Rosa María Basurto Solís
Expediente 961/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
- Rosa María Basurto Solís
- Luis Fernando Cano Basurto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
En cuatro de diciembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diez al veinticinco de noviembre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia del cinco de noviembre de la presente anualidad.- DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el número 24002.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil quince, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Fresnillo, Zacatecas, las copias certificadas del juicio de desahucio 225/2013 que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. Finalmente, téngase por recibo el escrito signado por el tercero interesado Mario Juan Cuevas Márquez, mediante el cual designa abogados y señala domicilio para oír notificaciones; y en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez atendiendo a lo expuesto el párrafos que anteceden, el expediente en que se actúa está concluido. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe Bjm
- Principal
En nueve de noviembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil quince. Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar al tercero interesado Mario Juan Cuevas Márquez, la sentencia de cinco de noviembre del año en curso, toda vez que en el presente expediente no obra domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se hace efectivo en su contra al apercibimiento decretado en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, y se ordena turnar los autos al diligenciario adscrito a este Tribunal Federal, a fin de que proceda a practicar la notificación del fallo de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para el citado tercero interesado, en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Bjm
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 961/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rosa María Basurto Solís y Luis Fernando Cano Basurto, presentaron demanda de amparo indirecto, contra los actos y autoridades que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a) ORDENADORA. Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. b) EJECUTORA.- Actuarios de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. a).- De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de abril del año dos mil quince, dictada dentro del JUICIO DE DESAHUCIO número 225/2013, tramitado en nuestra contra por el señor MARIO JUAN CUEVAS MÁRQUEZ, en el Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas". 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y su Titular, dictó proveído el ocho de junio de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el número de expediente 961/2015; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, el emplazamiento del tercero interesado; asimismo, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la Jurisprudencia P./J.40/2000, y la diversa P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que los quejosos Rosa María Basurto Solís y Luis Fernando Cano Basurto, por propio derecho, comparecen a esta instancia federal, en su carácter de parte demandada dentro de los autos del Juicio de Desahucio número 225/2013, a reclamar del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas: La interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil quince, dentro del Incidente de Liquidación de Intereses. La interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil quince, dentro del Incidente de Liquidación de Rentas vencidas y no cubiertas. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados, se corroboran con las constancias que remitió la citada Juez responsable a su respectivo informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellos se desprende la existencia de la determinación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En otro orden, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye a los Actuarios de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, pues fue omiso en rendir su informe de ley no obstante estar debidamente notificado según se advierte del acuse de recibo que obra a foja 12 de autos. III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías, es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente: Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, el suscrito Juez Federal advierte que, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, los arábigos 17 y 18 de la misma legislación, instituyen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede observarse, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, previene que el amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la misma ley; en tanto que el artículo 17 establece que el término genérico para presentar la demanda es de quince días. Así, de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, computado a partir del día siguiente al en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; b) El promovente tenga conocimiento del acto reclamado; o, c) Se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Luego, de acuerdo con lo expuesto, un acto se reputa consentido tácitamente cuando el gobernado tiene conocimiento de él, o bien, le ha sido notificado y no lo reclama en la vía constitucional con la debida oportunidad, pese a estar en aptitud legal de hacerlo. Y es que la circunstancia de que el particular tenga conocimiento del acto reclamado o éste le haya sido notificado le brinda la posibilidad de impugnarlo en la instancia constitucional, pues tiene los elementos necesarios para poder atacar los vicios que le afectan y defender sus derechos. Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 3212, del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, materia común, Quinta Época, con número de registro 328325, cuyo contenido no se opone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, y establece: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." Para los efectos que ahora interesan, la primera regla para computar el plazo de quince días supone el conocimiento a través de una notificación, lo que implica la certeza de que el impetrante "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado, debido precisamente a que se le notificó conforme a la normatividad que rige el acto. Ahora bien, como quedó asentado, los quejosos hacen consistir los actos reclamados en: Las interlocutorias de veintiuno de abril de dos mil quince, dentro de los Incidentes de Liquidación de Intereses y Liquidación de Rentas vencidas y no cubiertas, emitidas por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en el Juicio de Desahucio 225/2013. Luego, de las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad señalada como responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se advierte que el juicio Especial de Desahucio 225/2013, del que derivan los actos reclamados, fueron promovidos por Mario Juan Cuevas Márquez, en contra de Rosa María Basurto Solís y Luis Fernando Cano Basurto, por falta de pago (fojas 2 a 9). - Demanda que fue admitida el veintisiete de junio de dos mil trece (fojas 10 y 11). -Fueron emplazados los demandados (17, 22 y 23). - El ocho de julio de dos mil trece, Mario Juan Cuevas Márquez, Rosa María Basurto Solís y Luis Fernando Cano Basurto presentaron ante el juez natural convenio, a fin de dar por terminada la controversia judicial, a efecto de ser sancionado y elevado a la categoría de cosa juzgada (fojas 25 a 30). - Lo cual fue acordado el quince de agosto de dos mil trece, por lo que una vez revisado dicho convenio judicial celebrado de mutuo acuerdo, sin presión, se aprobó el mismo, elevándose a la categoría de cosa juzgada, quedando las partes obligadas a su observancia, como si se tratare de sentencia ejecutoriada (foja 36). - Posteriormente, el actor Mario Juan Cuevas Márquez, el veintiséis de febrero de dos mil quince, promovió incidente de liquidación de intereses generados, mismo que se le dio trámite por cuerda separada (fojas 2, 3 y 4). - Por interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil quince, se resolvió la incidencia en comento, en la que se modificó la plantilla de intereses moratorios formulada por Mario Juan Cuevas Márquez para aprobarse en la cantidad de $49,200.00 (cuarenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generados de las rentas vencidas y no pagadas de los meses de mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil trece, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y del primero al veintinueve de septiembre de dos mil catorce hasta el mes de febrero del año en curso, condenándose a los demandados Rosa María Basurto Solís y Luis Fernando Cano Basurto a pagar dicha cantidad (fojas 9 a 12 del cuadernillo incidental). - Determinación que fue notificada a Luis Fernando Cano Basurto el veintidós de abril de dos mil quince, y a Rosa María Basurto Solís, el veintitrés de ese mes y año (fojas 12 vuelta y 13). - Por otro lado, el actor Mario Juan Cuevas Márquez, el veintidós de septiembre de dos mil catorce, promovió incidente de liquidación de rentas vencidas y no cubiertas, mismo que se le dio trámite por cuerda separada (fojas 2 a 5 del cuadernillo incidental). - Por interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil quince, se resolvió la incidencia en comento, en la que se modificó la plantilla de rentas vencidas, y se aprobó en la cantidad de $24,833.33 (veinticuatro mil ochocientos treinta y tres pesos 33/100 m. n.), por concepto de rentas vencidas y no pagadas de los meses de mayo, junio julio, agosto y hasta el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, de igual manera se condenó a los demandados Rosa María Basurto Solís y Luis Fernando Cano Basurto a pagar ese monto a favor de la parte actora (fojas 29 a 32 del cuadernillo incidental). - Determinación que fue notificada a Luis Fernando Cano Basurto el veintidós de abril de dos mil quince, y a Rosa María Basurto Solís, el veintitrés de ese mes y año (fojas 12 vuelta y 13). Motivo por el cual, mediante sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil once, se absolvió a Antonio Aguilar Ayala de la entrega del bien inmueble en litigio en favor de la actora (fojas 32 vuelta y 33). Pues bien, de las citadas constancias, a las que previamente se les asignó eficacia probatoria plena, se advierte que los quejosos -parte demandada en el juicio natural- tuvieron conocimiento del acto que se reclama Luis Fernando Cano Basurto el día veintidós de abril de dos mil quince, y Rosa María Basurto Solís el veintitrés de ese propio mes y año, fecha en que se les notificó las interlocutorias reclamadas. De lo anterior cabe concluir, que los peticionarios de garantías tuvieron conocimiento de los actos reclamados de que se trata, -interlocutorias de veintiuno de abril de dos mil quince, dentro de los Incidentes de Liquidación de Intereses y Liquidación de Rentas vencidas y no cubiertas, emitidas por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en el Juicio Especial de Desahucio 225/2013, Luis Fernando Cano Basurto el veintidós de abril de dos mil quince, y Rosa María Basurto Solís el veintitrés de ese propio mes y año; notificación que se les realizó de manera personal. En ese tenor, si se parte de la regla general establecida en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, se deduce que como los quejosos tuvieron conocimiento de las resoluciones reclamadas el veintidós y veintitrés de abril de dos mil quince, respectivamente, el término para que presentaran su demanda constitucional empezó a correr el día hábil siguiente de que surtió efectos, es decir, respecto a Luis Fernando Cano Basurto, como ya se dijo fue notificado el veintidós de abril de dos mil quince, el término para que presentara su demanda constitucional empezó a correr el día hábil siguiente de que surtió efectos, es decir a partir del veinticuatro de abril de dos mil quince, feneciendo el diecinueve de mayo del año en curso; descontando los días uno, dos, tres, cuatro y cinco de mayo del presente año. Y respecto a Rosa María Basurto Solís, fue notificada de los actos reclamados el veintitrés de abril del año en curso; por lo que el término para que presentara su demanda constitucional empezó a correr el día hábil siguiente de que surtió efectos, es decir a partir del veintisiete de abril de dos mil quince, feneciendo el veinte de mayo del año en curso; descontando los días uno, dos, tres, cuatro y cinco de mayo del presente año, por tratarse de días inhábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Amparo. Por lo que si del sello estampado por la Oficina de Correspondencia receptora se aprecia que la demanda se presentó hasta el cinco de junio de dos mil quince, es decir, doce días después de la fecha de vencimiento, es evidente que se encuentra fuera del término a que se refiere el precepto legal en cita, y como consecuencia legal, que se ha consentido tácitamente el acto que se reclama, por no haberse promovido el amparo dentro del término de ley. Es aplicable a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala". Derivado de lo expuesto, como se anticipó, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rosa María Basurto Solís y Luis Fernando Cano Basurto, contra las autoridades responsables y en cuanto al acto precisado en el considerando II.1, de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria con quien actúa licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, hasta el día de hoy cinco de noviembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 29 EN RELACION CON EL 27 FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTIUNOP DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "En veintiuno de septiembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 18655 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Primero del Ramo Civil de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 862/2015 y de origen 494/2015, que fuera enviado a fin de que se emplazara al juicio de garantías al tercero interesado Mario Juan Cuevas Márquez; en términos de las actuaciones practicadas por el Oficial Notificador adscrito a la Central de Notificadores de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de ese distrito judicial el diez de septiembre del año en curso; acúsese el recibo de estilo. En atención a lo anterior, se ordena dar vista a las partes con el informe justificado que rindió la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Fresnillo, Zacatecas, así como de las constancias que al mismo adjuntó, consistentes en copias certificadas del juicio de desahucio 225/2013, para que manifiesten lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
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