Rosa María Castellanos Ramírez

Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Rosa María Castellanos Ramírez
  • Roy Deniz Sánchez
  • Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, la pieza postal devuelta que contiene el oficio 3033/2023, con la leyenda "cambio de domicilio". Ahora bien, del oficio recibido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se advierte que el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, señaló como domicilio procesal, el ubicado en avenida ******************** número ********************, ********************, colonia ********************, código postal ********************, ********************, Ciudad de México; consecuentemente, reenvíese el comunicado de cuenta al domicilio indicado, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución en la que se declaró infundada la denuncia por incumplimiento general de inconstitucionalidad, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto; por tanto, se declara que dicha resolución ha causado estado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no obre el acuse de recibo del 3033/2023, que se envió a la autoridad responsable con el objeto de notificarle la resolución de trato, pues es al denunciante a quien le podría afectar la resolución, quien no interpuso recurso de inconformidad en su contra. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se declaró infundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la denuncia. Por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito **** por su propio derecho, denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la autoridad y acto que enseguida se precisan: La autoridad o autoridades señaladas como responsables. La Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) [.]. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. El no haberme otorgado autorización para consumo personal de Marihuana con fines recreativos mediante OFICIO No 223301EL350276." SEGUNDO. Admisión y trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la denuncia bajo el consecutivo 1/2022-I, y se dio la vista correspondiente a la autoridad denunciada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Asimismo, en auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido el informe de la autoridad denunciada, y con su contenido se ordenó dar vista a las demás partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, con lo que se integró el presente asunto y se colocó en estado de resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucional, con apoyo en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, dado que el acto denunciado no requiera ejecución material, en tanto que el denunciante tiene su residencia en el ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto denunciado y legitimación del denunciante. En principio debe verificarse la legitimación de quien formula la denuncia, toda vez que la formulación de esta última por la parte legitimada para ello, será la condición que haga posible que este Juzgado analice las cuestiones sometidas a su jurisdicción. En ese sentido, el citado artículo 210 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de los gobernados de acudir a los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación, a solicitar que se desaplique de su esfera jurídica una norma que, no obstante haber sido declarada inconstitucional -con efectos generales- por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se haya aplicado en un acto concreto en su perjuicio. De conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas generales declaradas inválidas, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva, y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad dejar sin efectos el acto denunciado. Ahora bien, en el presente asunto se denuncia la negativa de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la autorización de consumo de cannabis con fines recreativos. Por su parte, el denunciante Roy Deniz Sánchez aduce haber resentido la aplicación del sistema normativo de la Ley General de Salud, que establece la prohibición absoluta para emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, que fue objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, al ser la legitimación un aspecto estrechamente vinculado con uno de los requisitos de procedencia de la denuncia que nos ocupa, por tanto, se analizará en el apartado relativo. TERCERO. Procedencia de la denuncia. En principio, se precisa que en el caso se analizará si existe o no la aplicación del sistema de prohibiciones administrativas previsto en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, a la esfera jurídica del denunciante; por ende, el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, conforme lo establece el artículo 210 de la Ley de Amparo. La declaratoria general de inconstitucionalidad, tiene como finalidad superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales vía jurisprudencia. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para apreciar e imponer las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido. Así, esa declaratoria da lugar a la invalidez de la norma cuestionada con efectos generales, es decir, su expulsión del ordenamiento jurídico. Ahora, la denuncia de mérito puede formularse por los gobernados cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma declarada inválida; así, para poder denunciar dicho acto, necesariamente deben concurrir los siguientes elementos: 1. Debe existir una declaratoria general de inconstitucionalidad, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2. Que la declaratoria de invalidez haya surtido efectos; y, 3. Con posterioridad a ello, se afecte al gobernado con su aplicación. Precisado lo anterior, resulta conveniente transcribir las consideraciones conducentes que el Pleno del Alto Tribunal expresó para emitir la referida declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, relativa a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud: "61. En efecto, este Tribunal Pleno considera importante destacar que en la jurisprudencia precisada se declaró, no la inconstitucionalidad de normas aisladas, sino la de un sistema de prohibiciones administrativas, previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud(48), específicamente, el de aquellas porciones que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 62. Lo anterior, porque la Primera Sala consideró que ese sistema provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1 constitucional, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero restringen en menor grado a ese derecho fundamental, y la prohibición absoluta ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. 63. Ahora bien, un conjunto de normas constituye un sistema normativo si dichas normas forman una unidad porque entablan entre sí relaciones sistemáticas, ya sea por remisión expresa o tácita, o por relaciones de jerarquía, contenido, temporalidad o generalidad, de manera que el sentido, alcance, validez u operatividad de las mismas(49) dependa de su estrecha conexión o íntima relación de dependencia. Dicho con otras palabras, un conjunto de normas es un sistema normativo si es necesario integrar, interpretativamente, el conjunto de sus disposiciones para extraer de ellas el sentido normativo de las mismas, como podría ser el establecimiento de determinadas prohibiciones, derechos, facultades u obligaciones. 64. En el caso, las porciones normativas declaradas inconstitucionales, contenidas en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud(50), constituyen un genuino sistema normativo porque la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos se genera a partir de la integración de diversas porciones de las mismas, que incluso contienen un sistema de remisiones expresas entre ellas. 65. En efecto, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud (51), cuyas porciones normativas se invalidaron, establecían lo siguiente: [.] 66. Al respecto, cabe hacer dos precisiones. La primera, que la prohibición declarada inconstitucional está contenida no en la totalidad de esas disposiciones, sino sólo en las porciones normativas resaltadas (con la salvedad del artículo 248, como se precisa en seguida), de cuya relación sistemática se extrae, interpretativamente, dicha prohibición. 67. La segunda, que la prohibición prevista en el artículo 248 tiene un alcance más amplio de la que fue declarada inconstitucional, pues se refiere a la prohibición de cualquier acto de los previstos en el artículo 247, en relación con todas las substancias clasificadas en la fracción I del artículo 245, y no solamente del THC y sus variantes estereoquímicas. 68. En este sentido, como se precisó en las ejecutorias de las que derivaron las jurisprudencias citadas, la Primera Sala no declaró la inconstitucionalidad de la totalidad de esas disposiciones, sino solamente de aquellas porciones de las mismas que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 69. Dichas porciones coinciden con las partes que han sido resaltadas de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, de la Ley General de Salud (52), y con la norma implícita en el artículo 248 que remite, específicamente, a la parte resaltada de la fracción I del artículo 245, que se refiere al THC y sus variantes estereoquímicas. 70. Ahora bien, el problema de inconstitucionalidad advertido no se superó con la reforma a los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud (reformado implícitamente, porque remite expresamente al 245 fracción I), publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (y actualmente vigente), porque dichas reformas no eliminaron la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 71. En efecto, las normas reformadas quedaron como sigue: [.] 72. De las reformas mencionadas se advierte lo siguiente. 73. De la prohibición prevista en el artículo 237, se eliminó la referencia a la cannabis índica, sativa y americana. No obstante, esta eliminación tiene alcance sólo en relación con la permisión del uso de la cannabis con fines médicos, pero no con fines recreativos, pues dicha prohibición subsiste en el último párrafo del artículo 235, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. 74. Por su parte, de la fracción I del artículo 245 se eliminó la referencia al THC y sus variantes estereoquímicas, pero dicha sustancia se reclasificó en las fracciones II y IV de dicho artículo, que prevén, respectivamente, las substancias con algún valor terapéutico que entrañan graves problemas de salud (en concentraciones superiores al 1%) y las consideradas con amplios usos terapéuticos a pesar de que constituyen un problema menor de salud (en concentraciones inferiores al 1%). 75. Esta reclasificación, si bien permitirá el uso del THC y sus variantes estereoquímicas para fines médicos, no elimina el problema de constitucionalidad, pues persiste la prohibición del uso de esa substancia con fines recreativos en el último párrafo del artículo 247, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. 76. Y, si bien el artículo 248 no se modificó, el hecho de que se haya eliminado el THC y sus variantes estereoquímicas de la fracción I del artículo 245, al que remite, no elimina la prohibición de autorizar su uso recreativo, que subsiste en el artículo 247, último párrafo. En todo caso, esa modificación implícita, a través de la modificación a la norma a la que remite, sólo permite su autorización para fines médicos. 77. En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud(53), no ha sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Y, si bien es un hecho notorio para este Tribunal Pleno que el Congreso de la Unión está considerando una serie de cambios legales para superar el sistema de prohibiciones que dio lugar a la jurisprudencia precisada, hasta este momento no ha concluido el proceso legislativo. 78. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno), este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos que se precisarán en el siguiente apartado. III. EFECTOS 79. Este Tribunal Pleno considera importante remarcar que el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno)(54) confiere a esta Suprema Corte amplias facultades para fijar los efectos que deban imprimirse a una declaratoria general de inconstitucionalidad, con la finalidad de que se supere eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en su jurisprudencia. En este sentido, debe entenderse que la Suprema Corte tiene vastas facultades para apreciar e imponer, caso por caso, las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido. 80. Por su parte, el artículo 234 de la Ley de Amparo (55) establece que: 'Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 81. Este Tribunal Pleno considera que, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 82. Ahora bien, como se expuso en las consideraciones de esta resolución, los artículos 237, 245, fracción I, e implícitamente, el 248 (que remite expresamente a la fracción I del artículo 245) fueron modificados en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. La reforma consistió en eliminar de la prohibición prevista en el artículo 237 la referencia a la cannabis sativa, índica y americana, así como en eliminar la prohibición implícita prevista en el artículo 248, al eliminar el THC de la fracción I, del artículo 245, al que remite. 83. Sin embargo, como se justificó previamente, la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, persiste en la Ley General de Salud, en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, que no fueron modificados. 84. Ahora bien, las porciones normativas referidas no se refieren a la materia penal, y, por tanto, no procede dar efectos retroactivos a esta declaratoria general. 85. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Pleno, el problema de inconstitucionalidad advertido se superará limitando la declaratoria general de inconstitucionalidad a las porciones normativas en las que subsiste la prohibición en cuestión, previstas en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, que no fueron modificados. 86. Luego, este Tribunal emite la declaratoria general, únicamente, de las porciones normativas que indican "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, vigente, resaltadas a continuación: "ARTICULO 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. [...] (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) ARTICULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. [...] (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1987) ARTICULO 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: [...] [YA NO SE INCLUYE AL THC EN LA LISTA] Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. [...] ARTICULO 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud." 87. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad surtirá efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y no podrá tener efectos retroactivos. 88. Es importante enfatizar, ante todo, que los alcances de esta declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". 89. Por lo tanto, esta declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. 90. En efecto, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se estima necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS. 91. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. 92. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. 93. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. 94. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. 95. Por último, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación exhorta al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros, sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dar mayores lineamientos respecto de las políticas que el legislador, en uso de su libertad política, decida tomar al respecto. 96. No pasa inadvertida la posibilidad de que subsistan negativas de la COFEPRIS a autorizar el consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC fundamentadas en las disposiciones del la Ley General de Salud en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que se encuentren reclamadas en juicios de amparo pendientes de resolver. Sin embargo, este Tribunal Pleno considera que, al respecto, los tribunales de amparo deberán resolver teniendo en cuenta las normas de la Ley General de Salud aplicadas en dicha negativa y la jurisprudencia de esta Suprema Corte al respecto. 97. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. [.]." Sobre estas bases, del análisis de las consideraciones de la declaratoria de inconstitucionalidad citada, se advierte que el Alto tribunal realizó un examen sistemático de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, pues son los que generan la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Para ello realizó dos precisiones, en el sentido que: 1) la prohibición declarada inconstitucional no está contenida en la totalidad de esas disposiciones, sino sólo en las porciones normativas resaltadas, hecha excepción al artículo 248, de cuya relación sistemática se extrae, interpretativamente, dicha prohibición; y, 2) la prohibición prevista en el artículo 248 tiene un alcance más amplio de la que fue declarada inconstitucional, porque se refiere a la prohibición de cualquier acto de los previstos en el artículo 247, en relación con todas las substancias clasificadas en la fracción I del artículo 245, y no solamente del THC y sus variantes estereoquímicas. Asimismo, acotó que en las ejecutorias de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 10/2019 (10a.), 1a./J. 25/2019 (10a.), 1a./J. 9/2019 (10a.), 1a./J. 7/2019 (10a.), 1a./J. 6/2019 (10a.), 1a./J. 8/2019 (10a.), 1a./J. 4/2019 (10a.), 1a./J. 3/2019 (10a.) y 1a./J. 5/2019 (10a.), no se declaró la inconstitucionalidad de normas aisladas, sino la de un sistema de prohibiciones administrativas, previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud; en concreto, el de aquellas porciones que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que ese sistema provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1º Constitucional, pues puntualizó que existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que resultan igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero restringen en menor grado a ese derecho fundamental, y la prohibición absoluta ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. Así pues, al advertir que el problema de inconstitucionalidad no se había superado con la reforma a los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en la medida que no se eliminó la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos; con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Tribunal Pleno emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad de las porciones normativas que indican "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos" y de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud. Indicó que la aludida declaratoria general de inconstitucionalidad surtiría efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de dicha sentencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la cual no podrá tener efectos retroactivos. Que los alcances de la declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". De tal suerte, dejó sentado que la declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. Que la invalidez de esas porciones normativas, remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, estimó necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. En función de lo expuesto, acentuó que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud debería emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Además, que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. De igual manera, subrayó que al emitirse las autorizaciones, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos y bajo ningún supuesto podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Que con la inhabilidad de las porciones normativas precisadas se vincula a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, en la inteligencia que se deben atender las limitaciones y restricciones precisadas, puesto que ese Tribunal Pleno consideraba superado el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. Finalmente, exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros. Dicha declaratoria general de inconstitucional fue notificada a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante oficios SGA/FAOT/194/2021 y SGA/FAOT/195/2021, respectivamente, con lo cual surtió efectos; circunstancia que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, pues así se advierte de la página de intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la siguiente dirección electrónica: https://www2.scjn.gob.mx/DI/paginas/DeclaracionesInvalidez.aspx, de acuerdo con la siguiente captura: Se cita en apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Tribunal Pleno, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2017123, que indica: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En esas condiciones, se tienen por satisfechos los dos primeros elementos, relativos a la existencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad [1/2018], y que ésta haya surtido efectos, de conformidad con su segundo punto resolutivo. Ahora bien, con relación al último de los elementos, el denunciante señala que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, incumplió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no acordar favorablemente su solicitud para el consumo lúdico del estupefaciente cannabis y todas sus variantes estereoquímicas, conocidas conjuntamente como marihuana o cannabis; sin embargo, el denunciante no acreditó fehacientemente que se le haya negado la autorización relativa; por ende, no demostró que tiene legitimación en la causa para acceder a la petición que dice se le negó. En efecto, uno de los requisitos para que proceda la denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad, es que se haya aplicado, en perjuicio del gobernado, una norma declarada así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el artículo 210 de la Ley de Amparo. Así, con el fin de acreditarlo, el promovente exhibió electrónicamente, una reproducción del oficio 223301EL350276 de once de mayo de dos mil veintidós, con el cual aduce que la autoridad negó su solicitud para el consumo lúdico del estupefaciente cannabis y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. No obstante, dicho documento se considera insuficiente para acreditar ese extremo, pues al haber sido ofrecido de manera electrónica, no presentó la protesta a que hace alusión el artículo 3°, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, de acuerdo con dicha normativa, se implementó un sistema de justicia en línea en donde todas las personas pueden presentar sus demandas, previa satisfacción de los requisitos conducentes, tal como lo es la firma electrónica, y su registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Como corolario de lo anterior, se determinó que en aquellos casos en donde se adjunten documentos públicos, a fin de que pueda dárseles valor probatorio como tal, las partes deben manifestar, bajo protesta de decir, que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento físico. Dicho precepto es del tenor literal siguiente: "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: [.] VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno; [.]." En el caso, el documento que adjuntó el denunciante, relativo a la copia del oficio 223301EL350276, carece de valor probatorio, pues el promovente fue omiso en realizar la protesta a que hace alusión el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual resulta indispensable para que pudiera generar convicción y, en consecuencia, demostrar que le ha sido aplicado en su perjuicio el sistema de prohibiciones objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Por tanto, al ser evidente que el artículo 210 de la Ley de Amparo, exige que se acredite la aplicación de la norma declarada inconstitucional, lo cual corresponde al denunciante, es inconcuso que en el caso no se acreditó esa circunstancia, ya que el documento señalado únicamente tiene el carácter de copia simple, esto es, no reúne los requisitos necesarios para otorgarle valor probatorio y, en consecuencia, debe declararse infundada la denuncia que nos ocupa. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 3a./J. 3/91 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época, con registro 207058, que indica: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo." De igual manera, la diversa jurisprudencia 2a./J. 32/2000 de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 192109, de contenido: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Por último, la tesis II.3o.P.33 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Undécima Época, con registro 2023071, que señala: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE INSERTAN COMO IMAGEN EN LA PROPIA DEMANDA Y NO COMO ANEXO DE ÉSTA, INCUMPLEN CON EL REQUISITO DE SER UNA COPIA INALTERADA Y, POR TANTO, CARECEN DE PLENO VALOR PROBATORIO. Conforme al artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos públicos que se ingresen al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) tendrán valor probatorio pleno, siempre que el promovente se ciña a las reglas que esa forma de trámite requiere, es decir, deben remitirse como anexos de su escrito de presentación, completos, sin alteraciones y con la protesta de decir verdad de que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, pues únicamente en ese supuesto se estará en condiciones de evaluar su alcance probatorio; de ahí que si las documentales públicas remitidas vía electrónica para la tramitación del juicio de amparo indirecto se insertan como imagen en la propia demanda y no como anexo de ésta, ello implica que no cumplen con el requisito de ser una copia inalterada, por lo que no es factible concederles pleno valor probatorio." CUARTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 210 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Es infundada la denuncia realizada por *** con relación al incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, por los motivos indicados en el considerando cuarto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, en representación de la Directora Ejecutiva de la Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal, por medio del cual realiza diversas manifestaciones con relación a la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por ********************. Con su contenido, de conformidad con el artículo 210, fracción I, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, en la inteligencia que una vez transcurrido ese lapso, dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución correspondiente. Finalmente, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º del citado ordenamiento, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva. Notifíquese por lista.

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