Rosa María Elizabeth Zepeda Montes
Expediente 116/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2018
Partes del expediente
- Rosa María Elizabeth Zepeda Montes
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio y anexos que acompaña al mismo, signado por la Procuradora Fiscal en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en autos; en tal virtud, resérvese a proveer lo conducente, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de mérito....V
- Principal
SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...SEGUNDO. LA JUSTICIAD E LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A....V
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado de cuenta, rendido por el Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Querétaro con el contenido de éste, dése vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 118 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la citada autoridad responsable, se le tiene señalando como domicilio de su parte, para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe, de igual manera, se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona. Luego, agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, atento a su contenido, téngasele únicamente dando cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en auto admisorio. Sin que haya lugar a tener a dicha autoridad en cita en el párrafo que antecede, señalando domicilio y delegados de su parte, toda vez que no tiene carácter de responsable dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no ha haya lugar a tener a la citada autoridad, realizando manifestaciones ni por desahogar las pruebas que indica en su oficio de mérito, toda vez que la referida autoridad no tiene el carácter de responsable dentro del presente juicio, lo que se asienta para los efectos legales conducentes....v
- Principal
ADMISIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***** , con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se admite en sus términos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 116/2018-V, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se apertura incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la ley reglamentaria invocada, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO Toda vez que en el particular se reclama una norma general, en términos del inciso d, de la fracción I, del artículo 107 de la Ley de Amparo invocada, con fundamento en el diverso artículo 26, fracción II, inciso c, de la propia ley de la materia, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete, por medio de oficio. AUTORIDADES RESPONSABLES En tal virtud, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, su informe con justificación, que deberán rendirlo dentro del término de TRES DÍAS, al que deberán acompañar las constancias a que se refiere el artículo 118 de la Ley de la materia, en la inteligencia de que las mismas, deberán remitirse debidamente legibles y completas, apercibidas que, de no hacerlo, en su oportunidad se les aplicará MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 238 y la fracción II, del artículo 260. Lo anterior es así, tomando en cuenta que en la presente demanda se impugnan preceptos de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que si bien no han sido declarados inconstitucionales por los Tribunales que ejercen el control de la constitución, integrantes del Poder Judicial de la Federación, ingresan sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de dos jurisprudencias que existen sobre el tema, en específico, los derechos registrales que se cobran teniendo como base el valor de operación. En efecto, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la fecha ha emitido dos jurisprudencias en las que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes que establecen como base del derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el valor de operación, tesis cuyos datos de localización, rubros, textos y precedentes son los siguientes: Criterio sustentado en la Tesis: P./J. 95/2009, visible en la página 1431, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, que establece: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.- Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero." Así como en la tesis P./J. 121/2007, visible en la página 2099, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, que establece: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.- Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo." De las jurisprudencias antes transcritas, se desprende que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor tomando en cuenta el valor de operación, que no tiene relación alguna con el costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios equidad y proporcionalidad tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero. En tratándose de actos materialmente administrativos, y si en la demanda se aduce falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, requiérase el informe con justificación aludido conforme el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debiendo en tal caso la autoridad señalada como responsable complementar en esos aspectos el acto reclamado, bajo apercibimiento que para el caso de no hacerlo, en la sentencia que se dicte se podrá considerar que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración en términos del último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, por cuanto hace al Director del Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", de la lectura del escrito de demanda no se advierte que se le atribuyan vicios en su participación en el proceso legislativo, por tanto, no se le tiene como autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número VIII.3o. J/14, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con número de registro 180964, Novena Época, Tomo XX, agosto de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta visible en la página 1386, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO." Por su parte, por lo que se refiere al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, al Director de Ingresos de dicha Secretaría, y al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, no ha lugar a tenerlos como autoridades ejecutoras en virtud de que la recaudación respectiva no les resulta atribuible por no tener intervención en tal acto, sin perjuicio de que con la presentación de la declaración del pago se acredite la aplicación de la ley o partir de la cual empieza a correr el plazo para promover el amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 79 y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2, requiérasele al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, para que dentro el término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído sólo en caso de existir, informe a este juzgado si a la parte quejosa se le aplicó con anterioridad los numerales impugnados mediante un recibo de pago previo al recibo de pago de número de operación 2018/108649 de diez de enero de dos mil dieciocho; y en caso de ser así remita las constancias que avalen su dicho, en el entendido que de no desahogar lo anterior se entenderá que no existe aplicación previa. Es conducente al caso la jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página 367, con el rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO." De igual manera, la Jurisprudencia 163/2005, con número de registro 176291, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de dos mil seis, página 319, que en lo principal indica: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." REQUERIMIENTO NOTARIO Ahora bien, con fundamento en el artículo 17 constitucional, para la impartición de una justicia pronta y expedita, requiérase al Notario Público Número 30 en Querétaro, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, cumpla con los siguientes requerimientos: a) Informe a esta autoridad en qué fecha se expidió a la parte quejosa la factura y/o recibo de honorarios, relativa a la escritura pública 50,365 (cincuenta mil trecientos sesenta y cinco); b) Exhiba copia certificada de dicha factura y/o recibo de honorarios; c) Remita copia certificada del acuse de recibo donde se desprenda la fecha en que la aludida factura y/o recibo de honorarios entregada a la parte quejosa; d) Informe en qué fecha se firmó la escritura antes mencionada; e) Exhiba copia certificada de la citada escritura, así como de sus anexos; y, f) Remita copia certificada del acuse de recibo donde se desprenda la fecha en que dicha escritura le fue entregada a la parte quejosa. En el entendido de que si tuviere imposibilidad legal para cumplir con uno de los referidos incisos, deberá manifestar tales circunstancias bajo protesta de decir verdad; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, o bien omitiere cumplir con alguno de los incisos precisados, en términos de los artículos 237 y 238 de la ley de la materia, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencial por contradicción de tesis2ª./J.5/2006, (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 657, con número de registro 176048, que a la letra reza: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre la adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en la escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre la adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley." AUTORIDADES INEXISTENTES Apercíbase a la parte quejosa para que, en el supuesto de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda de amparo, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre ellas el señalar en forma precisa las autoridades responsables), sin ulterior acuerdo, se les tendrá como inexistentes y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa proporcione la denominación correcta de las autoridades responsables; lo anterior, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación del presente asunto; lo que guarda congruencia con el derecho fundamental tutelado por el artículo 17 constitucional, en su modalidad relativa a justicia pronta y expedita. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedores a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 245 de la Ley de Amparo. INFORME SOBRE SOBRESEIMIENTO Requiérase a todas las partes, para que en su oportunidad, de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, acompañando las constancias que lo acrediten; lo anterior, con apoyo en el numeral 64, de la ley reglamentaria invocada, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de TREINTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN al emitirse la sentencia, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 251 de la Ley de Amparo. PRUEBA Con apoyo en el artículo 119 de la Ley Reglamentaria invocada, se tienen por admitidas y desahogadas, por su propia naturaleza jurídica, las pruebas: 1) documentales consistentes en: a) un recibo de pago de número de operación 2018/108649 de diez de enero de dos mil dieciocho; y, b) copia simple de la credencial para votar de Rosa María Elizabeth Zepeda Montes; 2) instrumental de actuaciones; y 3) presuncional legal y humana. Sin perjuicio de que sean tomadas en consideración, en el momento procesal oportuno y relacionada en la audiencia de ley, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizado en términos amplios a ARMANDO FABIÁN LIRA VÁZQUEZ, y con fundamento en el citado artículo, en relación con el 24 de la misma ley, se tienen por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la diversa persona que se refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal....V
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