Rosa María Flores Sánchez Aldana
Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rosa María Flores Sánchez Aldana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, en específico de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, para exhibir cuatro copias de su escrito con el cual interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, sin que al efecto diera cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, no obstante de quedar debidamente notificada vía electrónica el veintiséis de febrero del presente año. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte y se tiene por no interpuesto el recurso de revisión en comento...., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la resolución que sobreseyó el presente juicio, para todos los efectos legales correspondientes..., de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal..., se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15..., en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción..., con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido...., realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la autorizada de la quejosa, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; sin embargo, se omitió proveer respecto del domicilio que señaló para oír recibir notificaciones y usuario. téngase la vía electrónica para oír y recibir notificaciones a través del usuario **, lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. De la misma forma, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica en su escrito. procédase a notificar a la quejosa vía electrónica el contenido del presente proveído y el diverso de cuatro de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese al quejoso el presente proveído y el diverso de cuatro de diciembre de dos mil veinte, vía electrónica."Agréguese a los autos el exhorto 61/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial 102/2020-6 (número de orden 369, debido a que notificó por lista al quejoso el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, dese de baja en el libro de gobierno la comunicación enviada y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, téngase como lugar para oír y recibir notificaciones las listas de los estrados de este órgano jurisdiccional, en término del artículo 27, fracción II, en relación con el 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para esos efectos. En atención a lo anterior, procédase a notificarle el auto que se acuerda, el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, y la resolución de treinta de noviembre actual. Notifíquese el presente proveído, el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte y la resolución de treinta de noviembre actual EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 25 DE AGOSTO DE 2020 Y RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE ACTUAL, MISMOS QUE ANUNCIAN AL TENOR SIGUIENTE: "??????????????? constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Haciendo del conocimiento de la autoridad responsable que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informen sus determinaciones mediante esta vía. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A su vez, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al resolver el fondo del asunto (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización)1. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que al rendir sus informes justificados expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. 1 Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, cuya notificación deberá realizarse por lista que se fije en este juzgado federal, en términos del artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado; poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES???????????? Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a alguna de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el Servicio Postal Mexicano devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación procesal con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. DOMICILIO Ahora bien y toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Hacienda de la Purísima, número 42, Colonia Prados del Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02410, Ciudad de México, con fundamento en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese exhorto vía SISE, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y el numeral 6° del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que regula los Servicios de Interconexión Tecnológica entre los Órganos Jurisdiccionales con diversas Instituciones Públicas, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se sirva notificar a la parte quejosa el contenido del presente proveído, en el domicilio señalado, requiriéndole para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal. En el entendido de que se faculta al juez exhortado, para que habilite días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada; de conformidad con lo establecido?????? en el artículo 21 de la Ley de Amparo; y una vez hecho lo anterior, devuelva por la misma vía SISE las constancias de notificación a la brevedad posible. AUTORIZADOS Se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mayan Balderas Ramírez, profesionista de quien no se encontró registro de su cédula en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se toma nota del correo electrónico que proporciona, el cual servirá únicamente para establecer contacto en los casos en que se estime necesario. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro contexto, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020, requiérase a las partes (quejoso, tercero interesado y autoridades responsables) a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que así se estime necesario. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de???? transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese" Y "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 529/2020-6, promovido por el quejoso Rosa María Flores Sánchez Aldana; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio 8259 de treinta y uno de julio de dos mil veinte, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, dictado en el juicio de amparo indirecto 867/2020-VII, a través del cual declinó su competencia por razón de territorio a un juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, oficio el cual fue presentado el trece de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los????????? Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, y por razón de turno correspondió conocer a este juzgado. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, este juzgado aceptó la competencia declinada para conocer la demanda de amparo promovida por Mariela Curiel Herrera apoderada legal de Rosa María Flores Sánchez Aldana, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES PETROLEOS MEXICANOS Y PEMEX TRANSFORMACIÒN INDUSTRIAL. DR, PABLO MUÑOZ REYNA, por ser especialista en Medicina del Trabajo y Ambiental en Refinería Miguel Hidalgo. ACTOS RECLAMADO De las autoridades señaladas como responsables, se reclama LA OMISIÒN en que incurren, en perjuicio de la quejosa, al dejar de cumplimentar en su favor, los Acuerdos y Decretos emitidos, por el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y el Titular de la Secretaria de Salud Federal que decretan una emergencia sanitaria, ocasionada por la presencia en el territorio nacional del virus denominado COVID19 o SARSCoV2 y por ello, dejar de otorgarle el beneficio a encontrarse resguardada, dentro de su domicilio, cumpliendo la cuarentena respectiva de forma indefinida, hasta que sea levantada la emergencia sanitaria, evitando así el peligro de contagio, que de enfermarse, pone en peligro su salud, su bienestar y su propia vida, causa muy probable, puesto que la quejosa reúne las condiciones u requisitos por considerarse como grupo vulnerable, por estar enferma de DIABETES E HIPERTENSIÒN además de obesidad entre otras enfermedades metabólicas, debidamente diagnosticadas por las hoy responsables, existiendo el peligro inminente de perder la vida, es de todos conocido que el virus COVID19 o SARS-CoV2, es sumamente contagioso y letal, al ocasionar la muerte de muchas personas, como ocurres mundialmente Asimismo, más adelante quedará precisado en abundamiento las omisiones imputables a las responsables impiden el acceso a la justicia pronta expedita y efectiva, para la quejosa, puesto que se encuentra imposibilitada para acudir a cualquier otro tribunal, como pudiera ser el laboral federal de primera instancia, puesto que no está otorgando servicios y no se está ministrando justicia en dicho tribunal, por encontrarse suspendidas las labores, por ordenarlo los Acuerdos y Decretos que más adelante se precisarán, específicamente en el señalado con el número VI, correspondiente a preceptos legales y constitucionales cuya violación se reclama; actualmente no existe tribunal en funciones al que pueda constituirse la quejosa, para alegar la violación de derechos fundamentales, puesto que están suspendidas las labores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y reitero, existe el peligro inminente de perder la vida, no puede esperar a la reanudación de labores en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamental violado, el contenido en los artículos 1°, 4°, 14, 16 Y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte1, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrándose con el número 529/2020-6, se solicitaron los informes justificados, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la verificación de la audiencia constitucional, misma que se desahogó conforme a las formalidades de ley, como se advierte del acta que antecede y ahora se procede a emitir la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es legalmente competente para conocer del presente juicio de derechos, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y ll, de la Constitución Federal, 33 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la 1 Fojas ----???????? República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Dado que los actos consisten en omisiones y negativas de las autoridades responsables, lo que implica un acto negativo o de no hacer, creando una situación que se prolonga en el tiempo o permanente, mientras se subsana, es inconcuso que tal acto puede reclamarse en cualquier tiempo, sin que ello implique consentimiento tácito, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, que la demanda resulte extemporánea. Orienta la consideración precedente, la tesis III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." TERCERO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe con justificación y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, así como con la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". Los actos reclamados del análisis de la totalidad de las constancias como lo prevé el artículo 74 de la Ley de Amparo, se hace consistir en: ? Omisión y negativa de las responsables en el ámbito de sus competencias en dar cumplimiento a los acuerdos y decretos por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos de la salud que implica la enfermedad por el virus COVID19 o SARSCoV2, emitidos, por el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y el Titular de la Secretaria de Salud Federal, no obstante que la quejosa se encuentra dentro de un grupo vulnerable por por estar enferma de diabetes, hipertensión y obesidad. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Pablo Alberto Muñoz Reyna, Especialista en Medicina del Trabajo Ambiental en la Refinería Miguel Hidalgo y Gerente Jurídico Contencioso??????????? Administrativo de Petróleos Mexicanos en representación del Director de Petróleos Mexicanos y del Director General de Pemex Transformación Industrial (Ciudad de México), al rendir su informe justificado negaron el acto reclamado; sin embargo, de su contenido se advierte la existencia del mismo, pues dieron cumplimiento a las omisiones planteadas por la quejosa, evidenciando con ello los actos reclamados. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito2, 3del rubro "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia o sobreseimiento. No habrá de analizarse la constitucionalidad del acto ni los conceptos de violación, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Director de Petróleos Mexicanos y del Director General de Pemex Transformación Industrial (Ciudad de México), cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: 3 Página 391 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la lectura de los artículos se advierte que la acción de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad. Interpretando en sentido contrario la regla contenida en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible concluir que cuando el acto reclamado no le es atribuible a una autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. Para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Anterior a la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley;?????????? c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d. Para emitir esos actos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esas consideraciones se apoyan en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, cuyos rubro y texto son: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ese concepto de autoridad responsable se amplió, porque en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor se estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, para que el juicio de amparo proceda contra un acto de particular, se requiere: a) Que sea equivalente a los de autoridad, es decir, debe existir un particular que establezca una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que con él se afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. c) Que el acto atribuido emane de un mandato de alguna norma general. La accionante aduce que las responsables violan su derecho fundamental a la salud, pues no obstante de pertenecer al grupo vulnerable por tener diabetes e hipertensión, además de obesidad, en otras enfermedades metabólicas, las responsables han sido omisas en otorgarle el beneficio de resguardarse en su domicilio en forma provisional hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y el Titular de la Secretaria de Salud Federal, a efecto de evitar contagiarse del virus covid19. Es decir, que las responsables en el ámbito de sus competencias incumplieron con el acuerdo en el que se establecen medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos de la salud que implica la enfermedad por el virus SEARS-CO2 (COVID-19), suscrito por el Secretario de Salud, publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, no obstante se encuentra dentro de un grupo vulnerable por tener diabetes e hipertensión, además de obesidad, en otras enfermedades metabólicas. Como puede advertirse, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación laboral que existe entre patrón-trabajadora, lo que se corrobora con lo expuesto por la propia autoridad responsable, al referir que la quejosa tiene la categoría de ayudante "A" de Cajero del?????????? Departamento Contaduría, de Petróleos Mexicanos, por lo que, es evidente que por dicho cargo recibe un salario que nace un contrato de trabajo. Entonces, se insiste, los actos reclamados se circunscriben al ámbito laboral que rige la relación de la quejosa con Petróleos Mexicanos. Es por ello, que las omisiones de las que se duele la accionante no pueden calificarse como actos de autoridad, pues derivan estrictamente de una relación laboral que mantiene Rosa María Flores Sánchez Aldana, con Petróleos Mexicanos. Dicho en otras palabras, tales actos tienen vinculación con las condiciones de trabajo en donde la Pemex actúa como patrón frente a sus empleados. Sin que ello implique desconocer que el resguardo domiciliario de aquéllas personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados como vulnerables para que dejen de asistir a sus centros de trabajo, constituye una medida derivaba de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce del virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente; sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir el contagio de dicho virus. Por tanto, el cumplimiento por parte de los empleadores del Estado o de carácter privado respecto de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tiene como finalidad garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, es decir, se desenvuelve en la relación laboral (coordinación). Incluso, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: "(.) a juicio de esta Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo". Resulta importante acotar que la contradicción de tesis se circunscribió en determinar a qué juzgado (Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo o Juzgado de Distrito en Materia Administrativa) corresponde el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo; concluyendo que es competente un Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, sin embargo, esa decisión de modo alguno implica que el juicio de amparo sea procedente, debido a que ese tópico no fue materia de análisis. Entonces, hasta lo aquí relatado se tiene que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que se reclaman (modificación de sus condiciones laborales), en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria para hacer valer sus derechos, de acuerdo con el vínculo existente entre la quejosa y las autoridades que señala como responsables. En tales condiciones, si los actos reclamados no fueron atribuidos a una autoridad para efectos del amparo, porque su naturaleza y origen versa sobre la relación laboral que tiene la quejosa con Pemex, el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en?????????? relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación y captura de esta resolución en el módulo de sentencias denominado "SISE". En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que el quejoso de mérito durante el procedimiento no expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta. En términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. Por lo expuesto y fundado con apoyo además en lo establecido por los artículos 73, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. Finalmente, desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese."... NOTIFIQUESE"
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda los informes justificados rendidos por la Presidenta y Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con motivo de la ampliación de demanda admitida mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, se tiene a la primera autoridad en cita, ofreciendo como prueba de su parte la documental que exhibe, misma que se admite y se desahogará al momento de resolver el presente juicio de derechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la ley de la materia; la cual se glosa a los autos del expediente en que se actúa. Notifíquese sin ulterior acuerdo, hasta en tanto se reanuden plazos y términos.
- Principal
Agréguese a los autos el exhorto 61/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial 102/2020-6 (número de orden 369, debido a que notificó por lista al quejoso el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, dese de baja en el libro de gobierno la comunicación enviada y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, téngase como lugar para oír y recibir notificaciones las listas de los estrados de este órgano jurisdiccional, en término del artículo 27, fracción II, en relación con el 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para esos efectos. En atención a lo anterior, procédase a notificarle el auto que se acuerda, el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, y la resolución de treinta de noviembre actual. Notifíquese el presente proveído, el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte y la resolución de treinta de noviembre actual EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 25 DE AGOSTO DE 2020 Y RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE ACTUAL, MISMOS QUE ANUNCIAN AL TENOR SIGUIENTE: "??????????????? constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Haciendo del conocimiento de la autoridad responsable que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informen sus determinaciones mediante esta vía. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A su vez, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al resolver el fondo del asunto (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización)1. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que al rendir sus informes justificados expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. 1 Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, cuya notificación deberá realizarse por lista que se fije en este juzgado federal, en términos del artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado; poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES???????????? Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a alguna de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el Servicio Postal Mexicano devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación procesal con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. DOMICILIO Ahora bien y toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Hacienda de la Purísima, número 42, Colonia Prados del Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02410, Ciudad de México, con fundamento en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese exhorto vía SISE, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y el numeral 6° del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que regula los Servicios de Interconexión Tecnológica entre los Órganos Jurisdiccionales con diversas Instituciones Públicas, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se sirva notificar a la parte quejosa el contenido del presente proveído, en el domicilio señalado, requiriéndole para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal. En el entendido de que se faculta al juez exhortado, para que habilite días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada; de conformidad con lo establecido?????? en el artículo 21 de la Ley de Amparo; y una vez hecho lo anterior, devuelva por la misma vía SISE las constancias de notificación a la brevedad posible. AUTORIZADOS Se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mayan Balderas Ramírez, profesionista de quien no se encontró registro de su cédula en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se toma nota del correo electrónico que proporciona, el cual servirá únicamente para establecer contacto en los casos en que se estime necesario. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro contexto, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020, requiérase a las partes (quejoso, tercero interesado y autoridades responsables) a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que así se estime necesario. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de???? transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese" Y "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 529/2020-6, promovido por el quejoso Rosa María Flores Sánchez Aldana; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio 8259 de treinta y uno de julio de dos mil veinte, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, dictado en el juicio de amparo indirecto 867/2020-VII, a través del cual declinó su competencia por razón de territorio a un juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, oficio el cual fue presentado el trece de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los????????? Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, y por razón de turno correspondió conocer a este juzgado. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, este juzgado aceptó la competencia declinada para conocer la demanda de amparo promovida por Mariela Curiel Herrera apoderada legal de Rosa María Flores Sánchez Aldana, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES PETROLEOS MEXICANOS Y PEMEX TRANSFORMACIÒN INDUSTRIAL. DR, PABLO MUÑOZ REYNA, por ser especialista en Medicina del Trabajo y Ambiental en Refinería Miguel Hidalgo. ACTOS RECLAMADO De las autoridades señaladas como responsables, se reclama LA OMISIÒN en que incurren, en perjuicio de la quejosa, al dejar de cumplimentar en su favor, los Acuerdos y Decretos emitidos, por el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y el Titular de la Secretaria de Salud Federal que decretan una emergencia sanitaria, ocasionada por la presencia en el territorio nacional del virus denominado COVID19 o SARSCoV2 y por ello, dejar de otorgarle el beneficio a encontrarse resguardada, dentro de su domicilio, cumpliendo la cuarentena respectiva de forma indefinida, hasta que sea levantada la emergencia sanitaria, evitando así el peligro de contagio, que de enfermarse, pone en peligro su salud, su bienestar y su propia vida, causa muy probable, puesto que la quejosa reúne las condiciones u requisitos por considerarse como grupo vulnerable, por estar enferma de DIABETES E HIPERTENSIÒN además de obesidad entre otras enfermedades metabólicas, debidamente diagnosticadas por las hoy responsables, existiendo el peligro inminente de perder la vida, es de todos conocido que el virus COVID19 o SARS-CoV2, es sumamente contagioso y letal, al ocasionar la muerte de muchas personas, como ocurres mundialmente Asimismo, más adelante quedará precisado en abundamiento las omisiones imputables a las responsables impiden el acceso a la justicia pronta expedita y efectiva, para la quejosa, puesto que se encuentra imposibilitada para acudir a cualquier otro tribunal, como pudiera ser el laboral federal de primera instancia, puesto que no está otorgando servicios y no se está ministrando justicia en dicho tribunal, por encontrarse suspendidas las labores, por ordenarlo los Acuerdos y Decretos que más adelante se precisarán, específicamente en el señalado con el número VI, correspondiente a preceptos legales y constitucionales cuya violación se reclama; actualmente no existe tribunal en funciones al que pueda constituirse la quejosa, para alegar la violación de derechos fundamentales, puesto que están suspendidas las labores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y reitero, existe el peligro inminente de perder la vida, no puede esperar a la reanudación de labores en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamental violado, el contenido en los artículos 1°, 4°, 14, 16 Y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte1, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrándose con el número 529/2020-6, se solicitaron los informes justificados, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la verificación de la audiencia constitucional, misma que se desahogó conforme a las formalidades de ley, como se advierte del acta que antecede y ahora se procede a emitir la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es legalmente competente para conocer del presente juicio de derechos, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y ll, de la Constitución Federal, 33 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la 1 Fojas ----???????? República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Dado que los actos consisten en omisiones y negativas de las autoridades responsables, lo que implica un acto negativo o de no hacer, creando una situación que se prolonga en el tiempo o permanente, mientras se subsana, es inconcuso que tal acto puede reclamarse en cualquier tiempo, sin que ello implique consentimiento tácito, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, que la demanda resulte extemporánea. Orienta la consideración precedente, la tesis III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." TERCERO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe con justificación y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, así como con la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". Los actos reclamados del análisis de la totalidad de las constancias como lo prevé el artículo 74 de la Ley de Amparo, se hace consistir en: ? Omisión y negativa de las responsables en el ámbito de sus competencias en dar cumplimiento a los acuerdos y decretos por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos de la salud que implica la enfermedad por el virus COVID19 o SARSCoV2, emitidos, por el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y el Titular de la Secretaria de Salud Federal, no obstante que la quejosa se encuentra dentro de un grupo vulnerable por por estar enferma de diabetes, hipertensión y obesidad. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Pablo Alberto Muñoz Reyna, Especialista en Medicina del Trabajo Ambiental en la Refinería Miguel Hidalgo y Gerente Jurídico Contencioso??????????? Administrativo de Petróleos Mexicanos en representación del Director de Petróleos Mexicanos y del Director General de Pemex Transformación Industrial (Ciudad de México), al rendir su informe justificado negaron el acto reclamado; sin embargo, de su contenido se advierte la existencia del mismo, pues dieron cumplimiento a las omisiones planteadas por la quejosa, evidenciando con ello los actos reclamados. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito2, 3del rubro "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia o sobreseimiento. No habrá de analizarse la constitucionalidad del acto ni los conceptos de violación, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Director de Petróleos Mexicanos y del Director General de Pemex Transformación Industrial (Ciudad de México), cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: 3 Página 391 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la lectura de los artículos se advierte que la acción de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad. Interpretando en sentido contrario la regla contenida en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible concluir que cuando el acto reclamado no le es atribuible a una autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. Para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Anterior a la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley;?????????? c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d. Para emitir esos actos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esas consideraciones se apoyan en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, cuyos rubro y texto son: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ese concepto de autoridad responsable se amplió, porque en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor se estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, para que el juicio de amparo proceda contra un acto de particular, se requiere: a) Que sea equivalente a los de autoridad, es decir, debe existir un particular que establezca una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que con él se afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. c) Que el acto atribuido emane de un mandato de alguna norma general. La accionante aduce que las responsables violan su derecho fundamental a la salud, pues no obstante de pertenecer al grupo vulnerable por tener diabetes e hipertensión, además de obesidad, en otras enfermedades metabólicas, las responsables han sido omisas en otorgarle el beneficio de resguardarse en su domicilio en forma provisional hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y el Titular de la Secretaria de Salud Federal, a efecto de evitar contagiarse del virus covid19. Es decir, que las responsables en el ámbito de sus competencias incumplieron con el acuerdo en el que se establecen medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos de la salud que implica la enfermedad por el virus SEARS-CO2 (COVID-19), suscrito por el Secretario de Salud, publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, no obstante se encuentra dentro de un grupo vulnerable por tener diabetes e hipertensión, además de obesidad, en otras enfermedades metabólicas. Como puede advertirse, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación laboral que existe entre patrón-trabajadora, lo que se corrobora con lo expuesto por la propia autoridad responsable, al referir que la quejosa tiene la categoría de ayudante "A" de Cajero del?????????? Departamento Contaduría, de Petróleos Mexicanos, por lo que, es evidente que por dicho cargo recibe un salario que nace un contrato de trabajo. Entonces, se insiste, los actos reclamados se circunscriben al ámbito laboral que rige la relación de la quejosa con Petróleos Mexicanos. Es por ello, que las omisiones de las que se duele la accionante no pueden calificarse como actos de autoridad, pues derivan estrictamente de una relación laboral que mantiene Rosa María Flores Sánchez Aldana, con Petróleos Mexicanos. Dicho en otras palabras, tales actos tienen vinculación con las condiciones de trabajo en donde la Pemex actúa como patrón frente a sus empleados. Sin que ello implique desconocer que el resguardo domiciliario de aquéllas personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados como vulnerables para que dejen de asistir a sus centros de trabajo, constituye una medida derivaba de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce del virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente; sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir el contagio de dicho virus. Por tanto, el cumplimiento por parte de los empleadores del Estado o de carácter privado respecto de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tiene como finalidad garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, es decir, se desenvuelve en la relación laboral (coordinación). Incluso, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: "(.) a juicio de esta Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo". Resulta importante acotar que la contradicción de tesis se circunscribió en determinar a qué juzgado (Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo o Juzgado de Distrito en Materia Administrativa) corresponde el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo; concluyendo que es competente un Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, sin embargo, esa decisión de modo alguno implica que el juicio de amparo sea procedente, debido a que ese tópico no fue materia de análisis. Entonces, hasta lo aquí relatado se tiene que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que se reclaman (modificación de sus condiciones laborales), en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria para hacer valer sus derechos, de acuerdo con el vínculo existente entre la quejosa y las autoridades que señala como responsables. En tales condiciones, si los actos reclamados no fueron atribuidos a una autoridad para efectos del amparo, porque su naturaleza y origen versa sobre la relación laboral que tiene la quejosa con Pemex, el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en?????????? relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación y captura de esta resolución en el módulo de sentencias denominado "SISE". En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que el quejoso de mérito durante el procedimiento no expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta. En términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. Por lo expuesto y fundado con apoyo además en lo establecido por los artículos 73, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. Finalmente, desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese."... NOTIFIQUESE
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