Rosa María Galaz Avalos

Expediente 311/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
311/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Galaz Avalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DIVERSA DETERMINACION DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CUYO CONTENIDO EN LA PARTE QUE INTERESA ESTABLECE LO SIGUIENTE:" Ciudad de México; nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Recepción del testimonio. Téngase por recibido el oficio registrado con el número 12190, remitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual, devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, copia del testimonio de la resolución dictada en sesión de diez de junio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 190/2018 de su índice, amparo en revisión 452/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, en el que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México." Por tanto, acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito y se toma conocimiento de la resolución en comento para los efectos legales conducentes. Del mismo modo, glósese al presente juicio de amparo el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, no se adjunta copia de la referida resolución; sin embargo, la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ De igual forma, remítase al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, los autos originales del amparo en revisión 452/2017. Ahora, el tribunal colegiado oficiante ordenó reponer el procedimiento para los efectos siguientes: "Con libertad de jurisdicción, el juzgador de amparo: emitirá una sentencia particular al asunto, conforme a los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, donde se ocupará de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que solicitaron el amparo; fijará de forma clara y precisa el acto reclamado; analizará sistemáticamente todos los conceptos de violación; valorará las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; emitirá las consideraciones y citará los fundamentos legales en que se apoye la decisión; así como los efectos o medidas en que se traduzca una eventual concesión del amparo; además de precisar de forma clara y precisa los puntos resolutivos, con base en lo reclamado en la demanda y su ampliación, y atendiendo a la singularidad del juicio de amparo indirecto que nos ocupa. En el entendido de que la reposición del procedimiento debe ordenarse sólo respecto del dictado de la sentencia, pues aun cuando la audiencia constitucional es un solo acto procesal, para fines prácticos ésta se divide en tres etapas, por lo que basta reponer aquella en la que se presentó la violación." En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado por el referido órgano colegiado, se deja insubsistente la sentencia emitida en el "cuaderno de varios 2/2016 relativo a los juicios de amparo atinentes a la temática de contabilidad electrónica" de siete de noviembre de dos mil dieciséis; y se ordena turnar el presente asunto a proyecto de resolución. En términos de los artículos 26, 28 y 30 de la Ley de Amparo, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio impreso a todas las autoridades y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán (no es obligatorio) transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan el siguiente correo institucional: adrian.aguilar.solis@correo.cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ".- NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 311/2021, promovido por Rosa María Galaz Ávalos, por derecho propio, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mérida, Yucatán, Rosa María Galaz Ávalos, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Remisión de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Planteamiento de incompetencia y envío. La demanda fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, donde fue radicada con el número de expediente 1071/2021 y por auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, el titular del juzgado declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, que por turno correspondiera y remitió los autos por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. TERCERO. Turno y radicación en este Juzgado de Distrito. Determinación inicial. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se radicó la demanda y se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número de expediente 311/2021; en el mismo auto, se previno la demanda y posteriormente, en diverso auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno se admitió la demanda, se ordenó notificar a las partes, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular) y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 4/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Así como la Circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativa al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis, en la demanda de amparo del juicio en que se actúa, son los siguientes:  El Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. El refrendo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Es aplicable a la precisión de actos antes realizada, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, que se hicieron consistir respectivamente en el refrendo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la aplicación del Decreto impugnado, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Además, dicha negativa no fue desvirtuada por la solicitante del amparo, con alguna prueba que desahogara, a pesar de que se le dio vista con los informes justificados; habida cuenta que, por efecto del principio de distribución probatoria que rige en el juicio de amparo, cuando la autoridad responsable niega los actos reclamados no le corresponde acreditar su dicho, porque se trata de una negativa lisa y llana, razón por la cual es la parte quejosa la que debe asumir la carga probatoria en cuanto a la existencia del acto que afirma lesiona su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que señala: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por cuanto a dichas autoridades se refiere, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando. (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 310 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Sexta Época, Tomo VI, página 209, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis aislada IV.3o.72 K del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República; consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, pues así lo manifestaron en sus respectivos informes justificados. Lo anterior, con independencia de las omisiones, negativas o manifestaciones de las diversas autoridades responsables, pues tales actos se acreditan con los propios ordenamientos normativos y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 158, de rubro: "IMPROCEDENCIA." Así como la jurisprudencia 228, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (ausencia de interés jurídico porque la quejosa Rosa María Galaz Ávalos, por derecho propio, no acreditó un derecho tutelado por el orden jurídico ni el perjuicio generado por la sola vigencia de las normas reclamadas), por las razones que a continuación se explican. El acto reclamado por la citada quejosa es:  El Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5o, fracción I, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los dispositivos invocados establecen: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del texto de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; es decir, hacen referencia a que ésta sea titular de un derecho subjetivo, el cual no debe ser afectado por los actos reclamados para que se actualice la causal de improcedencia. Pues bien, dado que el estudio de la causa de improcedencia se perfilará a determinar si existe una afectación al interés legítimo de la parte quejosa, para una mejor compresión del asunto, es necesario realizar algunas connotaciones que permitan ilustrar el concepto de dicho interés. El interés jurídico es el que tienen las personas de impugnar los actos o resoluciones de autoridad, siempre que dichos actos les afecten sus respectivas esferas jurídicas de manera inmediata y directa; es decir, les afecten derechos de los cuales sean titulares y en los cuales se hayan visto afectados de manera directa, lo que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, esto es, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. El interés simple es aquel que puede tener la sociedad en general en que los actos de autoridad se ajusten a la ley aplicable al caso, e implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, lo que no genera la legitimación necesaria para promover el amparo. El interés legítimo es el que tienen las personas ante los actos o resoluciones de autoridad, siempre que dichos actos les afecten sus respectivas esferas jurídicas de manera mediata y/o indirecta, pero no tan lejana que pueda ser incierta o dudable, a grado tal que la anulación de los actos reclamados no pueda beneficiar a las personas que se dicen afectadas en forma directa e inmediata, lo que debe calificarse en cada caso particular por el órgano jurisdiccional, mediante una motivación y fundamentación racionalmente aceptable por la generalidad. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación directa a la esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato del acto o resolución que en su caso llegue a materializarse. De esa manera, tanto el interés jurídico como el interés legítimo deben quedar plenamente acreditados para que la acción de amparo resulte procedente. Sobre el caso concreto, el interés legítimo, deben acreditarse los elementos que determinan su existencia, que son los siguientes: 1. Presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada. 2. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de esa colectividad por la ley o acto que se reclama. 3. Pertenencia del quejoso a dicha colectividad. Con relación a este último requisito, es importante mencionar que, aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el inconforme deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama, porque la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una colectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De igual forma, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, que refiere: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De la misma manera, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se ha mencionado, tratándose del interés jurídico, es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. En el caso, la quejosa se ostentó investigadora científica, tecnológica y de innovación prestadora de servicios en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, por lo que estima que con la entrada en vigor del Decreto reclamado se viola su derecho a percibir un salario íntegro, justo y legal. En ese tenor, de las constancias que integra el expediente en que se actúa de advierte que la parte quejosa, no exhibió prueba alguna para acreditar que en efecto tiene el carácter que ostenta en el juicio, esto es, que presta sus servicios en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil y que percibe un salario por esos servicios, lo cual era condición indispensable para acreditar el interés jurídico y, que con motivo de las disposiciones reclamadas, sufrió el perjuicio requerido para la procedencia de la acción de amparo. Es decir, para que la afectación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, era necesario que acreditara encontrarse en el supuesto de la norma combatida, por lo que debió exhibir documentales que produjeran la convicción de que tiene derecho a percibir un salario por el desempeño de un cargo público y que la norma reclamada afecta su esfera jurídica; sin embargo, no ofreció prueba idónea para acreditar que se ubica en los supuestos del Decreto combatido. Ello es así, pues no se acompañaron pruebas de las enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por todo lo anterior, debe decirse que no basta que la solicitante de amparo manifieste encontrarse en la hipótesis de la norma reclamada, sino se requiere la demostración fehaciente de la existencia de un derecho preexistente que pueda defender en la presente vía, es decir, demostrar tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar las normas señaladas como actos reclamados. Así para considerar que la ley impugnada impacta en la esfera de derechos de la parte quejosa, ésta debió probar, como mínimo, ser funcionario público y que por su desempeño perciba alguna contraprestación. Por lo anterior, el presente juicio de amparo resulta improcedente, ya que la quejosa no demostró tener interés para combatirla, al no ser parte del grupo de individuos a quienes puedan afectar las normas impugnadas; de este modo, no es factible tener por acreditado el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable la tesis 1a. XCVII/2014 (10a.), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Por tanto, ha lugar a sobreseer en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5° del mismo ordenamiento legal y 107, fracción I, constitucional. Por lo expuesto y fundado, se

  3. Principal

    Ciudad de México; once de enero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que por auto de siete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la República, con el que se dio vista a las partes; por lo que, aún no transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para el efecto de que las partes tengan la oportunidad de imponerse de su contenido y manifestar lo que a su derecho convenga. Diferimiento. En ese tenor, a fin de no violar las reglas del procedimiento, la audiencia señalada para celebrarse hoy, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, quien provee considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables y a la parte quejosa. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables y a la parte quejosa, por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado procesal Visto el estado procesal, se advierte que está mal dirigida la constancia de notificación a la autoridad responsable Presidente de la República por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que contiene el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Por lo que en obvio de mayores dilaciones procesales, con copia del presente acuerdo, así como del diverso auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, y de la demanda de amparo, se ordena reexpedir el oficio 94333/2021 de veinticinco de octubre del año en curso, dirigido a la autoridad responsable, Presidente de la República por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público vía interconexión, a fin de que se notifique y se encuentre en aptitud de rendir su respectivo informe justificado. Fecha de Audiencia Constitucional. En ese tenor, a fin de no violar las reglas del procedimiento, la audiencia señalada para celebrarse hoy, se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda RICARDO ALFREDO MOLINA ALFARO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.22 14/02/22 11:08:46 JUICIO DE AMPARO 311/2021 OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo aquéllas, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) supuesto normativo que no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables y a la parte quejosa. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables (con excepción de las que se requieren en párrafos que anteceden) y a la parte quejosa, por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo1. Invitación al trámite del juicio en línea. Adicionalmente, quien provee considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente; en el entendido que podrá transitar al esquema de actuación electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Asimismo, hágase del conocimiento que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional ricardo.molina.alfaro@correo.cjf.gob.mx. 1 Décima Época, Registro: 2002576, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), Página 1253, de este rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." RICARDO ALFREDO MOLINA ALFARO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.22 14/02/22 11:08:46 JUICIO DE AMPARO 311/2021 ??????????????? Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

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