Rosa María González Escalante

Expediente 1676/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1676/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Rosa María González Escalante
  • Agente del Ministerio Público adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Z Informa cumplimiento. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por ********************, ********************, por medio del cual, remite las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Dese vista. Con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, haciéndole de su conocimiento que puede imponerse de los autos del presente juicio de amparo en las instalaciones que ocupa éste órgano Jurisdiccional. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  2. Principal

    Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio que remite la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Delegación Estatal Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el oficio 14.5.1/4866/2019, mediante el cual informa una diferencia a favor de la parte quejosa que comprende la deducción aplicada vía nómina del mes de enero a abril del año en curso; asimismo, que el cheque a nombre del quejoso se encuentra disponible a partir del diecisiete de septiembre del año en curso, lo cual se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Se recibe testimonio de revisión principal. Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio 848/2019 signado por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la resolución emitida en sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 192/2019; en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia del recurso se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosa María González Escalante, en contra de los actos y autoridades precisados en el primer resultado de esta resolución, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del testimonio de cuenta, se desprende lo siguiente: ".AGRAVIOS FUNDADOS. Por otra parte, el tercer agravio de la autoridad recurrente es fundado, y suficiente para modificar la sentencia que se revisa, en razón de que contrario a lo que determinó la juzgadora de Distrito, el efecto de la concesión del amparo por la inconstitucionalidad de artículo reclamado, no debe comprender la devolución de las cantidades de las pensiones de la quejosa que hayan sido retenidas con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Ello es así debido a que este órgano jurisdiccional hace suyas las consideraciones, de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 416/2018, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que aparece: ".SEXTO. Improcedencia del pago de intereses. Finalmente, la quejosa en los puntos petitorios de su demanda de garantías solicita que se le paguen los intereses generados por concepto de sus pensiones, en términos de los artículos 51 de la Ley del ISSSTE abrogada y 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, interpretados por analogía, toda vez que conforme a estas disposiciones en caso de que el pensionista tuviera que devolver el pago del excedente del tope pensionario, debe pagar los intereses que le fije el Instituto, los cuales no serán mayores del 9% anual. Ahora bien, el pago que la quejosa solicita como efecto de la sentencia protectora es improcedente, primero, porque no existe precepto legal alguno que expresamente le otorgue ese derecho, y si bien el Instituto puede y debe cobrar los rendimientos del pago excedente del tope pensionario, ello acontece porque existe la obligación jurídica de cobrarlos, lo cual no acontece tratándose del caso opuesto en que el pensionado recibió su pensión incompleta; y en segundo lugar, porque es a partir de que presentó la demanda de amparo que dio lugar a que se le desincorporara de la observancia de dicho límite, el momento en que ya puede exigir el pago exclusivamente del faltante de su pensión, ya que el juicio de amparo no es un medio para exigir una condena de intereses." (lo subrayado es propio). De esa parte de la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede advertir que los efectos de la protección constitucional en contra del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujeto al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que ese expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto al hecho de que la quejosa recibió su pensión incompleta con motivo del oficio también reclamado que constituye el acto de aplicación de ese precepto, por lo que tiene derecho a que se le entregue la cantidad retenida, pero solo a partir de que presentó la demanda de amparo que dio lugar a que se le desincorporara de la observancia de dicho límite de diez salarios mínimos, dado que es el momento en que ya puede exigir el pago exclusivamente del faltante de su pensión. Consecuentemente, tiene razón la autoridad responsable recurrente en el tercer agravio, en el sentido de que la sentencia que se revisa es violatoria de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, en cuanto la juez de Distrito dejó sin efectos las retenciones efectuadas sobre la pensión por viudez de la quejosa y ordenó que se reintegre de inmediato todas las no cubiertas, pues únicamente procede tal devolución a partir del cuatro de julio de dos mil dieciocho, cuando se presentó la demanda de amparo. De ahí que deba modificarse la sentencia recurrida solo en cuanto al efecto de la protección constitucional a que se hizo referencia, esto es, para que la autoridad responsable reintegre a la quejosa las cantidades que retuvo de sus pensiones compatibles a partir de la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, al ser parcialmente fundados los agravios propuestos, lo procedente es modificar la sentencia recurrida en que se otorgó el amparo en contra del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujeto al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que ese expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos precisados anteriormente." En esas condiciones, no es dable requerir a la responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo VI, Octubre de 1977, que se localiza en la página 414, que reza: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Se requiere cumplimiento. En consecuencia, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y la medida en que deben actuar, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo y al Subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Jalisco, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro de los tres días siguientes a que les sea notificado el presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria en comento, de la cual se les remite copia simple para mayor ilustración. Apercibimiento. Se les apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cambio de Titular. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  4. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 17,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano