párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la quejosa menciona fueron violentados con la omisión e inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación reclamados en este juicio de amparo a la letra dice: "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses." Por su parte, el Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 dispone lo siguiente: "Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018." En tanto que el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica dispone: "Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que: I. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad; II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional; III. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social; IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros, y V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a dependencias o entidades de la administración pública federal. Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, es menester señalar que las cuestiones de índole competencial son de orden público, por constituir un presupuesto procesal de la acción constitucional. En esa medida, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse, por regla general, no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados, a los preceptos constitucionales invocados, y a los hechos narrados en la demanda de amparo; sino también, a los antecedentes del caso, a las constancias e información aportada en el sumario y preponderantemente, el lugar en que se va llevar a cabo, o tiene su repercusión o ejecución el acto reclamado, lo que fijará de plano la competencia; salvo la hipótesis de especialización por materia, caso en el que, con independencia del lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado o haya prevenido el Juez de Distrito, conocerá del asunto el Juez Especializado en la Materia de que se trate de conformidad con los establecido por el artículo 34 párrafo segundo, parte final, de la Ley de Amparo. Por lo hasta aquí anotado, se considera que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en Celaya, no es legalmente competente para conocer de la demanda promovida, en razón de que la solicitante del amparo reclama actos que se encuentran vinculados con la competencia económica, ya que se reclama la omisión y/o inaplicación del artículo 28 Constitucional de la Secretaría de Economía, así como la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación por su inobservancia, lo que a juicio de la quejosa, trae como consecuencia, lo siguiente: 1. La liberación de los precios de la gasolina al libre mercado. 2. No se encuentran fijados los precios de las gasolinas en todo el país. 3. Al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado de consumo, se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley, dejándola en estado de indefensión. Sobre el tema, es aplicable, por lo que informa, en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época, Registro: 2008591, Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), Página: 1746, "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. (El énfasis es añadido). PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República. Por ello, de acuerdo con el ya mencionado artículo 34 segundo párrafo, parte final, de la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el diverso numeral 48 primer párrafo del citado ordenamiento legal, este Órgano de Control Constitucional estima que corresponde el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, en términos del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región; con fundamento en el artículo 48 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo, sus anexos y sus copias, así como escrito aclaratorio, copias y anexo que este último se adjuntaron, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México, para que de conformidad con el indicado artículo 48 segundo párrafo, primera parte, de la mencionada Ley, se pronuncie y resuelva sobre si acepta o no el conocimiento del asunto y lo informe a este Juzgado de la Federación. Sobre el tema, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, a través de la nota informativa registrada con el número DGCS/NI:14/2017, se informa que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, desechó cincuenta demandas de amparo promovidas en contra del nuevo diseño de la política económica en materia de determinación del precio de las gasolinas, con el argumento esencial de que no corresponde al Poder Judicial de la Federación hacer pronunciamiento al respecto porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es o no correcta la política pública en materia económica implementada por uno de los poderes de la Unión. Fórmese cuaderno de antecedentes.

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