Rosa Maria Buelna Espinoza

Expediente 82/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
82/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Rosa Maria Buelna Espinoza
  • Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, Guasave, Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, revocó la sentencia dictada en este juzgado; y concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otra parte, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído donde se concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria por la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, del proveído por el que se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, al advertirse del cuaderno de suspensión, que la quejosa Rosa María Buelna Espinoza, exhibió el billete de depósito N 813114, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), para garantizar la suspensión definitiva concedida, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, hágasele saber a dicha parte quejosa, que tiene el término de dos años para recoger el billete de depósito en mención; en la inteligencia que deberá comparecer, debidamente identificada con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Finalmente, considerando el escrito firmado por la quejosa Rosa María Buelna Espinoza, mediante el cual solicita copias certificadas; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos. Como lo solicita el promovente y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo expídase a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y, entréguese previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, se revoco y concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: "que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con domicilio en Guasave, Sinaloa, dejara insubsistente la determinación emitida el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en los autos del juicio agrario 156/2017, consistente en "como medida precautoria dejar sin efecto la resolución de jurisdicción voluntaria pronunciada en el expediente 014/2015, del índice de este Unitario Federal, hasta en tanto no se dicte resolución en la presente controversia agraria" y con libertad de jurisdicción, si lo estima conveniente emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado.". Al respecto, la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, a través de su oficio 1073/2019 recibido en este juzgado el once de abril de dos mil diecinueve, comunicó que dejó sin efectos la medida precautoria decretada en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, y el resto del contenido de la referida audiencia quedo intocado; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de Justicia de la Unión solicitado, por tal razón, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso o defecto alguno.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, mediante el cual viene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio por medio del cual la autoridad antes citada da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, para lo cual entréguesele copia de dicho oficio a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con domicilio en Guasave, Sinaloa, mediante el cual comunica la imposibilidad jurídica y material que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por los motivos que expone, para lo cual solicita le sean devueltos los autos de los juicios agrarios 156/2017 y 14/2015, para estar en condiciones de dar debido cumplimiento a la misma; agréguese para que surta sus efectos legales y como lo solicita hágasele la devolución de dichos juicios agrarios.

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