Rosa María Andrade Guerrero
Expediente 298/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 05/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosa María Andrade Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo correspondientes a los oficios de notificación 14298/2017, 14301/2017, 14302/2017 y 14303/2017 girados al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con sede en Chilpancingo, Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, mediante los cuales se les notifica la sentencia dictada en este expediente, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión, y por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a las autoridades responsables, conforme lo dispone el numeral 87 de la invocada ley.
- Principal
En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las once horas del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Sergio Pita Romero, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Abierta dicha audiencia, el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados de las autoridades responsables. Por otra parte, se da cuenta con el escrito registrado con el folio 8211, por el que la autorizada de la quejosa hace alegatos y exhibe documentales. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la autorizada de la quejosa; provéase lo correspondiente en la etapa respectiva. Asimismo, hace constar: Que por acuerdo de cinco de abril del año en curso, se hizo efectivo a la promovente del amparo el apercibimiento con el que se le conminó (foja 57), y se dejó de tener como autoridades responsables a quienes designó como Superintendente General de Distribución Zihuatanejo de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, Superintendente Comercial Zona Distribución Zihuatanejo de División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad y; Jefe del Departamento Jurídico Zona de Distribución Zihuatanejo y Acapulco de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, ya que no existen, ordenándose suspender las subsecuentes notificaciones. Desde otro aspecto, al haberse tenido como inexistentes a las autoridades de mérito, en la sentencia que al efecto se emita, el juzgador no se pronunciará respecto del acto atribuido a éstas. Tiene aplicación en lo conducente al caso la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta y dos, tomo veintinueve, marzo de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con la documental que exhibió la quejosa con su demanda y la que adjuntó la autorizada de la parte quejosa a su escrito registrado con folio 8211. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la citada ley, se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas de mérito que serán tomadas en consideración al momento de resolver este asunto; por lo que se cierra este período. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa formuló alegatos en el escrito de cuenta. El juez acuerda: con fundamento en el precepto 124 de la invocada ley, se tienen por formulados los alegatos de la autorizada de la parte quejosa; por lo que se cierra la presente etapa. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias para dictar la sentencia que en derecho proceda. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 298/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y puerto, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, recibido en la misma data en este órgano jurisdiccional, Rosa María Andrade Guerrero, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que se expondrán en el considerando segundo de la presente resolución, atribuidos a las autoridades que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Todos con residencia en Chilpancingo, Guerrero. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Tesorero de Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo, de Azueta. Superintendente General Zona de Distribución de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad. Superintendente Comercial Zona de Distribución de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad. Jefe del Departamento Jurídico Zona de Distribución de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad. Todos con residencia en Zihuatanejo, Guerrero. SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los artículos 14, 16 y 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. La demanda de amparo se registró bajo el expediente número 298/2017; por auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite (fojas 21 a 26); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se dio la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; seguido el juicio en su trámite, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Al respecto, cabe destacar que en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.)". Luego, conforme al artículo anterior, este órgano de control constitucional es competente para conocer y resolver este juicio en razón del territorio, puesto que se reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos número 406 para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Aspecto que se complementa con el contenido del Acuerdo General 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo General 36/2016 del citado Pleno, se advierte que este órgano es un juzgado mixto que ejerce jurisdicción en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente a establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo al análisis integral de los escritos inicial y aclaratorio de demanda, determinación que se corrobora con el contenido de la Jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 192097, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Ahora bien, se precisa que los actos que reclama la parte quejosa en el presente juicio, son: El proceso legislativo (aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, publicación y refrendo) de la Ley de Ingresos número 406 para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en específico, los artículos 71 y 104; así como su ejecución, a través de la liquidación y cobro del concepto por Derecho de Alumbrado Público (como primer acto de aplicación). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto de aplicación de los preceptos 114 a 122 de la Ley de Ingresos número 408 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que se reclama de las siguientes autoridades, dado que así lo manifestaron al rendir informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba apta para desvirtuar tales negativas o para acreditar la existencia del acto combatido: AUTORIDAD SENTIDO FOJA 1 Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero. Niega 77 2 Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Niega 77 3 Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta. Niega 77 4 Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Niega 44 Lo anterior, sin perjuicio de que se hubiere exhibido el aviso recibo con número de servicio 326 040 701 721 expedido por Comisión Federal de Electricidad, en cuyo texto aparece fijado un cargo que está obligado a cubrir pues, si bien dicho acto de cobro podría incluso equipararse a la determinación de un crédito fiscal, lo cierto es que su recaudación no es imputable a las referidas autoridades, sino a Comisión Federal de Electricidad Zona Zihuatanejo de Azueta. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como, la tesis 2a. XCII/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 379, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede, lógicamente, hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, por sí sola no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. No obsta a lo anterior el hecho de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad receptora." Por lo tanto, respecto del acto atribuido a dichas autoridades, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". Sirve de apoyo a lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia número 310 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, visible en la página 209, Tomo VI, materia común, Sexta Época, en que se lee: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable la jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 77, Tomo 80, agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.- En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables que a continuación se indican, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado: AUTORIDAD SENTIDO FOJA 1 Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Cierto 64 2 Gobernador del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Cierto 38 3 Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Cierto 33 4 Director del Periódico Oficial del Estado de Guerrero. Cierto 70 Ello, aunado a que la certeza de la conducta de naturaleza legislativa se acredita plenamente con la propia ley controvertida que no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y por aplicación de la jurisprudencial 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, que señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Y la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, página 205 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, correspondiente a Febrero de 1995, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y preferente, que deberá analizarse de oficio conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, las autoridades Presidente Municipal, Primer Síndico Municipal y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, señalan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin embargo, no ha lugar a analizar dicha causal, dado que las autoridades se limitan a invocarla, sin que expresen las razones o motivos del porqué consideran su actualización y en el caso el, suscrito no advierte una actualización obvia y objetiva; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365, del tomo xxiv, Octubre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Por otra parte, el suscrito advierte que en la especie se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo, la que por ser de orden público debe ser estudiada de oficio, la aleguen o no las partes, en estricta observancia a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la parte VIII, del apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, página doscientos sesenta y dos, del texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese orden de ideas, a juicio de este órgano jurisdiccional, en el asunto sometido a análisis constitucional, no se acredita el primer acto de aplicación de la ley cuestionada, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". El interés jurídico es un presupuesto fundamental que doctrinariamente se ha identificado, entre otros, con el principio de instancia de parte agraviada, que significa que el juicio de amparo tiene que ser accionado por el titular de los derechos sobre los cuales se haya causado una violación a los derechos fundamentales y no, por el contrario, de manera oficiosa por la autoridad que tenga conocimiento de tal violación; y con el de agravio personal y directo, que consiste en que esa posibilidad de accionar el movimiento del órgano jurisdiccional, únicamente podrá seguirse por aquel gobernado que considera que con el acto de autoridad o con una ley se le ha causado una ofensa o perjuicio a alguno de los derechos subjetivos de los cuales es titular, dentro de las hipótesis previstas por la Constitución. Lo anterior, encuentra su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Asimismo, el artículo 5, fracción I, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Es decir, el agravio debe repercutir en un menoscabo u ofensa a la persona física o moral, respecto de sus derechos, propiedades y posesiones, lo que supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por una autoridad, faculta a su titular para recurrir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando que ese agravio cese. De conformidad con los citados artículos, ese derecho legítimamente tutelado es el interés jurídico que se toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional; así, para que proceda el juicio de amparo es necesario que se acredite fehacientemente el interés jurídico que alegue tener el promovente, esto es, la titularidad de los derechos que son afectados; así como también se debe comprobar haber sufrido esa afectación, traducida en un menoscabo o perjuicio de esos derechos protegidos por la ley. Además, debe tomarse en cuenta que tratándose del amparo contra leyes, la norma puede ser combatida vía juicio de garantías en dos distintos supuestos: con motivo de su sola vigencia, es decir, en su carácter de autoaplicativa; y por virtud de su primer acto concreto de aplicación, esto es, en su aspecto de norma heteroaplicativa. Teniendo de este modo el afectado por una ley, dos oportunidades de controvertirla. Estos principios son acogidos por el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En el primer caso, quien alega que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto fáctico previsto por la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que efectivamente, la mera vigencia de la ley le causa perjuicio. En la segunda hipótesis, el promovente del juicio constitucional tiene la carga de acreditar de manera fehaciente la existencia del acto concreto de aplicación de la ley reclamada, porque, como se dijo, tal aplicación constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa, lo que significa que se requiere de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma cuestionada. Lo anterior implica que para que surja el derecho de un particular para solicitar ante la autoridad federal el amparo en contra de una ley, es necesario que se individualice el efecto de la misma en la persona que lo promueve. Así se desprende del contenido de la jurisprudencia número P./J.55/97, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo VI, julio de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. distinción basada en el concepto de individualización incondicionada. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Así, el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite reclamar su constitucionalidad a través del juicio de amparo, debe trascender a la esfera jurídica del gobernado, y a la vez generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación a su patrimonio jurídico; además, deben tenerse presentes las reglas que norman el estudio que realiza todo juzgador de amparo cuando en el juicio de garantías se controvierte la constitucionalidad de una disposición de observancia general; por tanto, cuando una norma jurídica no es expresada por la autoridad como el sustento de su actuación, la afectación al interés jurídico del quejoso proviene necesariamente, tanto de la disposición legal como de su acto de aplicación. Asimismo, cuando el gobernado acude al juicio de amparo, controvirtiendo la constitucionalidad de una disposición de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación proveniente de una autoridad, el juzgador de amparo deberá, primero, analizar si la hipótesis legal fue aplicada en perjuicio del quejoso, con independencia de que ésta se haya aplicado de manera fundada y motivada, pues, al margen de ello el perjuicio que trasciende a la esfera jurídica del gobernado tiene su origen en aquella disposición; así, en cada caso concreto, el juzgador deberá analizar el acto de aplicación, y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en la norma reclamada, lo que le permitirá concluir, ante un defecto de motivación o fundamentación, que el peticionario del amparo que aparentemente no resintió su aplicación, sí fue afectado en su interés jurídico por la disposición combatida, pues debe estimarse que la fuente del perjuicio generado es la norma en comento, con independencia de su correcta aplicación. Fundamenta la anterior consideración, por las razones que la informan, la tesis CLXXV/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 447, del tomo XII, diciembre de 2000, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." Como se ve, cuando se trate del amparo en que se reclame un precepto legal u ordenamiento jurídico con motivo de su aplicación, es presupuesto necesario que le cause perjuicio a la quejosa, es decir, que irrumpa en su esfera de derechos, pues de no ser así, no está legitimado para acudir en demanda de amparo a reclamar la ley. En el caso, como se indica la parte quejosa reclama la Ley de Ingresos número 406 para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, específicamente los artículos 71 y 104, con motivo del que estima su primer acto de aplicación, que lo hace consistir en la inclusión del cobro del Derecho de Alumbrado Público en el aviso recibo relativo a la facturación del consumo de energía eléctrica que expide Comisión Federal de Electricidad, por el periodo del ocho de noviembre de dos mil dieciséis al nueve de enero del presente año (foja 18). Tal aviso recibo (con número de servicio 326 040 701 721) constituye, a su decir, el primer acto de aplicación de la norma general reclamada en esta vía, pues indica de él se advierte el cobro de la contribución combatida, cuyo rubro aparece como "Derecho de Alumbrado Público" (foja 18 de autos). Los preceptos de la Ley de Ingresos número 406 para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que contiene la Sección Cuarta, de la referida ley, que establece "la operación y mantenimiento del alumbrado público", comprende el artículo 71 y en el Capítulo Quinto relativo a las Contribuciones Especiales, Sección Primera, Instalación, Mantenimiento y Conservación del Alumbrado Público, se encuentra el ordinal 104, los que al tenor establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 71.- El Ayuntamiento percibirá ingresos mensualmente por el servicio de alumbrado público, que presta en avenidas, calles, parques, jardines y semáforos, por medio del suministrador del fluido eléctrico, quien fungirá como retenedor fiscal previo convenio con el órgano de gobierno municipal. En el supuesto de que el suministrador de energía eléctrica dé de baja del padrón de contribuyentes a algún usuario del Servicio de Alumbrado Público, el Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal o del área administrativa que designe, procederá a efectuar el cobro, de acuerdo a lo establecido en Ley de Hacienda Municipal Número 677, conforme a las Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes y la clasificación siguiente: I.- CASAS HABITACIÓN. A.- Precaria 0.5 B.- Económica 0.7 C.- Media 0.9 D.- Residencial 3 E.- Residencial en zona preferencial 5 Para efectos de este artículo, se considerarán zonas preferenciales las siguientes: 1.- Zonas comerciales, 2.- Zonas residenciales; 3.- Zonas turísticas y 4.- Condominios 4 II.- PREDIOS A.- Predios 0.5 B.- En zonas preferenciales 2 III.- ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES A.- Distribuidoras o comercios al mayoreo 1.- Refrescos y aguas purificadas 80 2.- Cervezas, vinos y licores 150 3.- Cigarros y puros 100 4.- Materiales metálicos y no metálicos para la construcción y la industria 75 5.- Atención a clientes y ventas de computadoras, telefonía y accesorios 50 B.-Comercios al menudeo 1.- Vinaterías y Cervecerías 5 2.- Aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar 20 3.- Grasas y aceites lubricantes, aditivos y similares 2.5 4.- Artículos de platería y joyería 5 5.- Automóviles nuevos 150 6.- Automóviles usados 50 7.- Refacciones, partes y accesorios nuevos para automóviles 3.5 8.- Tiendas de abarrotes y misceláneas 1.5 9.- Venta de computadoras, telefonía y accesorios 25 C.- Tiendas departamentales de autoservicio, almacenes y supermercados 500 D.- Bodegas con actividad comercial y minisuper 25 E.- Estaciones de gasolinas 50 F.- Condominios 400 IV.- ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS A.- Prestadores del servicio de hospedaje temporal 1.- Categoría especial 600 2.- Gran turismo 500 3.- 5 Estrellas 400 4.- 4 Estrellas 300 5.- 3 Estrellas 150 6.- 2 Estrellas 75 7.- 1 Estrella 50 8.- Clase económica 20 B.- Terminales nacionales e internacionales de transporte de personas y/o productos 1.- Terrestre 300 2.- Marítimo 400 3.- Aéreo 500 C.- Colegios, universidades e instituciones educativas y de investigación del sector privado 15 D.- Hospitales privados 75 E.- Consultorios, clínicas. Veterinarias y laboratorios de análisis clínicos 2 F.- Restaurantes 1.- En zona preferencial 50 2.- En el primer cuadro de la cabecera municipal 10 G.- Cantinas, bares, restaurant-bar, salones de baile y renta para fiestas 1.- En zona preferencial 75 2.- En el primer cuadro 25 H.- Discotecas y centros nocturnos 1.- En zona preferencial 125 2.- En el primer cuadro 65 I.- Unidades de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 15 J.- Agencia de viajes y renta de autos 15 V.- INDUSTRIA A.- Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabacos 500 (No incluye panaderías, molinos de nixtamal, fabricación de tortillas y pequeños cafetaleros). B.- Textil 100 C.- Química 150 D.- Manufacturera 50 E.- Extractora (s) y/o de transformación 500" "ARTÍCULO 104.- El ayuntamiento percibirá ingresos por concepto de la instalación, mantenimiento y conservación del alumbrado público, de acuerdo a la siguiente clasificación y tarifa por metro lineal o fracción de frente de calle. I. Tratándose de predios destinados a casa habitación o baldíos 1.- Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $11.00 2.- En zonas residenciales o turísticas $21.00 3.- en colonias o barrios populares $5.00 II. Tratándose de locales comerciales o de prestación de servicios, en general 1.- Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $16.00 2.- En zonas residenciales o turísticas $32.00 3.- En colonias o barrios populares $11.00 III. Tratándose de locales comerciales o de prestación de servicios, relacionados con el turismo 1.- Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $16.00 2.- En zonas residenciales o turísticas $32.00 3.- En colonias o barrios populares $11.00 IV. Tratándose de locales Industriales 1.- Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $48.00 2.- En las demás comunidades $22.00 El pago cubre la anualidad del servicio. Conforme al texto de los preceptos transcritos, los derechos causados en el presente ejercicio fiscal por el servicio de alumbrado público se aportarán de conformidad con una cuota fija mensual, en la que su monto se obtendrá mediante la aplicación de una puntuación de la unidad de medida y actualización vigente, calculados mensualmente a cada una de las tarifas de los usuarios y atendiendo al metro lineal o fracción de frente de calle, así como su ubicación y en su caso de tratarse de negocio el lugar en que se encuentre. Ese puntaje o índice de salarios mínimos varía de acuerdo al prototipo de casa habitación, la zona en que se encuentre, si se trata de predio o de tratarse de establecimiento comercial, de prestación de servicios o industrial al tipo de negocio. Sin embargo, los numerales citados en momento alguno se aplicaron a la impetrante de amparo, dado que del aviso recibo de energía eléctrica con número de servicio 326 040 701 721 expedido por Comisión Federal de Electricidad, mismo que fue exhibido por la promovente, se advierte que para calcular el derecho por el servicio de alumbrado público, se realizó en base a la Tarifa 02; la cual se encuentra contemplada en otras leyes de ingresos del municipio de Zihuatanejo de Azueta, anteriores a la de dos mil diecisiete, pero no en la de esta anualidad, tal como se observa de los artículos 71 y 104 anteriormente transcritos. En efecto, en la Ley de Ingresos para el municipio de Zihuatanejo de Azueta, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en la sección cuarta, relativo a los servicios públicos, se encuentra el artículo 34, el que a la letra dice: "ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento percibirá ingresos mensualmente por el servicio de alumbrado público, que presta en avenidas, calles, parques, jardines y semáforos, por medio del suministrador del fluido eléctrico, quien fungirá como retenedor fiscal previo convenio con el órgano de gobierno municipal, aplicando un porcentaje sobre el consumo que tenga, de acuerdo al tipo de tarifa que tiene asignado el usuario, de la forma siguiente: TARIFA PORCENTAJE DE APLICACIÓN 1B 12% DAC 12% 02 15% 03 15% OM 15% HM 3% Luego como se advierte, a la promovente no se le aplicaron los preceptos legales invocados de la Ley 406 de Ingresos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en razón de que en ésta no se encuentra contemplada la Tarifa 02; sino en su caso otra distinta anterior a la de dos mil diecisiete, sin que en su caso hubiese exhibido diverso recibo u otra prueba distinta que demuestre la aplicación de los preceptos y ley que reclama; siendo que la parte quejosa tiene la obligación de hacer una relación reflexionada entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, expresando, en el caso, que el acto impugnado conculca sus derechos públicos. De tal suerte que, si del análisis íntegro de la demanda no se advierten argumentos sustentados en pruebas fehacientes que tiendan a demostrar la inconstitucionalidad del acto de autoridad que se cuestiona, no se da cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 108, fracción VI, de la Ley de Amparo, máxime que en el caso se está en presencia de un amparo en materia administrativa y contra leyes. Por tanto, en virtud de que la promovente del amparo no acredita la aplicación en su perjuicio de los preceptos que cita y de la constancia exhibida tampoco se demuestra que en el acto concreto que reclama, se hayan aplicado los numerales que reclama de inconstitucionales, es claro que no se encuentra acreditada la afectación a sus intereses jurídicos por el acto de autoridad; por lo que en tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia invocada y como consecuencia el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 4/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento tres, del tomo IX, Febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis VI.2o.C.288 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página dos mil seiscientos treinta y cuatro del tomo XXIX, Enero de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DERIVAR DE LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLA, SI LA NORMA SE APLICÓ EN UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE TUVO OPORTUNIDAD DE DEFENSA. El juicio de amparo indirecto contra leyes es improcedente, en términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados se hace derivar de la transgresión a la garantía de audiencia, si en el procedimiento o juicio en el que se aplicaron la autoridad responsable respetó ese derecho constitucional, dando oportunidad de defensa al quejoso, es decir, permitiéndole plantear u oponerse a los hechos fundatorios, rendir pruebas y formular alegatos, ya que en esta hipótesis no se le ocasionó perjuicio alguno que lo legitimara para ejercer la acción de amparo." También, tiene aplicación en lo conducente la tesis IV.2o.A.31 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página dos mil seiscientos ochenta y cuatro, del tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada." Aunado a lo anterior cabe precisar que la parte quejosa tampoco se encontraba liberada de la carga de la prueba por el hecho de que las autoridades legislativas hayan reconocido la existencia del acto reclamado, ya que una cosa es la existencia del acto reclamado y la otra el perjuicio que el acto en sí pueda ocasionar a determinada persona; aunado a que en el caso las autoridades mencionadas reconocieron precisamente el proceso legislativo de la Ley de Ingresos para el municipio de Zihuatanejo de Azueta, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, más no la aplicación de determinados preceptos para un caso particular. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince del tomo XV, Febrero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." También apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página mil setecientos trece, tomo XXI, enero de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto establecen: "ALUMBRADO PÚBLICO. EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO EL DERECHO RELATIVO, SE ACREDITA CON EL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CONSTITUYE EL ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, VIGENTE PARA 2004. El artículo 81 de la citada ley que establece el derecho que por concepto de alumbrado público debe aportarse al Municipio a través de una cuota fija mensual o bimestral que determine la Comisión Federal de Electricidad tiene carácter de una ley heteroaplicativa que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, ya que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible cuando el gobernado conozca el monto de esa contribución hasta que la autoridad administrativa, mediante el recibo que para ese efecto emita, efectúe su cobro; acto diverso a la simple expedición de la norma que condiciona su aplicación a la realización de aquel evento, el cual constituye el acto concreto de aplicación. Ahora bien, el hecho de que el monto consignado en el aviso-recibo no corresponda a la tarifa de usuario en que se clasificó a la quejosa, no implica que no se haya aplicado la cuota fija que establecen las disposiciones legales impugnadas, pues su inclusión en el documento de mérito, al especificar en el concepto "DAP" cierta cantidad, no puede tener otro soporte que aquéllas, dado que cuando una norma jurídica no es expresada por la autoridad como el sustento de su actuación, el interés jurídico para impugnarla mediante el juicio de amparo proviene tanto de la disposición legal como de su aplicación. Así, con independencia de que la autoridad someta su actuar a los precisos términos de las disposiciones que debieron aplicarse, debe tenerse en cuenta que dicha documental fue expedida en uso de la facultad que le otorga tanto la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica como la Ley de Ingresos combatida." Bajo esa tesitura, el suscrito se ve impedido a entrar al estudio y análisis del fondo del asunto, de ahí que también resulta innecesario el estudio de las restantes causas de improcedencia hechas valer por las responsables, dado que su examen sería ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la presente resolución. Al caso es aplicable, la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a foja trescientos treinta y cinco, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 77, 119 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: UNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Rosa María Andrade Guerrero, por propio derecho, en contra de los actos que atribuyó a las precisadas autoridades responsables y por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Rosa María Andrade Guerrero, la suspensión definitiva que solicitó contra el acto que impugnó de las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Rosa María Andrade Guerrero, la suspensión definitiva contra los actos que reclamó de la autoridad mencionada en el considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Agréguese oficio del Presidente Municipal, Primer Sindico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Azueta Guerrero, residentes en Zihuatanejo, mediante el cual rinden informe justificado, con su contenido, se ordena dar vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo... se tienen por anunciadas las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que refieren los oficiantes, sin perjuicio de hacer relación de ellas y tomarlas en consideración...y en relación a la prueba de informe que ofrece a cargo del Superintendente General de Zona Zihuatanejo de la División Centro Sur de Comisión Federal de Electricidad, no procede proveer de conformidad lo solicitado...
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