Rosa María Cach

Expediente 131/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
131/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Rosa María Cach

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del doce al dieciocho de febrero del año en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE uno de febrero de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, uno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ROSA MARÍA CACH, en contra del acto que reclama del Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en Mérida y Oficial del Registro Civil del Municipio de Ticul, Yucatán, que hace consistir en el ilegal asentamiento en los libros de Gobierno del Registro Civil del Estado, de unas actas de defunción a su nombre y al de su progenitora. Al respecto SE ACUERDA: Fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 131/2019-II-A, por ser el número que le corresponde. Ahora bien, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en relación al acto antes mencionado, en atención a las siguientes consideraciones: En su escrito de demanda de amparo, la quejosa señala como acto reclamado el ilegal asentamiento de unas actas de defunción a su nombre y al de su progenitora, así como la causal del fallecimiento, no obstante que solicitó su rectificación. Respecto de dicho acto, quien esto resuelve estima que se actualiza una causal de improcedencia, en este caso la prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el aludido precepto legal, a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: Que el acto reclamado proceda de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Que la ley que rija el acto conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, Que contra dichos actos, la ley aplicable conceda la suspensión con los mismos alcances que la Ley de Amparo, y sin prever mayores requisitos que los estipulados en la misma, para la concesión de la suspensión definitiva. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de: definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Sentado lo anterior, se tiene que el acto ya precisado no es susceptible de ser analizado en la presente vía constitucional, ya que en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como ya se ha dicho, prevé la obligatoriedad de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación, juicio o medio de defensa legal, que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, en otras palabras, en contra del acto administrativo que reclama, procede intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en el caso el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, por las razones que a continuación se exponen: Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, la parte quejosa previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de amparo tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo indirecto, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Del criterio anterior, se advierte que aún ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; Los que carezcan de fundamentación; Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Pues bien, de la transcripción de la demanda de amparo, se desprende que el acto lo hace consistir la quejosa, en el ilegal asentamiento de las actas de defunción de ellas y de su madre no obstante que solicitó a la autoridad su rectificación, la cual le fue negada bajo el argumento que tenía que agotar la acción legal correspondiente; acto que atribuye a la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán y al oficial de Registro Civil con sede en Ticul, Yucatán. Lo anterior contemplado en el artículo 126 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, ya que en dicha Ley se establece de manera expresa que contra los actos emitidos por las autoridades administrativas, la parte afectada podrá acudir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. El numeral citado se transcribe a continuación: Artículo 126. Contra los actos y resoluciones de las dependencias y entidades, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, los particulares podrán interponer el recurso administrativo de revisión. Será optativo para el particular agotar el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Contra la resolución definitiva que se emita en el recurso administrativo de revisión, el afectado podrá acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal." Por su parte, los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, establecen: "Artículo 2. Objeto del tribunal. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es un organismo constitucional autónomo, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, dotado de plena jurisdicción, autonomía e independencia para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, que tiene por objeto conocer, resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado y sus municipios, y los particulares; así como respecto de las faltas administrativas graves que correspondan a los servidores públicos y a particulares relacionados con hechos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves, en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativa. . Artículo 4. Competencia. El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: . IV.- Los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios en los recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos. . De la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, lo siguiente: "ARTICULO 1.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. (ADICIONADO, D.O. 28 DE JUNIO DE 2014) Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." En la inteligencia que con la entrada en vigor el día diecinueve de julio de dos mil diecisiete, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, la máxima autoridad en materia contenciosa administrativa en esta entidad federativa, pasó a denominarse precisamente Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, y el diverso 126 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos, también del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, o bien previo a este, el recurso administrativo de revisión, siendo optativo para el gobernado. Se arriba a esta conclusión, en razón que en el referido numeral transcrito de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán así lo establece; y en ese tenor, el acto reclamado implica una determinación que recayó en contra de la hoy quejosa. Razón por la que resulta susceptible de ser impugnada a través de la vía jurisdiccional que corresponda, en el caso, lo es juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa antes referido, como lo estable el invocado artículo 4, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Además, debe tomarse en consideración que en la especie no se está en el caso de una excepción al principio de definitividad que caracteriza al juicio de amparo, ya que el medio ordinario exige los mismos requisitos para conceder la suspensión definitiva que la Ley de la Materia señala en los artículos 128, 132 y 136, si se toma en cuenta que acorde a lo dispuesto por los preceptos 23, 24 y 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, la cual continúa siendo aplicable al caso, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; la que será resuelta en el mismo proveído en el que se admita la demanda; además, que conforme al diverso ordinal 16 de la última norma señalada, la demanda será admitida tan luego sea presentada, esto es de inmediato; y por ende, la suspensión de igual manera será analizada de inmediato, sin garantizar su otorgamiento, pero sí que exista un tribunal que la estudie y decida. En estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama la parte quejosa, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por lo anterior, resulta evidente que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio de amparo, en términos generales resulta improcedente, ya que por su naturaleza como se ha dicho, constituye un medio extraordinario de defensa. Esto es, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos que en este caso impugna. De ahí, que al no haber agotado la parte promovente el citado medio ordinario de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el precepto citado líneas arriba, al ser el acto reclamado susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO): De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." En esa tesitura, al haberse actualizado las causales de improcedencia analizadas respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizados a Jesús Agustín Cervantes Barrera y Alberto Enrique Basto Fernández, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo. En cuanto a la diversa persona que señala como autorizada, se le tiene con ese carácter, para los efectos precisados en el propio escrito. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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