Rosa María García
Expediente 937/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Rosa María García
Actuaciones
- Principal
Visto el informe sobre la suspensión de plano rendido por el el Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social (correcta denominación) y Coordinador General de Centros Federales; agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento toda vez que en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa misma que causó estado el quince de diciembre siguiente. Cúmplase.... 937/2020-II.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. -Archivo- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. -Destino del expediente- Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte se tuvo por presentada la demanda de amparo. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. Una vez completado el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente, e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. -Inexistencia de documentos originales- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -Inexistencia de documentos de información reservada- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por medio de lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 25/2020. (II)
- Principal
Vistas las razones levantadas por el Actuario Judicial adscrito, de las cuales se desprende que al constituirse en los Centros de Reinserción Social para Mujeres "Aguascalientes" y de "Varones", respectivamente, fue informado por los comandantes de turno que Rosa María García no está recluida en dichos centros, lo que corroboró con las bitácoras que le mostraron. En virtud de lo anterior, se provee lo siguiente: Por auto de diecinueve de noviembre del año en curso, se previno a la parte quejosa para que manifestara el nombre correcto de la parte quejosa, esto obedeció a que en la demanda de amparo se advirtió lo siguiente: ".No obstante lo anterior, es necesario realizar un requerimiento a Rosa María García, para que precise el nombre de la parte quejosa, toda vez que en el proemio de la demanda se asentó "El que suscribe___________________, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, promoviendo por mi propio derecho y estando actualmente privado de mi libertad en el Cereso para Varones de Aguascalientes..."; sin embargo, está firmada por Rosa María García, sin que de su contenido se aprecie que ésta lo promueve a favor de alguna persona, pues no se asentó ningún nombre masculino, como tampoco se hace referencia a que la promovente del amparo esté interna en el Centro de Reinserción para Mujeres Aguascalientes." En ese contexto, y dado que de las razones actuariales se aprecia que Rosa María García no está recluida en los Centros de Reinserción Social para Mujeres "Aguascalientes" ni de "Varones", aunado que de los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades designadas como responsables, encargada del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario Estatal para Mujeres, Director del Centro de Reinserción Social para Varones, Director General de Reinserción Social del Estado, por conducto de la Coordinación Jurídica, Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tampoco se aprecia que dicha persona esté registrada en sus bases de datos como cautiva. De lo anterior es válido concluir que no existe instancia de parte agraviada en este juicio, dado que en el proemio de la demanda se omitió citar el nombre de la parte quejosa, y si bien está firmada por aludida persona, los datos recabados no revelan que Rosa María García sea la quejosa, pues como se asentó en precedentes, no está recluida en los Centros de Reinserción Social para Mujeres "Aguascalientes" ni de "Varones". En consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, y quedan sin efectos las providencias dictadas en este juicio. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, .... 937/2020-II.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..........., contra actos del Director del Cereso Estatal para Varones del Estado de Aguascalientes y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 937/2020-II. La promovente del amparo señala como acto reclamado la orden de traslado emitida por autoridades administrativas sin intervención judicial; en consecuencia, procede decretar la suspensión de plano por disposición legal y jurisprudencial en los siguientes términos: En términos del numeral 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, en los siguientes términos: Respecto de la orden de traslado reclamada a las autoridades responsables administrativas señaladas en la demanda que se provee, si la misma ha sido ordenada por dichas autoridades sin la intervención del órgano jurisdiccional, para los siguientes efectos: La parte quejosa no sea trasladada del Centro de Reinserción Social para Varones "Aguascalientes" en el Estado de Aguascalientes, o en su caso del Centro de Reinserción Social para Mujeres, a diverso centro de reclusión; siempre y cuando dicho acto no se haya ejecutado. Se precisa que la citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, queda restringida en cuanto a su concesión, si dicha orden fue decretada por alguna autoridad judicial y se encuentre relacionada con el delito de delincuencia organizada o la parte quejosa requiera medidas especiales de seguridad. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, Registro: 2013066, Instancia: Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 865, con rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Lo anterior se provee así, porque si bien quien firma la demanda es Rosa María García, del contenido de ésta se alude a un sujeto masculino recluido en el Centro de Reinserción Social para Varones "Aguascalientes, a fin de garantizar efectivamente el derecho de tutela judicial efectiva que le asiste a la promovente de la demanda, por encontrarse eventualmente inmersa en un grupo vulnerable y comparecer al juicio de amparo sin representación de abogado autorizado. Las autoridades responsables, deberán informar de inmediato en lo individual la observancia que den al presente mandato; apercibidas que de no dar cumplimiento se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veinte, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $...........(................. moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $................(..................moneda nacional). Con independencia de lo anterior, hágase saber a las citadas responsables que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que quedará vinculada al cumplimiento de esta suspensión de plano la Directora del Centro de Reinserción para Mujeres Aguascalientes, sin perjuicio de que con posterioridad sea señalada como autoridad responsable en este juicio. No obstante lo anterior, es necesario realizar un requerimiento a Rosa María García, para que precise el nombre de la parte quejosa, toda vez que en el proemio de la demanda se asentó " El que suscribe___________________, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, promoviendo por mi propio derecho y estando actualmente privado de mi libertad en el Cereso para Varones de Aguascalientes.."; sin embargo, está firmada por Rosa María García, sin que de su contenido se aprecie que ésta lo promueve a favor de alguna persona, pues no se asentó ningún nombre masculino, como tampoco se hace referencia a que la promovente del amparo esté interna en el Centro de Reinserción para Mujeres Aguascalientes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o su caso dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo: Manifieste en el nombre correcto de la parte quejosa. Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Directora del Centro de Reinserción Social para Mujeres Aguascalientes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se admitirá por Rosa María García y por las autoridades responsables mencionadas en la demanda. Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. Toda vez que la parte quejosa no indica si cuenta o no con defensor oficial o particular que lo asesore, se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído precise si cuenta con defensor, y de ser el caso, refiera el nombre de la persona que lo asista en la causa por la que se encuentra privada de su libertad y si se trata de defensor particular o de oficio; así como si es su deseo que dicho profesionista lo patrocine en este juicio de amparo y en este último caso, proporcione su domicilio; o bien, manifieste el impedimento que tenga para aportar dicha información. Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y por oficio a las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo y la autoridad vinculada Director del Centro de Reinserción Social para Mujeres Aguascalientes. 937/2020-II.
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