Rosa María Fernández de la Peña
Expediente 1507/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1507/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- Rosa María Fernández de la Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de nueve de enero de dos mil diecinueve (foja 136), por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, devuélvase al Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, las constancias consistentes en copia certificada del juicio especial hipotecario ***********(tres tomos), tomando en consideración que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO DE NUEVE DE ENERO DEL ACTUAL POR LISTA DE ACUERDOS: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 124 a 126), para que compareciera ante este órgano de control constitucional a ratificar o no el escrito de esa propia data, sin que haya dado el debido cumplimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se deja de proveer sobre la petición contenida en el citado ocurso. Asimismo, de autos se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, para que desahogara la prevención ahí contenida, sin que haya dado cumplimiento a lo requerido; en consecuencia, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA NOTIFICO A LA PROMOVENTE DE AMPARO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de ****, autorizado de la quejosa, mediante el cual expresa la imposibilidad que tiene ***, para comparecer a este juzgado a dar cumplimiento a lo ordenado en autos de dieciocho y veintiuno de este mes (fojas 109 a 111 y 124 a 126) y solicita se gire exhorto al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua, a efecto de que se lleve a cabo la diligencia correspondiente. En consecuencia, dígasele que no ha lugar acordar procedente su petición, en virtud de que este juzgado federal no puede revocar sus propias determinaciones, según lo dispuesto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2. Por otra parte, tampoco procede acordar favorable su solicitud, dado que de autos no se advierte que la quejosa pertenezca a un grupo vulnerable o de categoría sospechosa, es decir, que se encuentre en extremo grado de pobreza, se trate de una persona discapacitada, menor de edad, perteneciente a una comunidad indígena, mujer discriminada o migrante, etcétera. Sin que pase desapercibido que de la copia de la credencial de elector de la quejosa, se deduzca que ***, cuenta con *** de edad, pues el hecho de ser una adulta mayor, no la ubica de inmediato en un grupo vulnerable, sino que debe atenderse a otras circunstancias, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad, mismo que puede obedecer a diversos aspectos que conduzcan al adulto mayor a una discriminación social, familiar, laboral y económica. Sin embargo, debe comprobarse que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta tener dicha calidad para que opere la suplencia de la queja de manera oficiosa. Tiene apoyo a lo anterior la tesis CXXXIV/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 29, abril de 2016, tomo II, página 1104, registro 2011524, que establece: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja". Aunado a lo anterior, de un análisis de las firmas estampadas en diversos escritos que obran agregados en autos, como lo son el escrito de demanda (fojas 5 a 11), el de presentación de demanda (fojas 24 a 25), el diverso mediante el cual exhibió garantía para que siguiera surtiendo efectos la suspensión concedida por el Juzgado Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad (foja 55) y los presentados ante este juzgado (fojas 107 a 108 y 121 a 122), se observa una clara discrepancia entre las mismas FIRMA DE ESCRITO A FOJAS 1 A 11 **** * FIRMA DE ESCRITO A FOJAS 24 A 25 **** FIRMA DE ESCRITO A FOJA 55 *** **** FIRMA DE ESCRITO A FOJAS 107 A 108 *** FIRMA DE ESCRITO A FOJAS 121 A 122 *** Por ende, se hace necesario que la quejosa acuda ante este órgano de control constitucional, para que ante presencia judicial, ratifique los ocursos mencionados. En consecuencia, dígasele a la quejosa que sigue transcurriendo el término concedido en autos de dieciocho y veintiuno de este mes (fojas 109 a 11 y 124 a 126), para que acuda a este juzgado a ratificar las firmas de los escritos ahí acordados; asimismo, que subsisten los apercibimientos decretados. Finalmente, de igual forma hágase del conocimiento de la promovente de amparo que aun cuando ratifique su escrito, si este órgano jurisdiccional advierte que las firmas ratificadas y la plasmada durante la diligencia de ratificación son notoriamente diferentes, oficiosamente podrá iniciar incidente para verificar la autenticidad de las firmas y desahogar pruebas periciales y de resultar falsas las plasmadas en los escritos presentados ante este juzgado, se dará vista al Ministerio Público, para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 59/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial dé la Federación y su Gaceta, Décima época, página 1234, registro 2014436, del rubro y texto siguiete: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA NOTIFICO A LA PROMOVENTE DE AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de quien se ostenta como **** Conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en los escritos de cuenta, son distintas a la estampada en la demanda, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DEL ESCRITO DE DEMANDA **** FIRMA DEL ESCRITO DE CUENTA **** Asimismo, ésta difiere de la estampada en el diverso escrito presentado ante este juzgado el diecisiete de los actuales, la cual es la siguiente: FIRMA DE ESCRITO ***** En esa medida, no se tiene la certeza de que fue voluntad de la parte quejosa presentar el escrito de cuenta, pues la firma que contiene es distinta a la que aparece al calce de la demanda y a la del escrito presentado el diecisiete de este mes. A efecto de estar en posibilidades de proveer lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este órgano de control constitucional, con domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo número dos mil seiscientos cuarenta y uno (2641), Edificio A, Planta Baja, Palacio de Justicia Federal, Colonia Las Palmas de esta ciudad, con identificación oficial vigente y manifieste si ratifica o no la firma que calza el escrito de cuenta e indique si la reconoce como suya, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número doscientos cincuenta y ocho , cuyo rubro y texto dicen: *** Comparecencia, que deberá realizarse dentro de los días y horas hábiles que tiene este juzgado federal para realizar actuaciones, esto es de lunes a viernes de las nueve a las quince horas; lo anterior, es así ya que de llevar a cabo actuaciones fuera de dicho horario las mismas se tornarían nulas y para realizar diligencias fuera del mismo tendría que ser con motivo de actos que ameriten un trato urgente o fuerzas de causa mayor que justifiquen su actuar. A fin de hacer accesible la impartición de justicia tal y como lo demanda el artículo 17 Constitucional, en caso de que la promovente se encuentre imposibilitada para comparecer dentro del horario que tiene habilitado este juzgado para llevar a cabo actuaciones, deberá hacerlo del conocimiento dentro de los tres días otorgados en el párrafo que antecede, para que el suscrito provea lo conducente a efecto de habilitar hora inhábil para tomar la comparecencia de ratificación, de no hacerlo así no podrá ser tomada diligencia alguna fuera del horario hábil. Sustenta a lo anterior, aplicable en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 48, noviembre de 2017, tomo I, materia común, página 6, con registro electrónico 2015471, del texto siguiente: **** Notifíquese personalmente a la quejosa.
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