Rosa María González Cruz
Expediente 929/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rosa María González Cruz
- Petróleos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, terminada de engrosar el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Rosa María González Cruz; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Presidente de la Junta 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el expediente laboral 638/2009, de su índice, el cual adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese
- Incidental
mesa 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
mesa 8 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 929/2020-8, promovido por el Rosa María González Cruz contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintitrés de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el veintiséis siguiente, Rosa Maria González Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La resolución interlocutoria de liquidación emitida el dos de septiembre del dos mil diecinueve, en el expediente laboral 638/2009 del índice de la junta responsable." A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte (fojas 96 a 102), se registró la demanda con el expediente 929/2020-8, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se ordenó emplazar a los terceros interesados Petróleos Mexicanos y Pemex exploración y Producción; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por emplazado a los terceros interesados Petróleos Mexicanos y Pemex exploración y Producción, en términos de la constancia de emplazamiento que obra en autos (fojas 107 y 108). Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución interlocutoria emitida por la autoridad responsable el dos de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 638/2009, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por sí y por esa Junta (foja 115), con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado admitió la certeza del acto que se les reclama, lo cual se corrobora, con la documental que adjuntó a su referido informe, misma que obra por cuerda separada, a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: 1. En laudo de veintiocho de septiembre de dos mil doce, la junta especial responsable condenó a la parte demandada Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción al estricto cumplimiento de la cláusula cuarta del Contrato Colectivo Petrolero, a favor de la actora Rosa María González Cruz, debiéndola contratar de forma definitiva en la plaza, categoría y departamento correspondientes; además, condenó a dicha paraestatal al pago de salarios caídos, así como a la nulidad absoluta de la terminación de labores que expidió a la actora mediante Pemex 12, de nueve de marzo de dos mil nueve, a quien además, deberá someter a los exámenes de aptitud y médicos a que se refiere la Cláusula 103 del Contrato Colectivo Petrolero, así mismo al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que fue separada de su trabajo y hasta la fecha en que se de cumplimiento a la presente resolución y que deberá de cuantificarse sobre la base de $85.30 (ochenta y cinco pesos 30/100 moneda nacional). A petición de la parte trabajadora, dicha resolución fue aclarada mediante proveído de cinco de octubre siguiente, únicamente respecto al número de plaza en que sería contratada Rosa María González Cruz (fojas 278 a 289, 295 a 300 del Tomo de pruebas). 2. Mediante escrito de dieciocho de octubre de dos mil trece, el apoderado legal de la actora solicitó la apertura del incidente de liquidación correspondiente; el cual fue acordado de manera favorable en auto de treinta de octubre de dos mil trece, en el que el tribunal burocrático de origen ordenó dar vista al demandado, con la planilla de liquidación de laudo presentada por el apoderado legal de la actora Rosa María González Cruz, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental de liquidación, la cual previos diferimientos se llevó a cabo el veinticuatro de marzo de dos mil catorce (fojas 330, 331, 616 y 617 del juicio laboral). 3. Mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil catorce la Junta responsable dictó auto en que admitió y desechó las pruebas ofrecidas por las partes (Foja 618 del juicio laboral). 4. El dos de junio de dos mil catorce, se dictó la interlocutoria correspondiente, resolviendo sobre las cuantificaciones planteadas en el incidente de liquidación, y ordenó a la demandada Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, en cumplimiento al laudo condenatorio, al pago de la cantidad de $163,520.10 (ciento sesenta y tres mil quinientos veinte pesos 10/100 M.N.), a favor de la actora Rosa María González Cruz (fojas 639 a 642 del juicio laboral). 5. Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, el cual por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado bajo el expediente 1471/2014-II-M, en el cual se dictó la sentencia de treinta de septiembre de dos mi catorce, en la que en su único punto resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el aludido impetrante (Fojas 723 a 727 del Tomo de pruebas). 6. Inconforme con la anterior resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión el cual por razón de turno le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el expediente 252/2014 de su índice, en el cual dictó la resolución de cinco de marzo de dos mil quince, en el que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosa María González Cruz, contra actos de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad de Villahermosa, consistente en la resolución interlocutoria emitida en el incidente de liquidación de laudo de dos de junio de dos mil catorce, en el juicio laboral 0638/2009." (Fojas 701 a 719 del Tomo de pruebas). 7.En diligencia de trece de junio de dos mil diecisiete, la Junta responsable tuvo a la parte quejosa firmando la tarjeta de trabajo 12909088 de siete de abril de dos mil diecisiete, clave de plaza 26426400 70662, clasificación 08.61.67 en la categoría obrero general, la cual exhibió por la empresa demandada en cumplimiento parcial al laudo de veintiocho de septiembre de dos mil doce (Foja 785 del Tomo de pruebas). 8. En proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho se tuvo a la parte quejosa promoviendo ampliación y complemento de incidente de liquidación, por lo cual señaló las doce horas del ocho de marzo de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia incidental correspondiente (Foja 829 del Tomo de pruebas). 9. El doce de marzo de dos mil dieciocho se celebró la audiencia incidental correspondiente (fojas 1070 a 1072) y el dos de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 1089 a 1096), la Junta responsable dictó la resolución incidental en la que resolvió el incidente de liquidación de laudo en términos de las imágenes que a continuación se insertan: la anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados los conceptos de violación que formula la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la ley de la materia, mismos que, por cuestión de técnica, serán analizados de manera conjunta. Ahora bien, la parte quejosa vierte como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan. a) Alega, en esencia, que la autoridad responsable viola el principio legalidad y seguridad jurídica contenido en el artículo 16 Constitucional y 841 de la Ley Federal del Trabajo al realizar una deficiente fijación de la Litis, al emitir la resolución reclamada estableció que la misma versaba respecto al incidente de liquidación peticionado por el apoderado legal del quejoso en escrito signado el diez de enero de dos mil catorce, siendo que esa resolución debió versar sobre lo solicitado en escrito de dos de enero de dos mil dieciocho, el cual obra a fojas 786 al 808 del expediente laboral de origen, siendo que las prestaciones son diversas sobre las que señaló la responsable. b) Alega que le causa agravio la insuficiente valoración de las pruebas ofrecidas de su parte consistente en el convenio administrativo sindical número SRL-10533/2009 de veintitrés de marzo de dos mil nueve, ratificado el diecinueve de junio de dos mil nueve y las inspecciones señaladas en los apartados II y III. c) Alega que el acto reclamado es incongruente y contradictoria respecto del resultando primero con el considerando tercero. Ahora bien, para corroborar la anterior postura -a priori- resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tal disposición constitucional se infiere el derecho de legalidad que obliga a las autoridades -entre otras cosas- a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar; y 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, las autoridades, sea cual fuere su naturaleza, pero principalmente las jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundadas y motivadas; es decir, deben precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, ya que sin la formalidad descrita resultan ilegales. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por su parte, el numeral 842 de la Ley Federal del Trabajo aplicado supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco establece: "ARTICULO 842. Los laudos debe ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." En los preceptos legales transcritos está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia o resolución que emita el Juez o Tribunal en su caso; principio que radica, esencialmente, en que el fallo sea congruente no sólo consigo mismo sino también con la demanda y contestación y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; lo cual implica, por una parte, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro de un procedimiento civil se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, en el recurso y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.1o.A. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 764, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." En el caso, la Junta responsable en el laudo condenatorio determinó: "PRIMERO.- La actora ROSA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ si probó el ejercicio y de sus acciones y prestaciones pretendidas en su demanda inicial y la demandada PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN no acreditó sus excepciones y defensas opuestas. SEGUNDO.- Se condena a la demandada PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN al estricto cumplimiento de la cláusula 4 del Contrato Colectivo Petrolero a favor de la actora del juicio ROSA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ a quien deberá contratar en forma definitiva en la plaza número 26426400 70672 clasificación 08.71.07 en la categoría de OBRERO GENERAL TRABAJO GENERAL DIVERSOS en el departamento de PERFORACIÓN de Cárdenas Tabasco debiéndose expedir oportunamente su tarjeta de trabajo de planta que así lo acredite; y como consecuencia de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados a la actora al haber sido separada de su trabajo se condena a la paraestatal demandada a pagar a la referida actora los salarios dejados de percibir desde la fecha en que fue separada de su trabajo y hasta la fecha en que se de cumplimiento a la presente resolución y que deberá de cuantificarse sobre la base de $85.30 pesos diarios para lo cual se ordena abrir el incidente de liquidación correspondiente; así como a la nulidad absoluta de cualquier documento que perjudique o viole los derechos de al actora como terminación de labores propuestas sindicales, contratación o de cualquier especie que haya realizado la paraestatal con posterioridad a la fecha en que hayan transcurridos los 365 días en que venía ocupando la actora la plaza y categoría antes mencionada condenándose de igual forma a la paraestatal demandada a la nulidad absoluta de la terminación de labores que expidió a la actora mediante Pemex 12 de fecha 9 de marzo del 2009 así como a la nulidad absoluta de la iniciación de labores formulada por Nora Orueta Córdova de fecha 7 de mayo de 2009 que se expidió a favor de la trabajadora transitoria Alejandra López Reyes, autorizándose a la paraestatal demandada a desplazar sin responsabilidad alguna al diverso trabajador MAXIMINO HERNÁNDEZ CRUZ, o a la persona que se encuentre ocupando actualmente la referida plaza. Y a la actora ROSA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ deberá someterla a que pase satisfactoriamente los exámenes de aptitud y médicos a que se refiere la cláusula 103 del Contrato Colectivo Petrolero por los motivos expuestos en el considerando IV de la presente resolución." [.] (Sic.) (Fojas 278 a 289 del Tomo de pruebas). Asimismo, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil doce la junta responsable realizó la aclaración del laudo en los términos siguientes: [.] "SEGUNDO.- Se condena a la demandada PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN al estricto cumplimiento de la cláusula 4 del Contrato Colectivo Petrolero a favor de la actora del juicio ROSA MARÍA HERNÁNDEZ CRUZ a quien deberá contratar en forma definitiva en la plaza número 26426400 70662 clasificación 08.71.07 en la categoría de obrero general trabajo general diversos en el departamento de perforación de Cárdenas Tabasco debiéndole expedir oportunamente su tarjeta de trabajo de planta, y como consecuencia de los daños y perjuicios provocados a la actora al haber sido separada de su trabajo se condena a la paraestatal demandada a pagar a la referida actora los salarios dejados de percibir desde la fecha en que fue separada de su trabajo y hasta la fecha en que se de cumplimiento a la presente resolución y que deberá de cuantificarse sobre la base de $85.30 pesos diarios para lo cual se ordena abrir el incidente de liquidación correspondiente; así como a la nulidad absoluta de cualquier documento que perjudique o viole los derechos de al actora como terminación de labores, propuestas sindicales, contratación o de cualquier especie que haya realizado la paraestatal con posterioridad a la fecha en que hayan transcurridos los 365 días en que venía ocupando la actora la plaza y categoría antes mencionada, condenándose de igual forma a la paraestatal demandada a la nulidad absoluta de la terminación de labores que expidió a la actora mediante la Pemex 12 de fecha 9 de marzo del 2009; así como a la nulidad absoluta de la iniciación de labores formulada por NORA ORUETA CÓRDOVA de fecha 7 de mayo de 2009 que se expidió a favor de la trabajadora transitoria ALEJANDRA LÓPEZ REYES, autorizándose a la paraestatal demandada a desplazar sin responsabilidad alguna al diverso trabajador MAXIMINO HERNÁNDEZ CRUZ, o a la persona que se encuentre ocupando actualmente la referida plaza. Y a la actora ROSA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ deberá someterla a que pase satisfactoriamente los exámenes de aptitud y médicos a que se refiere la cláusula 103 del Contrato Colectivo Petrolero por los motivos expuestos en el considerando IV de la presente resolución." [.] (Sic.) (Fojas 295 a 300 del Tomo de pruebas). De lo anterior, se advierte que en el laudo firme de veintiocho de septiembre de dos mil doce y aclaración del mismo, la junta responsable en esencia condenó Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción al estricto cumplimiento de la cláusula 4 del Contrato Colectivo Petrolero a favor de la hoy quejosa, esto es a contratarla en forma definitiva en la plaza número 26426400 70662 clasificación 08.71.07 en la categoría de obrero general trabajo general diversos en el departamento de perforación de Cárdenas Tabasco; a expedirle su tarjeta de trabajo de planta, así como a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha en que fue separada de su trabajo hasta la fecha en que se dé cumplimiento a dicha resolución, lo cual deberá de cuantificarse sobre la base de $85.30 pesos diarios para lo cual se ordena abrir el incidente de liquidación correspondiente. Asimismo; a la nulidad absoluta de cualquier documento que perjudique o viole los derechos de la quejosa como terminación de labores, propuestas sindicales, contratación o de cualquier especie que haya realizado la paraestatal con posterioridad a la fecha en que hayan transcurridos los trescientos sesenta y cinco días en que la quejosa venía ocupando la plaza y categoría antes mencionada. De igual forma, condenó a la paraestatal demandada a la nulidad absoluta de la terminación de labores que expidió a la actora mediante Pemex 12 de nueve de marzo de dos mil nueve, así como a la nulidad absoluta de la iniciación de labores formulada por Nora Orueta Córdova de siete de mayo de dos mil nueve que expidió a favor de la trabajadora transitoria Alejandra López Reyes, autorizándo a la paraestatal demandada a desplazar sin responsabilidad alguna al diverso trabajador Maximino Hernández Cruz o a la persona que se encuentre ocupando actualmente la referida plaza. Finalmente, la condenó a someter a la quejosa a que pase satisfactoriamente los exámenes de aptitud y médicos a que se refiere la cláusula 103 del Contrato Colectivo Petrolero por los motivos expuestos en el considerando IV de la citada resolución. Inconformes los terceros interesados con el referido laudo y aclaración del mismo, promovieron amparo directo, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, bajo el amparo directo 276/2013 de su índice, quien en resolución de treinta de septiembre de dos mil trece, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, por conducto de sus autorizados Evelia Cabrera Alamilla y otros. Posteriormente, el la resolución incidental de liquidación emitida por la junta responsable el dos de junio de dos mil catorce, ordenó a la demandada Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, en cumplimiento al laudo condenatorio, al pago de la cantidad de $163,520.10 (ciento sesenta y tres mil quinientos veinte pesos 10/100 M.N.), a favor de la actora Rosa María González Cruz (fojas 639 a 642 del Tomo de pruebas). Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, el cual por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado bajo el expediente 1471/2014-II-M, en el cual se dictó la sentencia de treinta de septiembre de dos mi catorce, en la que en su único punto resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el aludido impetrante (Fojas 723 a 727 del Tomo de pruebas). De igual forma, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia de amparo el cual por razón de turno le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el expediente 252/2014 de su índice, en el cual dictó la resolución de cinco de marzo de dos mil quince, en el que confirmó la sentencia recurrida (Fojas 701 a 719 del Tomo de pruebas). Posteriormente, en la resolución incidental de liquidación emitida por la junta responsable dos de septiembre de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado, en la parte conducente del resultando 3, expuso lo siguiente: [.] "Expone además el peticionante mediante escrito que obra a fojas 796 a la 808 que en la especie a la actora se le aplicó un convenio administrativo sindical SRL-10533/2009, de fecha 23 de marzo de 2009, que en sus anexos se establecía los numeros de plazas que se cancelaban y el personal siondicalizado que quedaba en calidad de disponible, que en el presente caso la actora ostentaba la plaza 26426400 70662, la cual aparecía como vacante, ostentanto a su vez el C. MAXIMINO HERNÁNDEZ CRUZ la plaza 70676, pero que no obstante a lo anterior el día 1 de marzo de 2009 el último de los citados fue indebidamente contratado en la plaza de la hoy reclamante y además fue considerado dentro del escalafón respectivo, que con posterioridad dicho trabajador fue promovido de forma temporal y después de forma definitiva en la plaza que correspondía a la C. ROSA MARIA GONZALEZ CRUZ, OBTENIENDO DE TAL FORMA DIVERSOS ASCENSOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS, que por tales razones es que considera que en el presente caso aún no se ha dado cumplimiento total al laudo dictado con fecha 28 de septiembre de 2012, toda vez que a la actora no se le ha considerado dentro del escalafón correspondiente, ni se le han otorgado los ascensos aplicados al C. MAXIMINO HERNÁNDEZ CRUZ, pese de haberse determinado a manera de condena el estricto cumplimiento de la cláusula 4 del CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO." [.] Asimismo, en el considerando III de la citada resolución determinó: [. "III.- En el presente asunto, el punto a dilucidar es determinar si procede la reinstalación del actor en términos reclamados o en su caso dicho acto jurídico ya fue cumplido, lo que se resume a un punto de derecho, en ese sentido, del análisis de las constancias que obran en autos es de apreciarse que si bien es cierto, mediante el laudo emitido con fecha 28 de septiembre de 2012, se determinó condena a favor de la accionante ROSA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ en relación ". al estricto cumplimiento de la cláusula 4 del Contrato Colectivo Petrolero a favor de la actora del juicio ROSA MARÍA GONZÀLEZ CRUZ a quien deberá contratar en forma definitiva en la plaza número 26426400 70662 clasificación 08.71.07 en la categoría de OBRERO GENERAL TRABAJO GENERAL DIVERSOS en el departamento de PERFORACIÓN de Cárdenas Tabasco debiéndole expedir oportunamente su tarjeta de trabajo de planta que así lo acredite; y como consecuencia de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados a la actora al haber sido separada de su trabajo se condena a la paraestatal demandada a pagar a la referida actora los salarios dejados de percibir desde la fecha en que fue separada de su trabajo y hasta la fecha en que se de cumplimiento a la presente resolución y que deberá de cuantificarse sobre la base de $85.30 pesos diarios para lo cual se ordena abrir el incidente de liquidación correspondiente."; al respecto es de decirse, que la patronal demanda exhibe el contenido de la cláusula 4 correspondiente al bienio 2008 establece lo siguiente: CLÁUSULA 4. Los puestos de nueva creación definitivos, y las vacantes definitivas siempre que no se deban a reajuste de personal, el patrón las cubrirá en los términos de esta cláusula, por conducto del sindicato, a través de las secciones o delegaciones respectivas. Cuando la cobertura de estas vacantes origine movimiento escalafonario, éste deberá efectuarse en los términos del Reglamento de Escalafones y Ascensos. Una vez corrido el escalafón y como regla general, el patrón se obliga a cubrir el último puesto, a propuesta sindical y en los términos de este contrato. Los representantes del patrón en cada lugar de trabajo, solicitarán por escrito al sindicato el personal necesario y dicha organización sindical quedará obligada a proporcionarlo en el lugar que se indique dentro de las 72- setenta y dos- horas, contadas desde el día siguiente al de la notificación oficial hecha al representante del sindicato. Si el sindicato no proporciona el personal requerido en el lugar de que se trate, en el plazo de 72- setenta y dos horas antes citado, el patrón podrá cubrir provisionalmente las vacantes hasta por 365 -trescientos sesenta y cinco días. Si transcurrido el año a partir de la designación provisional, el sindicato no formula al patrón la propuesta definitiva para la plaza de que se trate y dicha plaza no está sujeta a juicio, el trabajador nombrado provisionalmente por el patrón se considerará de planta. Al existir propuesta sindical dentro del lapso referido en los párrafos anteriores y el candidato es aceptado en los términos de la Cláusula 6 contractual, y de esta misma, según sea el caso, los trabajadores que cubran estos puestos interinamente tendrán la obligación de regresar a los puestos de origen, o de quedar fuera del servicio si se trata de trabajadores transitorios. Cuando se trate de cubrir puestos que conforme a su categoría queden intercalados en el escalafón que corresponda, éstos serán cubiertos por los trabajadores que reúnan los requisitos mencionados en la Cláusula 6 de este contrato, aplicando los mecanismos de selección que se establecen en el Reglamento de Escalafones y Ascensos. Los candidatos de nuevo ingreso que presente el sindicato deberán cumplir a satisfacción de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios según se trate, con los siguientes requisitos: a) Ser mexicano. b) Tener como mínimo 16 años de edad, salvo que en el puesto que trate de cubrirse se desarrollen actividades de turno o de operador de equipo; en este evento deberá acreditar como mínimo 18 años de edad. c) Presentar certificado de instrucción secundaria y, para actividades calificadas o de requerimiento profesional, deberá acreditar el haber cursado y terminado los estudios que exige el perfil del puesto. d) Aprobar satisfactoriamente los exámenes médicos y de aptitud que se le practiquen. En este sentido al quedar evidenciado que uno de los derechos adquiridos por la actora mediante la condena emitida en el laudo de fecha 28 de septiembre de 2012, fue el otorgarle o aplicarle a la accionante el estricto cumplimiento de la cláusula 4 del Contrato Colectivo Petrolero, en el cual se encuentra consagrado el derecho al pertenencia del escalafón, por lo que en ese sentido al dejar evidenciada la parte incidentista el hecho de que el C. MAXIMINO HERNÁNDEZ CRUZ, ocupo con posterioridad a la fecha en que el actor fue separado la plaza que venía ostentando la C. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ, y que ulteriormente le fueron otorgados movimientos escalafonarios, resulta evidente que al ser titular de dicha plaza la accionante, quien demostró haber sido relegada de tales derechos y haber obtenido a su favor sentencia condenatoria de ser restituida de los mismos, en consecuencia esta Junta estima que tal y como lo reclama, deben otorgarse a su favor los beneficios generados durante el tiempo en que estuvo separada por causa imputables a la demandada, máxime que tal y como se dijo, mediante el juicio ordinario quedó evidenciado que con posterioridad a ser separada la trabajadora del presente asunto, el C. HERNÁNDEZ CRUZ ostentó dicha plaza y además con posterioridad a tal hecho obtuvo ascensos temporales y definitivos. Ahora bien, por lo que respecta a la rectificación de los salarios que pretende, en virtud de tratarse de una acción no ejercida en el juicio ordinario y además haber quedado firme la resolución incidental mediante el juicio de amparo indirecto 1471/2014 y además confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo mediante el Amparo en revisión 252/2014, esta Junta declara improcedente la plantilla de liquidación propuesta por la parte incidentista al quedar determinado mediante el Incidente de Liquidación de fecha 02 de junio de 2014, que el pago de los salarios dejados de percibir, era sobre la base del salario tabulado de 85.30 pesos diarios, que contados a partir del 9 de marzo de 2009 a la fecha de la emisión de la citada resolución resultaban 1,917 días que multiplicados por el referido salario ascendía a un monto de $163,520.1, sin embargo no hay que soslayar que de las constancias actuariales que obran en los autos a fojas 653 y 654, fueron nulificadas al establecerse que la parte demandada que pretendía reinstalar a la C. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ, condicionaba tal acto a no incluir a la trabajadora al escalafón al no haberse especificado en el laudo materia de dicha condena; aunado a lo anterior, al diligenciarse dicho acto la patronal demandada exhibió tarjeta de trabajo a favor de la actora con fecha de contratación del 26 de noviembre de 2014, tal como consta a foja 678 de autos, no obstante que el laudo que se cumplimiento claramente estableció la procedencia de la acción ejercida por el actor, declarándose la nulidad absoluta de la terminación de labores que expidió de fecha 09 de marzo de 2009, siendo hasta la comparecencia de fecha 13 de julio de 2017, en que se exhibe la tarjeta de trabajo considerando con fecha de contratación de la actora el 25 de marzo de 2009 (f. 784 y 785), por lo que al haberse determinado en el laudo que se cumplimenta la procedencia del pago de salarios dejados de percibir desde la fecha en que el actor fue separada y hasta la fecha que se dé cumplimiento presente resolución y que deberá cuantificarse sobre la base del salario tabulado de $85.30 pesos diarios, al ser la mencionada comparecencia de fecha 13 de junio de 2017 en que la parte Incidentada reinstala de forma correcta a la incidentista, es hasta la citada fecha en que se procede a la cuantificación de los salarios caídos, en tales circunstancias si al 02 de junio de 2014, se determinó el pago de los salarios dejados de percibir por un total de 1,917 días que multiplicados por el referido salario ascendió a un monto de $163,520.1, y que actualizados a la fecha en que la parte Incidentada exhibe de forma correcta la tarjeta de trabajo de la actora, resultan 1106 computados del 02 de junio de 2014 fecha de la emisión de la resolución incidental al 13 de junio de 2017 en que la parte Incidentada da cabal cumplimiento al laudo multicitado, y que multiplicado por el salario determinado de $85.30 da un resultado de $94,341.8 y que sumada a la cantidad de $163,520.1, dan un resultado de $257,861.1 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 10/100), salvo error u omisión de carácter aritmético, que deberá de liquidar PETRÓLEOS MEXICANOS a la actora ROSA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ, previo descuento que se realice del Impuesto sobre el producto del trabajo correspondiente y sin perjuicio de las mejoras salariales y contractuales que se hayan suscitado." [.] Ahora bien, se destaca que en la resolución reclamada, la junta responsable al realizar la cuantificación correspondiente a la cantidad líquida correspondiente al pago de salarios dejados de percibir era sobre la base del salario tabulado de $85.30 (ochenta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) diarios, contados hasta el trece de junio de dos mil catorce en que la demandada reinstaló correctamente a la ahora quejosa; además de tomar en consideración que en resolución de dos de junio de dos mi catorce, se determinó el pago de los salarios dejados de percibir por un total de mil novecientos diecisiete días (1917), multiplicados por el referido salario resultó la cantidad de $163,520.1 (ciento sesenta y tres mil quinientos veinte pesos 19/100 moneda nacional), la cual actualizada del dos de junio de dos mil catorce al trece de junio de dos mil diecisiete, resultan mil ciento seis días (1106), multiplicados por el salario de $85.30 (ochenta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) diarios, resulta $94,341.8 (noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y un pesos 80/100 moneda nacional), la cual sumada a la cantidad de $163,520.1(ciento sesenta y tres mil quinientos veinte pesos 19/100 moneda nacional), da un resultado total de $257,861.1 (doscientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y un pesos 10/100 moneda nacional) salvo error u omisión de carácter aritmético, que deberá liquidar Petróleos Mexicanos a la quejosa Rosa María González Cruz, a que fue condenada la demandada Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción. Por tanto, en la resolución reclamada, se precisa lo siguiente: a). Que la quejosa fue reinstalada el trece de junio de dos mil diecisiete, en que la demandada exhibió la tarjeta de trabajo en su favor. b). Que respecto a la rectificación de salarios pretendidos por la actora al tratarse de acciones no ejercidas en el juicio ordinario debía prevalecer lo determinado en la resolución incidental de liquidacion de dos de junio de dos mil catorce, en el cual se estableció que el salario base sobre el cual se realizaría la cuantificacion de los salarios dejados de percibir sería el salario diario establecido en el laudo definitivo, correspondiente a la cantidad de $85.30 (ochenta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) diarios, el cual quedó firme mediante la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo indirecto 1471/2014 del índice de este juzgado, confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimo Circuito en el amparo en revisión 252/2014 de su índice. c). Para realizar el cálculo respectivo, se toma como base el salario diario establecido en el laudo definitivo, correspondiente a la cantidad de $85.30 (ochenta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) diarios para determinar los salarios dejados de percibir contados a partir del nueve de marzo de dos mil nueve al trece de junio de dos mil diecisiete, en que la demandada exhibió la tarjeta de trabajo a favor de la actora; d). De igual forma, debia considerarse que en la resolución incidental de liquidacion de dos de junio de dos mil catorce, se determinó el pago de los salarios dejados de percibir por un total de mil novecientos diecisiete días (1917), multiplicados por $85.30 (ochenta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) resultó la cantidad de $163,520.1 (ciento sesenta y tres mil quinientos veinte pesos 19/100 moneda nacional). e) Que en la resolución reclamada procedía la actualización del periodo comprendido del dos de junio de dos mil catorce al trece de junio de dos mil diecisiete, resultando mil ciento seis días (1106), multiplicados por el salario de $85.30 (ochenta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) diarios, resulta $94,341.8 (noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y un pesos 80/100 moneda nacional), la cual sumada a la cantidad de $163,520.1(ciento sesenta y tres mil quinientos veinte pesos 19/100 moneda nacional), resulta el total de $257,861.1 (doscientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y un pesos 10/100 moneda nacional) salvo error u omisión de carácter aritmético. En este orden de ideas, resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en razón que del análisis del contenido del laudo condenatorio se advierte que la junta responsable condenó a Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción al estricto cumplimiento de la cláusula 4 del Contrato Colectivo Petrolero a favor de la hoy quejosa, esto es a contratarla en forma definitiva en la plaza número 26426400 70662 clasificación 08.71.07 en la categoría de obrero general trabajo general diversos en el departamento de perforación de Cárdenas Tabasco; a expedirle su tarjeta de trabajo de planta, así como a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha en que fue separada de su trabajo hasta la fecha en que se dé cumplimiento a dicha resolución, lo cual debía de cuantificarse sobre la base de $85.30 pesos diarios para lo cual se ordena abrir el incidente de liquidación correspondiente. Por lo que en la interlocutoria reclamada se advierte que se resolvió respecto a la reinstalación de la actora y a la cuantificación de los salarios dejados de percibir por la actora a partir del nueve de marzo de dos mil nueve en que fue despedida al trece de junio de dos mil diecisiete en que la demandada exhibió la tarjeta de trabajo a favor de la hoy quejosa tomando como base el salario diario estableciod en el laudo condenatorio. Es así, que del análisis comparativo de las consideraciones que rigen el sentido del acto reclamado, se observa que en la resolución sujeta a estudio se respetó el principio de congruencia que contempla el artículo 842 de la Ley Federal de Trabajo, pues se resolvió con base en lo solicitado en autos. De igual forma, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la junta responsable citó los preceptos que estimó aplicables; además, de que expuso los razonamientos adecuados para determinar las cantidades líquidas que corresponde a cada una de las prestaciones a las que fue condenada la parte demandada en el laudo condenatorio a las cuales se sujetó la junta responsable al emitir la resolución reclamada, la cual además, es clara y está fundada, por lo que se insiste son infundadas las manifestaciones referentes a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Además de lo anterior, se advierte que en el presente juicio de amparo no se formularon los razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a realizar las cuantificaciones en la forma en que lo hizo, tampoco expuso cuáles eran las cantidades que la autoridad debió tomar como base para realizar las cuantificaciones correspondientes, ni la cantidad líquida que resultaba de la cuantificación la prestacion a la que fue condenada en el laudo emitido en contra de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, entre otras consideraciones, necesarias para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud de realizar el análisis correspondiente; por lo que al no haber hecho lo anterior, deben subsistir las consideraciones de la sentencia reclamada. Por otra parte, son infundados los agravio contenidos en los incisos a) y c), ya que la junta responsable en la parte conducente del resultando 3, transcrito con anterioridad, hizo referencia a lo planteado por la quejosa en su escrito que obra en autos del juicio de origen a fojas 786 a 808, el cual de la revisión del juicio de origen se advierte que se trata del escrito de ampliación y complementación del incidente de liquidación signado el dos de enero de dos mil dieciocho por el licenciado Santos Juan Olivo Hernandez, apoderado legal de la quejosa, recepcionado por la junta responsable el once del mismo mes y año; el cual fue atendido en la resolución reclamada, por los que no existe la incongruencia ni la deficiente fijación de la Litis del que se duele. De igual forma, es infundado el motivo de disenso de la parte quejosa marcado con el inciso b), en razón de que la junta responsable sí valoró las pruebas ofrecidas de su parte consistente en el convenio administrativo sindical número SRL-10533/2009 de veintitrés de marzo de dos mil nueve, ratificado el diecinueve de junio de dos mil nueve y las inspecciones señaladas en los apartados II y III. Sin embargo, el hecho de no tomarlas en consideración no implica la insuficiente valoración de las mismas, ya que la junta responsable en el considerando tercero de la resolución reclamada determinó se trataba de una acción no ejercida en el juicio ordinario por lo que debía prevalecer lo determinado en la resolución incidental de liquidación de dos de junio de dos mil catorce, en el cual se estableció que el salario base sobre el cual se realizaría la cuantificación de los salarios dejados de percibir sería el salario diario establecido en el laudo definitivo, correspondiente a la cantidad de $85.30 (ochenta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) diarios, el cual quedó firme mediante la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo indirecto 1471/2014 del índice de este juzgado, confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimo Circuito en el amparo en revisión 252/2014 de su índice; por tanto, no era necesario que la junta responsable tomara en consideración las pruebas ofrecidas por la quejosa en razón de que el salario base sobre el cual debía hacerse la cuantificación de los salarios caídos quedó establecido en el laudo definitivo, por lo que el referido motivo de discenso es infundado. Así las cosas, en la resolución impugnada no se transgredieron en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales y garantías previstas por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Al haber resultado infundados los conceptos de violación, sin que exista motivo para suplir la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN al Rosa María González Cruz, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el autorizado de la parte quejosa, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 65, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Rosa María González Cruz, en contra del acto reclamado a la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; súmese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Santos Juan Olivo Hernández, autorizado en términos amplios de la quejosa ROSA MARIA GONZÁLEZ CRUZ, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto; sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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