Rosa Maria Cordero Hernandez

Expediente 1098/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1098/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Rosa Maria Cordero Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de once de julio de dos mil veintiudós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Magistrado del tribunal Unitario Agrario Distrito 14 y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1098/2022-II, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en cuestión, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al examinar la demanda, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional ha sustentado lo siguiente: Atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Así, de no actualizarse ninguno de estos supuestos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.1o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito", de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Así como la diversa tesis aislada I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, de un análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: "ACTO RECLAMADO. Lo constituye, en primer término lo actuado dentro del expediente 135/2022-14, en específico la omisión por parte de la responsable en pronunciarse en la audiencia de fecha 15 de junio de 2022 respecto a la promoción ingresada en esa misma fecha (15 de junio de 2022), donde se exhibió justificante médico expedido por una institución pública, con el cual la suscrita acredite la causa de fuerza mayor que me impidió el estar presente en dicha audiencia, sin embargo la responsable omite el pronunciarse sobre dicho escrito y continua con el desahogo de la audiencia sin hacer pronunciamiento alguno sobre dicha receta, lo anterior a pesar de ser obligación procesal el pronunciarse sobre todas las promociones que sean ingresadas al tribunal, derivado de lo anterior se me acusa la rebeldía de manera injusta y se me impide el alegar dentro del juicio de origen, dejando a la suscrita en un notorio estado de indefensión, violando en mi perjuicio mi derecho fundamental a la garantía de audiencia y al debido proceso, consagrados en los diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, así como lo prescrito por nuestra carta magna." De tal suerte, que la sola omisión de no pronunciarse respecto de una promoción ingresada, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, pues sus efectos sólo pueden traducirse en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución definitiva, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlo una vez dictada dicha resolución mediante el medio de defensa legal idóneo. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación, no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse si obtiene un resolución favorable en el juicio de origen. Además, con la emisión del acto reclamado no queda desprotegida la continuación del trámite del juicio con respeto a los derechos procesales esenciales, ni conlleva una posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; por el contrario, permite la correcta integración de la Litis, habida cuenta que el hecho de que se le cite a una audiencia, no genera ni priva un derecho del aquí quejoso. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualizan en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Rosa María Cordero Hernández. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el diverso 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda. TOMA DE FOTOGRAFIAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. En ese contexto, tomando en consideración la trascendencia del presente proveído, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice la notificación encomendada. Ello, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Empero, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentren adscritos a este juzgado, se determina que cuando se trate de alguna notificación que, por sus características implique un peligro de contagio del virus SARSCoV2 (COVID19), la persona a notificar no debe estampar su firma en la constancia respectiva y únicamente el actuario debe hacer constar la manera en la que se cercioró de que es la persona indicada, así como, en su caso, las circunstancias en la que se encuentra. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en virtud de no contar con el registró de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO EL SIGUIENTE PROVEÍDO: ""PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Magistrado del tribunal Unitario Agrario Distrito 14 y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1098/2022-II, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en cuestión, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al examinar la demanda, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional ha sustentado lo siguiente: Atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Así, de no actualizarse ninguno de estos supuestos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.1o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito", de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Así como la diversa tesis aislada I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, de un análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: "ACTO RECLAMADO. Lo constituye, en primer término lo actuado dentro del expediente 135/2022-14, en específico la omisión por parte de la responsable en pronunciarse en la audiencia de fecha 15 de junio de 2022 respecto a la promoción ingresada en esa misma fecha (15 de junio de 2022), donde se exhibió justificante médico expedido por una institución pública, con el cual la suscrita acredite la causa de fuerza mayor que me impidió el estar presente en dicha audiencia, sin embargo la responsable omite el pronunciarse sobre dicho escrito y continua con el desahogo de la audiencia sin hacer pronunciamiento alguno sobre dicha receta, lo anterior a pesar de ser obligación procesal el pronunciarse sobre todas las promociones que sean ingresadas al tribunal, derivado de lo anterior se me acusa la rebeldía de manera injusta y se me impide el alegar dentro del juicio de origen, dejando a la suscrita en un notorio estado de indefensión, violando en mi perjuicio mi derecho fundamental a la garantía de audiencia y al debido proceso, consagrados en los diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, así como lo prescrito por nuestra carta magna." De tal suerte, que la sola omisión de no pronunciarse respecto de una promoción ingresada, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, pues sus efectos sólo pueden traducirse en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución definitiva, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlo una vez dictada dicha resolución mediante el medio de defensa legal idóneo. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación, no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse si obtiene un resolución favorable en el juicio de origen. Además, con la emisión del acto reclamado no queda desprotegida la continuación del trámite del juicio con respeto a los derechos procesales esenciales, ni conlleva una posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; por el contrario, permite la correcta integración de la Litis, habida cuenta que el hecho de que se le cite a una audiencia, no genera ni priva un derecho del aquí quejoso. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualizan en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Rosa María Cordero Hernández. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el diverso 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda. TOMA DE FOTOGRAFIAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. En ese contexto, tomando en consideración la trascendencia del presente proveído, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice la notificación encomendada. Ello, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Empero, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentren adscritos a este juzgado, se determina que cuando se trate de alguna notificación que, por sus características implique un peligro de contagio del virus SARSCoV2 (COVID19), la persona a notificar no debe estampar su firma en la constancia respectiva y únicamente el actuario debe hacer constar la manera en la que se cercioró de que es la persona indicada, así como, en su caso, las circunstancias en la que se encuentra. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en virtud de no contar con el registró de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese personalmente."

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