Rosa María Fuentes

Expediente 1013/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1013/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Rosa María Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1013/2020-IV, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑA, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Rosa María Fuentes, por su propio derecho; proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el que se admitió a trámite la demanda; informe justificado rendido por la autoridad responsable, las pruebas y proveídos que acordaron lo conducente; asimismo, el secretario Certifica que transcurrió el plazo de quince días concedido a la quejosa en auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, para ampliar su demanda en torno a la respuesta emitida a su petición, en tanto que de dicho acuerdo, se le notificó el tres de diciembre de dos mil veinte; notificación que surtió efectos el cuatro de ese mes y año, y el plazo inició el diez de marzo, día siguiente al en que surtió efectos la notificación de ocho de ese mes y años del auto de dos de marzo pasado, en el que se reanudaron los términos; por tanto, el plazo aludido concluyó el cinco de abril del año en curso, previo descuento de los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de marzo; así como el tres y cuatro de abril del año en curso, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; el quince de marzo, por ser inhábil en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo; y, los días treinta y uno de marzo y uno y dos de abril, en términos de la Circular 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, sin que ampliara su demanda. Asimismo, venció el plazo de cinco días, concedido en auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención ahí formulada, en tanto que de dicho acuerdo se le notificó el ocho de ese mes y año; notificación que surtió efectos el nueve siguiente y el plazo transcurrió del diez al diecisiete marzo pasado, previo descuento de los días trece, catorce y quince, los dos primeros inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo y el último inhábil conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, sin que lo haya hecho. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; por otra parte, atento a lo certificado por el secretario, se hacen efectivos los apercibimientos decretados a la quejosa en autos de treinta de noviembre de dos mil veinte y dos de marzo de dos mil veintiuno, y se tiene por no presentada la ampliación de demanda y, por ende, únicamente como autoridad responsable y acto reclamado, los señalados en los capítulos respectivos de su demanda. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. En período de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no los formularon y el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó pedimento. Se cierra este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1013/2020-IV, promovido por Rosa María Fuentes, por propio derecho, contra actos del Titular de la Dirección General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y, RESULTANDO. PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, y recibido en este juzgado el veintinueve siguiente, Rosa María Fuentes, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE Titular de la Dirección General del INFONAVIT, CIUDAD DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO. La falta de contestación a la petición que referiré. SEGUNDO. La quejosa considera que el acto reclamado es violatorio del artículo 8 Constitucional y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado no señaló a persona alguna como tercero interesado. TERCERO. En auto de veintinueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, quedando radicada con el número 1013/2020-IV; se requirió a la responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención que corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, notificado personalmente a la quejosa el tres de diciembre de dos mil veinte, se ordenó darle vista para que manifestara si deseaba ampliar su demanda contra la respuesta dada a su petición, transcurriendo el plazo de quince días que se le concedió para ese efecto, sin que lo haya hecho, en tanto que no obstante el uno de marzo del año en curso, se recibió escrito con el cual pretendió ampliar la demanda, en auto de dos de marzo pasado, notificado personalmente el ocho de ese mes y año, se le formuló prevención, la cual no desahogó; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto omisivo a una autoridad administrativa que reside en el territorio en el que este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, se procede analizar la demanda para determinar con exactitud el acto que reclama la parte quejosa. Lo anterior, sobre la base de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 192,097, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000), Página: 32). La jurisprudencia establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Ante tal imperativo, del estudio integral de la demanda se desprende que el acto reclamado por la quejosa es: La falta de respuesta a su petición presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues si bien es cierto al rendir su informe justificado lo niega, expresando que el veinticinco de febrero de dos mil veinte, se dio respuesta a su petición, también lo es que no acreditó haberla hecho de su conocimiento a la quejosa. Por lo tanto, se tiene como cierta la omisión reclamada a la responsable CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 62. Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Precisado lo anterior, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Lo anterior lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, aplicada por analogía por los principios que contiene, la cual es de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Registro: 193,758; Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Tesis: 2a./J. 59/99; Página: 38) En el caso, la quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal por considerar que se violó en su perjuicio el artículo 8 de la Ley Fundamental, disposición que tutela el derecho de los gobernados a formular petición a cualquier entidad que constituya parte del Estado Mexicano, quien, a su vez, tiene la obligación de dar una respuesta en un breve término y darla a conocer al solicitante en el domicilio que al efecto haya señalado. Ahora, la desobediencia constitucional de la autoridad responsable, consiste en la falta de respuesta a la petición presentada por la quejosa el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Al respecto, la autoridad responsable al rendir el informe justificado manifestó que dicha petición fue atendida mediante oficio CRM:504044168, de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Para acreditar su dicho, exhibió copia certificada del oficio de mérito; documento que resulta suficiente para establecer que se dio respuesta a la petición presentada por la quejosa el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. El oficio mencionado es del tenor siguiente:????????????? En efecto, el oficio inserto es prueba de que han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, como se anunció, pues con él, la responsable acredita que, por conducto del Jefe de la Oficina de la Dirección General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se emitió respuesta a la petición de la quejosa, presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veinte; sin que sea obstáculo a lo anterior que no haya exhibido la constancia de notificación, pues este juzgado en auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, ordenó correrle traslado con copia del oficio aludido; auto que le se le notificó el tres de diciembre de dos mil veinte. Entonces, es evidente que dicho acto de autoridad ha quedado destruido como si nunca hubiese existido, restituyéndose a la parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de las responsables. Por identidad de razón, conviene citar la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." (Novena Época; Registro: 168189; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIX, Enero de 2009; Materia(s): Común; Tesis: 2a. /J. 205/2008; Página: 605) Cabe destacar que en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, notificado personalmente a la quejosa el tres de diciembre de ese mismo y año, se ordenó darle vista con dicha respuesta para que manifestara si deseaba o no ampliar la demanda, transcurriendo el plazo de quince días que se le concedió para ese efecto, sin que lo haya hecho. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, opera el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de la falta de respuesta atribuida a la autoridad responsable. Por lo expuesto y con fundamento, en los artículos 73 a 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de los presentes, se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19"; en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020, para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que deberán estarse a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito suscrito por Rosa María Fuentes, por su propio derecho, por medio del cual, en atención a la vista otorgada el treinta de noviembre dos mil veinte, promueve ampliación de la demanda, por el acto reclamado y autoridad responsable que indica; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del estudio integral del escrito de ampliación, se aprecia que contiene irregularidades que deben subsanarse por la promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 110, 111 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito cumpla lo siguiente: a) Considerando que aunque el oficio emitido por el Jefe de la Oficina de la Dirección General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en atención a su petición de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, no constituye una respuesta afirmativa ni negativa a su pretensión de devolución de sus aportaciones a la subcuenta de vivienda, pero sí una actuación tendente a cumplir con su derecho de petición, pues en ella se le da a conocer el procedimiento a seguir para acceder a lo solicitado; esto es, podría entenderse como una prevención para que la quejosa cumpla los requisitos que ahí se contienen, pues en ella se le expresa cada uno de los supuestos que podrían actualizarse, atendiendo a su situación particular, y lo que debería realizar, así como los documentos que tendría que reunir y exhibir para su análisis y, a partir de ello, obtener una respuesta; afecto de proveer lo conducente a su ampliación, procede requerir a la peticionaria del amparo para que en el plazo de cinco días, computado legalmente, manifieste sí ha realizado o no lo sugerido por la autoridad emitente en el oficio número de folio CRM:504044164; y, en su caso, sí ha obtenido respuesta o no a su petición, apercibida que de ser omisa al respecto se entenderá su desinterés en dar seguimiento a su solicitud de devolución de aportaciones de la subcuenta de vivienda "Sar Infonavit 92", y se considerará satisfecha con lo comunicado por el Jefe de la Oficina de la Dirección General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el oficio aludido; y, por ende, por no presentada la ampliación que pretende. "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno." Registro digital: 191752, Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 1a./J. 6/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Junio de 2000, página 50. "PETICION, DERECHO DE. TRAMITES SUCESIVOS. El artículo 8o. constitucional establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, cuando la petición consiste en una solicitud para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o para una autorización similar, y cuando la tramitación de esa solicitud requiera legalmente que el particular satisfaga determinados requisitos, la garantía constitucional sólo es respetada por la autoridad cuando hace en un breve término los requerimientos necesarios al solicitante, para integrar el término relativo, y además, en un breve término también va proveyendo lo necesario a las promociones de la interesada y, por último, en un término que también sea razonablemente breve, dicta la resolución definitiva a la solicitud mencionada. Pues cuando la autoridad es lenta en la tramitación de la solicitud y en cada uno de los trámites correspondientes, y da la impresión de ser renuente en cuanto a llegar a la resolución final del asunto, no puede decirse que se esté respetando por ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal." (Registro digital: 252950 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 103-108, Sexta Parte, página 299 Tipo: Jurisprudencia b) En atención a que el escrito de ampliación de cuenta, se presentó con cuatro copias del mismo, sin acompañarse la copia de la demanda de garantías que dio origen al presente juicio; es necesario que la parte quejosa exhiba una copia de su escrito de demanda, para que se corra traslado a la nueva autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 106/2005, que es del rubro y texto siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." (No. Registro: 177046, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Octubre de 2005, Tesis: 1a./J.106/2005, Página: 170) c) Asimismo, deberá exhibir con su escrito aclaratorio dos copias del mismo, para ser distribuidas de la siguiente manera, una para la autoridad responsable, una para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y una más por cada autoridad nueva que señale como responsable. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, la cual establece literalmente lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79) Apercibida que de no desahogar la prevención en los términos de los inciso b) y c), SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE GARANTÍAS de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la quejosa Rosa María Fuentes, en el domicilio ubicado en calle Niños Héroes, número dos, esquina con calle Abasolo, Pueblo Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa, por medio del cual autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel González Ortega Fuentes, con fundamento en los artículos 12 de la Ley de Amparo y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la citada Ley, agréguese y se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del citado artículo a Manuel González Ortega Fuentes, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente. Por otra parte, visto el oficio signado por el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por medio del cual rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que mencionan. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que exhibe la autoridad responsable en su informe de ley, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional, haciendo de su conocimiento que las mismas se encuentran a su disposición en el local de este juzgado para su consulta en días y horas hábiles. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis: I.5o.C.2 K,???? del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. Por otra parte, considerando que en el informe de mérito la responsable aduce dar contestación al escrito de petición presentado el veinticuatro de febrero del dos mil veinte; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa con copia informe justificado y anexo consistente en el oficio número ´de folio CRM:504044164, emitido por el Jefe de la Oficina de la Dirección General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de garantías en relación con la respuesta a su escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, contenida en dicho oficio, en el entendido que de ser afirmativa su respuesta, deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo citado en segundo lugar, en el entendido que de no desahogar lo requerido, únicamente se tendrán como autoridad responsable y acto reclamado, los señalados en los capítulos respectivos de su demanda. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 149/2006, la cual es del rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla. Así como la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), en lo conducente, del siguiente rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA???? QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por los quejosos, no así por las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, que dispone: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6, 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

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