Rosa María Ferra López
Expediente 1205/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ROSA MARÍA FERRA LÓPEZ y Otros.
- Rosa María Ferra López
- agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. En atención a la cuenta que antecede...: I. Se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio ha causado estado. II. Archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado por el precepto décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, como en este asunto se sobreseyó fuera de audiencia se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo, fracción XVIII, del mencionado acuerdo. V. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo en comento. VI. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal , para que después de transcurrido el plazo de cinco años contado a partir de que se ordenó su archivo se proceda a su destrucción. VII. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba de la autoridad responsable la documental que remite para tal efecto. Ahora bien, del informe y el anexo de cuenta se advierte que el Presidente de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, remitió copia certificada del laudo de siete de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el juicio laboral ********************. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la inconforme reclamó en esencia de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, la omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio ********************, del índice de este tribunal obrero. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el referido Tribunal del trabajo dictó el laudo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior pone de relieve que la mencionada autoridad dio respuesta a la pretensión de la titular de la acción de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que ese ente público no haya notificado la sentencia referida, pues al quedar enterada la justiciable de este auto, también se hará sabedora del dictado del laudo de siete de diciembre de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la ley reglamentaria. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003 que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve). Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba de la autoridad responsable la documental que remite para tal efecto. Ahora bien, del informe y el anexo de cuenta se advierte que el Presidente de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, remitió copia certificada del laudo de siete de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el juicio laboral ********************. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la inconforme reclamó en esencia de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, la omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio ********************, del índice de este tribunal obrero. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el referido Tribunal del trabajo dictó el laudo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior pone de relieve que la mencionada autoridad dio respuesta a la pretensión de la titular de la acción de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que ese ente público no haya notificado la sentencia referida, pues al quedar enterada la justiciable de este auto, también se hará sabedora del dictado del laudo de siete de diciembre de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la ley reglamentaria. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003 que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve). Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA)
- Principal
MESA IV San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. En atención a la cuenta que antecede, la suscrita considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para hoy. La razón esencial: que en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para este Juzgado Federal que la autoridad responsable: Integrantes de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, gozaron de su período vacacional del quince de diciembre de dos mil dieciocho al cinco de enero de dos mil diecinueve, y además que los días siete y once de diciembre del año pasado se declararon inhábiles debido a los bloqueos y conflictos suscitados en los accesos de esa Junta Local; en ese sentido, si dicha autoridad quedó legalmente notificada de la petición del informe justificado el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, es evidente que el plazo previsto por el ordinal 117, primer párrafo, de la ley de la materia, aún se encuentra transcurriendo. En consecuencia, para no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional señalada para hoy se reprograma para las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo determinó el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, quien autoriza y da fe.
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