Rosa María Espiritu Villegas
Expediente 733/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosa María Espiritu Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que 23/09/23 21:42:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 CESAR BARAJAS GARCÍA aún no obre en autos los acuses de recibo de los oficios 30655/2022 y 30656/2022, dirigidos a las autoridades foráneas Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por los cuales se les notificó la sentencia emitida en el sumario en que se actúa, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a las aludidas autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE." Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva y la ejecutoria correspondiente. 23/09/23 21:42:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c9.b4 CESAR BARAJAS GARCÍA WordSISE ??A???????????? Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
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SETNENCIA DICTADA CON FECHA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE RESUELVE: Luego, para estar en aptitud de dilucidar sobre lo infundado de los motivos de disenso planteados, es necesario cuestionarse si el seguimiento a específicos aspectos que destaca la parte quejosa, constituye una cuestión trascendental en la validez de la norma que nos ocupa, o si por el contrario, su desatención no implica una infracción sustantiva que vulnere los principios de fundamentación y motivación legislativas. Para dar respuesta a ello, debemos tener presente los lineamientos que sustentaron la integración de la invocada jurisprudencia P./J. 120/2009, en la que se reconoció que la problemática para verificar la constitucionalidad de las normas generales debe abordarse inexorablemente atendiendo al marco de la organización republicana en la que se dividen las funciones del Estado (división de poderes), así como del sistema democrático liberal representativo como modelo adoptado por el Estado Mexicano, que permea al propio procedimiento legislativo, tan es así que consideró al órgano legislativo como un órgano deliberante que encauza la expresión de todas las opiniones de todos los grupos, tanto mayoritarios como minoritarios, antes de ser un ente decisorio. Por ende, el órgano de control constitucional tampoco puede permanecer ajeno a tales estructuras de organización política, de ahí que sus decisiones necesariamente deban respetar la autonomía de la voluntad legislativa dentro de aquel marco constitucional. A la luz de lo reseñado con antelación, queda de relieve el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subrayó que no toda infracción al procedimiento legislativo es susceptible por sí misma, de invalidar la norma general creada, ya que si de todos formas la voluntad del órgano político fue precisamente integrar al sistema jurídico determinado precepto o conjunto de ellos, entonces aquel vicio resultaría intrascendente. Entonces, si de la intelección de los artículos 22, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero; 5, inciso II, subinciso II, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y 34 de la Ley Número 266 de Catastro del Estado de Guerrero, se obtiene que la Coordinación General de Catastro es una unidad administrativa auxiliar de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para el despacho de los asuntos relativos a la administración del catastro en esta entidad federativa; y que con motivo de ello, está legitimada para hacer observaciones en lo relacionado a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción que los Ayuntamientos remiten al Congreso para su aprobación, de ello se sigue que la remisión de tales observaciones, con posterioridad al envío de la iniciativa respectiva por parte del Ayuntamiento de Acapulco, no puede incidir en la validez de la norma sujeta a revisión. Lo anterior se estima así, porque es facultad exclusiva del Congreso del Estado de Guerrero aprobar las aludidas tablas de valores unitarios de suelo y construcción, lo que no puede estar condicionado a una aprobación previa de una entidad perteneciente a un poder distinto -ejecutivo- al legislativo, ya que de proceder en ese sentido, se despojaría al Congreso del Estado de esa cualidad deliberante. Por ende, si se dio cumplimiento al envío de las observaciones respectivas por parte de la Coordinación General de Catastro perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de ello se sigue que el aspecto destacado por la parte quejosa en torno al orden que debió observarse para ello - previo a la iniciativa remitida por el Ayuntamiento de Acapulco-, no constituye sino en todo caso, una mera infracción a una cuestión procedimental más no sustantiva sobre el proceso legislativo que en modo alguno anula la aprobación realizada por los miembros que integran el órgano legislativo. Por ende, al no encontrarse fundado el motivo de disenso planteado en torno a los actos legislativos que dieron origen al Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, tampoco puede apreciarse reflejado en la Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, como se argumenta en el tercer concepto de violación. II. Legalidad Tributaria. En el cuarto concepto de violación la quejosa sostiene que conforme a lo dispuesto en los artículos 9, inciso c), y 12, fracción III, de la Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, así como de acuerdo a lo estipulado en los numerales 30, 33, 34, 35 y 36 de la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, y finalmente en los arábigos 20, 25, 26 y 31 de su Reglamento de la Ley de Catastro, la base gravable para el impuesto predial se calcula con base en las directrices ahí establecidas, en concordancia con el Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022; sin embargo, conforme a las directrices establecidas no se indican los elementos que se deben tomar en cuenta para determinar un valor unitario al suelo y a las construcciones o para asignar determinado valor a un predio, lo que impide que el contribuyente conozca la manera de determinar la base, puesto que el valor catastral se obtiene conforme al valor del suelo y construcción previsto en las citadas tablas, vulnerando con ello la garantía de legalidad tributaria, porque se faculta a la autoridad administrativa la determinación del valor catastral de los predios y construcciones. Agrega que el artículo 30 de la Ley de Catastro señala que la determinación de valores unitarios de la tierra para zonas urbanas debe tomar en consideración su localización en atención a los polos locales de desarrollo, o dependiendo del uso de cada predio, los servicios existentes, medios de comunicación y en general todos aquellos factores determinantes en el valor de la tierra, cuando sea aplicable el procedimientos de valores de calle; no obstante ello no es fijado algún parámetro dentro del cual pueda desplegar su actuar la autoridad recaudadora, a fin de establecer cuándo debe atenderse a la ubicación en un polo de desarrollo, o cuándo al uso del predio, ni cuáles son todos los factores que tomara en cuenta para su determinación y menos aún fijó ni delimitó cuando un determinado factor incrementa o demerita el valor de los predios. Aunado a lo anterior, la quejosa aduce que en las tablas de valores unitarios no se determina el método por el cual el inmueble objeto del impuesto es susceptible de ubicarse en las mismas, pues no establecen los parámetros que fueron tomados en cuenta para llevar a cabo la clasificación del terreno y su construcción para ubicarlo en determinada zona, aunado a que ningún precepto indica cómo o con base en qué se va a determinar o asignar un valor unitario al suelo y a las construcciones de los predios agrupados. Son infundados los argumentos antes sintetizados por las consideraciones que se exponen a continuación. La normativa que prevé el procedimiento de creación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, está contenida en los artículos del 29 al 39 de la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, así como del 20 al 27 de su Reglamento, los cuales a la letra dicen: "Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero CAPÍTULO VI De las tablas de Valores Catastrales Artículo 29.- Los valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para la determinación de los valores catastrales, serán actualizados conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. Artículo 30.- Para la determinación de los valores unitarios de la tierra, tratándose de los predios comprendidos en las zonas urbanas, se tomará en cuenta su localización para el caso de su análisis con apoyo en polos locales de desarrollo, o bien el uso predominante de los predios en cada vía y zona respectiva, los servicios urbanos existentes, medios de comunicación y en general todos aquellos factores determinantes en el valor de la tierra, cuando sea aplicable el procedimiento de valores de calle. Artículo 31.- Los valores unitarios de suelo en las zonas rústicas se fijarán por hectárea, teniendo en cuenta las condiciones agrológicas de la región, la ubicación en relación con los centros urbanos o de consumo, las facilidades de las vías de comunicación, medios y costo de transporte para los productos y los demás factores que influyan en el valor de ese tipo de terrenos. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 733/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 25 ??????? ?? Artículo 32.- El Municipio en coordinación con las dependencias oficiales correspondientes, determinará los perímetros de las zonas urbanas y suburbanas de los núcleos de población que ameriten ese carácter. Las áreas ubicadas fuera de tales perímetros constituirán las zonas rústicas. Artículo 33.- Los valores unitarios de construcción, se determinarán en función de las características de cada uno de los elementos estructurales y arquitectónicos que las integren; y su establecimiento se realizará mediante los cuadros de tipos de edificación o conforme a la implementación matemática de las tablas de clasificaciones constructivas. Artículo 34.- Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los valores unitarios para el suelo y para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la Dirección de Catastro Municipal, que previamente serán aprobados y autorizados por el H. Congreso del Estado. Los Ayuntamientos municipales que remitan su iniciativa de Decreto de tablas de valores unitarios de suelo y construcción al H. Congreso del Estado, para su aprobación, previamente deberán ser revisadas y validadas por la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que verifique el cumplimiento de los criterios y lineamientos técnicos y normativos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. En caso de que la Coordinación General de Catastro emita observaciones sobre la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, las hará del conocimiento al Ayuntamiento que corresponda y del H. Congreso del Estado, para que éste último valore la conveniencia de incluir dichas observaciones en el Decreto correspondiente. Artículo 35.- Una vez formuladas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción y validadas por la Coordinación General de Catastro, se someterán a acuerdo del Cabildo, para que se envíen en calidad de proyecto, por conducto del Presidente Municipal al H. Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación correspondiente. Dichas tablas de valores unitarios deberán presentarse para su aprobación, en la fecha que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre Vigente. Artículo 36.- Para efectuar el proceso de valuación y revaluación catastral de los predios urbanos deberá partirse del valor unitario por metro cuadrado aplicable, conforme a su división territorial catastral, en relación con los polos de desarrollo local definidos, así como a la zona y calle de su ubicación, tomando en consideración las disposiciones que en materia de valuación y revaluación establezca el Reglamento de la presente Ley. Artículo 37.- Las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deberán ser del dominio público y surtirán efecto a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 38.- Aprobadas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, la Dirección de Catastro, procederá a la valuación y revaluación individual o masiva de los predios. Artículo 39.- Los valores unitarios comprendidos en las tablas de valores de suelo y construcción serán objeto de actualización cada año, para predios urbanos y rústicos. Si al término de estos períodos no se expiden nuevas tablas, continuarán rigiendo las vigentes." "Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero Capítulo IV Elaboración de tablas de valores unitarios de suelo y construcción Artículo 20. Los ayuntamientos, a través de la Dirección de Catastro Municipal, elaborarán el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de conformidad con lo que establecen los artículos contenidos en el Capítulo VI de la Ley, los cuales deberán ser acompañados del plano o gráfico correspondiente, en los formatos que contengan la información debidamente requisitada. Artículo 21. Una vez elaborado el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Dirección de Catastro Municipal del ayuntamiento respectivo, se enviarán a la Coordinación General de Catastro, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para su revisión y validación de los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en su elaboración, y una vez cumplidos estos, se devolverán al ayuntamiento; en caso de no cumplir satisfactoriamente estos criterios técnicos y normativos se harán del conocimiento del mismo para su corrección. Artículo 22. Una vez hecha la validación de los criterios técnicos y normativos de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 26 Coordinación General de Catastro, la autoridad municipal correspondiente las presentará ante el Cabildo para su discusión y aprobación en su caso. Artículo 23. Una vez aprobadas las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción por el Cabildo, se levantará el acta de aprobación correspondiente y serán enviadas por conducto de la Presidencia Municipal al H. Congreso del Estado para su análisis y expedición del decreto de aprobación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 35 de la Ley. Artículo 24. La Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción tendrá vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Artículo 25. Para la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo, los ayuntamientos además de seguir el procedimiento señalado en los artículos anteriores, deberán realizar las actividades que a continuación se indican: I. Los ayuntamientos, a través de la Dirección de Catastro Municipal, con apoyo de personal especializado en el ramo, realizarán los estudios de mercado necesarios para formular la propuesta de Valores Catastrales Unitarios de Suelo tomando como base el metro cuadrado para predios urbanos y por hectárea tratándose de predios rústicos, mismos que servirán de base para determinar los valores catastrales; II. Tratándose de predios urbanos se procederá a su clasificación bajo el criterio de agruparlos en zonas catastrales, y a su vez en tramos de calles o zonas de valor; III. Se recabarán toda clase de datos poblacionales, socioeconómicos, de infraestructura y equipamiento urbano a fin de proceder a una zonificación adecuada y a un cálculo preciso del valor unitario por zona; así como a las características comunes de los inmuebles que se ubiquen en las distintas zonas del mismo refiriéndose a las zonas catastrales de condiciones homogéneas e infraestructura y equipamiento urbano, y IV. El valor unitario de los predios urbanos por metro cuadrado, se determinará y establecerá por zona, manzana o calle, atendiendo a la disponibilidad y características del equipamiento, infraestructura y servicios públicos, tomando en cuenta en forma enunciativa y no limitativa los elementos siguientes: a) Suministro de Agua.- - - b) Vialidades. - - - c) Drenaje. - - - d) Energía eléctrica y alumbrado público. - - - e) Banquetas y guarniciones. - - - f) Equipamiento básico. - - - g) Vigilancia y servicios de limpia. - - - h) Parques públicos y jardines. - - - i) Equipamiento especial. - - - j) Mercados públicos. - - - k) Proximidad a zonas comerciales y de servicios. Artículo 26. Para la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Construcción se considerará el valor por metro cuadrado de construcción determinándolo en función de la cantidad, calidad y valor de los materiales utilizados en su estructura, acabados y mano de obra aplicada en ellos, clasificándolas según: I. USO: 1. Habitacional. 2. Comercial. 3. Industrial. 4. Edificios de Oficinas. 5. Mixto. 6. Instalaciones Especiales. 7. Elementos Accesorios. 8. Obras Complementarias. II. CLASE: 1. Habitacional: a) Precaria. b) Económica. c) Interés Social. d) Regular. e) Interés Medio. f) Buena. g) Muy Buena. h) Lujo. 2. Comercial: a) Económica. b) Regular. c) Buena. d) Muy Buena. e) Lujo. f) Departamental. 3. Industrial: a) Económica. b) Ligera. c) Mediana. d) Pesada. 4. Equipamiento: a) Cine o Auditorio. b) Escuela. c) Oficinas. d) Estacionamiento. e) Hospital. f) Hotel Regular. g) Hotel Bueno. h) Hoteles de 1 a 4 Estrellas. i) Hotel 5 Estrellas. j) Hotel Gran Lujo. k) Restaurantes. l) Bares. m) Tiendas de Autoservicio. n) Mercado. 5. Especiales: a) Alberca. b) Barda. c) Canchas. d) Cobertizo. e) Elevador. 6. Instalaciones Especiales. 7. Elementos Accesorios. 8. Obras Complementarias. Artículo 27. Tratándose de predios rústicos, se aplicará el valor catastral por hectárea de conformidad con el artículo 31 de la Ley, y para la formulación de las Tablas de Valores se basarán atendiendo a los factores cualitativos siguientes: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 733/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 27 ??????? ?? I. Terrenos de Humedad; II. Terrenos de Riego; III. Terrenos de Temporal; IV. Terrenos de Agostadero Laborable; V. Terrenos de Agostadero Cerril; VI. Terrenos de Monte Alto en Explotación Forestal; VII. Terrenos en Monte Alto sin Explotación Forestal, y VIII. Terrenos en explotación minera. Así mismo, se considerarán los elementos exógenos que intervienen en la determinación del valor como: a) Disponibilidad de la infraestructura de riego. b) Proximidad de caminos, carreteras, puertos o centros de distribución de acopio y abasto. c) Costo de los medios de transporte. d) Tipo de clima. e) Cultivos principales y periodicidad. f) Utilidad y explotación del terreno." Los artículos 30 y 33 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, establecen que para determinar los valores unitarios de los predios urbanos se deberá tomar en cuenta su localización para el caso de su análisis con apoyo en polos locales de desarrollo, o bien el uso predominante de los predios en cada vía y zona respectiva, los servicios urbanos existentes, medios de comunicación y en general todos aquellos factores determinantes en el valor de la tierra, cuando sea aplicable el procedimiento de valores de calle; y para determinar los valores unitarios de construcción, se determinarán en función de las características de cada uno de los elementos estructurales y arquitectónicos que las integren; y su establecimiento se realizará mediante los cuadros de tipos de edificación o conforme a la implementación matemática de las tablas de clasificaciones constructivas. Además de que el artículo 25 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, entre otras cosas, indica que el valor unitario de los predios urbanos por metro cuadrado, se determinará y establecerá por zona, manzana o calle, atendiendo a la disponibilidad y características del equipamiento, infraestructura y servicios públicos, tomando en cuenta en forma enunciativa y no limitativa los elementos siguientes: a) Suministro de Agua; b) Vialidades; c) Drenaje; d) Energía eléctrica y alumbrado público; e) Banquetas y guarniciones; f) Equipamiento básico; g) Vigilancia y servicios de limpia; h) Parques públicos y jardines; i) Equipamiento especial; j) Mercados públicos; y k) Proximidad a zonas comerciales y de servicios Los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, imperan que los Ayuntamientos por conducto de la Dirección de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 28 Catastro Municipal, elaborarán el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de conformidad con lo que establecen los artículos contenidos en el Capítulo VI de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, los cuales deberán ser acompañados del plano o gráfico correspondiente, en los formatos que contengan la información debidamente requisitada. Una vez elaborado el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento respectivo, se enviarán a la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para su revisión y validación de los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en su elaboración, y una vez cumplidos éstos, se devolverán al Ayuntamiento; en caso de no cumplir satisfactoriamente estos criterios técnicos y normativos se harán del conocimiento del mismo para su corrección; hecha la validación de los criterios técnicos y normativos de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Coordinación General de Catastro, la autoridad municipal correspondiente las presentará ante el Cabildo para su discusión y aprobación en su caso. Consecuentemente, la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción debe cumplir con todos los requisitos que se señalan, no obstante los elementos que refiere la quejosa no precisamente deben estar insertos como subclasificación dentro del Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, puesto que los estudios técnicos valorados son parte del proyecto presentado por el Ayuntamiento, el cual fue revisado por la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, quien validó los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en su elaboración y que posteriormente fue aprobado por el Congreso del Estado, tal y como se constata del Dictamen presentado al Congreso en sesión de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, que en su parte conducente se observa: "[.] CONSIDERACIONES . Que en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 34 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, el Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 733/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 29 ??????? ?? Guerrero, solicitó a la Coordinación General de Catastro del Gobierno del Estado de Guerrero, la revisión y en su caso validación de propuesta Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción con Vigencia para 2022, Dirección que con oficio número SFA/SI/CGC/0067/2021, de fecha 28 de octubre del 2021, señalo: '.se observa que las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcciones "cumple con los criterios y lineamientos técnicos y normativos que señala la citada Ley y su Reglamento, por lo que se expide el presente oficio de validación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción." Por lo que es suficiente que las autoridades hayan cumplido con el procedimiento de creación establecido por la Ley de Catastro y su Reglamento, sin que se advierta alguna disposición legal que conmine al Congreso del Estado a incluir en el Decreto reclamado toda la información consistente en los estudios técnicos valorados para su emisión, de manera que el hecho de que no estén insertos en la citada norma todos esos elementos no trae como consecuencia la inconstitucionalidad del citado Decreto, puesto que la autoridad expresamente estableció que se siguió con el proceso legislativo impuesto por la Ley de Catastro y su Reglamento, lo cual se observa de la transcripción del dictamen que antecede. Por tanto, que en el Decreto reclamado no se inserten elementos como lo son el uso predominante de los predios, factores de depreciación por edad y de mercado, su ubicación, así como el plano o gráfico de las zonas catastrales que muestren los factores que influyan en el valor de los terrenos, no implica que los valores unitarios puedan elegirse al arbitrio de la autoridad, dado que esos factores, ya fueron previamente analizados en el proyecto emitido por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Catastro Municipal, el cual fue revisado por la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y aprobado por el Congreso del Estado, para que el contribuyente, sin necesidad de analizar una vez más todas estas particularidades mencionadas, pudiera fácilmente ubicarse en el supuesto de valor unitario que en su caso le resulte aplicable y calcular el valor catastral del inmueble de su propiedad. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis XVII.2o.P.A.34 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Registro digital: 2018412, que dispone: "PREDIAL. LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, QUE SIRVE DE BASE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La Tabla de valores unitarios GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 30 de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial local el 24 de diciembre de 2016, es un acto material y formalmente legislativo. Ahora, para determinar si se encuentra debidamente fundado y motivado, debe considerarse si el órgano que lo expidió actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución de la entidad le confiere (fundamentación), y si se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), lo que se cumple en el caso, sin que sea necesario que en la tabla de valores indicada el Congreso del Estado hubiere especificado el método o criterio que le permitió ubicar los inmuebles en las diversas categorías que menciona, y que no contenga los parámetros para fijar los valores de suelo y construcciones, que servirán de base para el cálculo del impuesto predial, pues conforme a la jurisprudencia P./J. 1/2005, sólo cuando el legislador desestima y no hace suya la propuesta del Ayuntamiento correspondiente -lo que en el caso no ocurrió-, debe motivar reforzadamente ese rechazo." Además, como ya se indicó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el legislador no siempre está obligado a precisar las razones o circunstancias especiales que tomó en consideración para expedir una ley, dado que el requisito de motivación se satisface cuando ésta se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Aunado a lo anterior, es de destacarse que del Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, se puede constatar que ponderada las características que forman parte de la infraestructura y equipamiento urbano, pues en su artículo único, apartado "III.- TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCION VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.", se determina que cada tipo de vivienda se clasificara en: A PRECARIA; B POPULAR; C ECONOMICA; D INTERES SOCIAL; E MEDIO; F SEMILUJO; G LUJO; H PLUS; e, I PREMIER, tal y como se inserta a continuación: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 733/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 31 ??????? ?? Además de que en apartado "IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE", se describen todas las características físicas que identifican el tipo de vivienda, como enseguida se inserta: Consecuentemente, lo anterior razonablemente permite afirmar y sostener que el Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, contiene los elementos suficientes de la construcción para poderle asignar una categoría a los inmuebles materia del impuesto predial, sin dejar en estado de indefensión al contribuyente puesto que elementos insertados son suficientes para lograr categorizar al inmueble materia del impuesto. No es inadvertido que la quejosa sostiene que las tablas de valores unitarios incluyen tipologías que no se encuentran contempladas en la legislación catastral, ya que por lo que hace a la determinación de la clasificación relativa a la clase particularmente al uso habitacional define las tipologías en a) precaria, b) económica, c) interés social, d) regular, e) interés medio, f) buena, g) muy buena y h) lujo, mientras que el Decreto contempla otras categorías como la popular, regular, semilujo, plus y premier, lo que lo afecta de inconstitucional, lo mismo ocurre respecto del uso, puesto que las tablas contemplan una serie de divisiones no reconocidas por la ley, tal GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 32 como acontece al momento de incluirse una clasificación diferenciada entre los predios de uso habitacional, entre los que sean uni-familiares, respecto de los constituidos en departamento o condominio, lo que genera incertidumbre al sujeto del impuesto predial, pues en ninguna parte de la Ley de Catastro se encuentran establecidos dichos parámetros, lo que provoca que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa, debido a que el legislador estableció una variedad de posibles bases gravables atendiendo a las diversas clasificaciones establecidas en las tablas (habitación, comercial e industrial) pero no estableció los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para efecto de clasificar las tipologías, en los términos previstos en las tablas de valores unitarios. Sin embargo, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, no debe perderse de vista que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "[.] Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. (.)." Del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los cuatro principios de justicia fiscal que configuran el sistema impositivo mexicano, los cuales son: legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y destino al gasto público. Estos principios nutren de contenido a los ordenamientos fiscales, pero también delimitan el margen de actuación del legislador para crear, modificar o derogar las normas que componen cada régimen tributario particular que integra dicho sistema. En lo que aquí interesa el principio de legalidad tributaria implica la exigencia constitucional al legislador ordinario de establecer los elementos constitutivos de las contribuciones de manera razonable, con el objeto de que los contribuyentes tengan certeza sobre la manera en que habrán de cumplir sus obligaciones fiscales, sin que ello lo vincule a definir cada vocablo o locución utilizado en las normas, sino por el contrario, se reconoce la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad legales. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 733/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 33 ??????? ?? El alcance de dicha garantía de legalidad tributaria se basa en que el legislador no debe prever fórmulas que representen prácticamente la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. En esa virtud, el principio de legalidad tributaria no llega al extremo de impedir el empleo de un método de interpretación jurídica para arribar al verdadero significado de cada uno de los elementos esenciales de la norma que crea el impuesto de que se trata, pues el objeto de dicha garantía tiene que ver con la prohibición de que sea la autoridad administrativa la que determine alguno de esos elementos esenciales, de modo que se abra la posibilidad de cometer arbitrariedades en contra del ciudadano que desconoce los lineamientos o formulas a utilizar para calcularlos, dejando a voluntad de la autoridad exactora y no del legislador, el cálculo de tal aspecto. Conviene citar por las razones que las informan, los siguientes criterios aislados, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. LXXVI/2010, Registro digital: 163097, y de la entonces Carta Sala, Tesis: 4a. XXXVI/91, Registro digital: 207876, que disponen: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NO TUTELA QUE LA DEBIDA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN TRIBUTO SE HAGA BAJO UN ENTORNO PROPORCIONAL Y EQUITATIVO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para evitar que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del gravamen, el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, y para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien los precise. Asimismo, al atender a la interacción de dicho principio tributario con la garantía de seguridad jurídica, en su vertiente de certeza manifestada en un suficiente desarrollo normativo, ha sostenido que el legislador no debe prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. Sin embargo, este Alto Tribunal no ha sostenido que en cumplimiento al principio de legalidad tributaria, el legislador esté obligado, adicionalmente, a tutelar los diversos GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 34 principios de proporcionalidad y equidad, como si aquél fuera una meta-garantía constitucional que se infringiría siempre que se faltara a la proporcionalidad o a la equidad aunque, desde luego, el legislador debe velar por que no se violen los principios mencionados en último término, sin que ello derive del principio de legalidad tributaria." "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE. La exigencia de que los elementos esenciales de un tributo se consignen expresamente en la ley que lo establece, no llega al extremo de pretender la definición de los conceptos que utilice ni excluye la posibilidad de que la norma se interprete para averiguar su correcto alcance. Lo que prohibe la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, es que la creación propiamente dicha del impuesto quede a cargo de una autoridad distinta del legislador, lo cual no acontece cuando en la ley aparecen determinados los elementos del tributo, requiriéndose únicamente de la interpretación para fijar su exacto sentido, puesto que interpretar la ley no equivale a crearla, sino nada mas a desentrañar el sentido de la ya existente." Por tanto, no se transgrede el principio de legalidad tributaria ante la falta de definición -en la norma- de los conceptos de popular, regular, semilujo, plus y premier; y, que por tal motivo, impida al contribuyente atender su ámbito de aplicación, puesto que atendiendo el marco constitucional que regula el principio de legalidad tributaria y, que como ha quedado expuesto, no vincula al legislador a definir cada vocablo o locución utilizado; máxime en atención al reconocimiento de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad legales; y aún más atendiendo a que tales vocablos no dan pauta a una interpretación confusa que imposibilite su acepción. Es decir, aunque en el Decreto reclamado no se describen los parámetros para clasificar el inmueble en los tipos básicos de construcción adherida al suelo, que son: vivienda unifamiliar; departamento condominio; hoteles-moteles; comercios o prestación de algún tipo de servicio; escuelas; restaurantes; naves industriales/bodegas; estacionamiento; techumbres; terrazas; alberca; jardines; elevadores; pavimentos y banquetas; muros de contención; y, centros sociales, salón de eventos, estadios, foros y espectáculos; lo cierto es que de la imposición de los conceptos descritos se puede observar que éstos no necesitan mayor descripción, pues su definición es del dominio público y son perfectamente identificables por cualquier persona. De ahí que, son infundados los conceptos de violación analizados. Bajo ese contexto, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa María Espíritu Villegas, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto que rige este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rosa María Espíritu Villegas, por las razones dadas en el último considerando que rige esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy siete de octubre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
ACTO SEGUIDO, LA JUEZA ACUERDA: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. A CONTINUACIÓN SE PROCEDE AL DESAHOGO DE LA ETAPA DE ALEGATOS, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA ACUERDA: Al no haber alegatos que reproducir, con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y quedan los autos pendientes de dictar la resolución correspondiente; firman electrónicamente los que en ella intervinieron para debida constancia legal.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por Raúl Muñoz Marín, apoderado de la quejosa Araceli Patricio Jiménez, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de treinta y uno de agosto pasado, y al efecto exhibe cinco copias más del escrito de expresión de agravios para correr traslado a las demás partes. En atención a su contenido, toda vez que el ocursante acompaña la totalidad de las copias que se requieren, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes con las copias conducentes, distribúyanse los ejemplares entre las demás partes y remítase el original del escrito de agravios junto con el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, anexando copia del mismo para la agente del Ministerio Público Federal adscrita al tribunal de alzada, para el efecto de que se substancie el medio de defensa referido. Cabe destacar que los autos del presente expediente se remitirán al Tribunal de Alzada en turno, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el expediente, esto es, que se alleguen las MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 constancias de notificación a las partes tanto de la sentencia recurrida como del presente auto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la tesis de jurisprudencia 2a./J. 116/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguientes "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO". Por otra parte, requiérase a las autoridades responsables foráneas para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, acusen recibo vía telegráfica, o incluso al correo 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, de los oficios por los que se les notificó la sentencia dictada en este sumario y el presente proveído. Apercibidas que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tengan, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??????????????? Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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