Rosa María Hernández Galván

Expediente 642/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
642/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2017

Partes del expediente

  • Rosa María Hernández Galván

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, informa que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad y otra autoridad, dado que se presentó con posterioridad a la diversa que dio motivo al juicio de amparo 529/2017-IV de la estadística de este Juzgado y, como consecuencia, remite el juicio de amparo 615/2017 de su índice; al respecto, se acuerda: a) En términos del invocado numeral 49 de la ley de la materia, se comparte la determinación adoptada por el homólogo federal, por lo que a este tribunal le corresponde el conocimiento de la diversa demanda de amparo tramitada por la quejosa **********. b) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 642/2017-II; acúsese el recibo de estilo correspondiente. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito afirma que en relación al acto reclamado por la parte quejosa, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o median te la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. A propósito del tema, es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2014, sostuvo: Que el acto decretado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, consistente en la inmovilización de cuentas bancarias, se cataloga como de aquellos de imposible reparación, de acuerdo a la jurisprudencia 2ª./J. 133/2010, de rubro: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO." Que no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 116, 117, 121, 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en los términos y plazos precisados en la ley, mismo que puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo, esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. Que en ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Que al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.", ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por esos medios; conclusión que es aplicable conforme al texto de la Ley de Amparo vigente, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares. Esta serie de consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), de epígrafe y texto: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Bajo dicha guisa, en el caso concreto se tiene que el acto reclamado consiste en la inmovilización de las cuentas bancarias ********** y ********** a nombre de la quejosa, la primera de la institución Banco Nacional de México Sociedad Anónima, Integrante Financiero del Grupo Banamex, y la segunda de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $882,022.76 (ochocientos ochenta y dos mil veintidós pesos 76/100 M.N.), como consecuencia de la orden del requerimiento de pago con apercibimiento de ampliación de embargo, de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitida por el Administrador desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", del Servicio de Administración Tributaria, y ejecutada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por el verificador, notificador y ejecutor adscrito a dicho órgano desconcentrado. Cabe destacar que la quejosa es parte formal en dicho procedimiento administrativo, ya que compareció e interpuso diversos medios de defensa para lograr una resolución favorable a sus intereses, siendo el último de ellos el juicio de amparo indirecto contra la interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de queja por repetición de actos nulos y exceso en el cumplimiento. Entonces, si la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que, el acto consistente en la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad, bien en el recurso de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, y que la suspensión que prevén dichos medios de impugnación no prevén mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; y si el acto reclamado precisamente en la inmovilización de las cuentas bancarias ********** y ********** a nombre de la quejosa, la primera de la institución Banco Nacional de México Sociedad Anónima, Integrante Financiero del Grupo Banamex, y la segunda de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $882,022.76 (ochocientos ochenta y dos mil veintidós pesos 76/100 M.N.), como consecuencia de la orden del requerimiento de pago con apercibimiento de ampliación de embargo, de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitida por el Administrador desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", del Servicio de Administración Tributaria, y ejecutada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete; es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo, la quejosa debió haber interpuesto los medios de impugnación aludidos, ya que los mismos prevén la suspensión del acto, y los requisitos que se exigen no son mayores que los establecidos en la Ley de Amparo. Ahora, no se pierde de vista que el principio de definitividad es una regla general en el juicio de amparo, la cual admite diversas excepciones, tal como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2ª. LVI/2000, visible en la página 156, Novena Época, Segunda Sala, Tomo: XII, Julio de 2009, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; empero, en el caso no se configuran tales excepciones, habida cuenta que de la lectura de la determinación reclamada que obra en este cuaderno de amparo se desprende que la autoridad responsable citó diversos fundamentos, que sin prejuzgar al respecto, se observa que la misma no se encuentra carente de fundamentación y por tanto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, al capitalizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Similar criterio se sostuvo en el diverso juicio 202/2016-I, del índice de este Juzgado Federal. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel de Jesús Barrera Chacón y Ma. Eugenia Chacón Sámano, por contar con cédulas profesionales números 2847185 y 5328965 registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y a las demás personas que indica, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, informa que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad y otra autoridad, dado que se presentó con posterioridad a la diversa que dio motivo al juicio de amparo 529/2017-IV de la estadística de este Juzgado y, como consecuencia, remite el juicio de amparo 615/2017 de su índice; al respecto, se acuerda: a) En términos del invocado numeral 49 de la ley de la materia, se comparte la determinación adoptada por el homólogo federal, por lo que a este tribunal le corresponde el conocimiento de la diversa demanda de amparo tramitada por la quejosa **********. b) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 642/2017-II; acúsese el recibo de estilo correspondiente. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito afirma que en relación al acto reclamado por la parte quejosa, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o median te la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. A propósito del tema, es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2014, sostuvo: Que el acto decretado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, consistente en la inmovilización de cuentas bancarias, se cataloga como de aquellos de imposible reparación, de acuerdo a la jurisprudencia 2ª./J. 133/2010, de rubro: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO." Que no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 116, 117, 121, 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en los términos y plazos precisados en la ley, mismo que puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo, esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. Que en ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Que al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.", ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por esos medios; conclusión que es aplicable conforme al texto de la Ley de Amparo vigente, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares. Esta serie de consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), de epígrafe y texto: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Bajo dicha guisa, en el caso concreto se tiene que el acto reclamado consiste en la inmovilización de las cuentas bancarias ********** y ********** a nombre de la quejosa, la primera de la institución Banco Nacional de México Sociedad Anónima, Integrante Financiero del Grupo Banamex, y la segunda de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $882,022.76 (ochocientos ochenta y dos mil veintidós pesos 76/100 M.N.), como consecuencia de la orden del requerimiento de pago con apercibimiento de ampliación de embargo, de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitida por el Administrador desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", del Servicio de Administración Tributaria, y ejecutada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por el verificador, notificador y ejecutor adscrito a dicho órgano desconcentrado. Cabe destacar que la quejosa es parte formal en dicho procedimiento administrativo, ya que compareció e interpuso diversos medios de defensa para lograr una resolución favorable a sus intereses, siendo el último de ellos el juicio de amparo indirecto contra la interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de queja por repetición de actos nulos y exceso en el cumplimiento. Entonces, si la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que, el acto consistente en la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad, bien en el recurso de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, y que la suspensión que prevén dichos medios de impugnación no prevén mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; y si el acto reclamado precisamente en la inmovilización de las cuentas bancarias ********** y ********** a nombre de la quejosa, la primera de la institución Banco Nacional de México Sociedad Anónima, Integrante Financiero del Grupo Banamex, y la segunda de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $882,022.76 (ochocientos ochenta y dos mil veintidós pesos 76/100 M.N.), como consecuencia de la orden del requerimiento de pago con apercibimiento de ampliación de embargo, de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitida por el Administrador desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", del Servicio de Administración Tributaria, y ejecutada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete; es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo, la quejosa debió haber interpuesto los medios de impugnación aludidos, ya que los mismos prevén la suspensión del acto, y los requisitos que se exigen no son mayores que los establecidos en la Ley de Amparo. Ahora, no se pierde de vista que el principio de definitividad es una regla general en el juicio de amparo, la cual admite diversas excepciones, tal como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2ª. LVI/2000, visible en la página 156, Novena Época, Segunda Sala, Tomo: XII, Julio de 2009, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; empero, en el caso no se configuran tales excepciones, habida cuenta que de la lectura de la determinación reclamada que obra en este cuaderno de amparo se desprende que la autoridad responsable citó diversos fundamentos, que sin prejuzgar al respecto, se observa que la misma no se encuentra carente de fundamentación y por tanto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, al capitalizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Similar criterio se sostuvo en el diverso juicio 202/2016-I, del índice de este Juzgado Federal. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel de Jesús Barrera Chacón y Ma. Eugenia Chacón Sámano, por contar con cédulas profesionales números 2847185 y 5328965 registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y a las demás personas que indica, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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