Rosa María Carreño del Pilar
Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Rosa María Carreño del Pilar
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Superioridad remite testimonio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada en el Conflicto Competencial 23/2023, en la cual se determinó: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. SEGUNDO. Remítanse los autos a dicho órgano jurisdiccional para que continúe con la sustanciación del asunto; en términos de lo expuesto en el último punto considerativo de la presente ejecutoria." Acuse recibo Atento a lo anterior, se toma conocimiento y por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se ordena archivo del cuaderno de antecedentes Ahora bien, en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como asunto totalmente concluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Admisión de conflicto competencial Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero; mediante el cual informa el contenido del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, que admitió el conflicto competencial planteado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, respecto del juicio de amparo *** y del presente asunto, registrándolo con el número de expediente ***. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V - TRIBUNAL COLEGIADO INFORMA QUE ADMITIO CONFLICTO COMPETENCIAL", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, a través del cual, transcribe la literalidad del proveído de treinta de marzo del año en curso, por el que informa que no comparte el criterio planteado por este órgano jurisdiccional en auto de veintitrés de marzo del año en curso, por el cual no se aceptó la competencia planteada por el juzgado en mención, por los motivos que en el mismo expone y en consecuencia remite el asunto de mérito a conflicto competencial. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V - JUZGADO HOMOLOGO INFORMA QUE PLANTEO CONFLICTO COMPETENCIAL", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, Guerrero, por medio del cual remite el original del juicio de amparo 36/2023, promovido por *************************************, por propio derecho, en virtud de que por acuerdo de diez de febrero del año en curso, dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de dicho asunto. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 410/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Pronunciamiento en relación a la demanda intentada Ahora bien, vista la demanda de amparo que dio inicio al presente asunto, se desprende que la promovente promueve juicio de amparo en contra de las autoridades y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables Ordenadora Indalecia Pacheco León, Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Iguala, Guerrero. Ejecutoras Director del Centro Regional de Reinserción Social, con sede en Iguala, Guerrero. Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Regional de Reinserción Social, con sede en Iguala, Guerrero. Transcripción de los actos reclamados "De la autoridad señalada como ordenadora, la Resolución de fecha 18 de Enero del 2023, que resuelve la carpeta judicial de ejecución ******, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la suscrita, en contra de la Resolución de fecha 23 de Febrero de 2022, mediante la cual calificó de legal la determinación administrativa de traslado de la suscrita, del Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad de Iguala de la Independencia al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS FEMENIL MORELOS", en el que se determinó:." Ahora bien, en el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, el homólogo declinó la competencia a favor de este Jugado de Distrito, por considerar que en el caso se actualiza la regla especial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, al estimar que es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en donde se materializa la ejecución del acto reclamado, aunado a la cercanía del lugar de residencia de la quejosa. Lo anterior, en razón de que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS FEMENIL MORELOS". No se acepta competencia Bajo ese tenor, este Juzgado de Distrito respetuosamente no comparte las razones en que se funda la incompetencia declarada y, por ende, no se acepta la competencia para conocer del presente asunto. En primer lugar, debe decirse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia 20.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Conviene señalar que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios, se encuentran en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el veintitrés de enero de dos mil trece, y publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. Al efecto, se debe tener presente además el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Así, los procedimientos y formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política, se encuentran previstos en el artículo 37 la Ley de Amparo, que establece las tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante quien se presente la demanda, y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, la parte quejosa reclama la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Iguala, Guerrero, por la que se confirma la diversa de veintitrés de febrero de dos mi veintidós, dentro de la carpeta judicial de ejecución 08/2019, por la que se declaró de legal el traslado de la quejosa del Centro Regional de Readaptación Social de Iguala, Guerrero al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS FEMENIL MORELOS". Bajo ese contexto, de la lectura del acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, se advierte, que el Juzgado declinante basó su incompetencia en la regla de competencia territorial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que estimó que la determinación reclamada constituye un acto declarativo con efectos positivos y que se traducen en que la quejosa permanezca interna en Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS FEMENIL MORELOS, Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS FEMENIL MORELOS, a fin de compurgar las penas impuestas en la causa penal 040/20214-II del registro del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia Guerrero. Por lo que estimó que el acto reclamado se materializa en esta Entidad Federativa, ante la subsistencia de legalidad de la orden de traslado ejecutada a la quejosa con motivo de la confirmación efectuada por la autoridad de segunda instancia a través de la resolución que se reclama en el presente sumario constitucional. Sin embargo, se estima que en el caso concreto, se debe atender a la hipótesis prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado por la quejosa lo hace consistir en la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Iguala, Guerrero, por la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa de veintitrés de febrero de dos mi veintidós, dentro de la carpeta judicial de ejecución ****, por la que se declaró de legal el traslado de la quejosa del Centro Regional de Readaptación Social de Iguala, Guerrero al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS FEMENIL MORELOS", por lo que en caso de considerarse que dicha determinación contiene efectos positivos al subsistir la orden de traslado ejecutada a la quejosa, es evidente que la ejecución de dicha orden de traslado se materializó en más de un distrito. En efecto, lo anterior se afirma así, pues el órgano declinante cita lo que a continuación se transcribe: ".el cambio de traslado material se conforma de tres momentos, a saber: El primero, consistente en la emisión de la orden de ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido. El segundo, consistente en el traslado material (trayecto) del reo a un lugar distinto; y, El tercer, aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, en esta etapa culmina la ejecución de la orden." En ese sentido, resulta evidente que la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. Por lo que, si se reclama confirmación de una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a/J. 35/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Julio 2008, página 225, registro digital 169343, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO." No se soslaya, que el juzgado declinante sustenta su criterio en la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero del 2012, tomo 5, página 4311, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO". Sin embargo, dicho criterio no se comparte, toda vez que como se advierte de la consulta del mismo en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación, es evidente que aquel ha quedado superado, lo anterior, en virtud de que por ejecutoria de dieciocho de enero de dos mil doce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la contradicción de tesis 465/2011, al estimarse que ya existe la jurisprudencia 1a/J. 35/2008, que resuelve el mismo problema jurídico; es decir cuando la parte quejosa reclama los efectos de una orden de traslado ejecutada, es competente el juez de distrito ante quien se presente la demanda, siempre que aquel tenga jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, como en la especie acontece con el órgano jurisdiccional declinante, con lo cual, se estima se actualiza la segunda hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, no huelga decir, que aun en el supuesto en que se estime que la resolución reclamada en la presente instancia constitucional no tiene efectos positivos, sino únicamente declarativos al determinar la legalidad de la resolución de primera instancia por la que se ordenó el traslado de centro penitenciario de la promovente del amparo, es competente para conocer del presente asunto el juzgado de distrito declinante, ello en atención a que en ese supuesto, se surtiría la tercer hipótesis del aludido numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada y, por ende, se ordena devolver el presente juicio de amparo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, Guerrero, por considerar es quien debe seguir conocimiento del presente asunto, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente, quedando sólo las constancias necesarias que informen la historia procesal de este expediente. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio interna en CPS. Por esta ocasión notifíquese a la quejosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Morelos, lugar donde se encuentra la quejosa. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "A - NO SE ACEPTA COMPETENCIA DECLINADA ", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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