Rosa María Hernández Luna
Expediente 376/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa María Hernández Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 20, fracciones II y III, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y al haberse negado la medida cautelar definitiva. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá destruirse este expediente, así como el cuaderno del incidente de suspensión y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese, Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de noviembre de dos mil veintitrés.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de la autorizada de la parte quejosa mediante el cual realiza diversas manifestaciones a título de alegatos; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda y sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, en virtud que en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte tercera interesada.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido el peritaje de Catarino Veral Vidal, perito oficial en materia de grafoscopía, designado por este Juzgado Federal, con el que se dio vista a las partes; por lo cual se provee: ANALISIS DEL PERITAJE En principio conviene precisar que la prueba pericial o peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos, o simplemente, para su apreciación e interpretación, a través de reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, resulta oportuno precisar que la prueba idónea para determinar si una firma es o no original, es la pericial grafoscópica, ya que, para llegar a una u otra conclusión, no basta una simple comparación por parte del juzgador, de una con la otra, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o su autenticidad a través de dicha prueba que deben desahogarse por quienes cumplen los requisitos para tal efecto. En lo conducente, orienta a lo anterior la jurisprudencia y tesis que son del tenor siguiente: FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. FIRMA. LA PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR SI ES O NO ORIGINAL LA. ES LA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. La prueba idónea para determinar si una firma es o no original, es la pericial grafoscópica, por la razón de que no basta su simple comparación con otra por parte del juzgador, sino que es necesario llevar al cabo la verificación de su falsedad o su autenticidad al través de la prueba de referencia. PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS. En la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba plena satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Esos principios se encuentran previstos en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, en materia civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y estas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos, puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones del dictamen. Así pues, para valorar la prueba pericial, debe atenderse a los principios de sana crítica, lógica y experiencia, contemplados inherentemente en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, que sobre la valoración de tal medio de prueba dispone. En efecto, del contenido del dispositivo legal ya anteriormente transcrito, se advierte que la valoración de dicho medio de convicción está basado en el sistema de libre apreciación, y por tanto, su valor y alcance probatorio debe ser determinado por la prudencia jurisdiccional, observando los principios de sana crítica, lógica y experiencia, sin importar incluso la mayoría de opiniones y aún el método que los peritos hayan utilizado para desarrollar su trabajo, sino que debe valorarla atendiendo a las circunstancias del caso; es decir, debe atender a los hechos probados con el desahogo de la prueba, las presunciones judiciales que de ésta deriven, y de realizar un enlace lógico con las demás constancias de autos, para formarse convicción sobre la controversia planteada. Lo anterior se encuentra orientado por el criterio jurisprudencial que es del tenor siguiente: PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros. SUBSUNCIÓN En ese contexto, conviene destacar que el dictamen pericial que se acuerda en párrafos que antecede fue realizado por persona que cuenta con conocimientos especializados sobre la materia, además que se encuentra adscrito a una institución oficial por lo que debe estimarse y valorarse como prueba pericial. Luego, analizado minuciosamente el peritaje, tenemos que se concretó -a través de los conocimientos especiales con que manifestó contar, y de las técnicas empleadas- que la firma estampada en el escrito de demanda de amparo no fue realizada por Rosa María Hernández Luna. Lo anterior, puesto que al ser cotejada con la firma indubitable plasmada en la respectiva diligencia de ratificación de escrito de la quejosa, arrojó como resultado que no corresponde a su puño y letra. Para rendir su peritación, en principio el perito precisó el planteamiento del problema, precisó los elementos a estudio y el análisis de los elementos a estudio, con base en la firma dubitada plasmada en el escrito inicial de demanda de amparo para lo cual insertó fotografía de la misma- y la indubitada, ejercicios caligráficos y muestras de escrituras realizados por la quejosa, de la cual, se advierte plasmó fotografías de las firmas y acercamientos de las mismas, los ejercicios caligráficos, y realizó acercamientos de diversos tipos y vistas generales. Precisó el análisis de los elementos a estudio, para lo cual realizó un cuadro comparativo de las firmas dubita e indubitable de la quejosa, en el que describió las particularidades de las mismas, de los cuales obtuvo las características de orden general y de orden particular, como se advierte del cuadro siguiente: Asimismo, en la peritación de referencia, el especialista respondió a cada uno de los cuestionamientos materia de análisis, en el sentido de que no corresponden las firmas. Todo lo anterior lo describió e ilustró en las impresiones de las fotografías que recabó para tal efecto plasmando las diferencias que encontró al respecto. Con base en lo anterior es que pudo concluir, esencialmente, en que la firma que calza la demanda que generó el presente juicio de amparo no fue estampada por puño y letra por Rosa María Hernández Luna. SOBRESEIMIENTO En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio, por las consideraciones que enseguida se especifican. En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de amparo, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, así como con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, no sólo en los casos que expresamente señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, sino también en aquellos que así resulte por disposición de la ley. Asimismo, del artículo 107, fracciones I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el juicio de amparo sólo podrá ser promovido por aquel gobernado que resiente un perjuicio respecto a un derecho o interés legítimo individual o colectivo, del que alegue ser titular, como resultado del acto que reclama, el cual considera es violatorio de los derechos reconocidos por dicha norma suprema; lo que en resumen constituye el principio de instancia de parte agraviada. Dicho principio es recogido en la Ley de Amparo, en el citado numeral 6º, párrafo primero, al señalar que podrá interponer el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí o por representante legal. Ahora bien, en el caso particular se obtiene que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la demanda de amparo que generó el presente juicio fue signada supuestamente por Rosa María Hernández Luna. En proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se radicó y se previno a la parte quejosa. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, se recibió el escrito mediante el cual se pretendió dar cumplimiento, lo que se reservó hasta que se recibiera la notificación de la prevención. El cinco de julio de dos mil veintitrés, al recibirse la comunicación oficial verificándose y encontrándose en tiempo, se advirtió que la firma del escrito aclaratorio difería notoria y ostentablemente con la estampada en la demanda, por lo que se requirió a la quejosa a efecto de que compareciera a este juzgado a indicar si la firma contenida en el desahogo de prevención fue puesta de su puño y letra. Lo anterior se llevó a cabo en diligencia de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Posteriormente, en auto de veinticuatro de julio del presente año, se admitió la demanda de amparo y se ordenó dar vista a la Jefatura Delegacional de los Servicios Periciales de esta ciudad para que designara un perito a fin de que realizara el estudio pericial en relación con la firma que calza el escrito inicial de demanda, esto en virtud, de la discrepancia entre la demanda y la diligencia de ratificación de firma de la quejosa. Seguido el trámite correspondiente, en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, Catarino Vera Vidal, perito en materia de caligrafía y grafoscopía aceptó el cargo y el diecisiete de agosto del mismo año, rindió su respectivo dictamen en el que manifestó que la firma no corresponde a quien se atribuyó el carácter de quejosa en el presente juicio. En consecuencia, dado que por los motivos expuestos en el acápite que antecede no puede estimarse que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, haya sido firmada por Rosa María Hernández Luna, quien fue señalada como parte quejosa en el citado escrito, entonces no es factible estimar que dicho escrito contenga la expresión de la voluntad de la parte agraviada por el acto reclamado, a efecto de activar la presente instancia constitucional. Por tanto, no es posible tener por satisfecho el citado requisito de procedencia relativo a que el juicio de amparo sea promovido por la parte directamente agraviada o su legítimo representante, puesto que dicha petición debe ser expresa y manifiesta, sin que se pueda inferir por otros actos o posturas asumidas por la supuesta quejosa, lo que deriva en la actualización de la causal de improcedencia anteriormente señalada. Guarda relación con lo antes señalado, los siguientes criterios que, por analogía de razón comparte el suscrito y que son del contenido siguiente: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR FALTA DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI DEL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS SE LLEGA A LA CONVICCIÓN DE QUE LA QUE CALZA EL ESCRITO DE DEMANDA NO CORRESPONDE A LA DEL PROMOVENTE. Si como resultado del incidente de falsedad de firmas que calzan, tanto el escrito de demanda de amparo como el diverso con que aquélla se acompaña, se llega a la convicción de que tales signaturas no corresponden al promovente del juicio de garantías, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como principio básico para la procedencia del aludido juicio la obligación de seguirse siempre a instancia de parte agraviada; pues en tal virtud, la falta de correspondencia de dichas firmas con la del solicitante del amparo, implica la inexistencia de la voluntad de éste, y como consecuencia la falta de instancia de parte agraviada. DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XVII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal en la forma prevista en la Ley de Amparo; y por oficio a la autoridad responsable. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ******, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria.
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