Rosa María Cruz Martínez
Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 27 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Rosa María Cruz Martínez
- Director del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que la circular 28/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, la Coordinadora de Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, informó que se declararon inhábiles los días del dieciséis al dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, que en la circular SGP/02/2023, de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, signada por María Cristina Martín Escobar, Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que con motivo del paro nacional de labores en toda la república, se declararon como días inhábiles a partir del diecinueve hasta el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. De igual manera, y en atención a la circular 29/2023 de veinticinco de octubre del año en curso, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, la Coordinadora de Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, informó que se declararon inhábiles los días veinticinco; y, del veintiséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Así también, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena: El expediente principal es conservable por haberse concedido la protección constitucional, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General. El cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo es conservable, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, inciso b), del artículo 17, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. El duplicado del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo es destruible, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II, inciso a), del artículo 19, del citado Acuerdo General Conjunto. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Toda vez que en autos consta un documento en original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Patricia Aracely Alucano Barajas, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del AVISO de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la PARTE QUEJOSA ******, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA ******, publicada el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: "Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que la circular 28/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, la Coordinadora de Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, informó que se declararon inhábiles los días del dieciséis al dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, que en la circular SGP/02/2023, de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, signada por María Cristina Martín Escobar, Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que con motivo del paro nacional de labores en toda la república, se declararon como días inhábiles a partir del diecinueve hasta el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. De igual manera, y en atención a la circular 29/2023 de veinticinco de octubre del año en curso, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, la Coordinadora de Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, informó que se declararon inhábiles los días veinticinco; y, del veintiséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Así también, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena: El expediente principal es conservable por haberse concedido la protección constitucional, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General. El cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo es conservable, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, inciso b), del artículo 17, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. El duplicado del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo es destruible, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II, inciso a), del artículo 19, del citado Acuerdo General Conjunto. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Toda vez que en autos consta un documento en original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Patricia Aracely Alucano Barajas, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a los PARTE QUEJOSA **********, publicada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: "Ensenada, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se procede a analizar si las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto, cumplieron con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. El once de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó, y por una diversa se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosa María Cruz Martínez, la cual fue recurrida por la Delegada de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto. Dicho medio de impugnación fue radicado como amparo en revisión 22/2023, por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; quien por resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia dictada en el presente juicio. En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria del referido órgano colegiado, y se requirió a las autoridades responsables, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, esto es, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos: "[.] a) Dejen de aplicar a la quejosa los descuentos a la pensión, a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el numeral 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, por conceptos de "servicios médicos" (clave 53) y "reserva técnica" (clave 76); para lo cual deberán inmediatamente emitir las órdenes o instrucciones que procedan para que se materialice el cese de esos descuentos, y solo se tendrá por acatado este punto con el 'recibo de pensión' o constancia fehaciente de él en que se aprecie que ya no se reflejan en su percepción pensionaria tales deducciones. b) Devuelva a la quejosa la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde los realizados quince días hábiles anteriores a la presentación de la demanda, es decir, desde el trece de mayo de dos mil veintidós, hasta que se cumplimente la ejecutoria. c) Las cantidades a devolver, deberán ser debidamente actualizadas. [.]" En atención al citado requerimiento, en proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto, al cual anexó el diverso oficio de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, signado por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, donde hizo constar que a partir del pago a pensionados y jubilados correspondiente al mes de julio de dos mil veintidós, y en lo futuro, no se aplicará a la pensión de la quejosa Rosa María Cruz Martínez, la deducción y/o descuento a que refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; asimismo solicitó una prórroga para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, misma que le fue concedida. En auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades responsable en cita, a través del cual informó que el Encargado de Despacho de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTECALI, envío a la Coordinación de Asesoría y Servicios Legales del ISSSTECALI, a través del diverso oficio SGPES/986/2023, el historial de pago de la quejosa, donde aparecen los montos descontados por los conceptos de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, con los códigos 76 y 53, a partir del mes de mayo de dos mil veintidós a la fecha, a efecto de que se devuelvan las cantidades que erogó por tales conceptos; así como que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro las normas reclamadas. Es así que, en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se agregó el oficio signado por la Delegada de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al cual anexó copia certificada de los cheques 19536 y 94386, por las cantidades de $562.36 (quinientos sesenta y dos pesos 36/100 pesos moneda nacional), y $2,249.42 (dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 42/100 pesos moneda nacional), respectivamente, expedidos y recibidos por la quejosa Rosa María Cruz Martínez. Luego, mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto a efecto de que enviaran copia certificada del recibo de pensión, o constancia fehaciente en la que se apreciara que ya no se reflejan en la percepción pensionaria de la aquí quejosa, las deducciones a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25, fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"). Por lo que, en proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Delegada de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, envió copia certificada de la nómina de pago de pensión del mes de julio de dos mil veintitrés, de la quejosa Rosa María Cruz Martínez, donde se advierten las deducciones realizadas a la percepción pensionaria. Con lo anterior, se dio vista a las partes sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Director General de dicho instituto, dejara de aplicar a la quejosa los descuentos a la pensión, a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25 fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"); además, devolviera a la quejosa la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde los realizados quince días hábiles anteriores a la presentación de la demanda, es decir, desde el trece de mayo de dos mil veintidós, hasta que se cumplimentara la ejecutoria; cantidades a devolver, que deberían ser debidamente actualizadas; lo cual, así sucedió. Pues en efecto, la autoridad responsable Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a través del oficio de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, informó que a partir del pago a pensionados y jubilados correspondiente al mes de julio de dos mil veintidós, y en lo futuro, no se aplicarán a la pensión de la quejosa Rosa María Cruz Martínez, la deducción y/o descuento a que refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; asimismo, expidió los cheques 19536 y 94386, por las cantidades de $562.36 (quinientos sesenta y dos pesos 36/100 pesos moneda nacional), y $2,249.42 (dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 42/100 pesos moneda nacional), respectivamente, los cuales fueron recibidos por la quejosa Rosa María Cruz Martínez, según constancia que obra en autos. Así también, de la nómina de pago de pensión del mes de julio de dos mil veintitrés a la quejosa Rosa María Cruz Martínez, enviada por la reponsable, se advierte que ya no se reflejan las deducciones a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25, fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"). Por tanto, resulta evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; de ahí que este órgano jurisdiccional no advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído
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