Rosa María Hernández Garzón
Expediente 1705/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1705/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa María Hernández Garzón
Actuaciones
- Principal
MESA IV A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de doce de noviembre del año en curso (fojas 12 a 15), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ROSA MARÍA HERNÁNDEZ GARZÓN; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV A Vista la demanda de amparo promovida por ROSA MARÍA HERNÁNDEZ GARZÓN, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1705/2015. En principio, es menester anotar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de verificar el escrito de demanda para advertir que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En la especie, de la lectura integral del escrito de demanda, se conoce que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Magistrados Integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada en el toca familiar 555/2014, del índice de la Sala responsable, que confirmó el auto de diecisiete de junio de dos mil catorce, en el cual se desecharon las pruebas documentales supervenientes ofrecidas por la ahora quejosa en el juicio familiar 74/2013, y el cumplimiento que se pretende dar a dicha resolución, respectivamente. Contra esos actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.]. ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ---[.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- [.]. --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno concluyó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esas directrices, este órgano de control constitucional toma en consideración que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada; por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo. En el caso, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada en el toca familiar 555/2014, del índice de la Sala responsable, que confirmó el auto de diecisiete de junio de dos mil catorce, en el cual se desecharon las pruebas documentales supervenientes ofrecidas por la ahora quejosa en el juicio familiar 74/2013, y el cumplimiento que se pretende dar a dicha resolución, respectivamente. Ahora el desechamiento de las pruebas legalmente ofrecidas conforme a la Ley, constituye una violación a las leyes del procedimiento, como está previsto en las fracciones III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, razón por la cual el acto reclamado, en su caso, debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra de la resolución definitiva, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo . De esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con el desechamiento y la inadmisibilidad de las pruebas, son reclamables hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra de la resolución que ponga fin al juicio, si la misma resulta adversa a sus intereses. Así, resulta obvio que los actos reclamados no constituyen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que en determinado caso, podrían traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución en el juicio familiar 74/2013 del índice del Juez responsable; por lo que, si la sentencia es favorable a los intereses de la parte demandante del amparo, la violación desaparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. Por tanto, los actos reclamados no producen una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa, pues no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a Jairo Martínez Orozco, por haber sido facultado en esos términos, aunado a que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que respecto de las restantes personas únicamente se autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así solicitarlo expresamente la quejosa. Notifíquese personalmente.
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