Rosa María Cordero Juarez
Expediente 2251/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2251/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rosa María Cordero Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra integrado, tomando en consideración que los terceros interesados BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quedaron emplazados y se les vinculó al presente juicio de amparo el quince y dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, respectivamente, lo que constituye un obstáculo para la celebración de la presente audiencia, tomando en consideración que está transcurriendo la vista otorgada en autos. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior y a efecto de no transgredir normas de carácter procesal, se difiere la audiencia constitucional, y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Jueces Primero y Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; y al segundo de ellos la responsable anexa copia certificada del juicio hipotecario ********************; en tal virtud, con su contenido y anexo se pone a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. ****************************************En mérito de lo anterior, analizadas las constancias que la citada autoridad responsable adjuntó como apoyo a su informe justificado, se advierte que el juicio hipotecario ********************, fue promovido por ********************ahora ********************.****************************************Asimismo, que dentro del citado juicio existe un diverso acreedor denominado ********************, a quien le compete defender sus derechos en el presente juicio constitucional.****************************************En esas condiciones, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ténganse como terceros interesados a ******************** e ********************.****************************************En tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción I, y 115, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado calle ********************número ********************, colonia ********************, entre calles ******************** y ******************** código postal ********************, de esta ciudad, toda vez que dicha finca es la que se advierte de los autos del expediente de origen, y emplace a juicio al citado tercero interesado ********************, debiéndole correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, del presente proveído y del auto admisorio, haciéndole de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.****************************************Asimismo, deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, y por lista en una página electrónica, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que para ello se tenga que realizar mayor trámite.****************************************Finalmente, por lo que corresponde al ********************con sede en esta ciudad, se ordena su emplazamiento a juicio, mediante oficio, con transcripción de este auto, del acuerdo de admisión y copia simple de la demanda, en términos de la fracción II, inciso b) del artículo 26 de la invocada ley.****************************************Notifíquese; personalmente y por oficio a los terceros interesados.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Actuario adscrito del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
En Reynosa, Tamaulipas, a las nueve horas con quince minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes no obstante su legal notificación, procede a celebrar la audiencia señalada para este día en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2251/2023-I, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia incidental y la Secretaria de Juzgado hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda promovida por Rosa María Cordero Juárez, los informes previos rendidos por las autoridades responsables, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa por el que ofrece pruebas y; asimismo, en este acto, se da cuenta con el informe previo rendido por el Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el cual quedó registrado con el folio 19026. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable y tómese en consideración al resolver el presente incidente de suspensión. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, dando cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable y la parte quejosa. A lo que el Juez acuerda: Téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 143 de la ley de la materia; las que serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Por otra parte, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que tener por reproducidos. A lo que el Juez acuerda: Téngase por realizada la constancia secretarial que antecede para todos los efectos legales correspondientes, sin alegatos que tener por reproducidos, se cierra este periodo, y no existiendo promoción pendiente de acuerdo, se da por concluida la presente audiencia, ordenando el Juez se dicte la siguiente interlocutoria: VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2251/2023-I, promovido por Rosa María Cordero Juárez, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y otras autoridades. CONSIDERANDO PRIMERO. Se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente incidente de suspensión. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: El emplazamiento practicado y como consecuencia todo lo actuado en el juicio hipotecario 665/2018. SEGUNDO. Las autoridades responsables: Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes previos negaron los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya ofrecido probanza alguna que desvirtúe dichas negativas; por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia VI.2o.J/19, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, donde aparecen como datos de publicación la página 133, del tomo II, relativo a Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Reynosa, adscrita al Instituto Regional y Catastral del Estado de Tamaulipas y Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial del Estado, todos con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptaron los actos que se les atribuye; por tanto, se tienen como legalmente ciertos. Ahora, la suspensión la solicita para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se prive a la quejosa del inmueble ubicado en calle Palma Criolla, número 238, manzana 20, Lote 20, del fraccionamiento Las Palmas, de esta ciudad. En ese tenor, con la finalidad de acreditar el interés que le asiste en obtener la medida suspensional, la quejosa exhibió diversas constancias, entre las cuales se advierte: Copia certificada del instrumento diez mil ciento ochenta, donde se hace constar la cancelación parcial de hipoteca que otorgó la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a favor de Rosa María Cordero Juárez. Contrato de compraventa celebrado por Rosa María Cordero Juárez y Salve Habitacional, Sociedad Anónima de Capital Variable (parte vendedora), sobre el bien inmueble de mérito. Contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado por Rosa María Cordero Juárez y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Documentales que adminiculadas con los informes previos, resultan suficientes para acreditar su interés suspensional. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, y toda vez que se reúnen los requisitos que se señalan en el numeral citado, pues como lo solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de ejecutarse los actos reclamados se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecuten actos tendentes a la desposesión del bien inmueble que defiende, ubicado calle Palma Criolla, número 238, manzana 20, Lote 20, del fraccionamiento Las Palmas, de esta ciudad; suspensión que surte sus efectos desde este momento, hasta en tanto las responsables reciban la notificación del auto que cause ejecutoria la sentencia que se emita en el juicio principal de donde deriva el incidente que nos ocupa. Ahora, en el supuesto de que los actos reclamados emanen de un expediente en el procedimiento de remate, la suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega del bien inmueble al adjudicatario, como lo dispone el artículo 151 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues se reitera, se satisfacen los requisitos a que se contrae el primero de los preceptos legales invocados, a saber: pues existe petición de la parte agraviada y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público, toda vez que el acto que se reclama, en su caso, sólo se afecta derechos personales de la parte quejosa; además, no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además, de negarse y ejecutarse el acto reclamado, se causarían a la parte quejosa, perjuicios de difícil reparación, toda vez que al ejecutarse los actos reclamados, provocaría violaciones en su esfera jurídica personal, que posteriormente, de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada. Se hace del conocimiento tanto de la parte quejosa como de las autoridades responsables, que la presente suspensión no surtirá ningún efecto si los actos ya fueron consumados o son diferentes al que por esta vía se reclama. Como se dijo, la presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no exhibe a disposición de este juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, garantía por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), por los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir la tercera interesada, en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio principal, lo que deberá exhibir en cualquiera de las formas establecidas en la ley, cantidad que se fija de forma discrecional de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte cantidad alguna que sirva como base. Es aplicable al tema precedente, la tesis III.3o.C.J/3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." Así como la diversa tesis II.2o.C.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto." Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 125, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a Rosa María Cordero Juárez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
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