Rosa María García Contreras
Expediente 700/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/08/2018
Partes del expediente
- Rosa María García Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; sin embargo, agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos sin mayor acuerdo, en atención al estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, del que se advierte que mediante proveído de ocho de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia concesoria de amparo y se ordenó el archivo el definitivo del presente expediente por estar totalmente concluido (fojas 115 a 118).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 107 a 109), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (foja 110), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera; asimismo se le requirió para que compareciera ante la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo, asimismo, informar a este juzgado federal si le fue entregado el citado título nominativo y se le apercibió que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 61 a 84), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder a la quejosa Rosa María García Contreras, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los artículos 23, fracción XV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio que prevén, respectivamente, el referendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, realizado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estimulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.." Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 102 a 103), por lo que se requirió al Recaudador de rentas y Secretario, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del presente año (fojas 107 a 109), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia con firma original, en el cual se le hace la notificación a la parte quejosa en la que se le informa que se encuentra a su entera disposición cheque expedido por la institución bancaria Santander Sociedad Anónima, correspondiente al pago de la actualización (foja 108), en la cual se advierte que el 0000542 expedido el veintiocho junio del año en curso por la cantidad de $9, 042.48 (nueve mil cuarenta y dos pesos 48/100 moneda nacional), que corresponde al monto erogado por el quejoso con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio, el cual se dejó a su disposición. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 11 y 13) y que el veintiocho de junio del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable expidiendo el cheque por el monto de dicho recibo (foja 109), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo de dos mil dieciocho al mes de febrero del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo del año en que se actúa entre el índice para el mes de febrero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773 y para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: .99499; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9, 042.48 (nueve mil cuarenta y dos pesos 48/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte se SOBRESEYÓ y por otra CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 107 a 109), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (foja 110), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera; asimismo se le requirió para que compareciera ante la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo, asimismo, informar a este juzgado federal si le fue entregado el citado título nominativo y se le apercibió que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 61 a 84), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder a la quejosa Rosa María García Contreras, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los artículos 23, fracción XV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio que prevén, respectivamente, el referendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, realizado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estimulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.." Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 102 a 103), por lo que se requirió al Recaudador de rentas y Secretario, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del presente año (fojas 107 a 109), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia con firma original, en el cual se le hace la notificación a la parte quejosa en la que se le informa que se encuentra a su entera disposición cheque expedido por la institución bancaria Santander Sociedad Anónima, correspondiente al pago de la actualización (foja 108), en la cual se advierte que el 0000542 expedido el veintiocho junio del año en curso por la cantidad de $9, 042.48 (nueve mil cuarenta y dos pesos 48/100 moneda nacional), que corresponde al monto erogado por el quejoso con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio, el cual se dejó a su disposición. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 11 y 13) y que el veintiocho de junio del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable expidiendo el cheque por el monto de dicho recibo (foja 109), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo de dos mil dieciocho al mes de febrero del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo del año en que se actúa entre el índice para el mes de febrero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773 y para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: .99499; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9, 042.48 (nueve mil cuarenta y dos pesos 48/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte se SOBRESEYÓ y por otra CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario, Tesorero Municipal y Jefatura de Catastro, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual por las razones que expone, solicita se de vista a la parte quejosa respecto al convenio que propone para efectos de dar cumplimiento al fallo protector concedido; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Asimismo, hágase del conocimiento de las oficiantes que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, deberán restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a) Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b) Poner a su disposición el numerario a entregar y c) Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de su notificación, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria; lo que deberán anexar las constancias que así lo justifiquen. En la inteligencia que continúa subsistente el apercibimiento decretado en auto de doce de junio del año en curso (fojas 781 y 782 del tomo II).
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Rosa María de Lourdes Flores Urrea1241/2017
- Rosa María de Niz Chavira446/2018
- Rosa María de Niz Chavira834/2019
- Rosa María de Niz Chavira1809/2018
- Rosa María de Niz Chavira1786/2018
- Rosa María del Pilar Camacho Vázquez1882/2023
- Rosa María García Contreras716/2019
- Rosa María García Torres714/2023
- Rosa María González Rivera26/2023
- Rosa María Hernández Delgado2832/2023
- Rosa María López Regalado1858/2017
- Rosa María López Romero2204/2017