Rosa María Cazarez Solorzano
Expediente 583/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rosa María Cazarez Solorzano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que transcurrió el plazo...para recurrir el proveído de diecisiete de junio de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por analogía, se declara que el mismo ha causado estado...Remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido...Acorde a lo previsto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que estableció como susceptibles de destrucción los expedientes relativos a los juicios de amparo en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; por tal motivo, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción...Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación...Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda en línea promovida aparentemente por Rosa María Cazares Solórzano, contra actos del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 583/2020.De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, lo siguiente..."La ilegal e inconstitucional imposición de sellos de SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, en el establecimiento mercantil del cual la suscrita es titular y que está ubicado en el domicilio ubicado en la Calle de Luis Moya 61, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México"...A fin de proveer lo conducente, se estima pertinente acotar que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, precisa en el artículo 6 que las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica...De igual modo, en el artículo 2°, fracciones XV y XVI, define lo que debe entenderse por FIREL y Firma Electrónica, a saber: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: (.) XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o 'e.firma'(antes firma electrónica avanzada o 'FIEL'), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del 'Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". Por su parte, el diverso 10, segundo párrafo dispone que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, hecha excepción para la promoción de demandas electrónica en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.2 Además, en el artículo 16 se establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de dicho presente Acuerdo General y se registren en el sistema.3 En concordancia con lo anterior, el artículo 45 del propio Acuerdo4 regula lo relativo a la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales, cuyo contenido, en lo que aquí importa, destaca el uso de la Firma Electrónica vigente para ello. De lo que se colige, que para acceder a los servicios en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es requisito indispensable contar con una firma electrónica vigente emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. 4. Determinación. Bajo ese contexto, cobra relevancia que la demanda de amparo presentada electrónicamente por Rosa María Cazares Solórzano, quien insta la presente vía, por derecho propio, carece de firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación y, por ende, de la evidencia criptográfica que ponga de manifiesto que quien promueve es la misma quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020 antes invocado, en relación con los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, tiene los mismos efectos que la autógrafa. De lo que se sigue, que al carecer de firma electrónica por parte de Rosa María Cazares Solórzano, no ha lugar a tener por satisfecha la manifestación de la voluntad para promover la demanda de amparo. Máxime, que la promovente no se ubica en un caso de excepción, esto es, la demanda de amparo no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la materia, además que no se trata de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por los cuales la agraviada se haya visto imposibilitada para promover el amparo. Ello es así, pues como se advierte de la transcripción del acto reclamado, la quejosa, por derecho propio, cuestiona la suspensión de actividades del establecimiento mercantil denominado "EXTRACCIÓN HIDROELECTRICA". Desechamiento. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano la demanda que se provee, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales dispositivos legales se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable.5 Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.6 Subsunción del caso conforme al supuesto normativo. Ahora, como se destacó en párrafos anteriores, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Rosa María Cazares Solórzano, carece de firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación y, por ende, de la evidencia criptográfica que ponga de manifiesto que quien promueve es quien dice acudir al amparo. Lo anterior es así, porque en términos de los previsto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio constitucional debe promoverse únicamente por el agraviado a quien perjudiquen los actos reclamados, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicho ordenamiento; no obstante, en la especie, como ya se indicó, del escrito de demanda en estudio no se puede advertir la manifestación de voluntad de la parte quejosa para iniciar esta vía, en razón que la demanda no contiene su firma electrónica. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 establece que el juicio de amparo debe ser promovido por la parte a quien le afecta el acto reclamado, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentar la demanda firmada, en el caso en concreto, de manera electrónica. Así, al presentarse sin firma electrónica, equivale a un documento que carece de pleno valor probatorio para su admisión, por lo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser subsanada con un auto de prevención, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del acto en el juicio de amparo. Ello es así, pues la firma electrónica tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación.8 Cabe abundar, que atento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, la Firma Electrónica establecida el Poder Judicial de la Federación se entiende como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, así como una opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales, por lo que las demandas que se presenten vía electrónica, será a través de dicha firma, que se exteriorice la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, para promover el juicio de amparo. Asimismo, dicho precepto legal establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia I.1o.A.39 K (10a.), aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Agosto de 2018, página 2679: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRONICA. PARA ESTIMAR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CUANDO EL QUEJOSO PROMUEVE EL JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, ES NECESARIO QUE DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA GENERADA CON MOTIVO DE SU ENVÍO SE ADVIERTA INDUBITABLEMENTE QUE LA FIRMA ELECTRONICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ AQUÉLLA LE PERTENECE. Acorde con el principio de instancia de parte agraviada, la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por los quejosos o por quienes legalmente los representen. Por su parte, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa. En lo que corresponde a esta herramienta tecnológica, son los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se obtienen destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Derivado de lo anterior, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto por su propio derecho, vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado; de lo contrario, deberá sobreseerse en el juicio". Sobre este tema, en el artículo 46 del Acuerdo General 12/2020 multicitado se prevé que al presentar una demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico enviado que contenga su demanda y anexos, así como la hora y fecha de envío y recepción y un folio electrónico; asimismo, en los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. Lo anterior, a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, si la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Rosa María Cazares Solórzano, no cuenta con evidencia criptográfica, es incuestionable que no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 46 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal9; circunstancia, que se corrobora con la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expediente. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), aprobada por el Pleno de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril de 2019, página 79: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Debe precisarse que cierto es que la pandemia global por el Covid-19 ha representado un cambio en los parámetros de "normalidad", que han regido en la vida pública y en el ejercicio de la función jurisdiccional, pese a ello, tal circunstancia no es suficiente para tener por satisfecho el presupuesto legal de la firma de quien promueve el amparo, pues no existe certeza de que quien dice ser la agraviada efectivamente tenga la intención de promover el juicio, o bien, si es voluntad de una persona ajena quien lo promueve en su aparente calidad de quejosa, incluso en perjuicio de la misma promovente; por ello es que, a efecto de no violentar el principio de seguridad jurídica que rige al juicio constitucional, es necesario que quien pretenda acudir al amparo, cumpla con los presupuestos establecidos para su promoción, máxime que, como ya se dijo, los actos reclamados no se encuentran en ningún supuesto de excepción. Conclusión. En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que en contra del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal; lo que, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia provoca su desechamiento de plano. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque se advierte plenamente de la demanda, pues los antecedentes del acto reclamado narrados son lo suficientemente claros como para advertir la naturaleza de los actos reclamados, es decir, sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza de los actos reclamados no variará, lo que implica que convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 6. Habilitación de horas. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones electrónicas y de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. 7. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado a Miguel Navarro Lagunas en términos del segundo párrafo, última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos. 8. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 9. Uso de Medios Electrónicos. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En el entendido de que la referida autorización la podrá hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. 10. Expediente físico y electrónico. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3 y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; intégrese el expediente físico, así como el electrónico en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. 11. Transparencia. Se hace del conocimiento a las partes, que en términos de los artículos 1, 2, 6, 7 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como los numerales 6° y 8° del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos, en virtud de no haber comparecido al presente Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente...Vista la demanda en línea promovida aparentemente por Rosa María Cazares Solórzano, contra actos del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 583/2020.De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, lo siguiente..."La ilegal e inconstitucional imposición de sellos de SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, en el establecimiento mercantil del cual la suscrita es titular y que está ubicado en el domicilio ubicado en la Calle de Luis Moya 61, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México"...A fin de proveer lo conducente, se estima pertinente acotar que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, precisa en el artículo 6 que las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica...De igual modo, en el artículo 2°, fracciones XV y XVI, define lo que debe entenderse por FIREL y Firma Electrónica, a saber: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: (.) XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o 'e.firma'(antes firma electrónica avanzada o 'FIEL'), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del 'Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". Por su parte, el diverso 10, segundo párrafo dispone que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, hecha excepción para la promoción de demandas electrónica en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.2 Además, en el artículo 16 se establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de dicho presente Acuerdo General y se registren en el sistema.3 En concordancia con lo anterior, el artículo 45 del propio Acuerdo4 regula lo relativo a la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales, cuyo contenido, en lo que aquí importa, destaca el uso de la Firma Electrónica vigente para ello. De lo que se colige, que para acceder a los servicios en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es requisito indispensable contar con una firma electrónica vigente emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. 4. Determinación. Bajo ese contexto, cobra relevancia que la demanda de amparo presentada electrónicamente por Rosa María Cazares Solórzano, quien insta la presente vía, por derecho propio, carece de firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación y, por ende, de la evidencia criptográfica que ponga de manifiesto que quien promueve es la misma quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020 antes invocado, en relación con los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, tiene los mismos efectos que la autógrafa. De lo que se sigue, que al carecer de firma electrónica por parte de Rosa María Cazares Solórzano, no ha lugar a tener por satisfecha la manifestación de la voluntad para promover la demanda de amparo. Máxime, que la promovente no se ubica en un caso de excepción, esto es, la demanda de amparo no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la materia, además que no se trata de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por los cuales la agraviada se haya visto imposibilitada para promover el amparo. Ello es así, pues como se advierte de la transcripción del acto reclamado, la quejosa, por derecho propio, cuestiona la suspensión de actividades del establecimiento mercantil denominado "EXTRACCIÓN HIDROELECTRICA". Desechamiento. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano la demanda que se provee, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales dispositivos legales se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable.5 Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.6 Subsunción del caso conforme al supuesto normativo. Ahora, como se destacó en párrafos anteriores, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Rosa María Cazares Solórzano, carece de firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación y, por ende, de la evidencia criptográfica que ponga de manifiesto que quien promueve es quien dice acudir al amparo. Lo anterior es así, porque en términos de los previsto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio constitucional debe promoverse únicamente por el agraviado a quien perjudiquen los actos reclamados, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicho ordenamiento; no obstante, en la especie, como ya se indicó, del escrito de demanda en estudio no se puede advertir la manifestación de voluntad de la parte quejosa para iniciar esta vía, en razón que la demanda no contiene su firma electrónica. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 establece que el juicio de amparo debe ser promovido por la parte a quien le afecta el acto reclamado, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentar la demanda firmada, en el caso en concreto, de manera electrónica. Así, al presentarse sin firma electrónica, equivale a un documento que carece de pleno valor probatorio para su admisión, por lo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser subsanada con un auto de prevención, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del acto en el juicio de amparo. Ello es así, pues la firma electrónica tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación.8 Cabe abundar, que atento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, la Firma Electrónica establecida el Poder Judicial de la Federación se entiende como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, así como una opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales, por lo que las demandas que se presenten vía electrónica, será a través de dicha firma, que se exteriorice la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, para promover el juicio de amparo. Asimismo, dicho precepto legal establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia I.1o.A.39 K (10a.), aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Agosto de 2018, página 2679: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRONICA. PARA ESTIMAR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CUANDO EL QUEJOSO PROMUEVE EL JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, ES NECESARIO QUE DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA GENERADA CON MOTIVO DE SU ENVÍO SE ADVIERTA INDUBITABLEMENTE QUE LA FIRMA ELECTRONICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ AQUÉLLA LE PERTENECE. Acorde con el principio de instancia de parte agraviada, la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por los quejosos o por quienes legalmente los representen. Por su parte, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa. En lo que corresponde a esta herramienta tecnológica, son los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se obtienen destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Derivado de lo anterior, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto por su propio derecho, vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado; de lo contrario, deberá sobreseerse en el juicio". Sobre este tema, en el artículo 46 del Acuerdo General 12/2020 multicitado se prevé que al presentar una demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico enviado que contenga su demanda y anexos, así como la hora y fecha de envío y recepción y un folio electrónico; asimismo, en los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. Lo anterior, a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, si la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Rosa María Cazares Solórzano, no cuenta con evidencia criptográfica, es incuestionable que no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 46 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal9; circunstancia, que se corrobora con la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expediente. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), aprobada por el Pleno de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril de 2019, página 79: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Debe precisarse que cierto es que la pandemia global por el Covid-19 ha representado un cambio en los parámetros de "normalidad", que han regido en la vida pública y en el ejercicio de la función jurisdiccional, pese a ello, tal circunstancia no es suficiente para tener por satisfecho el presupuesto legal de la firma de quien promueve el amparo, pues no existe certeza de que quien dice ser la agraviada efectivamente tenga la intención de promover el juicio, o bien, si es voluntad de una persona ajena quien lo promueve en su aparente calidad de quejosa, incluso en perjuicio de la misma promovente; por ello es que, a efecto de no violentar el principio de seguridad jurídica que rige al juicio constitucional, es necesario que quien pretenda acudir al amparo, cumpla con los presupuestos establecidos para su promoción, máxime que, como ya se dijo, los actos reclamados no se encuentran en ningún supuesto de excepción. Conclusión. En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que en contra del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal; lo que, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia provoca su desechamiento de plano. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque se advierte plenamente de la demanda, pues los antecedentes del acto reclamado narrados son lo suficientemente claros como para advertir la naturaleza de los actos reclamados, es decir, sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza de los actos reclamados no variará, lo que implica que convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 6. Habilitación de horas. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones electrónicas y de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. 7. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado a Miguel Navarro Lagunas en términos del segundo párrafo, última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos. 8. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 9. Uso de Medios Electrónicos. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En el entendido de que la referida autorización la podrá hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. 10. Expediente físico y electrónico. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3 y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; intégrese el expediente físico, así como el electrónico en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. 11. Transparencia. Se hace del conocimiento a las partes, que en términos de los artículos 1, 2, 6, 7 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como los numerales 6° y 8° del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese.
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